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Pensar Cromañón: trilogía en el Once

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Durante cinco encuentros mensuales, y con un promedio de 300 personas por cita, los familiares de Cromañón fueron los anfitriones de una propuesta: pensar. La invitación fue abierta y múltiple, a partir de ejes concretos, que convocaron a una multiplicidad de personalidades para ejercitar la reflexión sobre un tema que no pasó ni pasará sin dejar huella. En todos y cada uno. Este domingo el último encuentro es a las 14.30 en el Santuario de Once con una trilogía: Ycuá Bolaños, Atocha y Cromañón. Hablarán integrantes de cada una de esos movimientos que tuvieron que desafiar a la máquina de impunidad. El ciclo cierra con los pies: como cada 30, la invitación es marchar hacia Plaza de Mayo. Esta charla con Diego Rozengardt, organizador del ciclo, repasa el recorrido de lo hablado y escuchado y lo que todavía es necesario recordar: justicia, ministros y políticos que invitan a la amnesia.

-¿Qué objetivos se propuso esta invitación a Pensar Cromañón?
-Eran objetivos múltiples y los voy a enumerar en desorden. Uno tenía que ver con una suerte de desafío dirigido a ese universo de intelectuales o -no sé muy bien cómo denominarlo- personas que producen pensamiento y que, ni siquiera en el momento más álgido, tuvieron un compromiso crítico con el tema Cromañón. Se dijo mucho, es cierto, pero en general boludeces, y en los últimos tiempos ni siquiera eso. Es como si el estereotipo del “familiar violento” producido por los medios comerciales hubiese sido funcional para dar por terminado el tema y así lograr que Cromañón quedara en el olvido. En ese sentido, claramente este ciclo fue una apuesta para pensar “junto a” algo que no nos pasó solo a nosotros.
-Casi como darle otra oportunidad a quienes se llamaron a silencio…
-Exactamente. Pero el ciclo también fue un desafío dirigido a la sociedad, produciendo un espacio concreto para que se animara a venir, a escuchar, a preguntar. Y por eso las charlas se pensaron abiertas, con el micrófono disponible para que cualquiera pudiese intervenir, decir, interrogar. Por un lado, entonces, invitamos a un universo de profesionales de lo más variado –psicólogos, periodistas, sociólogos, filósofos, referentes de organizaciones de derechos humanos- pero a los que se le propuso siempre un eje concreto desde el cual abordar el tema, a partir de cual cada uno podía decir lo que quería. Pero otro de los objetivos apuntó a reconstruir nuestra tan vilipendiada imagen: la de los familiares.
-¿En qué sentido reconstruirla?
-En el sentido construido desde la prensa al asociar nuestro reclamo a una conducta violenta. O algo peor. En ese sentido, no puedo olvidar –nunca- ese artículo que publicó Página 12, titulado La sinrazón doliente, de un tal Alejandro Kauffman, donde nos describía poco menos que como un grupo de chiflados, incapaces de digerir el hecho de que Cromañón había sido un accidente, y a los que nos convenía quedarnos en casa llorando y dejar que los que sabían y no estaban atravesados por el dolor, reflexionaran sobre el tema. Fue un golpe bajo, no el único, pero sí el quizá mejor construido, que marcó el punto de distancia, el abismo, lo solos que estábamos. En este año bisagra, donde el juicio penal todavía no iba a empezar y el juicio político ya había terminado, nos pareció muy oportuno crear un espacio donde la sociedad pudiese juzgar lo que pasó.
-El regreso de Ibarra a la política también marcó este año ¿cómo impactó en el Movimiento Cromañón?
-Fue muy difícil digerirlo. Estamos muy cansados, desgastados es quizá la palabra más correcta. Y si bien es cierto que muchos nos dicen “pero ustedes destituyeron a Ibarra, tienen preso a Chabán, procesados a la mayoría de los responsables” y sabemos que eso es más que lo que se ha logrado con casos como el atentado a la Amia o la embajada de Israel, y tantísimos más que siguen exigiendo justicia, no por eso nos tenemos que conformar. La destitución de Ibarra no significó para nosotros, por ejemplo, una garantía de que se haya destituido la lógica política que permitió que Cromañón sucediera. Es algo que tenemos muy en claro los familiares, desde el primer momento. Desde esa perspectiva, también el ciclo fue un desafío dirigido a ese universo “progresista” que se acomodó a la imagen de que somos “funcionales a la derecha” para sacarse el problema de encima y dejarnos solos. En suma, creímos que más allá de que pienses que Ibarra estuvo mal o bien destituido, que Chabán debe o no estar preso o de que Callejeros tiene o no una responsabilidad, un ciclo como este era un espacio adecuado para poner en juego esas opiniones. Sin embargo, tuvimos la total indiferencia por parte de la prensa comercial, lo cual no hizo más que confirmar la posición que tuvo siempre ante Cromañón que es la de ignorar olímpicamente todas las actividades indiscutibles que hacemos los familiares, como la muestra de fotos, la murga, las marchas de cada mes.
