Nota
#NiñasNoMadres: audiencia en la CIDH por el caso de Lucía en Tucumán y la necesidad de aplicación de la ILE
Organizaciones y centros de estudios llevaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la joven tucumana de 11 años violada por el novio de su abuela y obligada a parir. Su caso permitió ilustrar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual: en el año 2017 hubo 2.493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Los comisionados de la Corte compararon a la Argentina con el Medioevo y se mostraron sorprendidos por el racconto de atrocidades que permite el Estado ante la falta de aplicación de los protocolos ya existentes: “No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”, mencionó una de ellas. Técnicamente, llamaron a defender los derechos de las niñas y a los legisladores a actuar con valentía y no dejarse amedrentar por la Iglesia y los grupos antiderechos. La crónica de la jornada y la voz de las denunciantes.
Lo que en Tucumán vivió Lucía, una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela a la que le negaron su derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, no fue un hecho aislado. En el año 2017 hubo 2493 nacimientos producto de embarazos de niñas menores de 15 años y 91.586 de adolescentes de entre 15 y 19 años. Un quinto de estas adolescentes tenían uno o más hijos.
La trama que impide, con participación estatal, el acceso a un derecho es lo que organizaciones de derechos humanos y del derecho de la niñez y la infancia denunciaron en la audiencia temática de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Lucía permitió así denunciar los obstáculos que enfrentan niñas y adolescentes embarazadas producto de haber sido víctimas de violencia sexual para acceder a un derecho que existe desde 1921 en Argentina.
“Esta audiencia representa un alerta que el Estado argentino no puede desoír. Los programas de Educación Sexual Integral, los programas de derechos sexuales y reproductivos, han sido desfinanciados en estos últimos años”, explica a lavaca Fernanda Marchese, directora ejecutiva de Abogados y Abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) desde Washington. “Es importante poder poner sobre la mesa el tema: volver a generar opinión pública y que el Estado empiece a pensar políticas que lleguen a lo largo y ancho del país, que se apliquen, que sean efectivas y que lleguen con presupuesto e inversión. Que la audiencia sea con un organismo internacional significa que las respuestas del Estado están siendo insuficientes, incompletas y se están agotado”. Junto a Marchese viajaron también Celia Debono, coordinadora nacional del Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM Argentina), y Nora Pulido, coordinadora del Colectivo de Derechos de Infancia y Adolescencia.
La presentación
La audiencia comenzó pasadas las 10 de la mañana en hora argentina, y pudo seguirse desde todo el mundo de manera online. “Venimos a denunciar y a visibilizar las graves vulneraciones a los derechos de las niñas en las que incurre el estado Argentino al obstaculizar las interrupciones legales del embarazo y forzar a parir a niñas víctimas de violencia sexual”, comenzó diciendo Nora Pulido. Frente a ella estaban sentados los representantes del Estado Argentino (uno de ellos, representante del Instituto Nacional de las Mujeres).
Las cifras que representan una radiografía de la violencia “se mantienen desde 1980 sin fluctuaciones significativas y la diferencia de cifras entre las provincias evidencia las profundas desigualdades y brechas entre las provincias”, sostuvo Pulido. En diálogo con lavaca, Marchese puntualizó que uno de los puntos neurálgicos del tema “es el federalismo en Argentina y la diferencia en las provincias: es una responsabilidad del Estado Nacional garantizar un mínimo de igualdad entre las provincias. No puede ser un justificativo la realidad, leyes o voluntades de la provincia”.
En la actualidad solo doce provincias cuentan con protocolos de atención de Interrupción Legal del Embarazo adecuados a lo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las provincias restantes no cuentan con dicho protocolo, lo cual obstaculiza o restringe el acceso a este derecho clave.
“El embarazo infantil forzado ha sido un problema históricamente invisibilizado. Estos casos aparecen como producto de violencia sexual ejercida – en la mayoría de los casos – por integrantes de la familia , conocidos o vecinos, adultos referentes en las vidas de las niñas”, sostuvieron en la presentación y detallaron el caso de Lucía en Tucumán como caso testigo.
