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Informe Alerta Argentina sobre la situación de los Derechos Humanos en 2005

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Introducción
La Argentina es un país que en 2005 continúa viviendo en un estado de emergencia social e institucional, visible en la extensión de la pobreza, la persistencia del hambre y las altas tasas de desempleo. Pese al superavit fiscal, ni la política económica ni la política social se han orientado a la solución de estos problemas de fondo: el hambre de millones, la injusta redistribución de la riqueza y la destrucción de la ciudadanía social.

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Está claro, a esta altura de los anuncios oficiales acerca del destino de las reservas argentinas, cuáles son las prioridades. Esto significa, entre otras cosas, que la tensión social será una realidad a la que debemos enfrentarnos cotidianamente. Esta tensión está expresada en esa paradoja de un país rico que deviene cada vez más pobre. Analicemos, tan solo, una de sus expresiones:

  • Según el INDEC, el 56,4% de los menores de 18 años son pobres (7.730.708) y el 23,6% son indigentes (3.234.835). Más de la mitad de los menores pobres e indigentes se concentran en 3 distritos: Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
  • Según el mismo INDEC, en setiembre las exportaciones fueron de 3.479 millones de dólares, un 16% más que en el mismo mes del año pasado. Mientras tanto, las importaciones sumaron 2.468 millones de dólares. La balanza comercial registró entonces en setiembre un superávit de 1.011 millones de dólares: un alza de 4,2 por ciento respecto a lo sucedido en igual mes de 2004.

Como señala un detallado informe de la CTA sobre las consecuencias del hambre en un país con superávit:
«Si somos 37 millones de habitantes y 16 millones de pobres, esto quiere decir que mientras algunos hogares se quedan con muchas canastas, otros no tienen ninguna. Puesto en estos términos, el problema argentino no es la ausencia de una capacidad objetiva que debe resolverse incrementando la riqueza que se produce, sino la consecuencia de la matriz de profunda desigualdad que organiza hoy su funcionamiento económico. Es el déficit que exhibe el representante del interés público (el Estado) en sus modos de intervención en el proceso de producción y distribución de la riqueza nacional» (1).
Como afirmamos en el Informe anterior (Alerta Argentina, 2004), en Argentina, el reemplazo de un semi-Estado de providencia por un Estado neoliberal, se tradujo en el aumento de las desigualdades, la concentración económica y la exclusión de vastos sectores de la población. La implementación de este modelo excluyente, que ha implicado la conculcación de los derechos más elementales, se ha venido sosteniendo sobre dos ejes fundamentales: por un lado, el Estado fue desarrollando estrategias de contención de la pobreza, por la vía de la distribución -cada vez más masiva- de planes sociales y de asistencia alimentaria a las poblaciones afectadas y movilizadas; por el otro, el Estado se encaminó hacia el reforzamiento del sistema represivo institucional, apuntando al control de las poblaciones pobres y a la represión y criminalización del conflicto social.
En un contexto de profundización de las desigualdades, durante 2005, la situación de desprotección y violación de los derechos humanos en el país ha registrado nuevas inflexiones. Entre las principales, nos interesaría subrayar las siguientes:
I- En primer lugar, la respuesta del Estado frente a los conflictos sociales se ha venido asentando sobre el triple eje de la judicialización, la criminalización y los ensayos de militarización. Esta triple política se expresa claramente en :
-La estigmatización mediática, política y social de las organizaciones de desocupados, cuyo escenario principal ha sido y es la ciudad de Buenos Aires.
-El avance en la judicialización de los reclamos sociales, con una tendencia al armado de causas, que ha incluido largas estadías en prisión por parte de los acusado/as.
-El avance de la represión de los conflictos sociales y sindicales y la incipiente militarización de las zonas petroleras, situación que se inserta en el marco de la política de explotación de los recursos naturales.
-Las tentativas de estigmatización y manipulación de los reclamos sindicales en los centros urbanos, los cuales se han incrementado notoriamente en el último año.
-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación
II- En segundo lugar, la consolidación de la doctrina de la seguridad ciudadana ha provocado:
-La multiplicación de los dispositivos institucionales de criminalización de la pobreza.
-El agravamiento de la situación de las cárceles del país.
-Las consecuencias de la feminización de la pobreza
III-En tercer lugar, cabe subrayar:
-La persistencia de la impunidad y el avance de la militarización en América Latina
Veamos brevemente cada uno de estos temas.
I. La respuesta del Estado frente la protesta social: judicialización, criminalización y ensayos de militarización
Cabe destacar que en el último año, el triple eje judicialización/ criminalización/militarización como respuesta del Estado a la conflictividad social y sindical, se ha concentrado muy especialmente en dos escenarios:
1) La región metropolitana de Buenos Aires, que abarca la ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, sobre todo en el sur y oeste, donde residen numerosas organizaciones de desocupados.
2) Las áreas y regiones explotadas por las empresas multinacionales, en especial, los enclaves petroleros. A las dos regiones consideradas como la cuna del movimiento piquetero (Neuquén y el norte de Salta), se ha agregado en el último período la zona de explotación petrolera del golfo de San Jorge, sobre todo, aquellas localidades que se encuentran en la provincia de Santa Cruz (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras). En dicha provincia, asistimos a un creciente deterioro de los derechos, que tienen por foco los trabajadores del petróleo y las acciones de los desocupados.
