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MU en la capital del veneno: Paren de amenazar

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El Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás decidió procesar por amenazas a Fernanda Lilian Roces, hija de productor agropecuario de Pergamino Mario Roces, procesado a su vez por la contaminación y los daños generados por las fumigaciones. La noticia fue difundida este martes por la abogada y vecina Sabrina Ortiz, víctima de los agrotóxicos al igual que su familia y la comunidad de Pergamino. En sus redes sociales la doctora Ortiz informó: “Creídos los hijos del poder, arrebatado la salud y la vida impunemente, hasta ahora… La Justicia Federal procesó a Fernanda Lilian Roces por el delito de amenazas agravadas en contra de mi familia en circunstancias que irrumpieron en el domicilio de mis padres al grito de ‘la vamos a matar a tu hija, dala por muerta a esa negra de mierda’. Fernanda es hija de uno de los procesados por envenenamiento en Pergamino, Mario Roces. Procesada y embargada por un millón de pesos y con imposición de prohibición de acercamiento tanto a mis padres e hijos como a mí. Será Justicia”.

Las denuncias de Sabrina Ortiz contra las fumigaciones habìan generado ya en 2016 la reacción de los grupos del agronegocio.

En aquel momento el propio Roces se acercó a la casa de la familia de Sabrina armado, disparando y gritando ‘esos negros se tienen que morir’.

Al día siguiente María Fernanda Roces la encontró en el supermercado y le dijo a Sabrina: “Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso”. El procesamiento dictado por el juez Carlos Villafuerte Ruzo incluye la prohibición de dicha mujer de acercarse a menos de 500 metros de Sabrina y de cualquier integrante de su familia, además de trabarle un embargo por un millón de pesos.

Lo denunciado por Sabrina Ortiz y Paren de fumigar de Pergamino sobre la situación en la ciudad se fundamenta en hechos concretos.

  • la experiencia de la comunidad,
  • estudios del INTA que confirmaron la gravísima contaminación de las aguas,
  • estudios del Hospital Austral que ratificaron la presencia de agrotóxicos en pacientes de la ciudad,
  • fallos ejemplares de la justicia federal que procesó y embargó a productores (incluido Roces), a funcionarios, y prohibió las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Detalle: al prohibirse las fumigaciones fue notable el descenso de la contaminación en el agua que consume la población.

Símbolo de la situación: Sabrina no solo se movilizó como vecina sino que al hacerlo decidió estudiar derecho para llevar adelante ella misma las causas al no encontrar abogados que quisieran involucrarse en estos temas que amenazan la salud ambiental y social, pero perjudican intereses del lobby de los agronegocios.

Publicamos aquí la investigación en Pergamino realizada por MU en septiembre, “La capital del veneno” que revela no solo una historia increíble sino también los nuevos estilos productivos que también en este caso presentan un horizonte distinto para el campo.

Compartimos el reportaje ublicado en la última MU, nº 163, que hicimos gracias a nuestrxs cómplics. Apoyanos desde $250

Pergamino: La capital del veneno

El INTA confirmó la contaminación de las aguas; hospitales como el Austral detectaron los agrotóxicos en los cuerpos de pacientes de Pergamino, y la comunidad logró fallos ejemplares de la justicia. Los detalles de casos que merecerían figurar en una serie de terror, pero forman parte de la realidad cotidiana. Desde el cáncer hasta la sojización de las cabezas, empresarios, medios y gobierno coinciden en un silencio sin grieta. La mirada hacia el futuro de vecinas y vecinos que se defienden organizándose, y la inauguración de nuevos modos de producción sanos. Por Francisco Pandolfi.

Con el cartel, Sabrina Ortiz, contaminada de agrotóxicos, que se recibió de abogada porque no encontraba quien la defendiera. Fotos: Nacho Yuchark

-Con vos, no tengo nada que hablar.

Las palabras del intendente a una vecina quedan flotando en el aire de la Municipalidad. La lengua no tiene huesos, pero los rompe. Y en el partido bonaerense de Pergamino hay palabras y también hay silencios que se sienten en la atmósfera, que calan hondo, que parecen resonar para siempre. Al mismo tiempo, en la bautizada “ciudad de la semilla” y núcleo sojero de más de 100 mil habitantes, hay cuerpos que hablan. Cuerpos vivos, cuerpos enfermos, cuerpos muertos. Hablan. Y denuncian.

