En los últimos seis meses, fue dos veces procesado por asociación ilícita. Sin embargo, siguió en su puesto de encargado de la seguridad de la puerta de Perú 160. Ahora, está a punto de ser protagonista de un capítulo del libro de relata la vida de otro amigo de La Doce: Enrique Nosiglia. En tanto, la jueza Ramond dedica su tiempo a ampliar la indagatoria de los 16 detenidos. Entre ellos, seis vendedores ambulantes, dos integrantes de AMMAR, un afiliado al Sindicato de Actores, un motoquero que llevaba cuatro días en ese empleo luego de dos años sin trabajo, un anticuario de San Telmo y un hombre que acababa de comprar aspirinas en un local de Farmacity.

¿Quién es Santiago Lancry? se preguntaron muchos por primera vez esta semana. Lancry es El Gitano, uno de los jefes de la barra brava de Boca, el hombre dos veces procesado por el juez Bergés (en una causa, como organizador de una asociación ilícita; en otra por asociación ilícita y coacción) y el responsable de la seguridad de la puerta de Perú 160 de Legislatura porteña. Allí, justamente, fue el epicentro del ataque del viernes 16 de julio. Y allí, también, se preguntaron muchos esta semana por primera vez quién era el responsable de mantenerlo en su puesto.

Diferente, en cambio, fue el destino del otro jefe de La Doce, Rafael Di Zeo, luego la investigación del juez Bergés. Di Zeo fue despedido a principios de este año de su puesto en la Dirección de Alumbrado Público de la municipalidad porteña. Desde entonces, no es más el titular del legajo 33.928 ni el destinatario de un salario de 770 pesos.

Pero las diferencias que cuentan entre estos dos empleados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires son otras.

Lancry ya ha sido protagonista de un capítulo de El Palacio de la Corrupción y en breve sumará otro más en el libro que los periodistas Darío Gallo y Gonzalo

Alvarez Guerrero están escribiendo sobre otro personaje relacionado con La Doce: Enrique Coty Nosiglia.

Di Zeo, en cambio, prefiere otros géneros periodísticos. La BBC de Londres lo siguió durante una semana para registrar su perfil en un documental sobre las barras bravas del mundo. También, eligió un reportaje realizado por el diario deportivo Olé, para transmitirle un mensaje al responsable de la seguridad de los eventos futbolísticos, el ex árbitro Javier Castrilli. Di Zeo simplemente dijo:

-Si quiere terminar con la violencia en el fútbol, que hable conmigo.

Protagonizó, además, un blooper policial, cuando los noticieros captaron las imágenes del exacto momento en donde le avisaban por celular que el juez Bergés había ordenado su detención. Estaba en la tribuna de Boca y se esfumó, literalmente, en un estadio con custodia reforzada por centenares de uniformados.

Otra diferencia: ese día Lancry tuvo menos suerte. Una empleada del juzgado lo pescó en plena faena, cuando estaba «controlando» el ingreso al estadio de la gente que portaba las entradas mellizas que él había vendido horas antes. También hay imágenes de Lancry ese día. Son de las cámaras de seguridad, que ningún custodia vio, pero que el juez logró adosar al sumario como prueba.

Ya el ex comisario bonaerense Edgardo Mastrandrea había acusado a Mauricio Macri de entregar talonarios de entradas «para financiar y mantener a la barra brava de Boca». Aseguró que Lancry «se instala antes de los partidos en un bar de la calle Perú hasta que se agotan los talonarios». Le llevaba, como mucho, dos o tres horas vender las 200 entradas.

Otra diferencia: Di Zeo no es precisamente el jefe barra brava que uno tiene en la cabeza. Con modales de CEO, «El Rafa» organiza el negocio y concentra la recaudación. Lancry, en cambio, se dedica a la logística. Recluta y reparte. Por ese rol, el juez Bergés le otorgó la figura de «organizador de la asociación ilícita», cuando lo procesó por primera vez.

Una más: Di Zeo es esbelto; Lancry mide dos metros y pesa casi 120 kilos.

Los dos hombres se disputaron la cabeza de La Doce cuando en 1997 sus entonces cabecillas fueron condenados por el asesinato de los hinchas de River, Walter Vallejos y Ángel Delgado. El mítico José Barrita, El Abuelo, terminó en Devoto y el duelo por la sucesión fue entre dos facciones: Los Patrulleros, liderados por Di Zeo, y Los Poronga, seguidores de Lancry. No hay metáforas en La Doce.

En un primer momento, Lancry ganó la pulseada, respaldado desde la cárcel por el propio José Barrita y, fundamentalmente, por sus contactos políticos. Otra diferencia: Lancry es radical. Di Zeo, escéptico. «Los políticos no tienen amigos», sintetizó en una entrevista.

Pero con la llegada de otros negocios, la figura de Di Zeo creció, fundamentalmente, en contactos y finanzas. Así llegaron a esa convivencia que el juez Bergés encontró ilegal y que se armó, como siempre, con la ayuda de terceros. La comisaría 24, en general, y el recientemente cesanteado comisario Cayetano Grecco, en particular, tienen mucho para explicar al respecto. También Mauricio Macri, a quien el juez Bergés estaba a punto de llamar a declarar cuando perdió el expediente a manos de la Cámara que aceptó un pedido de la defensa de Di Zeo, a principios de junio de este año.

La suma de estos factores es la que pudo haber provocado el estallido en la puerta de Perú 160, el viernes 16.

En tanto, el Tribunales, la jueza Silvia Ramond dedicó la mañana del miércoles a ampliar la indagatoria a los 16 detenidos ese día. Entre ellos, seis vendedores ambulantes, dos integrantes de AMMAR, un afiliado al Sindicato de Actores, un motoquero que llevaba cuatro días en ese empleo luego de dos años sin trabajo, un anticuario de San Telmo y un hombre que acababa de comprar aspirinas en un local de Farmacity. Todos detenidos después de los incidentes, por policía de civil, lejos del lugar de los hechos.

En Tribunales aseguran que ni los videos ni las fotos revisadas por la jueza muestran alguna relación entre los hechos que se investigan y los detenidos. Que solo los propios policías que las ejecutaron, lo que justificaron las detenciones declarando que eran personas parecidas o llevaban algo que los relacionaba con los protagonistas de los incidentes.

La jueza solicitó una prueba más, antes de expedirse sobre la situación de los detenidos. Remitió a la Legislatura un pedido de los videos de seguridad que registran la actividad de la puerta de Perú 160. La que custodia Lancry.