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¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras

¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?

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¿Qué tipo de seguridad, o de inseguridad, es la que está en juego con el “plan de emergencia” en provincia de Buenos Aires? ¿Cómo se entrecruza con el anteproyecto del Código Penal o el fenómeno de los linchamientos? ¿Hay una agudización real del delito y la violencia? ¿Qué pasa en los barrios?
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
“Había un loco, creo que era Pitágoras, que decía: ‘Si educas a los niños no será necesario castigar a los hombres’. Así que seguridad y educación son cosas que deberían ir de la mano” reflexiona Waldemar Cubilla, que vive en la villa La Carcova de José León Suárez, estuvo 10 años preso y está a punto de recibirse de sociólogo.
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el joven desaparecido por la Bonaerense en 2009, llama “retroceso” al paquete de medidas que acaba de lanzar el gobernador Daniel Scioli como parte de un “plan de emergencia” que considera que el problema de la provincia de Buenos Aires es la inseguridad. “Yo doy vuelta la discusión, porque no puede ser que se destinen 600 millones de pesos a la seguridad cuando a los docentes se les dijo que no había plata, cuando no hay ni un centro de rehabilitación para el paco, no hay voluntad de reinsertar a los pibes, no hay posibilidades laborales. Los hospitales en la provincia se vienen abajo y las escuelas también”, enumera Vanesa sobre lo que llama la “raíz” del problema que los políticos abordan como “inseguridad”.

La mesa está servida
¿Qué diría nuestro estómago si le diéramos de comer arroz con arvejas nueve días seguidos? ¿Qué diría un matemático si les damos a 98 niños 8 pizzas y 25 manzanas como almuerzo? ¿Por cuánto es divisible la hamburguesa? La situación en escuelas del conurbano, la desaparición del alimento, la comida en mal Estado, y cómo se logra que en los chicos ni siquiera se chupen la mandarina.