Caso testigo
Una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, un hombre de 65 años, en un pueblo en la zona rural de Tucumán. “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”, pidió Lucía, pero nunca se le informó a ella ni a su familia su derecho a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo; tampoco intervino un equipo interdisciplinario para acompañarla y contenerla.
«Las y los profesionales de la salud intervinientes la manipulaban para que Lucía cambie de opinión: le decían a su mamá que si ella quería interrumpir el embarazo la niña podría morir», detallaron las denunciantes esta mañana ante la CIDH. «Transcurrido un mes desde que el sistema de salud tuvo conocimiento del embarazo, el gobierno de Tucumán habilitó la ILE en la madrugada del 27 de febrero, debiendo contratar médicos del sistema privado, ya que todo el personal del hospital se declaró objetor de conciencia».
La red antiderechos que se desplegó el último verano en Tucumán dilató la gestación bajo la falsa premisa “salvemos las dos vidas”. El resultado: la tortura a una niña y la muerte de la beba de 660 gramos.
Tucumán arde: una niña torturada, una beba muerta y la falsedad del “Salvemos las dos vidas”
El Encuentro de Profesionales contra la Tortura -organización compuesta por profesionales de la salud, del derecho y la psicología social, entre otras disciplinas- denunció en el abril pasado al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en calidad de médico, y a su ministra de Salud, Roxana Chahla, entre otras autoridades políticas y sanitarias de la provincia, ante la Asociación Médica Mundial por “impedir el acceso al aborto legal a niñas y someterlas a tratos crueles o degradantes y tortura”.
En esa misma provincia, declarada “próvida” durante el debate por la interrupción legal del embarazo, durante 2018 hubo 137 niñas madres menores de 14 años según datos de la Dirección de Estadísticas e Información de Salud.
El caso de Lucía permitió identificar los obstáculos en el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) y presentar así ante la CIDH una radiografía de la situación en todo el país. Explica Fernanda de ANDHES a lavaca: “Los protocolos con vacíos: el protocolo ILE no tiene elaborada una perspectiva de niñes, no establecen que forzar a esa niña es tortura como lo dicen las convenciones, o no establecen cómo hacer efectiva la escucha a la niña, el derecho a ser oída, como ha pasado con Lucía. Y en los protocolos de abuso sexual infantil no aparece la ILE como un derecho: está invisibiizado. Otros obstáculos: la ESI todavía no llega a todas las provincias ni a todas las aulas por la presencia de grupos eclesiásticos, grupos antiderechos, que presionan y que están dentro de las estructuras mismas del Estado y la Justicia. En el caso de Lucía la justicia cumplió un rol clave, se vio la convivencia de los poderes: no solo ejecutivo que uno identifica con mayor claridad, sino un legislativo y un judicial que se complotan para hacer un obstáculo estructural al acceso de derechos”.
En la presentación ante la CIDH graficaron: «Esta omisión del Estado de una política pública activa, implica en realidad una suerte de política pública de hacer incubadoras a la niñas pobres».
En el informe presentado hay también un petitorio. Marchese explica a lavaca que a la Comisión se le pidió “que atento al contexto electoral del país siga con la temática y una visita al país en la que pueda visitar otras provincias”. También hay un petitorio al Estado en el que se pide “una actualización del protocolos, que se exhorte a las provincias a la aplicación y que aplique medidas para que las provincias adhieran”.
Las palabras de la Comisión
El comisionado Luis Ernesto Vargas Silva fue el primero en tomar la palabra luego de que hablen los representantes del Estado.
Vargas Silva comenzó diciendo: “A los legisladores les da miedo legislar este tema por presiones desde los púlpitos. La Iglesia se resiste. Esta semana un obispo dijo que era preferible admitir a quien viole a una mujer y no a quien aborte. Se sigue viendo a las mujeres como aparatos de reproducción”. Y caracterizó al caso de Lucía como “dramático” y que “grafica de manera elocuente lo que está ocurriendo”.
