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Salarios impagos, patotas y un paro nacional: apuntes para entender por qué Chubut arde

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CTERA convocó a una huelga nacional tras el ataque contra docentes chubutenses que fueron agredidos por una patota mientras realizaban diversos cortes de ruta por salarios adeudados. Desde el gremio subrayan a lavaca que el ataque no tuvo que ver con trabajadores petroleros, que durante los cortes manifestaron su solidaridad, sino con grupos de choque vinculados al gobierno provincial. Ocurre en el marco de la crisis que atraviesa la provincia desde hace un año y que tuvo como marco la renuncia de tres ministros. De fondo: la crisis nacional, el Pacto Fiscal que ahoga las cajas locales y la matriz productiva de una provincia extractiva.
“No podemos leer lo que pasa en Chubut sin hacer un correlato directo entre cómo la crisis nacional se descarga en las provincias y la matriz productiva que permite estos dispositivos”. Así sintetiza a lavaca la delegada de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), Magalí Stoyanoff, la crisis que atraviesa la provincia hace un año, que se recrudeció este mes con los cortes de ruta y que ayer sumó un nuevo capítulo con el ataque de una patota a maestras. Por ese motivo, CTERA convocó a una huelga nacional en todo el país con movilización hasta el Obelisco.
El sindicato distingue rápidamente el ataque que sufrieron de la solidaridad que trabajadores petroleros tuvieron con los cortes durante todo el conflicto. “No eran petroleros, era toda gente paga”, expresan sobre la situación de terror que vivieron cerca de las cuatro de la mañana: unas 200 personas, con palos y encapuchados, bajaron de camionetas y quemaron las “casuchas” que los docentes habían armado para guarecerse del frío. “Era zona liberada: ni un policía”, describen.

Qué pasa en Chubut

Stoyanoff apunta que hay que ir al 2018 para entender este presente. “El año pasado todos los estatales de la provincia enfrentamos el pago escalonado que hizo el Gobierno a principio de año; ahí se le dio vida a la Mesa de Unidad Sindical, que coordinaba todos los sindicatos estatales. Las medidas de fuerza ocuparon cuatro meses del primer semestre. Eso logró un cierto punto de acuerdo sobre el pago escalonado, pero con la negativa del gobierno de abrir paritarias salariales y otra serie de medidas que tenían que ver con la flexibilización que a base de decretos iban afectando áreas de la administración pública. Ese escenario se vuelve a repetir este año”.
En año electoral, el gobierno de Mariano Arcioni (que asumió en 2017 tras la muerte de Mario Das Neves, y que fue reelecto el año pasado con el 39,4% de los votos) anunció que no podía pagar los sueldos e iniciaba así un cronograma de pagos escalonados que también producía conflictos con la obra social. “Eso significaba que el lunes podíamos tener cobertura, pero no el resto de la semana”.
¿Cómo se puede dimensionar ese dato?
-La obra social es la que aglutina a todos los trabajadores estatales y ese sistema previsional es la caja chica del Gobierno, que reconoce que tiene una deuda de 1.500 millones de pesos con nuestra caja. A esto hay que sumar la infraestructura escolar y el equipamiento: desde el aumento de las copas de leche por la situación de hambre que estamos atravesando a que sin calefacción en invierno no podés trabajar. Muchas escuelas están sin clase por esa desidia estatal.
Los cortes de ruta y los paros se profundizaron durante agosto. A mediados de mes Stoyanoff fue detenida junto al secretario general de la Regional Sur de ATECH, Daniel Murphy. Hoy dice: “Nos orgullece decir que les salió el tiro por la culata: la gente se volcó en solidaridad y se reprodujeron cortes en lugares donde no estaba planificado. Quedó en claro que debían implementar otra cosa”.

El extractivismo social

La delegada también subraya que no hay que separar esta crisis de la matriz productiva de la provincia, representada en tres ejes específicos:

  • “Sobre el sur de la provincia, la producción de petróleo están en manos, casi en su totalidad, de Panamerican, y en menor medida de YPF. Son las que tienen mayor facturación en la provincia en emisión de dólares”.
  • “Sobre el norte de la provincia y Puerto Madryn, tenemos Aluar con altos índices de contaminación, con la hidroeléctrica subsidiada y con muchas prebendas que la convierten en la segunda en orden de facturación en la provincia”.
  • “Luego, terratenientes como Benetton con miles y miles de hectáreas, en una situación en la que la propia Sociedad Rural reconoció que no pagan impuesto rural. A esto hay que sumar la pesca, que a pesar de sus altibajos, atravesó un período muy bueno”.

Stoyanoff describe este esquema porque explica que desde la Mesa de Unidad Sindical impulsaron un proyecto sobre una ley tributaria de emergencia para gravar a los sectores con mayor poder de la provincia. “Desde la provincia justifican diciendo que no tienen un peso. Es cierto: la riqueza, siempre, se la llevan otros. Pero no sólo nos dejan la contaminación, sino también los pasivos”. Desde el inicio del conflicto, hubo tres ministros (Educación, Salud y Economía) que renunciaron.
La delegada precisa que la reforma “rasca donde pica”. ¿Qué quiere decir? “Es lo que hacemos los docentes cuando vamos a la ruta para afectar la actividad petrolera. Que quede claro: no es contra los trabajadores ni la comunidad, sino contra los grandes empresarios que son los primeros que llaman al gobernador, en una provincia que además no tiene fondos porque quedó atada al Pacto Fiscal del Gobierno nacional, que traspasó obligaciones nacionales a las cajas provinciales”.
En ese sentido, los docentes y los estatales volvieron en agosto a las rutas. “Hicimos cortes de diez días, donde recogimos la enorme solidaridad del conjunto de la comunidad que comprende el reclamo y que no nos ha cobrado este mes de clase perdido. Esto lo digo con mucho dolor, pero no podemos naturalizar la injusticia de no cobrar nuestros salarios”.
Stoyanoff ubica en ese entramado de solidaridad a los trabajadores petroleros. “No vamos a cansar de repetir que el ataque no tiene nada que ver con los trabajadores: ellos se sacaban los borceguíes para darnos a los docentes durante los cortes y protegernos así del frío. Pero sí ellos están siendo extorsionados, también, por la situación de congelamiento de los combustibles: una puja entre los operadores de la zona con Nación por la cual amenazaron con despidos, planchar la actividad y cerrar equipos de trabajo, donde trabajan más de 300 personas. Muchas familias dependen de eso”.
Los trabajadores estatales quedaron en ese fuego cruzado. Desde el sindicato cuestionan al secretario general del Sindicato del Petróleo y Gas Privado de Chubut, Jorge Ávila, que había instigado a la violencia ya que en medios locales había declarado que iban “a pasar por arriba de los piquetes”. Los gremios también responsabilizaron al coordinador de Gabinete, Federico Massoni, por ser “el orquestador de la patoteada”, ya que muchos lo sindican en el momento del ataque. Stoyanoff: “Son los que hicieron que dos minutos antes retiraran al único móvil policial que había durante la jornada y por lo que se habilitó la liberación de toda la zona”.
Desde el sur venían reclamando a CTERA una medida de fuerza a nivel nacional hacía tiempo. Mientras tanto, en la provincia también cosechan la solidaridad de otros gremios como Camioneros y la UOCRA, que también pararán. “Es la mejor carta que tenemos: no estamos aislados. Luego, definiremos la continuidad de las medidas. Por lo pronto, estamos de paro hasta esta semana”.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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