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MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

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El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás decidió procesar por amenazas a Fernanda Lilian Roces, hija de productor agropecuario de Pergamino Mario Roces, procesado a su vez por la contaminación y los daños generados por las fumigaciones. La noticia fue difundida este martes por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, víctima de los agrotóxicos al igual que su familia y la comunidad de Pergamino. En sus redes sociales la doctora Ortiz informó: “Creídos los hijos del poder, arrebatado la salud y la vida impunemente, hasta ahora… La Justicia Federal procesó a Fernanda Lilian Roces por el delito de amenazas agravadas en contra de mi familia en circunstancias que irrumpieron en el domicilio de mis padres al grito de ‘la vamos a matar a tu hija, dala por muerta a esa negra de mierda’. Fernanda es hija de uno de los procesados por envenenamiento en Pergamino, Mario Roces. Procesada y embargada por un millón de pesos y con imposición de prohibición de acercamiento tanto a mis padres e hijos como a mí. Será Justicia”.

Las denuncias de Sabrina Ortiz contra las fumigaciones habìan generado ya en 2016 la reacción de los grupos del agronegocio.

En aquel momento el propio Roces se acercó a la casa de la familia de Sabrina armado, disparando y gritando ‘esos negros se tienen que morir’.

Al día siguiente María Fernanda Roces la encontró en el supermercado y le dijo a Sabrina: “Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso”. El procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo incluye la prohibición de dicha mujer de acercarse a menos de 500 metros de Sabrina y de cualquier integrante de su familia, además de trabarle un embargo por un millón de pesos.

Lo denunciado por Sabrina Ortiz y Paren de fumigar de Pergamino sobre la situación en la ciudad se fundamenta en hechos concretos.

  • la experiencia de la comunidad,
  • estudios del INTA que confirmaron la gravísima contaminación de las aguas,
  • estudios del Hospital Austral que ratificaron la presencia de agrotóxicos en pacientes de la ciudad,
  • fallos ejemplares de la justicia federal que procesó y embargó a productores (incluido Roces), a funcionarios, y prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Detalle: al prohibirse las fumigaciones fue notable el descenso de la contaminación en el agua que consume la población.

Símbolo de la situación: Sabrina no solo se movilizó como vecina sino que al hacerlo decidió estudiar derecho para llevar adelante ella misma las causas al no encontrar abogados que quisieran involucrarse en estos temas que amenazan la salud ambiental y social, pero perjudican intereses del lobby de los agronegocios.

Publicamos aquí la investigación en Pergamino realizada por MU en septiembre, “La capital del veneno” que revela no solo una historia increíble sino también los nuevos estilos productivos que también en este caso presentan un horizonte distinto para el campo.

Compartimos el reportaje ublicado en la última MU, nº 163, que hicimos gracias a nuestrxs cómplics. Apoyanos desde $250

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

Pergamino: La capital del veneno

El INTA confirmó la contaminación de las aguas; hospitales como el Austral detectaron los agrotóxicos en los cuerpos de pacientes de Pergamino, y la comunidad logró fallos ejemplares de la justicia. Los detalles de casos que merecerían figurar en una serie de terror, pero forman parte de la realidad cotidiana. Desde el cáncer hasta la sojización de las cabezas, empresarios, medios y gobierno coinciden en un silencio sin grieta. La mirada hacia el futuro de vecinas y vecinos que se defienden organizándose, y la inauguración de nuevos modos de producción sanos. Por Francisco Pandolfi.

MU en la capital del veneno: Paren de amenazar
Con el cartel, Sabrina Ortiz, contaminada de agrotóxicos, que se recibió de abogada porque no encontraba quien la defendiera. Fotos: Nacho Yuchark

-Con vos, no tengo nada que hablar.

Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la Municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada “ciudad de la semilla” y núcleo sojero de más de 100 mil habitantes, hay cuerpos que hablan. Cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos. Hablan. Y denuncian.

La vecina se llama Sabrina Ortiz. El intendente, Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio –que ocupa el cargo desde 2015 (50,82% de los votos) y fue reelecto en 2019 (58,70%)–, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba a abajo. Y sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: “Con vos, no tengo nada que hablar”.