La vecina se llama Sabrina Ortiz. El intendente, Javier Martínez. Ese primer encuentro con el mandamás de Juntos por el Cambio –que ocupa el cargo desde 2015 (50,82% de los votos) y fue reelecto en 2019 (58,70%)–, se dio en 2018, un par de horas después de que Sabrina denunciara por radio la certificación de que sus dos hijos y ella tenían agrotóxicos en sus cuerpos. Se había acercado a la intendencia con una carpeta llena de datos para mostrar y demostrar el mal generado por los venenos. Él la miró de arriba a abajo. Y sin que ella pudiera pronunciar ningún sonido, le enrostró: “Con vos, no tengo nada que hablar”.

Una noticia origina el viaje de MU a Pergamino, 222 kilómetros al norte de la ciudad de Buenos Aires: la confirmación del procesamiento a dos ex funcionarios encargados de controlar la aplicación de agrotóxicos. Una medida judicial sin precedentes en el país. Sin embargo, entre la buena nueva y el inicio de esta historia, hay diez años de una vida de película, protagonizada por varias actrices y actores, y uno de cuyos papeles principales lo afronta Sabrina Ortiz, 37 años, de Paren de Fumigar Pergamino.

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia.

Balazos, soja y derecho

2011: Sabrina vive en Villa Alicia, uno de los barrios populares del lugar lindante al campo y, por consiguiente, a las fumigaciones que hace meses denuncia sin respuesta. Ya sufría brotes, picazón y desprendimientos de la piel. Pero ese día fue distinto: “Estaba embarazada de casi seis meses. Era tan fuerte el olor que respiraba veneno puro. Se me empezaron a quemar las fosas nasales, la boca, la garganta, la cara me ardía, los ojos inflamados, rojos. Parecía casi deformada por el mismo tóxico. Tuve náuseas, luego vómitos, hasta que fui al hospital. Mi hijo ya estaba muerto”. La explicación: “Quien me atendió me dijo que se debió a una intoxicación, pero que si certificaba que era por los agroquímicos, lo iban a matar”. Silencio… “Ahí empecé a entender que había algo muy grande detrás, que por algo no me recibían las denuncias”.

2012: Sabrina aprovecha los pocos espacios radiales que le dan para contar lo que pasa. Va conociendo a personas que sufren lo mismo en otros barrios, mientras se sigue fumigando a diez metros de las casas en zonas urbanas y periurbanas. “Ningún abogado nos quiso acompañar ante la justicia para que se investigue. Ni los especialistas en derecho ambiental aceptaron. Me sentía muy sola”.

2013: La batalla empieza a dar frutos: se presenta en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la regulación de “fitosanitarios”, eufemismo para nombrar a los agrotóxicos. Sabrina es docente en salud. No la agobia una necesidad laboral, pero  toma una decisión que cambia radicalmente su vida: comienza la carrera de abogacía: “Seguía golpeando puertas de abogados, que tenían herramientas para cambiar mi situación y no lo hacían. Tampoco respondían desde la Secretaría de Salud, ni del hospital, ni de la Municipalidad. Nadie se acercó a ver qué estaba pasando”. Silencio… “Me sentí morir muchas veces, sola, mientras mi familia seguía enfermándose”, agrega, y se saca los anteojos para secarse las lágrimas.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento

2014: Sabrina sufre su primer ACV. No claudica. Se aprueba la ordenanza para la regulación de agrotóxicos: 100 metros desde el final de la zona periurbana.

2015: Sabrina padece el segundo ACV. Continúa luchando. Entra en vigencia la ordenanza y se crea la Secretaría de Ambiente Rural, órgano de control que no controla. A la cabeza, el veterinario Mario Tocalini; como subjefe y auditor, el ingeniero agrónomo Guillermo Naranjo. Ambos han sido procesados en segunda instancia por incumplimiento de deberes funcionarios públicos.

2016: Comienzan las amenazas. En mayo, el productor agropecuario Mario Roces, vecino de Sabrina, se acerca en dirección a su casa. “Lo veo venir por la ventana. Lo escucho gritar ‘estos negros se tienen que morir’, saca un arma y dispara dos tiros con balas de plomo. Con una mató a mi perro, la otra dio en la pared. Mi hija había estado afuera un par de minutos antes. Me quedé paralizada”. Completa: “Al día siguiente me crucé a la hija en el supermercado. Me dijo: ‘Somos los fundadores del barrio, si mi papá quiere te mata y no va preso’. Hice la denuncia mucho después, por miedo”. Y amplía: “También me tiraron a mi casa bidones de agrotóxicos y hace unos meses me pusieron ramas de soja arriba del auto”.

