Nota
Resistencia contra los Rodríguez Sáa: cadenas en la Corte Suprema
La capital de San Luis tiene dos intendentes. Como las elecciones las ganó un opositor, el gobierno provincial avaló otra elección que garantizara el triunfo de un leal a los Rodríguez Sáa. Frente a la esquizofrenia, 49 personas (concejales, empleados municipales, integrantes de la Multisectorial) llegaron a Buenos Aires y se encadenaron a las escalinatas de ingreso a la Corte para reclamar el fin del absurdo, y un plebiscito para dirimir la cuestión. La desilusión con Kirchner, y los hallazgos interplanetarios del gobernador.
Es un planeta oscuro, no brilla. No refleja la luz: tiniebla intergaláctica. Absorbe los colores y las ondas, por eso es negro, no se deja ver por cualquiera.
Según su propio anuncio radiofónico, tal planeta fue descubierto por Alberto Rodríguez Sáa, gobernador de San Luis, amante de la astronomía y observador perseverante de la noche.
Lo bautizó Xilium. Está a 200 años luz de la Tierra.
Toda persona tiene derecho a ver y descubrir los planetas que desee. O a mantener contactos extrasensoriales con los habitantes de Xilium (que Rodríguez Sáa se atribuye, según múltiples fuentes políticas y de su propia familia). Ese no es el problema.
El problema es que Alberto Rodríguez Sáa gobierna San Luis. Su régimen es oscuro, absorbe los colores, y sus conductores ejercen una estrategia de dominio político (y si puede ser extrasensorial, mejor) en esa especie de imperio de ciencia ficción que no hace más que reproducir lo que ocurre en tantas provincias argentinas.
La escena ha tenido una derivación en estos días en Palacio de Tribunales, en la Capital Federal. Desde San Luis llegaron 49 personas (concejales, empleados del Concejo Deliberante y de la municipalidad), se instalaron en dos carpas en la Plaza Lavalle, y seis de ellas se encadenaron en las escalinatas.
Las banderas explican el reclamo: «San Luis increíble: 1 ciudad, 2 intendentes» dice la principal. Las otras: «San Luis reclama. La Corte se debe expedir, o consulta popular ya». Y una más: «Feudo Rodríguez Sáa = corrupción, muerte, persecución».
Daniel Sosa es uno de los seis concejales que ha optado por encadenarse a los Tribunales: «El problema es así. El 9 de noviembre del año pasado hubo elecciones en San Luis capital, convocadas por el municipio, como lo establece la carta orgánica y la Constitución. Ganó el intendente Daniel Pérsico, y salimos electos una serie de concejales. Se presentaron a las elecciones varios partidos, incluidos la UCR, el ARI, socialistas, demócratas y distintas variantes del peronismo disidente. Pero por una acordada del Superior Tribunal de Justicia, 14 días después hubo otras elecciones. Los Rodríguez Sáa no se podían permitir perder ese espacio de poder. En esas nuevas elecciones ganó María Angélica Torrontegui, que se presentó sola, aunque con el intento de convalidación de la izquierda boba que terminó prestándose a legitimar esa elección».
El primer comicio no contó con el aval provincial, ni con lugares públicos donde efectuarse, por lo que terminó desarrollándose en clubes, parroquias, iglesias evangelistas y bailantas. El segundo comicio se hizo en las escuelas habituales, y no hay precisiones sobre cuánta gente votó en uno y otro. Según los cálculos de Sosa, entre ambas habrá votado aproximadamente el 60 por ciento de los habilitados.
En las escaleras de Tribunales, con sus cadenas, están Jorge Jofré (ARI), Norma Crespo (peronista), Rosa González (UCR) y Edgardo Dicolla (PJ), electos junto al propio Sosa en la primera elección que consagró a Pérsico. La Policía Federal instaló un corralito de vallas metálicas alrededor suyo, y la entrada al edificio pasó a ser la de la calle Tucumán. Marisa, una de las municipales viajeras, dice: «Esta gente -la policía- es muy amable. No te da miedo. No sabés lo que es allá».
Sosa vuelve a tomar la palabra:
«Pérsico ocupa el edificio de la municipalidad, donde la gente está pagando masivamente sus impuestos como una manera de convalidar quién es el verdadero intendente. La municipalidad se encarga además de todo el mantenimiento de la ciudad, los servicios públicos, y todos los trámites. Nosotros funcionamos en el Concejo Deliberante. Y en cambio la Torrontegui se instaló en la Legislatura Provincial, donde la apoyan porque ese es territorio de los Rodríguez Sáa».
