Organizaciones y centros de estudios llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la joven tucumana de 11 años violada por el novio de su abuela y obligada a parir. Su caso permitió ilustrar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual: en el año 2017 hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Los comisionados de la Corte compararon a la Argentina con el Medioevo y se mostraron sorprendidos por el racconto de atrocidades que permite el Estado ante la falta de aplicación de los protocolos ya existentes: “No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”, mencionó una de ellas. Técnicamente, llamaron a defender los derechos de las niñas y a los legisladores a actuar con valentía y no dejarse amedrentar por la Iglesia y los grupos antiderechos. La crónica de la jornada y la voz de las denunciantes.
Lo que en Tucumán vivió Lucía, una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela a la que le negaron su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, no fue un hecho aislado. En el año 2017 hubo 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Un quinto de estas adolescentes tenían uno o más hijos.
La trama que impide, con participación estatal, el acceso a un derecho es lo que organizaciones de derechos humanos y del derecho de la niñez y la infancia denunciaron en la audiencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Lucía permitió así denunciar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a un derecho que existe desde 1921 en Argentina.
“Esta audiencia representa un alerta que el Estado argentino no puede desoír. Los programas de Educación Sexual Integral, los programas de derechos sexuales y reproductivos, han sido desfinanciados en estos últimos años”, explica a lavaca Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) desde Washington. “Es importante poder poner sobre la mesa el tema: volver a generar opinión pública y que el Estado empiece a pensar políticas que lleguen a lo largo y ancho del país, que se apliquen, que sean efectivas y que lleguen con presupuesto e inversión. Que la audiencia sea con un organismo internacional significa que las respuestas del Estado están siendo insuficientes, incompletas y se están agotado”. Junto a Marchese viajaron también Celia Debono, coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), y Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.

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La presentación

La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana en hora argentina, y pudo seguirse desde todo el mundo de manera online. “Venimos a denunciar y a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos de las niñas en las que incurre el estado Argentino al obstaculizar las interrupciones legales del embarazo y forzar a parir a niñas víctimas de violencia sexual”, comenzó diciendo Nora Pulido. Frente a ella estaban sentados los representantes del Estado Argentino (uno de ellos, representante del Instituto Nacional de las Mujeres).
Las cifras que representan una radiografía de la violencia “se mantienen desde 1980 sin fluctuaciones significativas y la diferencia de cifras entre las provincias evidencia las profundas desigualdades y brechas entre las provincias”, sostuvo Pulido. En diálogo con lavaca, Marchese puntualizó que uno de los puntos neurálgicos del tema “es el federalismo en Argentina y la diferencia en las provincias: es una responsabilidad del Estado Nacional garantizar un mínimo de igualdad entre las provincias. No puede ser un justificativo la realidad, leyes o voluntades de la provincia”.
En la actualidad solo doce provincias cuentan con protocolos de atención de Interrupción Legal del Embarazo adecuados a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias restantes no cuentan con dicho protocolo, lo cual obstaculiza o restringe el acceso a este derecho clave.
“El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado. Estos casos aparecen como producto de violencia sexual ejercida – en la mayoría de los casos – por integrantes de la familia , conocidos o vecinos, adultos referentes en las vidas de las niñas”, sostuvieron en la presentación y detallaron el caso de Lucía en Tucumán como caso testigo.

Caso testigo

Una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, en un pueblo en la zona rural de Tucumán. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, pidió Lucía, pero nunca se le informó a ella ni a su familia su derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; tampoco intervino un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla.
«Las y los profesionales de la salud intervinientes la manipulaban para que Lucía cambie de opinión: le decían a su mamá que si ella quería interrumpir el embarazo la niña podría morir», detallaron las denunciantes esta mañana ante la CIDH. «Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia».
La red antiderechos que se desplegó el último verano en Tucumán dilató la gestación bajo la falsa premisa “salvemos las dos vidas”. El resultado: la tortura a una niña y la muerte de la beba de 660 gramos.

Tucumán arde: una niña torturada, una beba muerta y la falsedad del “Salvemos las dos vidas”

El Encuentro de Profesionales contra la Tortura -organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otras disciplinas- denunció en el abril pasado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en calidad de médico, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, ante la Asociación Médica Mundial por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”.
En esa misma provincia, declarada “próvida” durante el debate por la interrupción legal del embarazo, durante 2018 hubo 137 niñas madres menores de 14 años según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
El caso de Lucía permitió identificar los obstáculos en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y presentar así ante la CIDH una radiografía de la situación en todo el país. Explica Fernanda de ANDHES a lavaca: “Los protocolos con vacíos: el protocolo ILE no tiene elaborada una perspectiva de niñes, no establecen que forzar a esa niña es tortura como lo dicen las convenciones, o no establecen cómo hacer efectiva la escucha a la niña, el derecho a ser oída, como ha pasado con Lucía. Y en los protocolos de abuso sexual infantil no aparece la ILE como un derecho: está invisibiizado. Otros obstáculos: la ESI todavía no llega a todas las provincias ni a todas las aulas por la presencia de grupos eclesiásticos, grupos antiderechos, que presionan y que están dentro de las estructuras mismas del Estado y la Justicia. En el caso de Lucía la justicia cumplió un rol clave, se vio la convivencia de los poderes: no solo ejecutivo que uno identifica con mayor claridad, sino un legislativo y un judicial que se complotan para hacer un obstáculo estructural al acceso de derechos”.
En la presentación ante la CIDH graficaron: «Esta omisión del Estado de una política pública activa, implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres».
En el informe presentado hay también un petitorio. Marchese explica a lavaca que a la Comisión se le pidió “que atento al contexto electoral del país siga con la temática y una visita al país en la que pueda visitar otras provincias”. También hay un petitorio al Estado en el que se pide “una actualización del protocolos, que se exhorte a las provincias a la aplicación y que aplique medidas para que las provincias adhieran”.

Las palabras de la Comisión

El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue el primero en tomar la palabra luego de que hablen los representantes del Estado.
Vargas Silva comenzó diciendo: “A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción”. Y caracterizó al caso de Lucía como “dramático” y que “grafica de manera elocuente lo que está ocurriendo”.
Vargas Silva habló también de “cruzadas” como en el Medioevo: “Buscan perseguir a las mujeres que aplican el ILE o a médicos que lo practican”. Y terminó diciendo que “esto debe resolverse desde un enfoque de derechos, es un problema de salud pública”.
Luego habló la comisionada Margarette May Macaulay, quien expresó rotundamente: “Las niñas son niñas y se le debería permitir ser niñas durante su infancia. No forzarles artificialmente a asumir las cargas de un adulto. Nadie tiene derecho a quitarles ese derecho. No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”.
“La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”, sostuvo luego la comisionada Flavia Piovesan, que pidió al Estado “concretar medidas efectivas para que haya protocolos en todas las provincias” y “medidas para garantizar la tranquilidad de los profesionales de salud”.
La presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitino, fue la última en hablar e hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de “educar e informar para potencias las capacidad de los niños, niñas y adolescentes sobre lo que representa la sexualidad humana” y puntualizó con respecto a niñas que “toda relación con ese grupo de edad es un hecho de violación”. Y finalizó: “Esto sucede porque a niños, niñas adolescentes, la sociedad adulta no les reconoce, aun cumpliendo 30 años de la Convención de los derechos de los niños, como sujetos de derecho. Son personas titulares de derecho, tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de derechos. Hemos invisibilizado a este grupo”.