Vargas Silva habló también de “cruzadas” como en el Medioevo: “Buscan perseguir a las mujeres que aplican el ILE o a médicos que lo practican”. Y terminó diciendo que “esto debe resolverse desde un enfoque de derechos, es un problema de salud pública”.
Luego habló la comisionada Margarette May Macaulay, quien expresó rotundamente: “Las niñas son niñas y se le debería permitir ser niñas durante su infancia. No forzarles artificialmente a asumir las cargas de un adulto. Nadie tiene derecho a quitarles ese derecho. No me explico porque le tenemos que dedicar tanto tiempo al debate de esta cuestión”.
“La responsabilidad del Estado no se quita por causa de la separación de poderes ni por la estructura federal”, sostuvo luego la comisionada Flavia Piovesan, que pidió al Estado “concretar medidas efectivas para que haya protocolos en todas las provincias” y “medidas para garantizar la tranquilidad de los profesionales de salud”.
La presidenta de la Comisión, Esmeralda Arosemena de Troitino, fue la última en hablar e hizo hincapié en la responsabilidad del Estado de “educar e informar para potencias las capacidad de los niños, niñas y adolescentes sobre lo que representa la sexualidad humana” y puntualizó con respecto a niñas que “toda relación con ese grupo de edad es un hecho de violación”. Y finalizó: “Esto sucede porque a niños, niñas adolescentes, la sociedad adulta no les reconoce, aun cumpliendo 30 años de la Convención de los derechos de los niños, como sujetos de derecho. Son personas titulares de derecho, tienen una autonomía progresiva para el ejercicio de derechos. Hemos invisibilizado a este grupo”.
Nota
Matar por matar: la violencia policial porteña y el crimen en Lugano de Gabriel González
Gabriel González, 45 años, pintor, fue asesinado por personal de la Policía de la Ciudad el jueves navideño en el barrio de Lugano, en un nuevo caso de gatillo fácil que además fue registrado por las cámaras de los vecinos. Gabriel intentó intervenir cuando la policía le estaba pegando a uno de sus hijos. Estaba sin remera, descalzo, desarmado. Lo fusilaron a corta distancia, las imágenes que aquí reproducimos están disponibles y se observa perfectamente quién le disparó. En el barrio sostienen que hubo violencia policial, además, sobre algunos de los testigos, para que hagan el silencio necesario para permitir la impunidad del y los autores.
En la foto de portada se ve a la derecha a Gabriel en el momento en el que es impactado por los disparos policiales.
Además de su trabajo como pintor, Gabriel se dedicó especialmente a la contención de jóvenes con consumos problemáticos. Presentamos la información publicada por el diario Tiempo Argentino, integrante junto a lavaca de la Unión de Medios Autogestivos, un símbolo y una realidad sobre la violencia institucional de estos tiempos.
Amigos, allegados y vecinos de Gabriel González, el muchacho de 45 años que murió en medio de una violenta represión de la Policía de la Ciudad, ocurrida en Navidad en Villa Lugano, marcharon en reclamo de justicia. La familia aseguró que fue asesinado a mansalva y denuncia un nuevo caso de gatillo fácil.
Las lágrimas de Nelly, la viuda de Gabriel González. (Foto: Gentileza Pablo Lecaros)
Nelly, la viuda de Gabriel, aún habla de su marido en tiempo presente. En diálogo con la prensa que se movilizó hasta Cruz y Escalada, en Lugano, donde se concentró la movilización, expresó: “Hace más de 25 años que comparto con él, que vivo con él, que la luchamos, salimos a laburar todos los santos días. Tanto él como yo, salimos a trabajar para tener las cosas que tenemos y lo que pudimos construir. La peleó siempre. No es una mala persona. No se merecía morir de esa forma. Quiero justicia por la vida de Gabriel”.