Omar Ochoa, secretario legislativo del Concejo Deliberante agrega: «Se instalaron en la Legislatura, es una vergüenza. Pero después se alquiló una casa a la que le están haciendo reformas faraónicas, para meter ahí la intendencia trucha».
Hay, además, una pelea por los recursos. La municipalidad recauda 600.000 pesos mensuales de los contribuyentes, pero el municipio paralelo recibe de la provincia los fondos por coparticipación: 1.200.000 pesos, según los cálculos de Sosa. «Pudimos pelearla y logramos un fallo judicial por el cual los sueldos de los empleados municipales los tiene que pagar ella. Pero por lo demás, todo ese dinero que le da la provincia no se sabe a dónde va, ni para qué se usa» (aunque el alquiler y las reformas de la intendencia Torrontegui deben llevarse lo suyo).
En esa esquizofrenia, los empleados del Concejo Deliberante, los concejales y los integrantes de la Multisectorial que ha reunido en San Luis a 64 organizaciones están proponiendo distintas medidas, entre las cuales está la intervención directa a la provincia por parte del gobierno nacional y, para el caso de la intendencia duplicada, un plebiscito. Dice Sosa: «Pérsico se presentó directamente, aquí, ante la Corte Suprema de la Nación para que establezca a quién le corresponde seguir gobernando la ciudad. También le pedimos al ministro del Interior, Aníbal Fernández, que medie en esta cuestión».
En el planeta del poder, todo es silencio ante estos reclamos. ¿Qué proponen los puntanos? «Que se haga un referéndum, una consulta, un plebiscito, éntre Pérsico y Torrontegui, y que la gente decida quién debe continuar en el cargo», dice Sosa, que anuncia: «Nos vamos a quedar hasta que volvamos con una solución. Hasta que nos dé el cuero».
El viaje se hizo en una camioneta blanca, y un micro especialmente prestado por la Cámara de Transporte de San Luis (otro indicio de la fuerza que va adquiriendo la Multisectorial opositora a los observadores de planetas). Al intentar salir de la órbita provincial, en el límite con Córdoba, los viajeros fueron detenidos por la policía. Raúl Orozco, prosecretario del Concejo Deliberante, cuenta: «Dijeron que llamamos la atención porque íbamos despacio, y por eso nos pararon. En realidad íbamos a 120. Y nos pidieron una lista de los que iban en el micro. Se la dimos, y pudimos seguir. Una apretada más, para cuando volvamos».
La Multisectorial ha ido organizando formas de resistencia y organización (ver en esta página): «Hemos organizado marchas masivas, se hacen asambleas, y tenemos dos estamentos» dice Sosa. «Uno amplio, para que todos nos reunamos, y hay además doce referentes que van coordinando las distintas acciones. Tenemos talleres psicopedagógicos, se trabaja en los barrios, hay ámbitos de discusión política y social, y se ha convertido en un punto de referencia para múltiples problemas. Ojalá esto se pueda convertir en algo que reemplace a los Rodríguez Sáa y a toda la dirigencia cómplice, incluyendo a la izquierda boba».
Sigue la ronda de voces. Hablan de las elecciones que ganó Alberto Rodríguez Sáa el 27 de abril del 2003. Como candidato a gobernador tuvo más votos que su hermano Adolfo como candidato a presidente, y según los datos propios superó el 90 por ciento. Marta Guzmán, una de las viajeras puntanas, cuenta: «En realidad no se puede saber mucho de esa elección porque fue un fraude. Cuando fueron a recontar los votos resulta que las boletas sábana que supuestamente habían sacado de las urnas, ni siquiera estaban dobladas». La oposición a los Rodríguez Sáa sospechó de esas boletas que estaban intactas pese a que no podían ser introducidas en un sobre sin plegarse, pero sus representantes fueron entonces excluidos de la junta electoral.
¿Cómo se llega a toda esta crisis en una provincia que siempre vendió imagen de bonanza, y a donde iba a vivir mucha gente? Sosa: «Es que hubo una situación de bonanza hasta mediados de los 90, por la radicación industrial que fue una monumental estafa al Estado. Pero los trabajadors seguían cobrando 300 o 400 pesos, mientras los Rodríguez Sáa se enriquecían. Quedó un gobierno empobrecido, gobernantes muy ricos, y un pueblo muy pobre».
Las marchas de la multisectorial han sido combatidas por otra creación de Alberto Rodríguez Sáa: los planes de inclusión social (57.000, en una población de menos de 350.000 habitantes).