-El avance de la judicialización de los reclamos sociales y la estigmatización mediática y social de las organizaciones de desocupados
Una de las respuestas más recurrentes de la administración N.Kirchner respecto de los conflictos sociales ha sido la aplicación sistemática del Código Penal. Favorecido por las lecturas de las protestas que instalan quienes crean opinión pública, derivan a los estrados judiciales problemas que allí, de ninguna manera, pueden resolverse. La tendencia a la judicialización y criminalización de los reclamos sociales fue sintetizada en los comienzos del gobierno de Kirchner por la frase del ministro del interior, quien prometió responder a las protestas de las organizaciones de desocupados con el «código penal en la mano».
Podemos distinguir tres momentos diferenciados en lo que respecta a la respuesta del Estado a las protestas sociales urbanas, que tuvieron su epicentro en la región metropolitana de Buenos Aires, así como en las zonas de explotación petrolera.
Así, en una primera etapa, entre mayo de 2003 y julio de 2004, el gobierno desarrolló una política centrada en dos estrategias mayores: por un lado, en el medio de fuertes críticas dirigidas hacia las organizaciones de desocupados, levantó como bandera la decisión de no reprimir la protesta social; sin embargo, por el otro, se inició una fuerte campaña de deslegitimación dirigida contra dichas organizaciones, protagonizada por el propio gobierno nacional, con fuerte presencia mediática y apoyo de sectores de poder. Esta política fue acompañada por un avance notorio de la judicialización de los conflictos, que recayó especialmente sobre los protagonistas de las protestas. Agreguemos a esto que la campaña de estigmatización desarrollada contra las organizaciones de desocupados coincidió con la instalación en la agenda política de las demandas de seguridad ciudadana, que en un principio llegaron vinculadas a la proliferación de delitos contra la propiedad y los secuestros extorsivos.
Una segunda etapa se abrió en 2004, a partir de los hechos de la Legislatura porteña, ocurridos el 16 de julio. Poco después, el 31 de agosto, frente al ministerio de economía, la policía intervino con gases y balas de goma, en el marco de las manifestaciones y escraches contra la presencia del titular del FMI. Asimismo, el 2 de octubre, se produjo el desalojo y represión de los manifestantes que se encontraban cortando la ruta y ocupando la sede de Termap (Terminal Marítima Patagónica), en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz. La respuesta frente a estos conflictos puso en evidencia un giro importante en la política del gobierno, visible en la sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos, a fin de impedir su excarcelación. Esto sucedió tanto con los detenidos por los hechos de la Legislatura porteña, así como con aquellos de Caleta Olivia.
La tercera etapa se abrió el 26 de agosto de 2005, cuando el gobierno nacional optó por la estrategia de la militarización de los espacios públicos, a fin de impedir la libre manifestación y movilización de las organizaciones de desocupados. Si bien ésta estrategia política ya se había deslizado a fines de 2004, la implementación de un modelo «disuasivo-represivo» se hizo especialmente notoria entre agosto y septiembre de 2005, mediante un grandilocuente despliegue policial en puentes, calles y plazas en la ciudad de Buenos Aires, en coincidencia con los tiempos electorales y frente a la supuesta demanda de «orden» de una parte de la opinión pública (como sugerían varias encuestas, reflejadas por medios nacionales).
En suma, el ascenso de Kirchner se tradujo por un lado, por una exigencia de «institucionalización» de las organizaciones sociales movilizadas y, por otro lado, por una mayor tendencia al cierre del espacio público. Como hemos dicho, estos procesos encuentran dos escenarios privilegiados. En primer lugar, la ciudad de Buenos Aires, lugar en el cual se desarrolló una fuerte contienda política entre el gobierno nacional y las organizaciones de desocupados opositoras. En efecto, fue en sus calles, en sus plazas, en sus edificios públicos, donde tuvo máxima expresión y corolario esta puja desigual entre los que llamaban a la institucionalización y exigían el repliegue de las fuerzas movilizadas (la demanda de lo instituido) y los diferentes actores movilizados, en especial, las organizaciones de desocupados (la demanda de los excluidos). (2)
Dicha campaña actualizó la creencia (histórica) en la existencia de una alteridad mayor, ilustrada de manera emblemática por la «frontera social» entre la ciudad rica y cosmopolita de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense, pauperizado y desindustrializado, sede permanente de las llamadas «clases peligrosas». El resultado de ello fue el avance de la judicialización y criminalización en el tratamiento de los conflictos sociales y la instalación de un fuerte consenso antipiquetero, sostenido y avalado por amplias franjas de la opinión pública. A su vez, esto tuvo como corolario el reencapsulamiento de las organizaciones de desocupados en los barrios. (3)
-Las consecuencias de la judicialización de los reclamos sociales
La sistemática judicialización y agravamiento de las figuras penales impuestas a las y los detenidos ha tenido por objeto impedir la excarcelación de los acusados, operando como «escarmiento aleccionador». Recordemos que los seis presos de Caleta Olivia , detenidos por la ocupación de Termap, en demanda de trabajo, fueron liberados en mayo de 2005, luego de soportar 8 meses de prisión, mientras que los 15 presos de la Legislatura porteña (julio de 2004) obtuvieron la excarcelación en agosto de 2005, tras 14 meses de cárcel. Asimismo, Gabriel Roser, militante de una organización de desocupados, estuvo preso un año y ocho meses, acusado de un delito común. Roser fue liberado en diciembre de 2005, tras cuatro días de juicio oral en los tribunales de La Plata, luego de que el fiscal desistiera de llevar adelante las acusaciones, cuando quedó en evidencia que se trataba de una «causa armada». Por otro lado, desde el 20 de julio de 2005 se encuentra detenido en Pico Truncado Cristián Ruiz, vocero de los desocupados que reclamaron trabajo en Cañadón Seco, provincia de Santa Cruz.