La mujer recordó que llegó a la escena del crimen cuando a su pareja “ya le habían pegado. Tenía toda la cara ensangrentada. En todo momento traté de pararlo y que no le sigan pegando, porque lo estaban lastimando. Escuchaba cómo lo incitaban a pelear con ellos. Todo el tiempo lo incitaban a pelear. Él estaba enojado y ellos eran cada vez más. Le dieron un tiro muy de cerca”. Nelly también recibió heridas en las piernas y en los brazos.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Entre sollozos, la viuda pidió a sus vecinos que no la dejen sola. “Luchemos. No es la primera vez que pasa algo así. Ellos vienen a matar, no vienen a apaciguar las cosas, a tranquilizar, sea lo que sea que esté pasando. Al amigo de él lo cagaron a palos, lo llevaron a la comisaría y le dijeron que no diga nada”.
La mujer se refiere al amigo de Gabriel que en los videos, donde quedó registrada toda la secuencia, se advierte que intenta calmar a la policía. Gerardo, el hermano de la víctima, también mencionó “al muchacho que se llevaron preso, lo golpearon y lo amenazaron que lo iban a matar, le dijeron que conocían a su familia y a su casa. Para que no declare”.
Según pudieron reconstruir, el amigo de Gabriel fue liberado de la Comisaría 8º a eso de las 5 de la madrugada de este viernes. “Le aflojaron todos los dientes, le pegaron en las costillas entre el policía que disparó y había otro peladito. Todo para encubrir la cagada que se mandaron ellos”.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Por su parte, la abogada de la familia, Romina Ávila, precisó que “cuando le tiran a Gabriel, le tiran estando totalmente desarmado, indefenso y a una distancia prudencial del personal. Esto quiere decir que en ese momento no estaba agrediendo al personal. Tampoco se puede argumentar que hubo un exceso en legítima defensa, es lo que nosotros llamamos gatillo fácil”.
La asesora de la familia señaló en Radio Con Vos que esperan los resultados de la autopsia y las pericias, cuyos análisis preliminares deberían estar para este sábado. “Está documentado que quien dispara es un policía que bajó del patrullero. Tenemos su rostro, imagen por imagen. Ahora a pedido de la justicia, la Policía de la Ciudad, debería identificarlo”, esgrimió.
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
Gabriel era pintor y solía contener a los chicos del barrio que padecen consumo problemático. De hecho, comenzó con esa tarea social tras un contexto de abuso de drogas por parte de su hijo. “Era una persona humilde, hijo de migrantes, muy pujante, una persona que trabajaba y en ocasiones como esta, un festejo popular, participaba. Lo grave de su conducta ayer fue salir a la vereda a compartir con los amigos, sus vecinos. Es común eso acá. Los encuentros se comparten por más que a ellos no les gusten. Es parte de la cultura”, analizó la abogada.
“Acompañaba a chicos con consumo, porque con su hijo dio una larga lucha por esa misma situación”, añadió Ávila, quien concluyó: “La Policía de la Ciudad sigue deambulando y caminando por acá. Son los mismos policías de la Comisaría Vecinal 8º que ayer estaban tomándole declaración a sus mismos compañeros que horas antes habían ido a herir de muerte a Gabriel. Conviven con nosotros y el miedo es grande y está”.
Respecto a la autopsia, la mujer indicó que los restos fueron trasladados este viernes a las 8 a la morgue judicial y que los resultados «van a ser sumamente clarificadores de lo que creemos y que sostenemos como teoría del caso, que para nosotros se trató de un hecho de violencia institucional. Que no tuvo ningún tipo de defensa, ni exceso en legítima defensa por parte del personal policial».
Foto: Gentileza Pablo Lecaros.
“Mi primo asesinado por la policía era un chico trabajador, nacido acá en el barrio, en la Villa 20. Era papá de Dante y Ángel de 24 y 17 años. Re familiero. En cumpleaños o reuniones familiares él siempre estaba en la parrilla haciendo el asado. Le encantaba compartir, era fanático de la pesca, un arquerazo del equipo del barrio que hace poco salió campeón. Cariñoso, amable, sencillo, solidario. Gabriel era muy valiente, no le tenía miedo a nada”, dijo a Tiempo Oscar Villaverde, primo de Gabriel y docente de la Escuela Técnica N° 13, Ingeniero José L. Delpini de Villa Lugano.