Una noticia origina el viaje de MU a Pergamino, 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires: la confirmación del procesamiento a dos ex funcionarios encargados de controlar la aplicación de agrotóxicos. Una medida judicial sin precedentes en el país. Sin embargo, entre la buena nueva y el inicio de esta historia, hay diez años de una vida de película, protagonizada por varias actrices y actores, y uno de cuyos papeles principales lo afronta Sabrina Ortiz, 37 años, de Paren de Fumigar Pergamino.

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Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia.

Balazos, soja y derecho

2011: Sabrina vive en Villa Alicia, uno de los barrios populares del lugar lindante al campo y, por consiguiente, a las fumigaciones que hace meses denuncia sin respuesta. Ya sufría brotes, picazón y desprendimientos de la piel. Pero ese día fue distinto: “Estaba embarazada de casi seis meses. Era tan fuerte el olor que respiraba veneno puro. Se me empezaron a quemar las fosas nasales, la boca, la garganta, la cara me ardía, los ojos inflamados, rojos. Parecía casi deformada por el mismo tóxico. Tuve náuseas, luego vómitos, hasta que fui al hospital. Mi hijo ya estaba muerto”. La explicación: “Quien me atendió me dijo que se debió a una intoxicación, pero que si certificaba que era por los agroquímicos, lo iban a matar”. Silencio… “Ahí empecé a entender que había algo muy grande detrás, que por algo no me recibían las denuncias”.

2012: Sabrina aprovecha los pocos espacios radiales que le dan para contar lo que pasa. Va conociendo a personas que sufren lo mismo en otros barrios, mientras se sigue fumigando a diez metros de las casas en zonas urbanas y periurbanas. “Ningún abogado nos quiso acompañar ante la justicia para que se investigue. Ni los especialistas en derecho ambiental aceptaron. Me sentía muy sola”.

2013: La batalla empieza a dar frutos: se presenta en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la regulación de “fitosanitarios”, eufemismo para nombrar a los agrotóxicos. Sabrina es docente en salud. No la agobia una necesidad laboral, pero  toma una decisión que cambia radicalmente su vida: comienza la carrera de abogacía: “Seguía golpeando puertas de abogados, que tenían herramientas para cambiar mi situación y no lo hacían. Tampoco respondían desde la Secretaría de Salud, ni del hospital, ni de la Municipalidad. Nadie se acercó a ver qué estaba pasando”. Silencio… “Me sentí morir muchas veces, sola, mientras mi familia seguía enfermándose”, agrega, y se saca los anteojos para secarse las lágrimas.

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Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento

2014: Sabrina sufre su primer ACV. No claudica. Se aprueba la ordenanza para la regulación de agrotóxicos: 100 metros desde el final de la zona periurbana.

2015: Sabrina padece el segundo ACV. Continúa luchando. Entra en vigencia la ordenanza y se crea la Secretaría de Ambiente Rural, órgano de control que no controla. A la cabeza, el veterinario Mario Tocalini; como subjefe y auditor, el ingeniero agrónomo Guillermo Naranjo. Ambos han sido procesados en segunda instancia por incumplimiento de deberes funcionarios públicos.

2016: Comienzan las amenazas. En mayo, el productor agropecuario Mario Roces, vecino de Sabrina, se acerca en dirección a su casa. “Lo veo venir por la ventana. Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, saca un arma y dispara dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada”. Completa: “Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’. Hice la denuncia mucho después, por miedo”. Y amplía: “También me tiraron a mi casa bidones de agrotóxicos y hace unos meses me pusieron ramas de soja arriba del auto”.