2017: Sabrina tiene una hija y un hijo. Fiamma y Ciro. Un día Fiamma se levantó con dolor en una pierna. Le levantó fiebre, prosiguieron infecciones. “Estuvo 25 días internada y no detectaban qué era. En paralelo, a Ciro se le empieza a inflamar la boca y la garganta, hasta que le detectan cadenas ganglionares intestinales. Tenía 3 años y adelgazó 5 kilos en un mes. No sabían el motivo, hasta que en infectología preguntaron de dónde éramos. Nos mandaron a toxicología ambiental del Hospital Austral y tras los análisis se confirmó lo peor: mis hijos y yo teníamos alarmantes niveles de agrotóxicos en el cuerpo. Ciro 120 veces más de lo que un cuerpo puede tolerar; Fiamma 100 y yo 58”. 

Las cifras no explican el sentimiento: “Fue un detonante, me desmoroné por completo. El daño ya estaba hecho y representaba un riesgo biológico que podía desencadenar en cualquier cosa. Luego entendí que los ACV se originaron por esa exposición a sustancias neurotóxicas”. ¿Cómo reaccionó el municipio? “Matías Villeta, secretario de Salud, declaró que los análisis eran truchos”. Al final de ese año, Sabrina potencia la proeza y se recibe de abogada: “Estaba presionada por recibirme rápido, para empezar a denunciar y no depender de otros; lo sentía como una bomba de tiempo”. Con título en mano, hace la denuncia en la fiscalía.

2018: Al no haber avances, Sabrina acude al Juzgado Federal Nº 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo. La escuchan. “Por primera vez la justicia daba respuestas; pedí ser querellante en la causa que se abrió en julio contra los productores procesados por el delito de contaminación del ambiente de un modo peligroso para la salud: Fernando Cortese, Mario Roces y Víctor Tiribo. A Enrique Turín le dictaron la falta de mérito. La motivación de estudiar derecho me estaba llevando al objetivo: tener las herramientas para cambiar la historia”. Peritos ambientales de la justicia federal realizan en noviembre el primer muestreo de agua de red y de pozo, así como en el suelo, en los tres barrios más afectados: Villa Alicia, La Guarida y Luar Kayad, al sur de Pergamino. El INTA Balcarce determina la presencia de 18 moléculas de agrotóxicos.

2019: En abril, el juez dictamina la primera medida cautelar, la cual prohíbe fumigar en las zonas aledañas a los barrios más damnificados, precisamente en los predios de cuatro productores. En un segundo relevamiento sobre la calidad del agua, en mayo, la justicia agrega al barrio Santa Julia, donde se habían denunciado múltiples casos de cáncer. Se encuentran 19 moléculas de agroquímicos. En agosto, el juez amplía la cautelar y prohíbe la fumigación “a la totalidad de la ciudad de Pergamino fijándose un límite restrictivo y de exclusión de 1.095 metros para las aplicaciones terrestres y de 3.000 metros para las aéreas”. La intendencia apeló todas las medidas cautelares que defendían a la ciudadanía, incluida la que exhortaba al municipio a entregar bidones de agua potable a las familias más expuestas. Recuerda Sabrina: “Al otro día de haber sido informado sobre la cautelar, el intendente dio una conferencia de prensa negando la contaminación y asegurando que se trataba de un acto de politiquería”. El vecino productor Fernando Cortese le hace llegar a Sabrina un mensaje: “Prometió que me iba a pegar un tiro en la espalda y dejarme paralítica”. No fueron solo palabras: “En la ruta, le tiró su camioneta encima a mi papá, que casi vuelca”.

2020: Se conocen los resultados del tercer muestreo extraído en diciembre de 2019. Las cifras son tan asombrosas como lógicas: tras las medidas judiciales restrictivas a las fumigaciones, se encuentra un 50% menos de químicos.

2021: El proceso judicial avanza y se ha diversificado. La causa madre focaliza en los tres productores procesados por las fumigaciones y la contaminación del agua, pero existen otros expedientes. Entre ellos: la imputación al intendente por incumplimiento de medida cautelar en la entrega de agua potable a la comunidad; una escuela fumigada en el pueblo de Gornati; los ex funcionarios procesados. “Los productores fumigaban con Tocalini y Naranjo presentes y no hacían nada. Se reían juntos. Más de una vez, venían a inspeccionar y el mecanismo que tenían era oler el campo. Sí, se agachaban, olían y dejaban asentado que había olor a humo”, rememora Sabrina, con un pañuelo de colores que rodea su cuello y unos ojos oscuros llenos de vida.

Asamblea de puesteros en la feria agroecológica.

