Nota
“No nos callamos más”: el abrazo de Actrices Argentinas a Anahí de la Fuente
Con una conferencia en el Hotel Bauen, la colectiva Actrices Argentinas abrazó a Anahí de la Fuente, que en julio denunció penalmente por acoso y maltrato al exdirector del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. La única respuesta que obtuvo fue que la despidieran de su trabajo. El denunciante renunció a la dirección del Centro Cultural, pero sigue al frente de una cátedra en la Universidad Nacional de las Artes (UNA). Las actrices denunciaron: “Basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacios de poder, y definitivamente, basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas”. El comunicado completo.
Minutos antes de las siete de la tarde la actriz Laura Azcurra inició la conferencia de prensa convocada por Actrices argentinas junto a más de sesenta organizaciones feministas de la cultura, educación y los derechos humanos. Fue Anahí de la Fuente, maquilladora, performer y comunicadora, quien nombró a cada una de esas organizaciones y luego dijo: «Nos unimos para visibilizar de forma masiva una realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales. La violencia de género y el acoso sistemático ejercido desde el abuso del poder».
Así se dio inicio a la denuncia y a una radiografía de la escena: en el auditorio del Hotel Bauen, recuperado y gestionado por sus trabajadorxs, las colectivas acompañaron la denuncia de Anahí de la Fuente a Diego Pimentel, ex director del Centro Cultural San Martín, por acoso y maltrato. La denuncia ya está en la justicia en la Fiscalía N°16.
“Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo, con gritos y trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles, por su género, a realizar tareas no correspondientes y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas”, relataron.
Junto a Anahí estaban sentadas las actrices Jazmín Stuart, Alejandra Flechner, Laura Azcurra, Anabel Cherubito, Cecilia Roth, Julieta Díaz, Malena Sánchez y Thelma Fardin.
Luego de su denuncia, Anahí fue despedida: el comunicado relató también las dinámicas de la “precarización laboral y las contrataciones basuras” que dejan a les empleades en situación de vulnerabilidad en un contexto de crisis económica y falta de trabajo. “En un país en donde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoír las voces de quienes, por la necesidad imperiosa de conservar un puesto laboral, deben soportar día tras día el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales”, dice el comunicado.
Luego de la conferencia, Anahí agregó: “Me quedé sin trabajo, sigo sin trabajo. Esta persona renunció, pero a mí lo que me interesa es pedir por mi trabajo. No tuve ninguna respuesta”. Y sostuvo: “Hay más denunciantes, y en este caso hay testigos que sufrieron lo mismo”
Al final del comunicado, que también describió la dinámica del poder judicial como parte de la cadena de violencias, exigieron la reincorporación de todes les despedides por denunciar, concursos transparentes para acceder a puestos y la aplicación efectiva de la Ley Micaela.
“Que frente a la denuncia de estos hechos, el sistema proteja a la víctima y no al victimario. Que ninguna persona deba soportar, nunca más, situaciones de acoso, maltrato o abuso para poder vivir de su trabajo. Estamos juntes. No nos callamos más” terminaron para dar paso al aplauso de todo el auditorio que, así, las abrazó.
El comunicado completo:
Acompañamos en este acto la denuncia penal de Anahí de la Fuente, quien sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural San Martín por un directivo que, a su vez, es responsable de una cátedra dentro de la UNA, Universidad Nacional de las Artes.
También acompañamos a todas aquellas personas que día a día sufren violencia de género en sus respectivos trabajos y universidades y que todavía no pudieron alzar su voz. Repudiamos por completo el hecho de que un sujeto que ejerce este tipo de violencias, ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, la educación y el Estado. Y estamos aquí para decir basta.
En un país en donde el trabajo es cada vez más inaccesible y precarizado, no podemos desoír las voces de quienes, por la necesidad imperiosa de conservar un puesto laboral, deben soportar día tras día el acoso sexual y la vulneración de sus derechos fundamentales.
Jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles al menor asomo de rechazo, con gritos y trabajos fuera del horario pautado. Tratándoles de incapaces, rebajándoles, por su género, a realizar tareas no correspondientes y humillándoles públicamente en caso de no cumplir con sus reglas machistas y autoestablecidas. Estas personas, además, generan climas persecutorios y atropello laboral en las áreas que lideran, propiciando el silencio y el temor de quienes atestiguan estos actos abusivos.