Emergencia y narcos
Para Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, la “emergencia” sigue la línea de una serie de políticas de seguridad de provincia, antes y después de los períodos en que el ex juez Carlos Arslanián manejó la cuestión: “No podemos arrancar desde la coyuntura actual sino que es un tema de larga data. En última instancia es un endurecimiento de líneas de pensamiento que dan como única respuesta al llamado problema de la inseguridad, la ocupación territorial a través de fuerzas armadas como es la policía. En el caso de la provincia se plantea todo en términos de conflictividad social como una guerra”. La cadena corta incluiría “las movidas policiales en diciembre, el golpe de mercado en enero, el repudio al código penal y los linchamientos”, dice Cañón.
La directora del área de Justicia y Seguridad del CELS, Paula Litvachky, ubica los últimos acontecimientos en una serie de medidas que, a corto plazo, tienen como punto de partida “la instalación de lo narco como toda la explicación de la violencia social y delictiva” del país y la reacción del diputado nacional y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, a la reforma del Código Penal. “Esto produjo todo un encadenamiento de situaciones que pretendieron demostrar que no hay otra opción que el endurecimiento del sistema punitivo”, explica a lavaca. “No negamos la relevancia del narcotráfico, pero se lo utiliza como etiqueta para justificar estas salidas sin querer dar respuestas ni analizar el fenómeno criminal, económico y social para intervenir con políticas diversificadas”.
El CELS y la Comisión por la Memoria coinciden: “Es el quinto plan de Scioli que va en la misma línea, sin nada nuevo, y con medidas punitivas que ya implicaron un fracaso. Se está declarando la emergencia a sí mismo”.
Derechización del escenario
“Me parece increíble que ninguna fuerza política salga a discutir esta medida”, se indigna Vanesa Orieta, señalando no sólo al kirchnerismo (“estoy cansada de que 678 me pase los tapes de lo que hace la derecha. ¿Ellos qué dicen? ¿Qué proponen?”) si no por ejemplo a las fuerzas que convocaron un paro general sin discutir esta mirada de la seguridad, ni las variables que ella implica (salud, educación, prevención). Litvachky del CELS sostiene: “La sensación es que vivimos estos últimos días con un pico de generación de este escenario punitivo, y vemos con alguna preocupación que no hubo una respuesta muy articulada ni de peso del arco político que pudiera contrarrestar esa derechización del escenario”.
Las no soluciones
¿Cómo juegan los medios? “Mediáticamente se está instalando como que hay alguien que está dando una respuesta. Pero: ¿cuál es?”, pregunta Litvachky. “Pareciera una respuesta destinada a cobrar centralidad política más que a trabajar sobre los fenómenos concretos que preocupan. Nosotros no desmerecemos el problema ni negamos la preocupación social. Pero las preocupaciones son las de todos los sectores sociales, no sólo los sectores pudientes que tienen miedo. En general, la violencia social y los fenómenos delictivos afectan de forma desigual, sobre todo a los sectores populares, que tienen menos recursos para defenderse. Entonces, lo que planteamos es que eso no se resuelve con políticas de endurecimiento, porque son básicamente antipopulares: pueden traer tranquilidad mediática, efectista, pero en los hechos concretos no resuelve lo que siguen sufriendo los mismos sectores”.
Linchamientos, Recoleta y villa
Waldemar Cubilla, desde villa La Carcova (así la llaman los vecinos, sin el acento), analiza los medios con el ejemplo reciente de los linchamientos: “En los barrios donde yo vivo y camino, la justicia por mano propia muchas veces está establecida como la solución legitima. No deja de llamarme la atención el hecho de cómo la sociedad civil viene a reemplazar al Estado en materia de seguridad. Pero ha habido muchísimos casos como estos al interior de las villas y muchas veces no llegaron ni a denuncias. Me sorprende, entonces, cómo los medios de comunicación ponen este tema en escena como una cosa extraordinaria, que da sustento a campañas partidarias, pero sin embargo en muchas comunidades es habitual este tipo de resolución. Lo que digo es que si pasa algo por fuera de las villas, en Recoleta, inmediatamente repercute hacia adentro nuestros barrios. Y no al revés. ¿Por qué? Escuché testimonios de gente que estuvo en los linchamientos y todos decían: “Hay que ir a las villas, ahí están todos los chorros”. Entonces es una cuestión de clase y de ubicación geográfica. Pero si pasa algo al interior del barrio, si matan una persona o se da un caso de justicia propia entre gente de las villas, no repercute en ningún lado”.
¿Qué seguridad? Emergencia, linchamientos y Pitágoras
Los barrios y 2015
La situación en las villas, explicada por Waldemar: “En este último mes aumentó la presencia policial dentro de los barrios, y ya no solo pasan con el patrullero: se bajan y paran a los pibes que andan en las esquinas”, cuenta, y dice que, como efecto culata, muchos de esos jóvenes se acercaron a la Biblioteca Popular La Carcova que él creó hace ya dos años. “Estas últimas semanas empezaron a venir muchos pibes jóvenes, de los que antes estaban en las esquinas. La biblioteca se convirtió en uno de los puntos del barrio donde encuentran un poco de tranquilidad a tanta persecución policial”, expresa. No es que la policía genera más lecturas: “Es que los pibes, que no tienen contención, que no son los barderos, están asustados”. Además, porque no son actores nuevos los que entran en el barrio para traer “seguridad”: “Es la misma policía que los invitó a robar alguna otra vez, que mantiene los negocios” dice Waldemar que, se recuerda, estuvo preso durante 10 años, estudió en el penal de San Martín gracias la instalación del CUSAM (Centro Universitario de la Universidad de San Martín) y hoy está a punto de recibirse de sociólogo en aquella universidad.
En tanto, el referente de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) de La Matanza Pablo Pimentel apunta que en 2009 habían sugerido al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación reajustar las políticas sociales como la Asignación Universal por Hijo y las cooperativas de Argentina Trabaja. “Fueron políticas positivas y concretas” rescata, pero observa que actualmente hay un desborde de los planes sociales, que además han quedado económicamente muy atrasados. “Hay un sector importante de la población que sigue excluida, y que observa que en 2015 cualquier cambio que venga de la política va a ser por derecha”, señala.
Pimental agrega otra variable. “Hace unos años que la producción de paco y otras sustancias se han instalado fuertemente en distintos barrios, generando una creación de fuentes de trabajo marginales, con chicos muy jóvenes armados. Hay una desolación en los barrios como La Matanza, donde el grado de enfrentamiento entre grupos que peleaban por el territorio era tal, que el riesgo era tener una cocina al lado de tu ventana”, explica. “Hay una instalación de grupos que antes no estaban y ahora sí, y porque se los han permitido. Ahí hago responsable a un Estado que ha sido permisivo, y no ha tenido políticas de control, de contención ni prevención”.
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¿Qué hacer?
Más allá de políticas que apunten a un control democrático de la seguridad, ¿qué hacer en lo inmediato para la prevención de la violencia y el delito? Pimentel: “Hay una masificación de la violencia en la calle donde se pone en riesgo la vida de cualquiera, por lo que hay que hacer una tarea de prevención, pero en base a un tipo de seguridad democrática basada en una filosofía de respeto a los derechos humanos”. Además, el referente local sostiene la necesidad de sacar a la calle al personal de Desarrollo Social (trabajadores sociales, sociólogos y otros especialistas) para hacer trabajo territorial en zonas pobres. “Hay que marcarle a los jóvenes un camino de liberación. Así como Scioli destinará 600 millones en seguridad, hay que triplicar la cifra en políticas sociales. Yo les decía a gente del Sedronar, que tiene intenciones de trabajar en un barrio de La Matanza, que son territorios donde el Estado tiene que venir a quedarse un tiempo muy largo. Si vienen, tocan y se van, con todo respeto, mejor que no vengan”.
Por su parte, Litvachky apunta más allá de las políticas sociales: “No solo con mayor inclusión se acaba la violencia y el delito. Hay políticas concretas de seguridad para hacer, que tienen que estar dirigidas a los sectores populares. Y para eso no podés dejar la policía como está. No ha habido ni una sola medida dirigida a revisar el trabajo de la propia Bonaerense, cuando ella también es parte del problema”. Recordamos que el Ministerio de Seguridad nacional a cargo de Nilda Garré intentó una serie de reformas (descabezamiento de las cúpulas, cambio de comisarios, gobierno civil y reformulación de los planes de estudio) en la Policía Federal, la órbita en la que le correspondía hacerlo. “No estamos diciendo que no sea necesario un trabajo profesionalizado de la policía para intervenir en determinados fenómenos delictivos, ¿pero lo vas a hacer con la Bonaerense, que está corrompida y no define prioridades específicas a partir de la gravedad de la situación sino de sus propios intereses?” plantea Litvachky, del CELS.
Hugo Cañón también subraya la urgencia de reformar las fuerzas de seguridad. “Es la gran asignatura de la democracia”. Y Vanesa Orieta remata: “Hay que entender que las botas que ya pisaron nuestros barrios y que mataban a gente que tenía un discurso elaborado, hoy están matando a los pibes de los barrios”. Por su lado Waldemar filosofa trazando el puente entre la Carcova y la Antigua Grecia, Pitágoras y un proyecto de humanidad que todavía está pendiente.
Para aportar luces en un debate y un panorama desafortunado, aquí la cobertura de la presentación del Acuerdo de Seguridad Democrática que cubrimos en soledad en 2011:

