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Posición científica sobre los humedales, mientras siguen los incendios y la política hace humo

Publicada

hace 4 meses

14/10/2022

En una carta que rebate uno a uno los argumentos políticos que impiden el tratamiento de la Ley de Humedales, firmada por más de 1.800 investigadorxs y académicxs de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional de todo el país, se exige el debate urgente del proyecto de ley consensuado con las organizaciones que desde hace una década impulsan la Ley de Humedales. Continúan los incendios que hicieron que esta semana el humo llegase a Buenos Aires frente a lo cual las autoridades recomiendan no hacer actividades al aire libre, y lavarse las manos. Quienes tomaron nota de esa recomendación parecen haber sido los gobernadores provinciales, principales impulsores del freno a la ley que en realidad pondría límites a la depredación basada en negocios extractivos e inmobiliarios que los mandatarios no quieren perderse.

La carta de los científicos, motorizada por la preocupación de que el proyecto no sea tratado tras la suspensión del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados que iba a darle dictamen, expresa que “estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras”. Además, rebaten las principales “argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales” que traban el debate. La carta y las firmas en esta nota.

Ley de Humedales YA!

Desde nuestro lugar como académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional queremos expresar nuestra profunda preocupación frente a la posibilidad de perder una nueva oportunidad para obtener dictamen en reunión plenaria de comisiones, que habilite al debate del proyecto de ley de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales, en la HCDN.

Estos ecosistemas son de importancia vital para el desarrollo de la vida humana debido a su inestimable aporte en materia de bienes y servicios ecosistémicos, así como por su valor de legado para las generaciones futuras; todo lo cual ha sido reconocido a nivel internacional a partir de la suscripción del Convenio Ramsar en el año 1971.

En concordancia con el creciente reconocimiento internacional respecto de la importancia estratégica de su valoración y conservación, nos encontramos en un momento clave para avanzar en la sanción de una ley de presupuestos mínimos para su conservación, oportunidad que viene siendo largamente postergada, desde la primera media sanción obtenida en 2013 en el Senado. En los últimos días hemos sido testigos de cómo ciertos sectores de la política han apelado a un conjunto de argumentaciones falaces inscriptas en intereses sectoriales, claramente contrarios de establecer cualquier tipo de regulación. Esto nos exige desmontar estas afirmaciones, basados estrictamente en los contenidos del expediente 0075-D-2022:

“No es posible aprobar el dictamen en un trámite exprés, se requiere tiempo para estudiar el proyecto a fondo”. Se trata de una clara maniobra dilatoria. Este proyecto es el resultado de un largo proceso de sedimentación que inicia con la primera media sanción de 2013, nutrido en 2020 por los aportes de una infinidad de reuniones informativas y por el trabajo conjunto desarrollado por especialistas científicos, técnicos, ambientalistas de las provincias, asesores y legisladores. En la actualidad el proyecto cuenta con el apoyo de más de 500 organizaciones socioambientales de todo el país.

“La Ley avanza sobre las autonomías provinciales en el uso de sus recursos y sobre la propiedad privada”. La ley se enmarca en lo establecido por el artículo 41 de la Constitución Nacional, en el cual las provincias delegan en la Nación la facultad de sancionar leyes de presupuestos mínimos ambientales. Los derechos de propiedad no se ven vulnerados por la sanción y aplicación de estas leyes, sólo se establecen los marcos regulatorios a los efectos de asegurar la sustentabilidad de los ecosistemas alcanzados. Las provincias participan activamente de la realización del inventario nacional de humedales, “Será liderado por la Autoridad Nacional de Aplicación con participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones”.

“Su aprobación afectaría la llegada de inversiones y el desarrollo productivo. No debería prohibir actividades productivas realizadas en forma sustentable”. La Ley no establece prohibiciones a priori a ningún tipo de actividad. Sólo se establece que las autoridades competentes deberán solicitar una evaluación de impacto ambiental de forma previa a autorizar la realización de nuevas actividades o la ampliación de las actividades existentes. Se busca garantizar sustentabilidad de los ecosistemas de humedales en el largo plazo y así evitar formas de explotación que los inutilice o haga desaparecer en el corto-mediano plazo.

“De avanzar la ley, se podrían frenar proyectos de desarrollo y eso significa miles de puestos de trabajo que se van a perder” “Aumentarían los niveles de pobreza e indigencia”. De nuevo, se trata de una ley que fijará un conjunto de regulaciones a ser contempladas por los respectivos proyectos de inversión, que hoy se realizan sobre estos ecosistemas prácticamente sin control, con impactos muy negativos. Asegurar la sustentabilidad de los servicios ecosistémicos provistos por los humedales en tiempos de crisis climática como la actual, colabora en garantizar derechos humanos fundamentales para una vida digna de las poblaciones, como el acceso al agua, al aire limpio y a la producción de alimentos.

“Los pobladores históricos serán desplazados de los ambientes de humedales”. Nada se dice en el articulado de la ley que avale esta afirmación. Por el contrario, las comunidades que históricamente han construido un vínculo con estos ecosistemas, lo han hecho en un marco de armonía con su entorno, desarrollando sistemas de producción y formas de habitar respetuosas con los pulsos de la naturaleza. En todo caso, son las prácticas extractivistas desarrolladas en los últimos años las que afectan y expulsan a estas comunidades.

A partir de lo anterior, y ante la posibilidad de nuevas estrategias dilatorias o de distracción sobre los debates de fondo, instamos a superar las presiones de lobbies poco interesados en la conservación de los humedales y hacer prevalecer el buen criterio de preservarlos, desde una mirada comprehensiva y de largo plazo que favorecerá a todos, incluso a los que producen sobre humedales.

Por lo expuesto es que, los abajo firmantes, académicos e investigadores de Universidades Nacionales y del Sistema científico nacional, manifestamos nuestro explicito apoyo al proyecto de ley consensuado de presupuestos mínimos de conservación ambiental para el uso racional y sustentable de los humedales -expediente 0075-D-2022-, por cuanto considera a estos ecosistemas como bienes comunes de la sociedad y no estar sujetos a coyunturas productivistas que sólo privilegian su aprovechamiento económico inmediato y en beneficio de unas minorías.

Algunos de académicos e investigadorxs que firman el documento son: Roberto Fabián Bó, Docente e investigador del Dto. EGE, FCEyN, UBA; Rubén Quintana, IIIA, CONICET, UNSAM; Patricia Pintos, Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS, UNLP, CONICET; Maristella Svampa, CONICET, UNLP; Beatriz Sarlo, Profesora jubilada UBA; Roberto Gargarella, CONICET; Ricardo Manetti, Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Todas las firmas en el siguiente enlace: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1MiAz9uglfp5WthhoPUxixKdl6JWcLmpu/edit?usp=sharing&ouid=107875618691602225821&rtpof=true&sd=true

Creando teoría: un espacio para pensar el feminismo que hacemos, y alimentar las luchas sociales

Primera sobreseída tras las detenciones en Villa Mascardi

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

Publicada

hace 2 días

03/02/2023

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

Publicada

hace 3 días

02/02/2023

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo.

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.

Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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