Idéntica actitud se ha extendido a manifestaciones protagonizadas hacia finales del 2005. Así, los ciudadanos que expresaron su hartazgo por la falta de control del Estado de los servicios públicos privatizados en Haedo; donde de los 84 imputados por la protesta del 1° de noviembre de 2005 en la estación de ferrocarril de Haedo-TBA, el juez federal N° 1 de Morón, Germán Castelli, le dictó la prisión preventiva a siete personas jóvenes (de 19 a 30 años) y ordenó que un menor fuera internado en un instituto de seguridad, «en resguardo». Como consecuencia del agravamiento de las figuras penales, se les niega la excarcelación, ya que están acusados por delitos cuyas penas van de los 3 a los 30 años de prisión, además de imponerles un embargo de más de 3.000.000 de pesos a cada uno. Solo uno tiene defensor particular. La defensa de los restantes está a cargo de FIDELA.
Asimismo, 52 trabajadores desocupados irán a juicio el próximo abril, entre ellos Roberto Gavilán, secretario de Salud y Acción Social del sindicato Suteba Bahía Blanca, por participar de una manifestación realizada a fines de 2002, frente a una destilería de petróleo de Petrobras. Es la causa más numerosa que llega a juicio por reclamos sociales criminalizados. El juicio oral estaba previsto para el 9 de diciembre de 2005, pero se postergó hasta abril de 2006.
La tendencia a la judicialización se ha confirmado recientemente a través de la reactivación de causas. Así, la Cámara Federal porteña confirmó a principios de marzo de este año los procesamientos de dos integrantes de la agrupación Quebracho por supuesto atentado y resistencia a la autoridad en 2004, durante las protestas realizadas entonces contra la visita del director del FMI, Rodrigo Rato. La Sala II de ese tribunal rechazó las apelaciones que habían planteado los defensores de Héctor Guillermo Torres y Ariel Francisco Da Silva (4) y ratificó los procesamientos sin prisión preventiva, que en primera instancia había dictado el juez federal Juan José Galeano, luego destituido.
Por otro lado, los efectos provocados por la selectividad ejercida, penalización mediante, producen en el seno de las organizaciones un verdadero golpe de desgaste y desarticulación. Por un lado, se sufre la represión, y por el otro queda subyacente el mecanismo disciplinador o aleccionador, cuya amenaza implícita tiende a prevenir las futuras protestas. Cualquier participante de una protesta que sea detenido, representa un doble problema: por un lado el del sufrimiento personal por la pérdida de la libertad y la incertidumbre del proceso penal que se inicia; y por el otro el sufrimiento y desgaste del entorno (tensiones entre los que han sido detenidos, entre estos y los que no; desgaste de los familiares, temores hacia los otros movimientos, etc.). Como refiere el Dr. Antonio Cortina, asesor letrado de la Federación Judicial Argentina, muchas veces «el verdadero peligro de los procesos penales no está en la condena sino en el proceso mismo, que significa toda una serie de restricciones y amenazas encubiertas o silenciosas. Las causas se activan, se desactivan, no mantienen un ritmo constante… a veces quedan un tanto olvidadas o relegadas en los trámites, pedidos de informes o peritajes y de repente reaparecen en el momento oportuno. Esas causas tienen una peligrosidad y potencialidad represiva constante, y por eso mismo se las instala. Muchas veces, el denunciante sabe perfectamente que el hecho no da para una denuncia, pero la hace igual porque de esa manera crea un riesgo. Y una denuncia no muy sustentada, sumada a otra de las mismas características, a otra más y a otra más, termina armando un paquete, una red de contención que no es visible salvo para la persona que la tiene sobre su cabeza». (5)
Por último, dicha política de deslegitimación de los reclamos sociales no sólo creó un contexto de rechazo a la protesta social que se extiende a todo el país, sino que ha favorecido y potenciado las diferentes variantes represivas que han asumido los gobiernos provinciales en las zonas de explotación de los recursos naturales.
-El avance de la represión y la progresiva militarización de las zonas petroleras. La política de explotación de los recursos naturales
El otro escenario de fuertes conflictos es aquel que abarca las zonas de explotación petrolera, allí donde la relación entre un modelo económico puramente extractivo (enclaves de exportación) sustentado por poderosos actores económicos (empresas multinacionales), y el creciente deterioro de derechos se revela con mayor dramatismo.