-Es decir, cualquier cosa que no refuerce el estereotipo de violencia que es lo que aisla el reclamo.
-Exactamente. Incluso ahora, cuando esos tres padres que estaban tan, pero tan mal que decían cualquier cosa, ya no las dicen más, no hay noticias sobre los familiares. Las únicas noticias sobre Cromañón son sobre la causa penal. Mirá cómo se ha privatizado la responsabilidad de tal manera, que el caso Cromañon quedó reducido a nombres: Chabán, Ibarra, Callejeros, algún que otro funcionario procesado y punto. Y ya está. Cromañón ni siquiera es la justicia: es una causa penal. De esta manera se prepara el terreno para que el juicio –tenga el resultado que tenga- sea el punto final del tema.
-Ese ocultamiento ¿no es proporcional a la importancia que tiene pensar Cromañón en cuanto impacto social?
-Para nosotros es muy difícil pensarlo así, en términos de cuanto menos se habla, más importancia tiene. Pero es cierto, al menos en parte: ahora somos unos 500 en las marchas de cada mes y nos siguen poniendo la misma cantidad de tanques que cuando llenábamos la Plaza de Mayo. También es cierto que no nos importa puntualmente lo que diga Julio Blanck ( editor de la sección política del diario Clarín) ni Pasquini Durán ( columnista de Página 12) o Jorge Fontevecchia ( dueño del diario Perfil), pero sí cómo construyen opinión en mucha gente.
-¿Crees que pueden influir en la justicia, que es la que más sensible se muestra a la opinión que construyen los medios comerciales?
-Es posible. De todas maneras, la causa penal pasó por tantas manos que quedó evidente cuál era el juego.
-No es tan claro ¿cuál fue?
-Y… otra sería la situación si tuviese que declarar Aníbal Ibarra o Aníbal Fernández
-¿Qué tendría que explicar, por ejemplo, el ministro Fernández?
-Debería responder por la actuación de la Policía Federal. Debería responder, concretamente, porqué el comisario procesado por cohecho, por cobrar coimas, era el mismo que organizaba la “seguridad” de nuestras marchas. Y esto no es algo que nos contaron: lo vimos nosotros. Yo se lo dije personalmente la única vez que participé en una reunión de familiares con el ministro. En esa reunión, que se realizó en febrero de 2005, Aníbal Fernández se comprometió a darnos una lista oficial de víctimas. Y hasta el día de hoy no la entregó. La única lista de víctimas que tenemos es la que hicimos nosotros, investigando en las morgues, en los hospitales, con los familiares. Es decir, que hasta hoy ni siquiera contamos con la tranquilidad de que ese trabajo lo haga otro. Está claro cómo funciona el manto de impunidad. Y que la justicia no se puede meter con él. Es decir, que si Cromañón es una muestra de la vulnerabilidad de nuestras vidas en cuanto a un Estado que se desentiende de sus responsabilidades, el post Cromañón vuelve a demostrar lo mismo: la reacción trucha del Estado, la reacción trucha de los medios de comunicación.
-La importancia que le das al rol de los medios ¿tiene que ver con el reclamo de justicia o de condena social?
-Exactamente: la condena social es la construye la justicia. A mi no me importa lo que piensa el editor de un diario, pero sí que con su trabajo contribuya a la consagración de la impunidad. Cada vez que yo me encuentro con alguien que no me conoce y me escucha hablar de Cromañón pasa lo mismo: se sorprende porque soy “razonable”. O repite la historia de la guardería que funcionó en el boliche que es falsa, pero no habla del mecanismo de recaudación del dinero negro de la política, que sí es un hecho comprobado, a tal punto de que está demostrado que un policía contaba la cantidad de público que entraba porque la coima era proporcional. Se trata de un delito de cohecho que involucra a instituciones nacionales, como lo es la Policía Federal, que depende del Ministerio del Interior. Eso para mi es una comprobación de hasta dónde llega el recorte del tema Cromañón impuesto por la prensa.
-Pero convengamos algo: creerle a los medios comerciales es algo más que un acto de fe. Hay algo, por ejemplo, en el razonamiento que desplegaba el artículo que citás de Kauffman que revela otras cosas: por ejemplo, su análisis sobre el rol de la víctima. Esa víctima que debe sobrellevar el impacto de lo siniestro, la exigencia de justicia frente a la impunidad y, además, la elaboración de pensamiento sobre las consecuencias de lo que pasó. El artículo de Kauffman juega con el estereotipo de la sinrazón que puede producir el dolor como contrapartida de la razón que podrían producir solo aquellos que estuvieron “a resguardo”. Y con esa construcción ignora que en la Argentina tenemos una larga historia de víctimas que han producido pensamiento y acción como no fue capaz de producirse desde ningún otro lado.