2017: Sabrina tiene una hija y un hijo. Fiamma y Ciro. Un día Fiamma se levantó con dolor en una pierna. Le levantó fiebre, prosiguieron infecciones. “Estuvo 25 días internada y no detectaban qué era. En paralelo, a Ciro se le empieza a inflamar la boca y la garganta, hasta que le detectan cadenas ganglionares intestinales. Tenía 3 años y adelgazó 5 kilos en un mes. No sabían el motivo, hasta que en infectología preguntaron de dónde éramos. Nos mandaron a toxicología ambiental del Hospital Austral y tras los análisis se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos alarmantes niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro 120 veces más de lo que un cuerpo puede tolerar; Fiamma 100 y yo 58”. 

Las cifras no explican el sentimiento: “Fue un detonante, me desmoroné por completo. El daño ya estaba hecho y representaba un riesgo biológico que podía desencadenar en cualquier cosa. Luego entendí que los ACV se originaron por esa exposición a sustancias neurotóxicas”. ¿Cómo reaccionó el municipio? “Matías Villeta, secretario de Salud, declaró que los análisis eran truchos”. Al final de ese año, Sabrina potencia la proeza y se recibe de abogada: “Estaba presionada por recibirme rápido, para empezar a denunciar y no depender de otros; lo sentía como una bomba de tiempo”. Con título en mano, hace la denuncia en la fiscalía.

2018: Al no haber avances, Sabrina acude al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. La escuchan. “Por primera vez la justicia daba respuestas; pedí ser querellante en la causa que se abrió en julio contra los productores procesados por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo. A Enrique Turín le dictaron la falta de mérito. La motivación de estudiar derecho me estaba llevando al objetivo: tener las herramientas para cambiar la historia”. Peritos ambientales de la justicia federal realizan en noviembre el primer muestreo de agua de red y de pozo, así como en el suelo, en los tres barrios más afectados: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, al sur de Pergamino. El INTA Balcarce determina la presencia de 18 moléculas de agrotóxicos.

2019: En abril, el juez dictamina la primera medida cautelar, la cual prohíbe fumigar en las zonas aledañas a los barrios más damnificados, precisamente en los predios de cuatro productores. En un segundo relevamiento sobre la calidad del agua, en mayo, la justicia agrega al barrio Santa Julia, donde se habían denunciado múltiples casos de cáncer. Se encuentran 19 moléculas de agroquímicos. En agosto, el juez amplía la cautelar y prohíbe la fumigación “a la totalidad de la ciudad de Pergamino fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas”. La intendencia apeló todas las medidas cautelares que defendían a la ciudadanía, incluida la que exhortaba al municipio a entregar bidones de agua potable a las familias más expuestas. Recuerda Sabrina: “Al otro día de haber sido informado sobre la cautelar, el intendente dio una conferencia de prensa negando la contaminación y asegurando que se trataba de un acto de politiquería”. El vecino productor Fernando Cortese le hace llegar a Sabrina un mensaje: “Prometió que me iba a pegar un tiro en la espalda y dejarme paralítica”. No fueron solo palabras: “En la ruta, le tiró su camioneta encima a mi papá, que casi vuelca”.

2020: Se conocen los resultados del tercer muestreo extraído en diciembre de 2019. Las cifras son tan asombrosas como lógicas: tras las medidas judiciales restrictivas a las fumigaciones, se encuentra un 50% menos de químicos.

2021: El proceso judicial avanza y se ha diversificado. La causa madre focaliza en los tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, pero existen otros expedientes. Entre ellos: la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; los ex funcionarios procesados. “Los productores fumigaban con Tocalini y Naranjo presentes y no hacían nada. Se reían juntos. Más de una vez, venían a inspeccionar y el mecanismo que tenían era oler el campo. Sí, se agachaban, olían y dejaban asentado que había olor a humo”, rememora Sabrina, con un pañuelo de colores que rodea su cuello y unos ojos oscuros llenos de vida.

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Asamblea de puesteros en la feria agroecológica.

Breves historias clínicas 

A la causa judicial la llevan adelante tres mujeres de tres de los barrios más avasallados por los pesticidas. A Sabrina, que vivía en Villa Alicia antes de mudarse por pedido médico, se le sumaron Alejandra Bianco, de Santa Julia, y Florencia Morales, de Luar Kayad.