Breves historias clínicas 

A la causa judicial la llevan adelante tres mujeres de tres de los barrios más avasallados por los pesticidas. A Sabrina, que vivía en Villa Alicia antes de mudarse por pedido médico, se le sumaron Alejandra Bianco, de Santa Julia, y Florencia Morales, de Luar Kayad.

Alejandra, 48 años, parece no perder el humor pese a la tragedia: “Dios los cría y el viento me los trae a mí. En Pergamino hay cáncer como para hacer dulce de leche”. La metáfora no es exagerada. Vive a 100 y a 600 metros de dos campos donde se fumigaba. Enumera el horror: “A principio de 2018 se enfermó Sergio, mi ex pareja, de un cáncer de páncreas e hígado sin la posibilidad de operar. Falleció en diciembre pasado; en marzo último, Sandrita, mi amiga, mi hermana murió de cáncer de huesos; a mi hijo Benjamín le detectan púrpura trombocitopénica (trastorno de la sangre) y a mi hijo Ignacio cáncer de tiroides, ambos a sus 17 años; a mí me quitaron el útero, 12 tumores tenía. Un cuerpo minado”. Hay más: “El dueño de la casa donde vivíamos, cáncer de testículo; pegada a mi casa, un matrimonio con cáncer; pegado a ellos, Juan, cáncer de estómago. A la vuelta: Guada, cáncer de lengua; Gloria, cáncer de intestino y de colon; una familia entera: la mamá cáncer de intestino, el papá de garganta, el hijo de lengua. Pergamino es un desastre”. Su actual pareja trabaja en el campo. Va de cuerpo con sangre y aún no saben lo que tiene.

Una pintada para romper el silencio en una esquina.

Alejandra comprendió que no era normal lo que pasaba en su cuerpo, en su familia, en su barrio. “En 2018 empecé a hacer un censo. Como en Santa Julia la gente es muy cerrada, dejé una hoja en el almacén para quien no se animara a hablar conmigo. Muchos vecinos accedieron y en diez manzanas registramos 56 casos de cáncer”.

El caso de Florencia Morales: en 2011 se estableció en una quinta de Pergamino, junto a su marido buscaban criar a sus dos hijas en una paz que no les brindaba la ciudad de Buenos Aires. “Al año ya sentíamos síntomas raros. Mi hija empezó con asma, se le obstruía mucho la nariz. Se le adormecían las piernas, tenía ronchas, forúnculos. En una fumigación muy fuerte se nos murieron algunos animales: un perrito y dos loros amanecieron explotados, totalmente inflamados”. 

El nacimiento de su tercer hijo, en 2016, evidenció el problema de fondo: “A los cinco meses, mientras le estaba dando la teta, veo que en una de las mamas no tenía leche y en una de las palpaciones siento una pelotita. Resultó ser un cáncer con estadío avanzado que había hecho metástasis en la columna, por lo que ya no hay posibilidades de cura”. Complementa: “Debo hacer tratamiento de por vida, pero la medicación oncológica no es leve: me trae varias dificultades. Soy consciente de que hoy estoy estable y en cualquier momento puede detonar y ya está. Estoy todo el tiempo conviviendo con la finitud, es terrible que haya gente que por un tema económico destroce a otros seres humanos. Y encima, acá en Pergamino la mayoría trabaja o tiene familia que vive del campo, entonces quienes nos enfrentamos a esto somos los bichos raros”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano.

Madres fumigadas

El reclamo en el barrio popular Villa Alicia lo emprendió Sabrina y lo siguieron muchas vecinas nucleadas en la organización Madres de Barrios Fumigados Pergamino. Cinco de ellas reciben a MU en la casa de Paola Díaz, quien encabeza un movimiento que fusiona fuerza, impotencia y una catarata de denuncias por el uso de agroquímicos. “En 2014 falleció Mónica, mi nena de 11 años por leucemia aguda. Fue fulminante, de un día para el otro. Ahí conocí a Sabrina que ya estaba denunciando las fumigaciones. Para mí era un trabajo que hacía daño al suelo, al pasto, pero no a nosotros. La muerte de mi hija me demostró lo contrario”.

Erika Díaz, 45 años, cuatro hijos: “Tengo hidradenitis supurativa, enfermedad cutánea que no tiene cura. Soy alérgica y todo el tiempo me pica la piel, me salen forúnculos. También sufro de tiroides. No me acostumbro al dolor aunque lo cargo desde los once años. Ya desde ahí fumigaban”. Sus hijos y nietos también presentan diversas afecciones, como piel atópica, hipoacusia, broncoespasmo y asma.