«Es un ejército privado» dice Lucía, docente jubilada que acompañó el viaje. «Es un grupo de choque. Les dicen ‘pico y pala’ porque los hacen trabajar a cambio del subsidio. Pero la verdad es que ni trabajan. Los convocan desde la mañana cuando hay marchas de la Multisectorial, y los ponen en un corralito frente a la casa de gobierno. Ahí toman tetrabrik, se la pasan todo el día y cuando pasamos nosotros nos tiran piedras, orina, materia fecal. Se lo hacían también a los docentes. Una vez se pusieron tan mal que ni la policía de Rodríguez Sáa los podía parar y les tiraron gases lacrimógenos adentro del corralito. Y un señor que estaba con ellos, y tenía problemas respiratorios, se murió».
«Nos enfrentan a pobres contra pobres» dice Sosa con respecto a los ‘pico y pala’. «Y después te agarra la propia policía» agrega Orozco que muestra la campera en la que recibió balazos de goma antes de terminar preso durante toda una noche por participar en una marcha. «Además me daban culatazos y yo le decía al loco: ¿por qué pegás si no me estoy resistiendo?» La represión en San Luis ha provocado que varios referentes de la Multisectorial oculten y cambien permanentemente los lugares donde van a pernoctar, por miedo a algún atentado, o a algún accidente.
No es una superstición. El secretario del Concejo Deliberante, Omar Ochoa está convencido de que a su hermano lo mataron. «Apareció como un accidente, pero nunca se pudo definir. Mi hermano Osvaldo era presidente del Concejo Deliberante. Él era el encargado de tomarle el juramento al nuevo intendente. Y le tomó juramento a Pérsico. Nunca lo hubiera hecho con la Torrontegui. Al fallecer él, formaron el Concejo Deliberante trucho». La familia asegura que había balazos en la carrocería del auto. En la Argentina, la cantidad de accidentes en rutas de opositores a los feudos locales merecería ser investigada con más detenimiento. Lo más asombroso, es que nadie se asombre ante la sospecha de los Ochoca, con respecto a que lo de Osvaldo fue un asesianto.
Un poco más allá, Marisa, junto a Lucía, se pregunta qué ocurre con la causa por enriquecimiento ilícito iniciada por el juez José Galeano contra los Rodríguez Sáa: «Avísenle al juez que con solo ir a San Luis, el enriquecimiento de esta gente se nota a simple vista». Van enumerando: los tres diarios de la capital, varios casinos, bancos, criaderos de faisanes, las propias casas donde viven los integrantes de la dinastía y todos los etcéteras imaginables. La dinastía, de todos modos, no se queda quieta, y frente al incremento del potencial opositor (aunque aún sea minoritario, quizás) lanzó una campaña publicitaria nacional de mejoramiento de imagen de más de tres millones de pesos. Tal vez por los méritos de la campaña, o por los tres millones de pesos, los Rodríguez Sáa lograron -al menos transitoriamente- que los medios nacionales comiencen a dejar de publicar noticias sobre San Luis.
«¿Sabe cuál es la desilusión nuestra? Kirchner. Porque ni fue para allá, ni mandó a nadie, ni hizo nada frente a lo que él sabe que es un escándalo. Solamente fue una comisión de derechos humanos que va a estar en la universidad, dicen. ¿Y con eso qué van a lograr?» dice Marisa. «¿Sabe qué pasa señor?» dice una señora de lentes que se acerca: «El pueblo se ha cansado de los Rodríguez Sáa. Lo que pasa es que reaccionó un poco tarde. Los dejó estar 20 años».
En la plaza frente a Tribunales, los viajeros instalaron una carpa azul y una más pequeña, anaranjada. Tienen bolsas de dormir, mate y galletitas, algunas reposeras, bombos y redoblantes, pancartas, frazadas, un juego de ajedrez, y cadenas. «La Multisectorial nos dio apoyo para que podamos comer».
La historia de este viaje, la de la ciudad del poder esquizofrénico, y la de una provincia desquiciada, sigue escribiéndose. Los puntanos ya no esperan nada de Xilium, y miran con una rara mezcla de esperanza y desilusión a los extraños seres que habitan el poder en otro planeta llamado Buenos Aires, que no se sabe a cuántos años luz está de la sociedad. El tiempo no es infinito. Ya saben, según la señora de lentes junto a las bolsas de dormir y las cadenas de la carpa azul, que el mayor riesgo es reaccionar un poco tarde
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
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Nota
Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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