-A lo largo del ciclo esto fue algo que fue dicho desde diferentes voces. Tomás Abraham, en particular, se refirió al tema de la política y el dolor, recordando que los últimos 30 ó 35 años toda la historia argentina está signada por el rol activo que toma la víctima. Estamos hablando de Madres, Abuelas e Hijos, pero también del asesinato de Carrasco que termina con el servicio militar obligatorio o del asesinato de María Soledad Morales que desnuda la trama de la política feudal, o del caso de Walter Bullascio que impuso en la agenda el tema del gatillo fácil y así al infinito. Está claro entonces desde dónde se construyó siempre la condena social y justamente por eso atacar a las víctimas es clave para debilitarla.
-De alguna manera Cromañón incomoda a todos aquellos que apostaron a una progresía light porque confronta esa utopía política con un resultado siniestro. En ese marco ¿cómo fue digerido por los familiares la alianza electoral de Ibarra con Carlos Heller y Miguel Bonasso?
-Es absolutamente imperdonable, porque Heller y Bonasso son la gente que posibilitó la legitimación de Ibarra. En ese sentido, no es lo mismo que vaya con Filmus y el oficialismo. Es claramente peor. Ibarra utilizó Cromañón para ser electo y reconstruir su imagen política que estaba claramente dañada, destruida, incluso antes de que saliéramos nosotros a la calle. Utilizó Cromañón y la idea del “golpismo institucional” donde nos metía en la misma bolsa a nosotros y al macrismo, para hacerse un lugar que ya no tenía en el negocio político. Y los que hicieron alianza con él utilizaron la lógica contable: cuántos votos aportaba. Es la misma lógica de la policía comiera que contaba cuántos pibes entraban al boliche para hacer su caja. No hay moral, sólo uso cínico.
-De todo lo escuchado durante le ciclo ¿hubo algo que aportó a lo ya elaborado por ustedes?
-Nosotros tenemos una experiencia muy especial. A través de muchas instancias, distintas y diversas, hemos venido debatiendo a fondo todos los temas. Pensá que tenemos una reunión semanal del grupo de articulación, tenemos foros virtuales que han sido núcleo de debates y discusiones profundas, de gran intercambio, producimos un documento por mes donde tenemos que plantear nuestra mirada. Así que el ciclo fue una manera de reafirmarnos, medirnos y elaborar Cromañón dentro de un marco más amplio. También nos sirvió para saber qué podemos esperar. Concretamente, si lo que planteamos es que Cromañón genere un antes y un después, un después positivo, con qué contamos. No en el sentido que vemos ahora, que ese después se reduce a que cierren todos los boliches y las bandas chicas tengan que emigrar al Gran Buenos Aires, sino el buen después en el que podemos pensar cuando vemos que al ciclo vinieron muchos chicos. Chicos que se acercaron en una proporción mayor a la que nos acompañan a las marchas, por ejemplo, y que pudieron compartir un momento con nosotros, a pesar de que la prensa –insisto- no dijo una palabra..
-De todas maneras ustedes previeron cómo compartir con otros lo que allí se dijo: reseñaron en la página web cada una de las charlas…
-Y vamos a editar un libro y un documental, porque todo fue grabado y filmado.
-El domingo es el cierre ¿cómo lo organizaron?
-La charla es a las 14.30 en el Santuario de Plaza Once. Y así como hasta ahora tuvieron voz los llamados “intelectuales” esta vez la voz la tenemos las víctimas. Vienen familiares de la masacre de Ycúa Bolaños, de Paraguay, y de la Red Ciudadana de España que se formó a partir del atentado de Atocha. La idea es compartir desde cada persona y cada experiencia colectiva cómo se tuvo que enfrentar una maquinaria política, de prensa y de justicia, que quiere imponer otra evaluación sobre las responsabilidades de lo que pasó, de manera de garantizar la máquina de la impunidad.
-El ciclo termina con los pies: marchando hacia Plaza de Mayo.
-La idea de terminar el 30 de setiembre estuvo desde el origen. Porque está claro que para nuestro movimiento el pensamiento es algo importante –aunque la sociedad no lo entendiera así- pero es la calle la que nos juntó. El Movimiento Cromañón se construyó en la calle. A la primera semana ya se habían hecho dos marchas. Y mientras marchábamos, nos organizábamos. Ahí empezamos a vernos los unos a los otros, a conocernos, a hacer juntos algo que, como dijo uno de los panelistas, logró que tanta diversidad no confluya en algo banal. Me gusta pensarnos así, como un colectivo de familiares, sin experiencia política previa, que a tres años de andar, todavía mantiene una marcha mensual a la que van distintos grupos articulados desde la diferencia y en el consenso.