Recordemos que la política de privatización de los recursos naturales trajo consecuencias nefastas para la Argentina. En primer lugar, esta significó el desmantelamiento de la red de regulaciones que garantizaban un lugar a las economías regionales en la economía nacional. La nueva política traducía una manera diferente de concebir el espacio geográfico nacional, que desplazaba la idea de un modelo global de territorio subsidiado desde el Estado nacional, por la de «territorio eficiente». En consecuencia, la viabilidad o inviabilidad de las economías regionales pasó a medirse en función de la tasa de rentabilidad.
Por otro lado, como ha sido analizado por gran parte de la literatura económica y sociológica, la forma que adoptó el proceso de privatizaciones de las empresas públicas estuvo lejos de corresponderse con las altisonantes declaraciones que postulaban la asociación natural entre democracia, mercado y globalización. Antes bien, el proceso de privatizaciones implicó la destrucción de las capacidades estatales, así como la constitución de mercados monopólicos, paradójicamente favorecidos por la propia protección estatal, que terminaron de asegurar, a través de condiciones ventajosas de explotación, la obtención de una «rentabilidad diferencial». (6)
Por último, no hay que olvidar que durante el proceso de privatizaciones, el Estado nacional generó nuevas normas jurídicas, que favorecieron la implantación de capitales extranjeros, aL tiempo que garantizaban la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales, como el Centro Internacional para el Arreglo de Diferendos Relativos a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial.
De esta manera, dicha política de privatización mantuvo las asimetrías regionales preexistentes, produjo la crisis y desaparición de actores asociados al anterior modelo (economías regionales ligadas a empresas estatales, pymes, minifundios) y finalmente condujo a la reprimarización de la economía, a través de la expansión de enclaves de exportación (economías de enclave, caracterizadas por un modelo extractivo), desconectados de la comunidad local. Como hemos dicho más arriba, este proceso aparece paradigmáticamente ilustrado por las áreas de explotación petrolera, en donde se advierte la relación estrecha entre modelo económico y creciente deterioro de los derechos.
La relación entre economías de enclave y deterioro de los derechos civiles se expresa en la territorialización creciente de los conflictos, a partir de los cuales éstos quedan librados a la intervención de la justicia y los entes municipales y/o provinciales, cuyo grado de vulnerabilidad es mayor que el de sus homólogos nacionales. En ese contexto, se exacerban las asimetrías propias de la dinámica entre lo local (sostenido por organizaciones sindicales, de desocupados y organizaciones religiosas) y lo global (empresas multinacionales). Por último, este escenario dificulta la acción los organismos de derechos humanos, en la medida en que no llegan a operar con fuerza los mecanismos de defensa de derechos humanos (instancias de denuncias, elaboración de estrategias de defensa; campañas nacionales e internaciones, etc.).
En este sentido, la localidad de General Mosconi, situada en el norte de Salta, es un caso emblemático y anticipatorio, que expresa cabalmente el predominio de grandes capitales privados y extranjeros en el marco de una economía de enclave; la existencia de gobiernos provinciales y municipales de bajísima calidad institucional, combinados con la extensión de la corrupción en los planos político y económico. La implementación de ese modelo de explotación y control de los recursos naturales se materializó a través del desarrollo de políticas represivas y autoritarias que criminalizan la pobreza y la protesta social, así como en el avance indiscriminado del control de los recursos naturales y estratégicos por parte de empresas extranjeras, visibles en la contaminación y la deforestación.
En la actualidad, la profundización de este modelo se advierte en la región sur de la Patagonia, en la cuenca del golfo San Jorge. (Véase el anexo «Santa Cruz: petróleo y protesta social»). Un trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios Nueva Mayoría, consigna que durante 2005 Santa Cruz fue la provincia con más cortes de rutas y vías públicas en relación a su población, ya que con sólo el 0,5% de los habitantes concentró el 4,8% de las protestas, registrando un corte cada 3.455 personas. Los conflictos sociales abarcan desde las protestas de los trabajadores petroleros hasta la acción de los desocupados. Sin embargo, el alto nivel de conflictividad no tuvo su correlato en una más activa participación de las autoridades locales y nacionales en la búsqueda de una solución. En realidad, la respuesta de las autoridades apuntó a la militarización de las zonas de conflicto, a través de un gran despliegue de tropas de gendarmería nacional, policías provinciales y grupos especiales, tanto en Cañadón Seco como más recientemente en Las Heras.(7) En efecto, en los últimos meses, en Las Heras asistimos a un avance de la política represiva, visible en la militarización de rutas y localidades, la intervención de las fuerzas federales, las detenciones indiscriminadas, el cercenamiento de los derechos civiles, la criminalización de los reclamos sociales y el incremento de la violencia.