Alejandra, 48 años, parece no perder el humor pese a la tragedia: “Dios los cría y el viento me los trae a mí. En Pergamino hay cáncer como para hacer dulce de leche”. La metáfora no es exagerada. Vive a 100 y a 600 metros de dos campos donde se fumigaba. Enumera el horror: “A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado”. Hay más: “El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre”. Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben lo que tiene.

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Una pintada para romper el silencio en una esquina.

Alejandra comprendió que no era normal lo que pasaba en su cuerpo, en su familia, en su barrio. “En 2018 empecé a hacer un censo. Como en Santa Julia la gente es muy cerrada, dejé una hoja en el almacén para quien no se animara a hablar conmigo. Muchos vecinos accedieron y en diez manzanas registramos 56 casos de cáncer”.

El caso de Florencia Morales: en 2011 se estableció en una quinta de Pergamino, junto a su marido buscaban criar a sus dos hijas en una paz que no les brindaba la ciudad de Buenos Aires. “Al año ya sentíamos síntomas raros. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales: un perrito y dos loros amanecieron explotados, totalmente inflamados”. 

El nacimiento de su tercer hijo, en 2016, evidenció el problema de fondo: “A los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadío avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura”. Complementa: “Debo hacer tratamiento de por vida, pero la medicación oncológica no es leve: me trae varias dificultades. Soy consciente de que hoy estoy estable y en cualquier momento puede detonar y ya está. Estoy todo el tiempo conviviendo con la finitud, es terrible que haya gente que por un tema económico destroce a otros seres humanos. Y encima, acá en Pergamino la mayoría trabaja o tiene familia que vive del campo, entonces quienes nos enfrentamos a esto somos los bichos raros”.

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Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano.

Madres fumigadas

El reclamo en el barrio popular Villa Alicia lo emprendió Sabrina y lo siguieron muchas vecinas nucleadas en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Cinco de ellas reciben a MU en la casa de Paola Díaz, quien encabeza un movimiento que fusiona fuerza, impotencia y una catarata de denuncias por el uso de agroquímicos. “En 2014 falleció Mónica, mi nena de 11 años por leucemia aguda. Fue fulminante, de un día para el otro. Ahí conocí a Sabrina que ya estaba denunciando las fumigaciones. Para mí era un trabajo que hacía daño al suelo, al pasto, pero no a nosotros. La muerte de mi hija me demostró lo contrario”.

Erika Díaz, 45 años, cuatro hijos: “Tengo hidradenitis supurativa, enfermedad cutánea que no tiene cura. Soy alérgica y todo el tiempo me pica la piel, me salen forúnculos. También sufro de tiroides. No me acostumbro al dolor aunque lo cargo desde los once años. Ya desde ahí fumigaban”. Sus hijos y nietos también presentan diversas afecciones, como piel atópica, hipoacusia, broncoespasmo y asma.

Silvana Mansilla, 37 años, una hija de 19, un hijo de 14. “En 2012 mi nena empezó con ronchas en la cara y no encontrábamos la solución. Hoy tiene hipotiroidismo y todavía nunca menstruó. Además, mi hijo y mi marido sufren de asma”.

En Pergamino, la grieta es horizontal, de clases. Los dólares que entran por la agricultura se ven en grandes latifundios dedicados sobre todo a la soja, y en menor medida al trigo y al maíz, pero no se derraman en barrios como Villa Alicia. No hay gas natural, no llega el cable ni el wifi ni el teléfono; hace 40 años espera el pavimento y recién hace tres se hicieron las obras del cordón cuneta. Tampoco hay historias clínicas en la salita médica: cuando el juez las pidió para incorporarlas a la causa, desaparecieron.

Juana Payero tiene tres chicos, 40 años y un aborto espontáneo en su primer embarazo. “Tenía una malformación del corazón”, narra, luciendo una remera que reza: “Los agrotóxicos matan”. Sobre el agua: “La Municipalidad no cumple con los 20 litros de agua por persona por día que el juzgado le ordenó dar a los cuatro barrios. En mi familia somos 5 y nos dan 10 bidones de 20 litros por semana que no nos alcanzan para nada. Solo a mis dos hijas más chicas las llego a bañar con el agua sin veneno”. Y se le viene la infancia, como si fuera hoy: “Mi mamá me decía que salude al avión y yo pensaba que tiraba papelitos, como en el circo. Nos mojaba y creía que era rocío. Así nos enfermamos”.