El CELS realizó un informe sobre las reformas, contrarreformas, emergencias y planes de seguridad dictados por los sucesivos gobiernos de la provincia de Buenos Aires desde 2000 en adelante. «Cronología sobre el fracaso de la mano dura», se titula, y demuestra la consolidación de un sistema punitivo que, lejos de calmar la «inseguridad», reforzó los fracasos: cada vez más policías, más patrulleros, más control y más limitaciones a las excarcelaciones fueron las fórmulas que las autoridades bonaerenses aplicaron para barrer con sus propias políticas. Puede leerse completo acá.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

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Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI

Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.

El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos. 

El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Atilio Benedetti, UCR-Entre Ríos, principal promotor del proyecto, expone en la reunión del pasado martes.

Exposiciones sin consenso

El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.

En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.

Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.

Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.

La evidencia del modelo

Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para  relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.

Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.

Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.

Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.

María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.

Antecedentes que enferman

Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós. 

Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.

Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.

Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.

La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas
Sabrina Ortíz presentó una iniciativa para frenar la Ley del Cáncer.
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Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza

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Al llegar al país luego de estar 8 días detenida (junto a otros tres argentinos, entre un total de 443 personas que conformaban la flotilla Global Sumud) la legisladora habló con lavaca.

Entrevista a Celeste Fierro, tras ser detenida en la flotilla de ayuda humanitaria a Gaza
Celeste Fierro al llegar a Ezeiza. Fue recibida por decenas de personas que se acercaron a apoyarla y recibirla.