Silvana Mansilla, 37 años, una hija de 19, un hijo de 14. “En 2012 mi nena empezó con ronchas en la cara y no encontrábamos la solución. Hoy tiene hipotiroidismo y todavía nunca menstruó. Además, mi hijo y mi marido sufren de asma”.

En Pergamino, la grieta es horizontal, de clases. Los dólares que entran por la agricultura se ven en grandes latifundios dedicados sobre todo a la soja, y en menor medida al trigo y al maíz, pero no se derraman en barrios como Villa Alicia. No hay gas natural, no llega el cable ni el wifi ni el teléfono; hace 40 años espera el pavimento y recién hace tres se hicieron las obras del cordón cuneta. Tampoco hay historias clínicas en la salita médica: cuando el juez las pidió para incorporarlas a la causa, desaparecieron.

Juana Payero tiene tres chicos, 40 años y un aborto espontáneo en su primer embarazo. “Tenía una malformación del corazón”, narra, luciendo una remera que reza: “Los agrotóxicos matan”. Sobre el agua: “La Municipalidad no cumple con los 20 litros de agua por persona por día que el juzgado le ordenó dar a los cuatro barrios. En mi familia somos 5 y nos dan 10 bidones de 20 litros por semana que no nos alcanzan para nada. Solo a mis dos hijas más chicas las llego a bañar con el agua sin veneno”. Y se le viene la infancia, como si fuera hoy: “Mi mamá me decía que salude al avión y yo pensaba que tiraba papelitos, como en el circo. Nos mojaba y creía que era rocío. Así nos enfermamos”.

Natalia Mansilla, 39 años, mamá de tres hijos junto a su marido semillero. El más chico se llama Dante y enfermó en 2016. “Se le deformaba toda la panza, gritaba del dolor; el médico me decía que eran gases. No soporté más y lo trasladé a Buenos Aires, donde me dijeron que si no lo agarraban a tiempo, se moría. Estuvo dos meses internado y le sacaron 75 centímetros cúbicos de pus de la infección que tenía. Él y su hermano Daniel tienen retrasos madurativos. Mi hija, un quiste en los ovarios. Necesitamos urgente los estudios genéticos”.

En 2019 Sabrina pidió al juzgado análisis genéticos para 78 personas afectadas. Fueron aprobados 20, pero el Consejo de la Magistratura aún no remitió el dinero. “Necesitamos urgente los estudios y saber qué hay en nuestros cuerpos. Tenemos el derecho a respirar aire limpio”, cierra Paola, que en su remera lleva una calavera y palabras alrededor: “Madres de Barrios Fumigados Pergamino”.

Florencia Allende, Germán Neffen y su pequeño. La pareja creó una cooperativa de harina integral y asesoramiento agroecológico para poder producir en los espacios en los que la justicia prohibió fumigar.

“Un tema que no manejo”

Javier Arturo Martínez es el jefe municipal de Pergamino. Como Mauricio Macri, uno de sus referentes, llegó a la intendencia mediante el fútbol como trampolín, tras haber sido presidente del club Douglas Haig de la ciudad. Su camiseta de rayas verticales rojas y negras ha llevado en el pecho la publicidad de Monsanto, empresa estadounidense de agroquímicos  comprada por Bayer. A continuación, la escueta conversación telefónica con Martínez.

Hola Javier, ¿cómo le va? Quisiéramos entrevistarlo en persona sobre el medio ambiente en Pergamino.

¿Por qué tema?

Agrotóxicos.

Tengo gente que puede tratarlo a ese tema. Desde la Secretaría de Producción están trabajando en eso.

Pero además, ¿no podemos hablar con usted, como máximo responsable?

Sobre ese tema no, porque lo manejan ellos, los indicados son ellos porque están trabajando hace dos años. Se ha avanzado mucho, por eso sería una lástima que no lo veas con quien tenés que verlo. Es un tema que yo no manejo. Así que te agradezco el llamado, muy amable.

¿Nos podría dar una opinión sobre los funcionarios procesados?

Ya hablamos mucho de eso. No tenemos más para hablar. Ya está todo dicho. No hay mucho más.

¿Y en relación a la contaminación del agua?

Por otro tema llamame cuando quieras. Gracias.

Javier Genoud es el Secretario de Producción de Pergamino, la persona indicada para hablar según el intendente. Pero tampoco habla. Tras no contestar a las llamadas, respondió un mensaje para interiorizarse sobre el eje de la nota. Luego, dejó de responder. Guillermo Naranjo, ex subjefe de la Dirección de Ambiente Rural, tampoco tampoco contestó los llamados y mensajes.