Natalia Mansilla, 39 años, mamá de tres hijos junto a su marido semillero. El más chico se llama Dante y enfermó en 2016. “Se le deformaba toda la panza, gritaba del dolor; el médico me decía que eran gases. No soporté más y lo trasladé a Buenos Aires, donde me dijeron que si no lo agarraban a tiempo, se moría. Estuvo dos meses internado y le sacaron 75 centímetros cúbicos de pus de la infección que tenía. Él y su hermano Daniel tienen retrasos madurativos. Mi hija, un quiste en los ovarios. Necesitamos urgente los estudios genéticos”.

En 2019 Sabrina pidió al juzgado análisis genéticos para 78 personas afectadas. Fueron aprobados 20, pero el Consejo de la Magistratura aún no remitió el dinero. “Necesitamos urgente los estudios y saber qué hay en nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a respirar aire limpio”, cierra Paola, que en su remera lleva una calavera y palabras alrededor: “Madres de Barrios Fumigados Pergamino”.

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Florencia Allende, Germán Neffen y su pequeño. La pareja creó una cooperativa de harina integral y asesoramiento agroecológico para poder producir en los espacios en los que la justicia prohibió fumigar.

“Un tema que no manejo”

Javier Arturo Martínez es el jefe municipal de Pergamino. Como Mauricio Macri, uno de sus referentes, llegó a la intendencia mediante el fútbol como trampolín, tras haber sido presidente del club Douglas Haig de la ciudad. Su camiseta de rayas verticales rojas y negras ha llevado en el pecho la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agroquímicos  comprada por Bayer. A continuación, la escueta conversación telefónica con Martínez.

Hola Javier, ¿cómo le va? Quisiéramos entrevistarlo en persona sobre el medio ambiente en Pergamino.

¿Por qué tema?

Agrotóxicos.

Tengo gente que puede tratarlo a ese tema. Desde la Secretaría de Producción están trabajando en eso.

Pero además, ¿no podemos hablar con usted, como máximo responsable?

Sobre ese tema no, porque lo manejan ellos, los indicados son ellos porque están trabajando hace dos años. Se ha avanzado mucho, por eso sería una lástima que no lo veas con quien tenés que verlo. Es un tema que yo no manejo. Así que te agradezco el llamado, muy amable.

¿Nos podría dar una opinión sobre los funcionarios procesados?

Ya hablamos mucho de eso. No tenemos más para hablar. Ya está todo dicho. No hay mucho más.

¿Y en relación a la contaminación del agua?

Por otro tema llamame cuando quieras. Gracias.

Javier Genoud es el Secretario de Producción de Pergamino, la persona indicada para hablar según el intendente. Pero tampoco habla. Tras no contestar a las llamadas, respondió un mensaje para interiorizarse sobre el eje de la nota. Luego, dejó de responder. Guillermo Naranjo, ex subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, tampoco tampoco contestó los llamados y mensajes.

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Producción regenerativa de ganado, en contraposición a los feed lots que contaminan y enferman a los animales, y luego a quienes consumen.

El logo del hospital público

«Mi hija se brota toda tras estar en el campo. Los médicos niegan su relación con los agrotóxicos. Nos dan un jaboncito o corticoide, pero no van al fondo del problema”, expresa Julia Siciliani, integrante de Paren de Fumigar. Plantea otro problema: “No hay historias clínicas ambientales en los centros médicos correspondientes a lugares donde se fumiga y hay actividad industrial como Pergamino”. Julia participa de un bachillerato popular en el barrio popular Kennedy, que está pegado al Parque Industrial. El olor que emanan las empresas es insoportable, nauseabundo. Miles de vecinas y vecinos lo respiran cada segundo de sus vidas. “Muchos se brotan por el polvillo que se desprende de las fábricas” y concluye: “Lo que sale del parque industrial va al arroyo. Sobre todas estas problemáticas queremos hablar, pero la Municipalidad nunca nos abrió las puertas”. 