Cuando la víctima decide hablar, la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide denunciar, la dejan sin trabajo como a nuestra compañera Anahí. Frente a la posibilidad de que algún otre empleado sea testigo y decida acompañar a la víctima, utilizan diferentes métodos de extorsión; con prácticas obvias como: inesperados aumentos de sueldo en un evidente intento de comprar su silencio. Si éstos no aceptan el trato, también son amenazades con dejarles sin empleo.
Basta de encubrimiento, basta de naturalizar la violencia, basta de amiguismos que ubican a agresores en espacios de poder, y definitivamente, basta de silenciar a las víctimas a través de actos intimidatorios y de amenazas. La mayoría de las veces, este funcionamiento es propiciado por un modo de contratación basura, avalado por el Estado, el cual no asegura la protección de los derechos básicos de les trabajadores. La persona acosada, además de soportar el trauma de haber sido arrasada por el descaro de su superior, queda desplazada de su fuente de ingresos y su espacio de pertenencia, mientras el agresor conserva su puesto, protegido por la impunidad de quienes le otorgaron sus privilegios.
Es sabido que esto no se limita solo al espacio laboral. En el ámbito académico, existen docentes que acosan a les estudiantes. Con comentarios y acercamientos físicos inapropiados, sometiéndoles a hostigamientos, y poniendo en juego su desempeño como estudiantes y futures profesionales.
Esto no se limita a este caso, es una práctica sistemática que no vamos a tolerar más.
En paralelo, el sistema judicial sigue siendo indiferente frente a los relatos de las personas agredidas, poniéndolas en el banquillo de los acusados, y revictimizándolas, con estándares probatorios que no se adaptan a este tipo de delitos. La mayoría de las veces, los casos son archivados y desestimados. O cuando se elevan a juicio, éstos tardan meses -algunos años-, hasta su ejecución, mientras que las víctimas siguen padeciendo las secuelas de los malos tratos y del desempleo.
Contra todo esto, exigimos un criterio de selección de personas formadas con perspectiva de género para todos aquellos roles de poder y decisión dentro de todos los espacios dependientes del Estado. Para esto, es fundamental la adhesión y aplicación de la Ley Micaela.
Planteamos esto con la esperanza de que este criterio se extienda a cualquier ámbito público, y también al privado. Porque sabemos que esto sucede en cualquier espacio de trabajo: comercios, oficinas, fábricas, etc.
El sistema debe reinventarse de raíz para garantizar un clima laboral justo y saludable. El trabajo debe dignificar, no humillar. Debe aplicarse un protocolo de género en cada ámbito privado o público y debe ser respetado por cada persona que integre esos espacios.
Tal como lo estipula la declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer de Naciones Unidas, «Los Estados deben aplicar por todos los medios apropiados y sin demora una política encaminada a eliminar la violencia contra la mujer. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra». Nosotres damos por sentado que esta declaración aplica también a todas las disidencias.
Exigimos eliminar las precarización laboral y las contrataciones basura, que dejan a les empleades en estado de vulnerabilidad frente al maltrato, acoso y abuso. Esto es parte de un sistema que atenta contra la integridad física y emocional de las personas.
Exigimos la reincorporación de manera urgente de las trabajadoras del Centro Cultural San Martín que fueron removidas de sus puestos por animarse a denunciar.
Reclamamos la eliminación del nepotismo como forma de designación de cargos. Queremos concursos transparentes, que además de tener en cuenta la capacidad de oficio de les concursantes, evalúen su criterio respecto de la perspectiva de género.
Somos sesenta organizaciones que decidimos unirnos para poner este tema frente a los ojos de la sociedad. Deseamos que se debata en todos los espacios laborales, y sobre todo, que se instale en la agenda política y mediática, como un tema urgente. Que frente a la denuncia de estos hechos, el sistema proteja a la víctima y no al victimario. Que ninguna persona deba soportar, nunca más, situaciones de acoso, maltrato o abuso para poder vivir de su trabajo.
Estamos juntes. No nos callamos más.
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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