Celeste Fierro durmió sólo algunas horas, y de manera intermitente, y apenas se levanta habla con lavaca. Llegó anoche de Jordania, donde fue trasladada desde la cárcel de Ktzi’ot. Allí estuvo presa del 3 al 7 de octubre, después de que el Estado israelí interceptara el barco en el que pretendía llegar a Gaza como parte de la flotilla Global Sumud. Del 1 al 2 tuvo dos días de traslados, y el día 7 la llevaron también a Jordania, desde donde partió el vuelo a Buenos Aires.

La historia es conocida: en aguas internacionales, el Estado de Israel interceptó todos los barcos de la flotilla, tomó su mando y los dirigió a tierra para detener a sus tripulantes. “Sabíamos que, lo más probable, era que pasara lo que pasó”, se sincera Fierro respecto a la misión humanitaria que buscaba 1) romper el bloqueo naval israelí sobre Gaza y 2) hacer visible la crisis humanitaria allí.

Lo primero no lo lograron. Lo segundo, sí.

Lavaca fue el único medio argentino presente en la masiva movilización en Roma que, tras conocerse la noticia de la detención de los tripulantes de esta flotilla, reunió a un millón de personas para pedir el fin del genocidio israelí en Gaza y, entre otras cosas, la liberación inmediata de los recientes detenidos. Ese mismo día, por la noche, llegaron a la capital 26 personas italianas que habían sido detenidas, las primeras que largó el Estado de Israel.

Los cuatro argentinos (Ezequiel Peressini, Carlos Bertola, Nicolás Calabrese, y Celeste) fueron de los últimos.

Finalmente ayer, después de 8 días, volvieron a pisar su tierra.

Desde aquel 1 de octubre hasta ahora, Celeste no había vuelto a tomar mate. Está en eso mientras conversa y revela que su mate, al igual que todas sus pertenencias (a excepción del pasaporte) le fueron sustraídas por el Estado de Israel.

La primera pregunta es obvia: ¿Cómo estás?

Entera, lo cual es un montón. Y muy contenta de estar de nuevo acá. Eso es lo primero, pero también muy preocupada porque entiendo que todavía hay compañeros detenidos de la Global Sumud y que, además, interceptaron a la Freedom Flotilla (145 detenidos). Así que poniéndome en contacto con compas de otros países para estar a disposición.

Durante dos días no se supo nada de vos; luego lo que llegaba era casi nada. ¿Qué pasó en esos primeros momentos?

Lo que nos pasó no se compara con lo que pasan los presos palestinos en las cárceles de Israel; no se compara con lo que viven las familias palestinas en la franja de Gaza. Pero, en ese momento, lo que más preocupaba era que no supieran que estábamos vivos. Desde que nos detuvieron estuvimos 48 horas hasta que logramos ver a un abogado. Y después, la visita de la cancillería fue recién el viernes o el sábado, 3 días después de la intercepción. Lo único que yo quería que avisaran era que estábamos vivos.

¿Les iban informando qué harían con ustedes?

Los primeros que salen son los italianos. En las intercepciones preguntaron por los italianos, ya veíamos claramente que iban a liberarlos más rápido. Los que quedamos detenidos fuimos los del sur global, no solo América, Sudáfrica, Nueva Zelanda.

¿Por qué Italia primero?

Lo de Italia fue por la presión social hacia el propio gobierno italiano de ultraderecha. Hubo una huelga general una semana antes de la intercepción; eso hizo que Meloni mandara un barco, que fue directamente para responder a la huelga; y también para que los italianos desistan de esas misiones. No lo lograron.

¿Cómo fueron los días previos a que los interceptaran?

Ya habíamos tenido una situación previa el día anterior, donde rodearon dos de los barcos de la flotilla. Con alguna cosa magnética cortaron los radares, los teléfonos, como que esos barcos perdieron la comunicación. Y luego se retiraron. Ahí tuvimos el primer intento, ya antes habíamos tenido los ataques con los drones.

¿Cómo es un ataque con drones?