La secretaria de Salud María Marta Perretta sigue la línea de su gobierno. No atiende el teléfono. No responde ningún mensaje. El silencio aturde y trasciende el gabinete. Silvia García es la directora del hospital público regional San José, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Al contactarla, pide que se la llame al día siguiente. Cuando se entera de qué es la nota, no responde nunca más. Tampoco habilitan a hacer un registro fotográfico del interior del centro médico. Sin embargo, no hace falta ingresar para hacer clic: desde afuera, se ve el logo de Bayer (la dueña de Monsanto) en las salas de espera que la mismísima compañía fabricante de agroquímicos instaló en el nosocomio.

Ante el mutismo interno, la comunidad contó con la ayuda de especialistas. Uno de ellos fue el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, que acompañó todo el proceso y atestiguó ante el juez. Desde su Córdoba natal, donde es docente de la Universidad Nacional, detalla su experiencia en la ciudad de la semilla… transgénica: “La realidad de Pergamino es similar al resto de los pueblos expuestos a los agrotóxicos, pero hay algo diferente que me impactó mucho y es cómo este fenómeno penetró en las napas subterráneas de las cuales se surte de agua potable la población. Están totalmente contaminadas, no habíamos visto antes algo así en el agua corriente”.

Integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, enumera las enfermedades más comunes que provocan los pesticidas: “Irritaciones oculares, de garganta, de piel; autismo, asma, broncoespasmos: el 50% por ciento de los chicos usan broncodilatador en los pueblos fumigados, cuando la carga de asma de los niños en el resto del país es de 12%”. Continúa: “Hay muchos trastornos endócrinos, porque los agrotóxicos son moléculas que interfieren con mensajes hormonales y producen desbalances en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En el país, hay un promedio del 6% en población adulta mayor a 20 años de hipotiroidismo; mientras que en los lugares afectados llega a haber un 23%”.

Los problemas reproductivos: “También son muy frecuentes, como la esterilidad, la virilidad en los hombres, inconvenientes para quedar embarazadas las mujeres. Los obstetras nos cuentan que casi la mitad de los embarazos no llegan a término. El aborto espontáneo es un fenómeno que en general se da en un 3%. En estos ámbitos, entre el 10% y el 20%. Lo mismo ocurre con muchos niños que nacen mal formados: la tasa natural en Argentina es del 2%, o sea, 2 de cada 100 nace con algún problema genético. En estas localidades, entre el 5 y el 6%”. Finaliza: “Los cánceres son una locura. En los pueblos un 40, 50% de la gente muere por esto, cuando el promedio nacional es del 20%”.

Por su trabajo en Pergamino, ningún funcionario ni sanitarista se comunicó con él. Cree saber el porqué: “En este tipo de lugares, los intendentes son productores o fumigadores, principales contaminantes del pueblo. En Pergamino el municipio es defensor y una de las patas del agronegocio”.

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Transición a lo distinto

Fabián Díaz tiene 49 años y vive en Villa Alicia. Es el hermano mayor de Paola, referenta de Madres de Barrios Fumigados. Toda la vida trabajó en el campo y sufrió las consecuencias: “Fumigué el campo de enfrente y en muchos otros lados. Lo hacía con una mochila y me mojaba la espalda. Usaba el Roundup (glifosato fabricado por Monsanto) para la soja transgénica. Así fue que me enfermé de hipertiroidismo”, repasa, mientras camina por una calle de tierra en un barrio donde décadas atrás había achicoria, hinojo, plantas frutales como naranjas, mandarinas y ciruelas, “hasta que el roundup mató todo”. “No sabía lo que podía generar; acá se agarran esos trabajos por necesidad, pero falta información”. Y hace un análisis económico y sociológico, mirando hacia al futuro: “En Pergamino te rounduplizan la cabeza, o te la sojalizan y no salen de ese encierro. La solución es sentarse a hablar con los productores para que creen nuevas opciones de producción, hay mucha gente joven que sabe sembrar soja de una única manera”.