Por otro lado, el incipiente proceso de militarización ha sido acompañado también por el desarrollo de nuevas formas de territorialización de las empresas multinacionales. Así, por ejemplo, en la localidad de Caleta Olivia, la empresa Termap erigió «un paredón de más de tres metros de alto y coronado con doble alambrado de púas y custodiada por agentes encapuchados» (La Nación, 19/06/2005). Esta fue la solución que las empresas aglutinadas en Termap (una asociación entre Repsol YPF, Pan American Energy, Vintage Oil y Shell) encontraron para poner fin a los sucesivos reclamos y ocupaciones de los habitantes del lugar. Dicho «muro antipiquete» es la ilustración incontestable de un modelo de apartheid, propio de una economía de enclave (hoy rebautizadas «enclaves de exportación»). «El muro de Caleta», como es llamado por la gente del lugar, aparece como la culminación de otros mecanismos y dispositivos de segregación ya implementados por las empresas multinacionales en otros lugares, como las barreras que bloquean el acceso a caminos públicos que encontramos en la zona de Mosconi y Tartagal (Salta), o el cercamiento de terrenos, acompañado por desalojos de campos habitados por comunidades indígenas y familias de campesinos.
Asimismo, amparados por el actual marco regulatorio, empresas multinacionales como Repsol-YPF invaden y contaminan varias comunidades mapuches, como sucede en la provincia de Neuquén. El conflicto más conocido es la contaminación del yacimiento de Loma de la Lata, donde las comunidades Kaxipayiñ y Paynemil presentan niveles de intoxicación alarmantes por la acumulación de más de 17 metales pesados en sus tejidos. En 2004, apareció el primer caso de anencefalia fetal. Aunque desde hace años el problema se debate en la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos y por su parte los mapuches han demandado a Repsol por 445 millones de dólares en la justicia ordinaria, ya que las posibilidades de supervivencia cultural han sido arrebatadas a estas comunidades.
Por otro lado, recordemos que el proceso de apertura económica posibilitó la introducción de nuevas tecnologías (semilla transgénica, asociada a la siembra directa), que modificaron bruscamente el modelo local de organización de la producción, orientada al mercado externo. Estas innovaciones implicaron un gran desarrollo del sector agroalimentario, que incrementó notablemente la producción de soja transgénica, colocando a la Argentina entre los primeros exportadores mundiales. (8) El salto en la producción (la «sojización» del modelo agrario argentino) se dio a fines de los 90. Actualmente, casi más del 50% de la superficie sembrada de la Argentina se cultiva utilizando las nuevas tecnologías. Sin embargo, el impacto social de la introducción de estas nuevas tecnologías no puede ser minimizado. (9) En los últimos años se ha registrado la expansión de las fronteras agropecuarias y mineras, pues esas actividades tienden a radicarse en las áreas marginales del país. Así, entre 1993 y 1999, la superficie total sembrada de soja creció casi un 50%; pero en Entre Ríos se incrementó en un 309%, y , en Santiago del Estero, en un 161%. (10)
Estos procesos afectan sobre todo a los campesinos y a las comunidades indígenas, quienes ven amenazados sus derechos legales o consuetudinarios y están en el origen de desalojos violentos, llevados a cabo por los nuevos y viejos inversores,-como las empresas sojeras o los ingenios azucareros-, en muchos casos con la connivencia de poderes locales y/o provinciales.
Por último, recientemente, la expansión de la frontera minera, llevada a cabo por empresas trasnacionales, ha generado múltiples movilizaciones multisectorales en defensa del hábitat, que cuestionan el desarrollo de la minería tóxica. Así, en 2005, diversas colectivos de comunidades afectados por la minería realizaron distintas actividades denunciando las consecuencias de la explotación minera en manos de multinacionales en sus territorios. Grupos indígenas, vecinos, campesinos, ambientalistas, y hasta líderes religiosos se oponen a la minería a cielo abierto (con grandes explosiones), por las nefastas consecuencias que dicha actividad generó en sus territorios.
Otro reclamo ligado a la defensa del medio ambiente es el que ha movilizado a los vecinos de Gualeguaychú, en la Argentina, y de la localidad de Fray Bentos, en Uruguay, en contra de la instalación de empresas papeleras concedida por el gobierno uruguayo, cuyos efectos contaminantes ya han sido claramente probados.
También la existencia de ambiciosos proyectos energéticos que ponen en riesgo la calidad de vida de ciertas comunidades han abierto nuevos frentes de conflicto. Entre ellos se destaca el proyecto que prevé crear seis represas sobre el río Corcovado (situado a 100 kilómetros de Esquel, en Chubut), que ha generado la resistencia de la comunidad mapuche Pillan Mahuiza, cuyas tierras quedarían inundadas con la construcción de las represas (véase anexo).
Estas movilizaciones dan cuenta de la importancia de nuevos núcleos de conflicto, centrados cada vez más, como sucede también en otros países de América Latina, en la defensa del hábitat, la protección de la biodiversidad y los recursos naturales no renovables, frente al avance de las empresas trasnacionales. Sin embargo, mientras en Argentina las protestas recrudecen, el gobierno nacional reafirma el esquema legal y económico que hace una década incentivó el llamado boom de inversiones extranjeras mineras en el país, para explotar y exportar sin procesar los metales que más se cotizan en el mundo. En efecto, la gestión Kirchner prevee para el período 2005-2006 un piso de inversiones de 3.600 millones de dólares. La cifra significa un aumento considerable respecto de un año y medio atrás, cuando se había previsto inversiones por tres años por 1.300 millones dólares. Por otra parte se ha consolidado los beneficios impositivos de las compañías, además de la entrada en etapa productiva de la explotación de oro de Veladero en San Juan, el primer megaemprendimiento que se inaugura en la gestión de Néstor Kirchner.