Producción regenerativa de ganado, en contraposición a los feed lots que contaminan y enferman a los animales, y luego a quienes consumen.

El logo del hospital público

«Mi hija se brota toda tras estar en el campo. Los médicos niegan su relación con los agrotóxicos. Nos dan un jaboncito o corticoide, pero no van al fondo del problema”, expresa Julia Siciliani, integrante de Paren de Fumigar. Plantea otro problema: “No hay historias clínicas ambientales en los centros médicos correspondientes a lugares donde se fumiga y hay actividad industrial como Pergamino”. Julia participa de un bachillerato popular en el barrio popular Kennedy, que está pegado al Parque Industrial. El olor que emanan las empresas es insoportable, nauseabundo. Miles de vecinas y vecinos lo respiran cada segundo de sus vidas. “Muchos se brotan por el polvillo que se desprende de las fábricas” y concluye: “Lo que sale del parque industrial va al arroyo. Sobre todas estas problemáticas queremos hablar, pero la Municipalidad nunca nos abrió las puertas”. 

La secretaria de Salud María Marta Perretta sigue la línea de su gobierno. No atiende el teléfono. No responde ningún mensaje. El silencio aturde y trasciende el gabinete. Silvia García es la directora del hospital público regional San José, dependiente de la provincia de Buenos Aires. Al contactarla, pide que se la llame al día siguiente. Cuando se entera de qué es la nota, no responde nunca más. Tampoco habilitan a hacer un registro fotográfico del interior del centro médico. Sin embargo, no hace falta ingresar para hacer clic: desde afuera, se ve el logo de Bayer (la dueña de Monsanto) en las salas de espera que la mismísima compañía fabricante de agroquímicos instaló en el nosocomio.

Ante el mutismo interno, la comunidad contó con la ayuda de especialistas. Uno de ellos fue el médico pediatra y neonatólogo Medardo Ávila Vázquez, que acompañó todo el proceso y atestiguó ante el juez. Desde su Córdoba natal, donde es docente de la Universidad Nacional, detalla su experiencia en la ciudad de la semilla… transgénica: “La realidad de Pergamino es similar al resto de los pueblos expuestos a los agrotóxicos, pero hay algo diferente que me impactó mucho y es cómo este fenómeno penetró en las napas subterráneas de las cuales se surte de agua potable la población. Están totalmente contaminadas, no habíamos visto antes algo así en el agua corriente”.

Integrante de Médicos de Pueblos Fumigados, enumera las enfermedades más comunes que provocan los pesticidas: “Irritaciones oculares, de garganta, de piel; autismo, asma, broncoespasmos: el 50% por ciento de los chicos usan broncodilatador en los pueblos fumigados, cuando la carga de asma de los niños en el resto del país es de 12%”. Continúa: “Hay muchos trastornos endócrinos, porque los agrotóxicos son moléculas que interfieren con mensajes hormonales y producen desbalances en el funcionamiento de las hormonas tiroideas. En el país, hay un promedio del 6% en población adulta mayor a 20 años de hipotiroidismo; mientras que en los lugares afectados llega a haber un 23%”.

Los problemas reproductivos: “También son muy frecuentes, como la esterilidad, la virilidad en los hombres, inconvenientes para quedar embarazadas las mujeres. Los obstetras nos cuentan que casi la mitad de los embarazos no llegan a término. El aborto espontáneo es un fenómeno que en general se da en un 3%. En estos ámbitos, entre el 10% y el 20%. Lo mismo ocurre con muchos niños que nacen mal formados: la tasa natural en Argentina es del 2%, o sea, 2 de cada 100 nace con algún problema genético. En estas localidades, entre el 5 y el 6%”. Finaliza: “Los cánceres son una locura. En los pueblos un 40, 50% de la gente muere por esto, cuando el promedio nacional es del 20%”.

Por su trabajo en Pergamino, ningún funcionario ni sanitarista se comunicó con él. Cree saber el porqué: “En este tipo de lugares, los intendentes son productores o fumigadores, principales contaminantes del pueblo. En Pergamino el municipio es defensor y una de las patas del agronegocio”.