Los primeros dos ataques fueron en puerto de Túnez. Nosotros no habíamos llegado ahí todavía. Pero también entendimos que eran para intimidar, para amedrentar. Es un ejército muy preparado: si hubieran querido hundir un barco lo hacían. Lo que hicieron en el puerto dos días distintos a dos embarcaciones distintas fue tirar como unos explosivos. Y se logró contener ese fuego rápidamente y no pasó a mayores y lograron seguir esas embarcaciones.

En altamar también siguieron las intimidaciones

Todas las noches teníamos drones arriba. Una vigilancia permanente 24×7, fundamentalmente a la noche. Dos días antes de llegar a Creta, entre Sicilia y Creta, ya no eran algunos sino que eran decenas de drones que pasaban por todos los barcos. Y a las 11 de la noche empezamos a tener interferencia en las radios. Empezó a sonar ABBA a todo volumen, nos mirábamos porque no sabíamos qué estaba pasando… Y a los 15 minutos escuchamos la primera detonación… Tiraban esos explosivos que explotan cuando tocan algo; a uno de los barcos les tiraron uno de los mástiles… a otro directamente le rompieron una vela. A otros era solamente el sonido y veías una luz muy fuerte. Era sistemático: cada 15 minutos sentíamos una detonación. A otro le cayeron líquidos, que no sabemos qué eran. No los escuchábamos, veíamos luces, era mucho el miedo.

¿En algún momento temiste por tu vida?

Creo que todo el tiempo. Desde ese momento, hasta que logramos salir (por anteayer). En el momento de los drones, al día siguiente hablábamos: siguen intentando que no continuemos. Y la fuerza estaba puesta en continuar. Y a la noche siguiente estaba en la guardia y no hubo drones. Fue una guardia muy tranquila. Fue el primer día que dije: y mirá si llegamos… Había crecido la presión internacional. Pero no pasó.

Y el día en que los interceptan, ¿cómo fue?

Cuando nos interceptan –no me acuerdo la hora pero era de día, habrán sido las 7PM- nos llega un mensaje de uno de los barcos que en un radar habían visto que se acercaban 10 o 12 barcos. Ahí nos preparamos con los protocolos que veníamos manejando, y en menos de una hora y media ya habían llegado. Empezaron a rodearnos lanchas rápidas, no las veías porque era de noche. Nos tiraron primero agua a todos los barcos. Luego por un altoparlante decían que no teníamos que seguir navegando, que si nos quedábamos ahí iba a estar todo bien… Todo eso duró como una hora. Hasta que se subieron alrededor de 10 o 12 marines israelíes, con armas largas, caras tapadas. Lo primero que hicieron fue desactivar todas las conexiones de Internet. Y ahí efectivamente nos detuvieron, agarraron el mando de nuestro barco. Nos cachean, nos piden los pasaportes. Revuelven todo. Y nos metieron en los camarotes, éramos muchos más de los que entran en los camarotes, estábamos todos amontonados. Estuvimos 24 horas metidos ahí, sin comer nada. Hasta que llegamos al puerto, 24 horas más, y después a la cárcel, donde nunca nos dieron agua potable, estuvimos hacinados, con precintos; a compañeros les vendaron los ojos. Sufrimos maltrato físico. Y la mayor preocupación era que se sepa dónde estábamos.

¿Cómo se siente en el cuerpo esa impunidad?

Nosotros sabíamos que el escenario más probable era lo que nos terminó sucediendo. También hay que decir que lo que significó la flotilla en cuanto al impulso, a multiplicar las acciones, es muy fuerte. Es fuerte saberse parte de una acción internacional que hace lo que los Estados no hacen, dando una respuesta solidaria, humanitaria, a una causa que es de toda la humanidad; fue muy importante. A mí me recordaba a las brigadas internacionalistas de la Guerra Civil Española, Nicaragua… Y creo que eso también fue lo que nos protegió, más allá de la violencia que se sufrió, que todos los ojos estén puestos en Gaza y en la flotilla hace que hoy estemos en casa. Esa firmeza de continuar a pesar de los ataques. Y repito: lo que a nosotros nos pasó, ni se comprara con lo que pasa Gaza. Eso es lo que nos daba más fuerza y firmeza para continuar y de estar juntos.

¿Qué pudiste compartir con los compañeros y compañeras de otras partes del mundo, respecto a lo que estaba pasando, a la situación de Gaza, a cómo articular el reclamo a nivel global?