-Las tentativas de estigmatización del conflicto sindical en los centros urbanos
El mapa actual de la Argentina muestra una proliferación de conflictos y movilizaciones sociales, en torno a temas tan diversos como el reclamo salarial, la demanda de trabajo, la defensa del medio ambiente y la protección de los recursos naturales. Un conjunto de acciones colectivas que, en gran parte, presenta un fuerte anclaje territorial, y abarca una multiciplicidad de organizaciones, desde movimientos campesinos, poblaciones indígenas amenazadas, organizaciones de desocupados, nuevas expresiones sindicales, minorías sexuales, hasta las novedosas formas asamblearias de defensa del medio ambiente.
En los últimos dos años, el escenario social ha venido dando cuenta de la multiplicación de las luchas sindicales, en demanda de incrementos salariales (no sólo como consecuencia de la inflación, sino con el objetivo de reducir las disparidades salariales instaladas entre los trabajadores de un mismo sector, fomentadas por el tercerismo y la política de flexibilidad salarial impuesta en los ´90), así como de aquellos reclamos ligados a la defensa de la educación y la salud pública. En 2005, los conflictos laborales que terminaron en huelgas o suspensión de servicios se triplicaron con relación al año anterior (según el Centro de Estudios para la Nueva Mayoría, en 2005 hubo 819 conflictos sindicales, mientras que en 2004 se registraron 249 casos). Baste decir que éste ha sido el índice más alto desde 1990, año en que se implementaron las primeras reformas neoliberales, para comprender que estamos ante el inicio de un nuevo ciclo de acción sindical.
Estos conflictos han sido protagonizados por comisiones internas, en algunos casos, por fuera de la dirigencia de los sindicatos o de las centrales reconocidas. Estas acciones sindicales, que se añaden a los más variados reclamos asociados a la problemática de la seguridad ciudadana, apuntan a colocar en la agenda el tratamiento de un conjunto de derechos civiles, sociales, culturales, ambientales, muchos de los cuales han sido efectivamente licuados luego de tantos años de políticas neoliberales.
No son pocas las acciones de protesta que adoptan un formato piquetero (asociado al corte de calles), lo cual conlleva una rápida estigmatización (11). En realidad, es frecuente que los marcos de lectura predominantes impulsados por el gobierno y los grandes medios de comunicación acerca de la conflictividad social subrayen prima facie las consecuencias negativas de las acciones de protesta (la obstrucción del tránsito, los problemas de transporte, la pérdida de días de clase, el riesgo de desatención en los hospitales públicos, entre otros) o apunten a denunciar, acto seguido, su carácter «eminentemente político». Así, por ejemplo, ante los reiterados paros realizados por el personal no-médico del Hospital Garrahan (el centro pediátrico más importante del país), el gobierno nacional lanzó una campaña de desacreditación contra uno de sus líderes sindicales, intentó ilegalizar el conflicto enviando siete jueces federales diferentes y numerosos telegramas de despido, mientras que el Ministro de la salud, G.Ginés Garcia, tildaba a los huelguistas de «terroristas sanitarios»…
Tomemos un caso testigo para analizar lo que se esconde detrás de un conflicto gremial que terminó, con tantos otros, criminalizado:

  • Actualmente, en los subterráneos de Buenos Aires trabajan 2.900 personas, 900 de las cuales están precarizadas.
  • Estos trabajadores precarios son contratados y monotributistas de una docena de empresas en las que se cobran sueldos más bajos que aquellos que fija el convenio colectivo de Metrovías-UTA, y en las que se cumplen jornadas laborales de 8 o 10 horas, a pesar de que una ley establece un máximo de seis.
  • Esta fue la razón de un reclamo que en octubre llegó a la tapa de los diarios cuando -represión policial mediante- un paro cortó los servicios en cuatro de las cinco líneas de subterráneo.
  • La medida de fuerza se decidió luego de cinco meses de reclamos constantes ante todas las instituciones que podían mediar para restablecer los derechos negados. Esto es: Ministerio de Trabajo, las empresas privatizadas (que deben ser controladas por parte del ente regulador), el sindicato de transporte, UTA. El corte de servicios se decidió cuando se conocieron los despidos de dos trabajadores de la empresa Metrotel.