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El escenario y la vida: el universo Cárdenas

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Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.

Fotos: Nora Lezano

“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.

Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.

No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

El escenario y la vida: el universo Cárdenas

Banda sonora

Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.

La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.

En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.

El otro como un territorio a descubrir

La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.

Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.

En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?

Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.

Casa Teatro Estudio

Guardia Vieja 4257, CABA

No hay banda

Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23

La fuerza de la gravedad

Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23

@tatofc

@moyanolaura

@casateatroestudio

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Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa

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Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.

El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña. 

Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”. 

En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”. 

CONTEXTO

En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran: 

1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales. 

2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios. 

3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes. 

4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias. 

FUERA DE CONTEXTO

En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre: 

a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones. 

b) Atentados contra la vida y la integridad física. 

Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”- 

La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.

Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.

LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS

El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar: 

1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas; 

2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación; 

3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero; 

4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias; 

5–allanamientos sin órdenes judiciales; 

6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;

7–violación a procedimientos judiciales,

La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”. 

CONCLUSIONES FINALES

Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.

El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:

–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los

cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.

–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de

los de manifestantes

–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.

–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en

las protestas

–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas

en el marco de las protestas y movilizaciones.

–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales

–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de

personas.

–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de

las protestas.

La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”. 

Y concluye: 

–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales. 

–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática. 

–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil. 

–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH. 

–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares. 

–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta. 

–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad. 

Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
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Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua

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El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.

Por Natalia Aramayo

desde San Salvador de Jujuy

El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.  

Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena. 

El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor». 

https://twitter.com/obserluciaperez/status/1703855541821333528?s=48

En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».

Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».

La historia de Iara Rueda

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

El otro juicio

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. 

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.

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