Fue el propio Oscar quien publicó en las redes en la tarde noche de ayer el asesinato de su primo: “Hoy en un forcejeo con la policía tras defender a su hijo asesinaron a quemarropas a mi primo Gabriel González e hirieron de bala a su mujer”.
El video filmado por un vecino dejó en evidencia el asesinato a quemarropa denunciado por quienes fueron testigos del brutal crimen. Se lo ve Gabriel sin remera, defendiéndose de los golpes contra media docena de efectivos policiales que lo golpean sin piedad.
De golpe, uno de ellos saca su escopeta y le dispara. La muerte fue instantánea y uno de los disparos hirió a la compañera de vida del asesinado y a otros vecinos que observaban con asombro la brutalidad policial.
Nota
Se confirmó el procesamiento del gendarme Guerrero por el ataque al fotógrafo Pablo Grillo
El gendarme Héctor Guerrero será procesado por el ataque que hirió gravemente en la cabeza al Pablo Grillo el 12 de marzo pasado (la foto de portada muestra a Pablo durante su recuperación, que aún continúa). La Sala II de la Cámara Federal porteña ratificó la decisión de la jueza María Servini que había sido apelada por el acusado. Además, pidieron investigar las posibles responsabilidades de quienes estuvieron a cargo del operativo. Presentamos aquí la información del diario Tiempo Argentino, uno de los integrantes de la Unión de Medios Autogestivos.
La Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero por las lesiones gravísimas producidas al fotógrafo Pablo Grillo y por el abuso de armas en otras cinco oportunidades durante la manifestación de los jubilados del 12 de marzo pasado.
El gendarme Héctor Guerrero el día de su declaración ante la jueza María Servini.
El fallo de la Cámara lleva las firmas de los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico. En su voto, Boico además, exigió que se profundice la investigación por las eventuales responsabilidades de las autoridades a cargo del operativo.
La situación del gendarme Guerrero había llegado a la cámara de apelaciones luego de un planteo de la defensa del acusado en la que pidió revocar el procesamiento como presunto autor del disparo con una pistola lanza gases contra Pablo Grillo, quien sufrió heridas gravísimas durante la represión policial a aquella protesta de jubilados en el centro porteño.
El planteo de la defensa se produjo en el contexto de varias resoluciones judiciales polémicas que se dieron durante en la semana posterior al triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA), que tuvieron como principales beneficiarios a Mauricio Macri y Javier Milei, y como principales perjudicados a Cristina Kirchner y Guillermo Moreno. Sin embargo, el oportunismo no funcionó y este viernes los tres camaristas le dio un revés al gendarme al entender que el acusado debe ir a juicio.
Guerrero, asistido por los abogados Martín Sarubbi y Claudio Nuncija, solicitó revertir el procesamiento que oportunamente había sido dictado por la jueza federal María Servini. La defensa sostuvo que no está acreditado que el gendarme haya sido el autor del disparo y afirmó que su conducta se ajustó a los protocolos vigentes para el uso de armas lanzagases.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que interviene como querellante, respaldó la resolución de Servini y la validez de las medidas de prueba, entre ellas el relevamiento en el lugar del hecho, un informe balístico de la Policía de la Ciudad y la reconstrucción denominada “Mapa de la Policía”, elaborada por realizadores audiovisuales y peritos forenses.
Nota
MU 210: La batalla final
El femicidio de Lucía Pérez a manos de dos narcos de Mar del Plata motivó el primer Paro Nacional de Mujeres. Tras una larga luchar familiar y social se logró la condena, pero ahora una nueva maniobra judicial puede dejar impunes a los culpables. Un ejemplo de que todo lo que conseguimos está en peligro. ¿Podrán?