Conflictos originados en reclamos gremiales (a caso del Hospital Garraham hay que agregar el paro de actividades realizado durante los primeros días de diciembre por pilotos y personal técnico de Aerolíneas Argentinas) se vieron así criminalizados hasta el punto de diluir la complejidad de los derechos en conflicto. Tal como expresan los doctores Roldán y Hnatiuk:
«Negar el derecho a causar molestias en el tránsito a quienes están gritando su desesperación en pos de resolver sus problemas de alimentación, trabajo, salud, educación , vivienda digna, etc., significaría incurrir en una ponderación de males poco razonable, porque nadie puede dudar que los males que se quieren evitar son mucho mayores a los causados por los retrasos en el tránsito. ¿Quién puede reclamarles a tales movimientos que respeten la ley al cortar una calle, cuando desde el Estado se viola la Constitución colocando a estos compatriotas en un estado de necesidad que no están obligados a tolerar?» (12)
Por último, la actual situación de los trabajadores petroleros en Las Heras muestra el agravamiento de esta política, en un contexto de profundización de un modelo de explotación de los recursos naturales que atenta contra el ejercicio de los derechos (véase el apartado anterior). Desde enero de 2006 éstos vienen sufriendo una fuerte embestida represiva (detenciones arbitrarias de trabajadores y de sindicalistas enfrentados a las conducciones burocráticas de sus gremios), en el marco de una estrategia de militarización de la zona. La preocupación por la dimensión que ha tomado dicho proceso ha quedado expresada en la carta que el párroco de Las Heras, Luis Becigó envió al monseñor Bergoglio, el 11 de marzo del corriente año, quien comparó la metodología represiva con la época de la dictadura militar:
» En Las Heras estos últimos tristes acontecimientos nos hacen ver que hemos sacrificado muchas vidas humanas al dios negro (petróleo), al dios de los sindicatos ajenos a los justos reclamos de las bases y al dios de los políticos que se están aprovechando del hambre y de la falta de trabajo para sus mezquinos intereses de mantenerse en el poder. En este momento en Las Heras hay veinte familias que están sufriendo, la del policía muerto y las otras de los obreros que están presos (y fueron llevados con golpes e intimidaciones como en la época de la represión).
Hasta hace un mes los piquetes y los reclamos de los obreros era aprovechados por los políticos para sus fines electorales (muchos apoyaban las huelgas o los piquetes, y luego con la plata de las regalías petroleras creaban puestos de trabajo que en su mayoría eran escuela de vagancia). Ahora la situación se ha vuelto incontrolable y no encontraron otra solución que la represión… Por ese motivo además de los cinco posibles artífices de la muerte del policía hay quince presos más entre obreros y delegados (y es todo un mensaje: no más huelgas y reclamos porque les va a pasar lo mismo a ustedes…)»
-La política gubernamental respecto de los medios de comunicación
Dos cuestiones centrales sobresalen respecto de este tema. Por un lado, es necesario subrayar una vez más el rol de los medios de comunicación comerciales, responsables de deformar, ocultar y vaciar de contenido social los reclamos de quienes menos oportunidades tienen de hacer oir su voz, exponiéndolos así a estigmatizaciones que refuerzan su aislamiento y facilitan su condena. El caso más emblemático ha sido el tratamiento estigmatizador y deformante que han sufrido las organizaciones piqueteras, aunque la tentativa de descalificación alcanza, como hemos visto más arriba, los conflictos sindicales.
Por otro lado, cabe analizar la politica oficial respecto de los medios de comunicación. En esta dirección, el gobierno nacional ha decidido convertir los dineros públicos en una forma de control de los medios de comunicación, consagrando a traves de ellos premios y castigos. Tambien ha prolongado por 10 años y por decreto las licencias que permiten el acceso a la emisión, extendiendo así privilegios que facilitan la concentración y el monopolio informativo. Así, tanto, el derecho a la información y efectivo ejercicio de la libertad de expresión continúa regido por leyes escritas por la dictadura. El cerco queda así doblemente reforzado. Por un lado, el gobierno obtura las voces críticas y alienta la obediencia informativa. Por otro lado, quienes deberían verse obligados a bregar por una democratización de los espacios de formación de la opinión pública, se limitan a reclamar una distribución más equitativa de la pauta oficial entre los ya privilegiados.
Al margen de este juego, queda una inmensa mayoría condenada a ser espectadora impotente de las estigmatizaciones con que los medios comerciales simplifican el reclamo de derechos sociales. Entre ellos, el derecho a emitir y recibir información confiable y veraz, a opinar libremente y a peticionar a las autoridades por el cumplimiento de los mandatos otorgados por una ciudadanía que espera -como en el caso de la legislación que regula el acceso a los medios- una respuesta desde hace casi treinta años.
II. La consolidación de la doctrina de la seguridad ciudadana
-La multiplicación de dispositivos institucionales de criminalización de la pobreza
En los últimos veinte años, la multiplicación de las desigualdades sociales ha generado nuevas modalidades de relación con el otro. Así, en un marco de polarización y fragmentación social, el aumento de las distancias sociales dio paso a nuevas representaciones sociales gestadas en función del miedo al otro. Tal es así, que el «miedo al otro» se ha erigido como principio rector de las interacciones sociales (PNUD, 1998) (13).
Como afirma M. Emilia Tijoux, «el temor recorre las ciudades modificando tanto las políticas de Estado como el rostro de la sociedad». Las denuncias sobre actos de «violencia urbana» se multiplican, lo cual moviliza los servicios policiales en torno a una intensa vigilancia de los sectores populares, a la vez que se observa una creciente represión de la venta ambulante, los actos molestos y considerados «desviados» de los jóvenes, y la presencia de niños en las calles. Este miedo a la pobreza se generaliza en diversos países del mundo junto con la globalización, mientras los medios de comunicación masiva se encargan de difundirlo cotidianamente desde imágenes y hechos que apuntan a fundamentar y legitimar los discursos «sobre y contra la violencia», llenando las principales páginas de diarios y de tiempo televisivo. Este temor se focaliza en aquellas personas que por su misma existencia develan su condición de vida: vagabundos, mendigos, jóvenes, inmigrantes de países limítrofes, habitantes de barrios marginales, todas características del mundo de la pobreza (14).