Transición a lo distinto

Fabián Díaz tiene 49 años y vive en Villa Alicia. Es el hermano mayor de Paola, referenta de Madres de Barrios Fumigados. Toda la vida trabajó en el campo y sufrió las consecuencias: “Fumigué el campo de enfrente y en muchos otros lados. Lo hacía con una mochila y me mojaba la espalda. Usaba el Roundup (glifosato fabricado por Monsanto) para la soja transgénica. Así fue que me enfermé de hipertiroidismo”, repasa, mientras camina por una calle de tierra en un barrio donde décadas atrás había achicoria, hinojo, plantas frutales como naranjas, mandarinas y ciruelas, “hasta que el roundup mató todo”. “No sabía lo que podía generar; acá se agarran esos trabajos por necesidad, pero falta información”. Y hace un análisis económico y sociológico, mirando hacia al futuro: “En Pergamino te rounduplizan la cabeza, o te la sojalizan y no salen de ese encierro. La solución es sentarse a hablar con los productores para que creen nuevas opciones de producción, hay mucha gente joven que sabe sembrar soja de una única manera”.

Germán Neffen, Florencia Allende y Laureano Fontana integran la incipiente cooperativa Turba, que hace harina integral y asesoramiento agroecológico. “Realizamos producciones a pedido de particulares y de organizaciones como la Unión de Trabajadores de la Tierra y el Movimiento de Trabajadores Excluidos”, afirma Florencia. Laureano muestra el molino donde fabrican la harina y cuenta por qué decidió unirse al proyecto: “El juntarse con otras personas y construir colectivamente no lo cambio por nada”. Germán, además, forma parte de la asamblea Vida, Salud y Ambiente de Pergamino. Opina sobre la ordenanza de promoción de la agroecología que se estableció en 2019: “Quedó en la nada; se creó un consejo asesor que nunca se activó”. Desde hace cuatro años incursiona en la ganadería regenerativa, a través del sistema del Pastoreo Racional Voisin, tecnología agroecológica rentable que regenera suelos sin venenos.

El manejo del campo de sus padres lo divide con sus hermanos, que lo alquilan para feedlot (encierro de animales para engordarlos y así intensificar la producción). “Donde hay verde, es mi parte”, dice, y se ríe. “Parece un slogan, pero es así”. Y es así. En sus 140 hectáreas tiene 300 animales, entre vacas, toros y terneros. Sus hermanos alquilan 15 hectáreas y caben alrededor de 6.000 animales (con la contaminación y el hacinamiento que implica). “Para llevar adelante el pastoreo racional no se necesita tener muchas hectáreas. La diferencia mayor entre ambos sistemas es en la forma en la que viven los animales. Conmigo están en un lote y recién vuelven a ese espacio en 90 días, para que el pasto se regenere usando la bosta que dejan”, comenta en una llanura con distintos matices de verdes, según cuándo haya pisado el ganado.

Como contraparte, el feedlot. Se ve una montaña de vacas, terneros, novillos, vaquillonas, toros, todos juntos, en el barro que genera su propia bosta, con comida las 24 horas. Así viven el tiempo que dure el engorde, que va entre dos y seis meses. “Hoy, el 95 por ciento de la carne argentina proviene de estos sistemas de feedlot”, relata Germán, y el olor a podrido es insoportable, envuelve las fosas nasales. Traspasa el simple olor a mierda. Te descompone. Es mierda concentrada de hace días, semanas, meses. Pisoteada por miles de animales. “Hay un montón de patógenos, por eso el olor. Le dan puro grano para que aumenten rápido de peso y tengan más ganancia. Un kilo y pico por día aumentan acá”, y acota: “A diferencia del sistema que hago durante el año, que es todo autoproducción y los animales aumentan medio kilo por día, en el feedlot no se produce nada de alimento. Todo se trae de afuera. Ahí tenés una deficiencia tremenda ambiental y en el consumo energético, ya que transportás todo lo que se va a consumir, que ya no es alimento, sino materia prima para que coman los animales”.

Un oasis en la llanura

En las entrañas de la agricultura tradicional, en medio de un pueblo fumigado y contaminado, hay una lucecita que cada día ilumina un poco más, desde que Sabrina Ortiz decidió apretar la perilla de la justicia. No puede taparse el sol con la mano, y entonces en Pergamino ya funciona una feria netamente agroecológica, en vías de seguir creciendo. Se instala los sábados en el Parque España, donde se erigen 16 puestos, entre hortícolas, panificación, hierbas aromáticas y medicinales, huevos, miel, cosmética, humus de lombriz, y diversas experiencias para transmitir:

Por ejemplo Joaquín, 35 años. Vive en el campo hace siete. Cultiva dos hectáreas de 40 donde su familia usa agroquímicos. “Estoy a favor de la naturaleza e intenté cortar con la tradición familiar”. Desarrolla: “Nadie está en contra de nadie. Ellos no ven con buenos ojos el uso de agroquímicos, pero no les cierra de otra manera, el sistema impositivo y de deuda no les deja margen para salirse. El Estado te saca en las buenas y en las malas. Le saca lo mismo al dueño de 30 hectáreas que al de 5 mil. Se hace muy complicado”. Propone: “Hay que tejer puentes. El Estado debe cambiar la política, porque hoy no tiene las manos limpias. Te dice que no uses agroquímicos cuando lo único que le conviene es que uses agroquímicos”.