Para mí fue muy importante. Como experiencia militante, como experiencia de vida. Quienes somos militantes, internacionalistas, lo vivimos de forma permanente, pero esto fue encontrarnos con gente que nunca habíamos tenido contacto, que hablamos distintos idiomas, que venimos de distintas historias. Había sindicalistas, periodistas, enfermeros, médicos, compañeras activistas, artistas. Eso es lo que fortaleció la misión y sobre todo el reclamo y le dio potencia. El internacionalismo, sabernos todos levantamos una misma causa logró potenciarlo y ver que en todos los rincones del mundo se esté denunciando el genocidio y levantando la causa palestina, porque la causa del pueblo palestino es hoy la causa de toda la humanidad. Ese fue el sentido de la flotilla.

¿En qué nivel ves que está el reclamo en Argentina?

En los últimos meses se ha multiplicado la participación. Nosotros lo venimos levantando desde hace décadas, pero creo que hubo un cambio grandísimo. Me acuerdo patente el domingo que fue el Día del Padre, que hubo una movilización gigante, había familias enteras. Desde ese día hasta ahora se ha multiplicado el acompañamiento, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, sino en lugares inhóspitos del país. Se fue extendiendo y tenemos que ser cada vez más.

Ahora hay un supuesto nuevo “alto al fuego”. ¿Cómo lo interpretan?

No hay que conformarse hasta el alto el fuego que hay ahora, que no sea un nuevo invento. Lo que venga del imperialismo yanqui creo que es un nuevo acuerdo de ocupación colonial que no va a resolver de forma definitiva las necesidades del pueblo palestino. Acá una paz justa es una paz donde haya derecho al retorno, donde la Palestina sea única, del río al mar y no es lo que se está proponiendo. Hay que seguir multiplicando las acciones por eso, y en nuestro país seguir exigiendo: no en nuestro nombre. Tenemos que tomar lo que dicen nuestros compañeros judíos: que este Estado apoye a ese genocidio, a ese criminal de guerra como es Netanyahu, no es en nuestro nombre, cuando sabemos lo que significa un genocidio en nuestra historia. El genocidio de los pueblos originarios, el genocidio de la última dictadura: tenemos que decir no en nuestro nombre y seguir reclamando la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Hoy es un momento en el que Israel está aislado internacionalmente, así que hay que presionar.

El gobierno nacional también parece estar en ese mismo aislamiento…

Por eso, hay que seguir denunciando a este gobierno que no solo es cómplice de ese genocidio sino que viene llevando adelante un desastre en materia económica y social y que por eso está recibiendo fuertes golpes. Acá vamos a estar para plantear una alternativa.

¿Cómo se comportó el gobierno nacional con ustedes los detenidos?

Cancillería hizo… el trabajo administrativo para saber que estábamos ahí, y comunicarse con nuestra familia. Nos lo dijeron con claridad: estuvo el cónsul, pero no fue el embajador. Y esa es una decisión política. Hubo una decisión política de no exigir nuestra inmediata libertad y eso fue lo que sucedió. Estuvimos en Jordania con los diplomáticos de Uruguay, que fueron quienes nos buscaron y acompañaron en el proceso de volver a casa.

Llegaste. Y ahora, ¿qué vas a hacer?

Hoy pretendo quedarme un rato en mi casa. Ayer no me despegué de mi hija desde que llegué al aeropuerto… Y después que la logré dormir me fui a Aeroparque a recibir a Cascote, el compañero que llegó de madrugada. Volví, dormí unas horitas, y acá estoy.

¿Qué edad tiene tu hija?

9 años.

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9 años sin Lucía Pérez

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La familia de la joven realizó una marcha en Mar del Plata a nueve años del crimen. Lucia tenía 16 años al ser víctima de un narcofemicidio. El aniversario llega en el marco de un nuevo proceso que tiene a sus padres, Marta y Guillermo, otra vez en los laberintos de una justicia que no resuelve el caso y hasta descartó que se haya tratado de un femicidio. «Hoy es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama estamos luchando por todos», dijo Marta (en la foto de portada, rodeada por Guillermo y su hijo Matías). Recordó que hace nueve años habla de «narcofemicidio», figura que hoy se pone de relieve con los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Por eso, la familia pidió: «Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos».