Germán Neffen, Florencia Allende y Laureano Fontana integran la incipiente cooperativa Turba, que hace harina integral y asesoramiento agroecológico. “Realizamos producciones a pedido de particulares y de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos”, afirma Florencia. Laureano muestra el molino donde fabrican la harina y cuenta por qué decidió unirse al proyecto: “El juntarse con otras personas y construir colectivamente no lo cambio por nada”. Germán, además, forma parte de la asamblea Vida, Salud y Ambiente de Pergamino. Opina sobre la ordenanza de promoción de la agroecología que se estableció en 2019: “Quedó en la nada; se creó un consejo asesor que nunca se activó”. Desde hace cuatro años incursiona en la ganadería regenerativa, a través del sistema del Pastoreo Racional Voisin, tecnología agroecológica rentable que regenera suelos sin venenos.

El manejo del campo de sus padres lo divide con sus hermanos, que lo alquilan para feedlot (encierro de animales para engordarlos y así intensificar la producción). “Donde hay verde, es mi parte”, dice, y se ríe. “Parece un slogan, pero es así”. Y es así. En sus 140 hectáreas tiene 300 animales, entre vacas, toros y terneros. Sus hermanos alquilan 15 hectáreas y caben alrededor de 6.000 animales (con la contaminación y el hacinamiento que implica). “Para llevar adelante el pastoreo racional no se necesita tener muchas hectáreas. La diferencia mayor entre ambos sistemas es en la forma en la que viven los animales. Conmigo están en un lote y recién vuelven a ese espacio en 90 días, para que el pasto se regenere usando la bosta que dejan”, comenta en una llanura con distintos matices de verdes, según cuándo haya pisado el ganado.

Como contraparte, el feedlot. Se ve una montaña de vacas, terneros, novillos, vaquillonas, toros, todos juntos, en el barro que genera su propia bosta, con comida las 24 horas. Así viven el tiempo que dure el engorde, que va entre dos y seis meses. “Hoy, el 95 por ciento de la carne argentina proviene de estos sistemas de feedlot”, relata Germán, y el olor a podrido es insoportable, envuelve las fosas nasales. Traspasa el simple olor a mierda. Te descompone. Es mierda concentrada de hace días, semanas, meses. Pisoteada por miles de animales. “Hay un montón de patógenos, por eso el olor. Le dan puro grano para que aumenten rápido de peso y tengan más ganancia. Un kilo y pico por día aumentan acá”, y acota: “A diferencia del sistema que hago durante el año, que es todo autoproducción y los animales aumentan medio kilo por día, en el feedlot no se produce nada de alimento. Todo se trae de afuera. Ahí tenés una deficiencia tremenda ambiental y en el consumo energético, ya que transportás todo lo que se va a consumir, que ya no es alimento, sino materia prima para que coman los animales”.

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Un oasis en la llanura

En las entrañas de la agricultura tradicional, en medio de un pueblo fumigado y contaminado, hay una lucecita que cada día ilumina un poco más, desde que Sabrina Ortiz decidió apretar la perilla de la justicia. No puede taparse el sol con la mano, y entonces en Pergamino ya funciona una feria netamente agroecológica, en vías de seguir creciendo. Se instala los sábados en el Parque España, donde se erigen 16 puestos, entre hortícolas, panificación, hierbas aromáticas y medicinales, huevos, miel, cosmética, humus de lombriz, y diversas experiencias para transmitir:

Por ejemplo Joaquín, 35 años. Vive en el campo hace siete. Cultiva dos hectáreas de 40 donde su familia usa agroquímicos. “Estoy a favor de la naturaleza e intenté cortar con la tradición familiar”. Desarrolla: “Nadie está en contra de nadie. Ellos no ven con buenos ojos el uso de agroquímicos, pero no les cierra de otra manera, el sistema impositivo y de deuda no les deja margen para salirse. El Estado te saca en las buenas y en las malas. Le saca lo mismo al dueño de 30 hectáreas que al de 5 mil. Se hace muy complicado”. Propone: “Hay que tejer puentes. El Estado debe cambiar la política, porque hoy no tiene las manos limpias. Te dice que no uses agroquímicos cuando lo único que le conviene es que uses agroquímicos”.