Guido Bruno, 30 años, ingeniero agrónomo, que cultiva junto a un amigo en 4 hectáreas de un campo familiar de 100. “Buscamos producir en armonía con el ambiente, cuidando los recursos y así llevar a la gente alimentos sanos y de calidad. Tenemos muchas limitaciones porque no hay cultura de la agroecología. Ni de los productores ni de los consumidores”.

Su socio es Pedro Novas, 30 años, hortícola desde hace cinco. “La feria creció un montón y nosotros con ella. A la hora y media de llegar, ya me quedé sin verdura. Hace un año y medio llenábamos media camioneta de cajones, hoy la traemos completa”, precisa, antes de recordar cómo llegó a este tipo de producción: “Cuando me mudé a Pergamino primero trabajé en agricultura convencional. Sé lo que hago ahora porque estuve del otro lado. Lo hacía en relación de dependencia y veía cómo se revoleaban bidones en cualquier lugar, me daba escalofríos. Te hablan de buenas prácticas, pero adentro pasa otra cosa. Acá estamos en la cueva del lobo”.

Profundiza: “Yo era maquinista, andaba arriba de la fumigadora tirando todo tipo de herbicida: 2,4-D, glifosato, paraquat. No llegué a trabajar un año, terminé saturado”. Y plantea un horizonte sobre las 6 mil hectáreas que están sin utilizarse por las restricciones judiciales: “Hay que hacer cultivo extensivo agroecológico en la zona periurbana; tenemos esa posibilidad gracias a la lucha de Sabrina”.

El papá de Pedro se llamaba José María Novas. Murió en 2016. Había trabajado 24 años para la empresa estadounidense Cargill, una de las principales exportadoras de granos. “Le diagnosticaron cáncer. Un linfoma no Hodgkin, principal causa de muerte por agroquímicos. Tras su fallecimiento, encontré en su computadora documentos descargados sobre el agua contaminada en Pergamino. Ahí entendí que él sabía por qué se moría”.

Mucho que hablar

Pergamino fue uno de los primeros conglomerados que cortaron rutas por el proyecto de ley sobre las retenciones impositivas al campo, en 2008. En las últimas PASO, Juntos por el Cambio ganó con más del 58% de los votos. A su vez, cada 24 de Marzo la concentración por el Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia no supera las 30 personas. Y una participación similar ocurre en las movilizaciones por la contaminación del agua y el uso de venenos: “80 personas fue lo máximo, pero en general somos 20, 30”, contextualiza Sabrina a una ciudad que desde la cúpula dirigencial opta por el silencio.

Alejandra Bianco, doce tumores en los ovarios, querellante del barrio Santa Julia, lo rompe a palabras: “Estamos queriendo tumbar monstruos, a quienes no les importa si se mueren nuestros hijos y se vacían nuestras familias, mientras se sigan llenando los bolsillos. Somos un grano para el intendente y para muchos señores feudales que creen poder decir y decidir quién muere y quién no. Tenemos contaminado el acuífero y no es solo cuestión local, sino nacional. No le tengo miedo a nada después de lo que me pasó”.

Florencia Morales, cáncer en fase 4, querellante del barrio Luar Kayad, lo rompe a palabras: “Sé que no me voy a curar ni recuperar el tiempo perdido. Estoy con la salud muy deteriorada. Pero estoy. Y mientras siga, llevaré adelante la causa para frenar este desastre. Si bien estoy dolida, con el avance judicial siento algo de esperanza; empiezo a ver un poquito de luz al final del túnel”.

Sabrina Ortiz, envenenada con agrotóxicos, querellante del barrio Villa Alicia e inspiración para esta historia, lo rompe a palabras: “Tengo que seguir porque es un camino largo. Ni la salud ni la vida de mis hijos ni de ninguno se negocia. Estamos en el centro de un huracán que te avasalla, te somete, te intenta callar y parar. No hay espacios para informar lo que está pasando. ¿Qué podemos hacer? Mucho. Y entre muchos, a los gigantes les seguiremos limando las patas para que dejen de causar tanto daño, y eso, solo se logra de manera colectiva”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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LA ÚLTIMA MU. Crecer, crear, cooperar

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