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, agarró el micrófono durante la marcha en Mar del Plata y lo primero que hizo fue agradecer: “Gracias por estar juntos una vez más, por esta lucha que llevamos todos, por ustedes, nuestros padres y abuelos”. Después, mirando a la marcha de jubilados y jubiladas que había llegado hasta el monumento a San Martin en Mar del Plata, unió agendas y resistencias: «Hoy ustedes cumplen 2 años de su lucha”. Y, finalmente, abrazó: “Hoy se cumplen 9 años del femicidio de Lucía. Para nosotros es un día demoledor, pero lejos de estar tirados en la cama, estamos luchando por todos”.

Marta Montero pronunció estas palabras en un aniversario que tiene a la causa sumida en un laberinto que la justicia no resuelve hace nueve años. Primero, fue un juicio que absolvió a los acusados de femicidio: los jueces Pablo Viñas, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale dictaminaron que no hubo femicidio ni abuso sexual sino que condenaron a Matías Farías y Juan Pablo Offidani por comercialización de estupefacientes.

9 años sin Lucía Pérez

Imágenes del acto en las calles marplatenses. Foto: Florencia Ferioli.

La familia logró iniciar un jury político a los jueces Urso y Viñas (Carnevale consiguió la jubilación anticipada en tiempos de María Eugenia Vidal en la gobernación), pero resultaron absueltos. El proceso sentó un precedente sobre el control social y político a nivel judicial.

En 2023, la lucha de la familia, apoyada por todo una red de organizaciones nucleadas en la Campaña Somos Lucía, logró tirar abajo ese primer juicio y realizar otro que terminó condenando a perpetua a Farías por «abuso sexual con acceso carnal agravado por resultar la muerte de la persona ofendida, por el suministro de estupefacientes y en el marco de un contexto de violencia de género, en concurso ideal con femicidio«. En el caso de Offidani, le dieron 8 años de condena como partícipe secundario del femicidio que, sumados a la condena previa por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, le significan 15 años de prisión.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

Sin embargo, este año la Sala IV del Tribunal de Casación Penal, integrada por los jueces Víctor Violini y María Florencia Budiño, descartó que haya sido un femicidio y remitió las actuaciones al Tribunal Oral en lo Criminal 2 de Mar del Plata para que establezca una nueva pena para Farías, pero sólo por el delito abuso sexual con acceso carnal agravado, cuya pena máxima es de 15 años. La instancia judicial de «cesura», como es llamada, reveló las contradicciones de un sistema judicial que expone a la familia nuevamente ante el dolor de tener que explicarlo todo otra vez. Así, entre instancias de apelación a la Corte Suprema, en un país cuyo presidente y ministro de Justicia niegan la figura de femicidio, con la sociedad conmovida ante otro triple narcofemicidio bonaerense, llega el noveno aniversario de Lucía.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

En Mar del Plata, las columnas caminaron por las calles de la ciudad hasta llegar a la Municipalidad donde se gritó “Presente” cada vez que se nombró a Lucía y a larga lista de víctimas de femicidios que sacuden nuestro país: según el Observatorio Lucía Pérez son 203 los femicidios y travesticidios solamente en lo que va del año. La marcha fue una de las más de 170 que recorrió calles de todo el país exigiendo justicia durante el 2025.

“Hace 9 años cuando mataron a Lucia hablábamos del narco, del dealer, y hoy desgraciadamente lo vemos con el triple femicidio y con cada una de las mujeres que nos matan”, dijo Marta. Y se preguntó: “Lucía era la hija que cualquiera tiene, eso era Lucía. Nuestra lucha es por nuestras hijas, por nuestros hijos. ¿Qué país queremos construir? ¿Qué país queremos dejar? Despertemos. Esto que nos está pasando es un Estado narco y ausente en todos los derechos”.

En diálogo con lavaca Marta mandó un video que termina en una pregunta. Mirando a cámara interpeló: “Hoy se cumplen los 9 años del narcofemicidio. Esto era lo que nosotros hablábamos hace 9 años. Lo que estábamos viendo. Lo que hoy nos está pasando con nuestras pibas. El tríple femicidio, narcofemicidio quedó muy al descubierto. Esto nos pasa en los barrios. Esto es lo que nos está pasando hoy. ¿Qué hacemos?”

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

9 años sin Lucía Pérez

Foto: Florencia Ferioli.

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Foto: Florencia Ferioli.

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