Guido Bruno, 30 años, ingeniero agrónomo, que cultiva junto a un amigo en 4 hectáreas de un campo familiar de 100. “Buscamos producir en armonía con el ambiente, cuidando los recursos y así llevar a la gente alimentos sanos y de calidad. Tenemos muchas limitaciones porque no hay cultura de la agroecología. Ni de los productores ni de los consumidores”.

Su socio es Pedro Novas, 30 años, hortícola desde hace cinco. “La feria creció un montón y nosotros con ella. A la hora y media de llegar, ya me quedé sin verdura. Hace un año y medio llenábamos media camioneta de cajones, hoy la traemos completa”, precisa, antes de recordar cómo llegó a este tipo de producción: “Cuando me mudé a Pergamino primero trabajé en agricultura convencional. Sé lo que hago ahora porque estuve del otro lado. Lo hacía en relación de dependencia y veía cómo se revoleaban bidones en cualquier lugar, me daba escalofríos. Te hablan de buenas prácticas, pero adentro pasa otra cosa. Acá estamos en la cueva del lobo”.

Profundiza: “Yo era maquinista, andaba arriba de la fumigadora tirando todo tipo de herbicida: 2,4-D, glifosato, paraquat. No llegué a trabajar un año, terminé saturado”. Y plantea un horizonte sobre las 6 mil hectáreas que están sin utilizarse por las restricciones judiciales: “Hay que hacer cultivo extensivo agroecológico en la zona periurbana; tenemos esa posibilidad gracias a la lucha de Sabrina”.

El papá de Pedro se llamaba José María Novas. Murió en 2016. Había trabajado 24 años para la empresa estadounidense Cargill, una de las principales exportadoras de granos. “Le diagnosticaron cáncer. Un linfoma no Hodgkin, principal causa de muerte por agroquímicos. Tras su fallecimiento, encontré en su computadora documentos descargados sobre el agua contaminada en Pergamino. Ahí entendí que él sabía por qué se moría”.

Mucho que hablar

Pergamino fue uno de los primeros conglomerados que cortaron rutas por el proyecto de ley sobre las retenciones impositivas al campo, en 2008. En las últimas PASO, Juntos por el Cambio ganó con más del 58% de los votos. A su vez, cada 24 de Marzo la concentración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no supera las 30 personas. Y una participación similar ocurre en las movilizaciones por la contaminación del agua y el uso de venenos: “80 personas fue lo máximo, pero en general somos 20, 30”, contextualiza Sabrina a una ciudad que desde la cúpula dirigencial opta por el silencio.

Alejandra Bianco, doce tumores en los ovarios, querellante del barrio Santa Julia, lo rompe a palabras: “Estamos queriendo tumbar monstruos, a quienes no les importa si se mueren nuestros hijos y se vacían nuestras familias, mientras se sigan llenando los bolsillos. Somos un grano para el intendente y para muchos señores feudales que creen poder decir y decidir quién muere y quién no. Tenemos contaminado el acuífero y no es solo cuestión local, sino nacional. No le tengo miedo a nada después de lo que me pasó”.

Florencia Morales, cáncer en fase 4, querellante del barrio Luar Kayad, lo rompe a palabras: “Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”.

Sabrina Ortiz, envenenada con agrotóxicos, querellante del barrio Villa Alicia e inspiración para esta historia, lo rompe a palabras: “Tengo que seguir porque es un camino largo. Ni la salud ni la vida de mis hijos ni de ninguno se negocia. Estamos en el centro de un huracán que te avasalla, te somete, te intenta callar y parar. No hay espacios para informar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Y entre muchos, a los gigantes les seguiremos limando las patas para que dejen de causar tanto daño, y eso, solo se logra de manera colectiva”.

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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