Las notas de esta edición:
Negacionismo de Estado: Informe 2025 del Observatorio Lucía Pérez
¿Qué hay detrás de la avanzada oficial para negar los femicidios? Radiografía de cómo cada poder del Estado, por acción u omisión, busca ocultar las causas y consecuencias del asesinato de mujeres. Y por qué lo hace. Por Claudia Acuña
El Aleph (versión putas): Entrevista a Georgina Orellano
¿Cuánto cuesta la vida? ¿Cuánto vale? La dirigente de AMMAR y la actualidad desde la esquina: lo que se ve, lo que no se escucha, las falsas soluciones progresistas, lo que hay que abolir. Lo narco, la revolución, el cuerpo, la salida. Una recoridapor sus tatuajes, y todo lo que significa ser puta. Por Claudia Acuña y Lucas Pedulla
Carla Soggiu: La impunidad avanza
Carla recibió un botón antipánico por las agresiones de su pareja, que la ató, golpeó y violó delante de su hija de dos años. Semanas después de ese hecho, accionó cinco veces ese botón pero la policía no la encontró. Apareció muerta en el Riachuelo. Las complicidades, las burocracias, el rol de Diego Santilli y la lucha de una familia que define el caso como un femicidio de Estado. Por Francisco Pandolfi
Alma y vida: El femicidio de Lucía Pérez, hoy
¿Qué es la justicia? ¿Cómo enloquecer a una familia? ¿Por qué buscan eliminar la figura de
femicidio? ¿Cuál es el rol práctico del Estado y el negacionismo? El Tribunal de Casación resolvió que el de Lucía Pérez no fue un femicidio. La política de la misoginia como aversión hacia las mujeres y el paralelismo con lo narco que vende droga junto a las escuelas. Las “sumisitas”, la violencia y el sometimiento. Marta y Guillermo: una familia que trabaja en comunidad, y las claves para que las pesadillas no sigan asesinando a los sueños. Por Sergio Ciancaglini
Crónicas del más acá: Al trote
POR CARLOS MELONE
El Caliban y las brujas: La obra Fuerza mayor, protagonizada por jubiladas
La alianza entre Jubilados Insurgentes con integrantes del Teatro Caliban parió está obra que pone en escena lo que pasa todos los miércoles frente al Congreso. Una forma creativa de elaborar la actualidad con las herramientas del teatro, para hacer sentir, pensar e interpelar a los más jóvenes. Por Franco Ciancaglini
Sin berretines: Lo que nos cuenta la cárcel
Estudiantes de Sociología y Trabajo Social que cumplen condena en la cárcel de San Martín comparten sus reflexiones sobre la libertad, el encierro, y la actualidad más acá de las rejas. ¿Cómo funciona lo narco? ¿Qué implica buscar plata fácil? Lecciones sobre educación, berretines y prejuicios, el sentido de la vida, y la teoría de la bobalización. Por Sergio Ciancaglini
Sin protección: Ley contra el Acoso y después
Perdió estado parlamentario el proyecto de ley de acoso en ámbitos laborales y académicos: una muestra de la desidia y el abandono de las políticas de género. Del caso Brieger a Milei, cómo sigue la organización de las mujeres para empujar lo imposible en tiempos de motosierra, fascismo y un Congreso estancado. Por Evangelina Bucari
Con horizonte: 38º Encuentro Plurinacional en Corrientes
Cien mil personas participaron del 38º Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. MU lo registró con crónicas día a día, que pueden leerse en lavaca.org. Compartimos aquí parte del registro fotográfico y una mirada sobre la trastienda de debates que explican mucho de lo que pasó en un evento extraño y extraordinario. Por Claudia Acuña. Fotos de Line Bankel
Sin cuerpo: La ¿impericia? en la causa de Cecilia Basaldúa
A lo largo de este 2025 la nueva instrucción que investiga el femicidio de Cecilia Basaldúa, ocurrido en el año 2020 en la localidad cordobesa de Capilla del Monte, Cambió fiscales, tomó nuevas pruebas y amplió testimoniales. Sin embargo, en el marco de un proceso judicial que avanzaba, una noticia coronó la impunidad en esta causa: hace cuatro años que el cuerpo de Cecilia fue retirado de la morgue judicial sin el consentimientode la familia. Por María Eugenia Marengo
Estela, 95 años y 140 nietos recuperados: ¡que los cumplas feliz!
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Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
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La policía apunta, las cámaras enfocan: señalan al cabo 1º Guerrero, como presunto autor del disparo contra Pablo Grillo
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