Como ha sido subrayado por la literatura sociológica, la consecuencia más nefasta de todo ello ha sido la criminalización de la pobreza. Así, todo pobre es considerado un delincuente potencial, concepto que llega al Estado y se operativiza a través de las instituciones policiales. Más aún, la figura de la peligrosidad social tiende a concentrarse en los jóvenes pobres, no blancos y habitantes de barrios marginales, los cuales son considerados en el límite como la «población sobrante», en el marco de una sociedad excluyente. En Argentina, la figura de la peligrosidad se completa, si a la condición de joven y pobre, se añade la del militante político-social -esto es, el piquetero, hoy objeto de una fuerte estigmatización social-.
En este sentido, es importante comprender que si durante los 70 la doctrina de la seguridad nacional fue la que marcó la pauta de los sucesos que más influyeron en el continente latinoamericano (a partir de la construcción político-ideológica de la figura del «subversivo» y la puesta en marcha de Estados terroristas), en los 90 emerge con fuerza la doctrina de la seguridad ciudadana, la cual tiende a monopolizar la discusión pública. En la actualidad, la figura por excelencia de la peligrosidad social – el delincuente- aparece intímamente vinculada al mundo de la pobreza. Además, en varios países latinoamericanos la experiencia de las dictaduras -la Argentina es en este sentido un ejemplo emblemático- ha tendido a prolongarse en la autonomización de las fuerzas policiales y el establecimiento de relaciones peligrosas con el poder político. Esto acentúa sin duda una «cultura de utilización del Estado como instrumento represivo», creando un terreno fértil para que se criminalice la pobreza.
Como ya hemos dicho, en este contexto de grandes transformaciones sociales, que tiene como consecuencia el aumento descomunal de las desigualdades, el Estado apunta a fortalecer el sistema represivo institucional. Surge así un «Estado de seguridad» y, en el límite, como afirma Wacquant, un «Estado penal», que apunta la criminalización de la pobreza. En palabras del propio L.Wacquant:
«Significa tratar la inseguridad social como si fuera meramente inseguridad física, y responder a los desórdenes urbanos y los conflictos generados por la pobreza persistente y la ausencia de un futuro viable mediante la Policía y el aparato penal del Estado. El reclamo de más Policía, de aumentar las penas por delitos leves, de «barrer» a los indeseables de las calles, de «tolerancia cero» o «mano dura», de endurecer de los regímenes de prisión, expresa un impulso por delegar en el sistema de justicia criminal el hacerse cargo de las consecuencias negativas de la desregulación de la economía y de la reducción de la protección social; en síntesis, intenta invisibilizar los problemas sociales creados por la sumisión a la dictadura del «libre mercado». La glorificación del Estado Penal sirve a un doble propósito económico: forzar al nuevo proletariado a aceptar empleos inseguros como su horizonte normal de vida y mandar a casa a los que están «de más», aquellos para quienes ya no hay horizonte dentro de la economía»/…/ En Argentina y otros países latinoamericanos esta política de penalización de la pobreza es muy drástica porque – significa el abandono del proyecto de construir una sociedad democrática, porque el Estado que es un Estado dual -que no se comporta de igual manera para con las clases media y alta como para con los pobres-, un Estado que somete a la población pobre a supervisión especial…» (15)
En Argentina, el proceso de penalización de la pobreza ha tenido varias consecuencias. Esto aparece ilustrado por el agravamiento de las penas fijadas para los delitos llamados de «subsistencia». Es así que el Código Penal ha venido sufriendo reiteradas reformas en relación con el aumento de las penas establecidas para delitos como el robo agravado por uso de armas, o la simple tenencia de armas ya sea de uso militar o civil. A su vez la legislación procesal se ha transformado de forma tal que torna prácticamente imposible acceder a los «beneficios» de la excarcelación, para los cuales se requiere que el imputado (por lo general, un pobre estructural) cuente con un solvente estado económico. Recordemos, por otro lado, que el discurso de «mano dura» tomando como ejemplo la política de Tolerancia Cero de Rudolp Giuliani en New York generó un sensible aumento de los llamados casos de «gatillo fácil», supuestos enfrentamientos entre fuerzas policiales y delincuentes que luego se demuestra han sido fusilamientos a personas desarmadas, transeúntes o delincuentes ya reducidos. Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), organización especializada en el tema, lleva un registro de 1.900 casos desde 1983 a la actualidad, destacando un notorio aumento de los mismos en coincidencia con los discursos públicos de «mano dura». Según el informe anual de la Correpi, en 2005 aumentaron los métodos represivos a manos de las fuerzas de seguridad. Muertes por gatillo fácil, torturas en comisarías y en cárceles dan el mayor número de casos (183 muertes) en un año, desde el regreso de la democracia.
Recordemos que estas campañas de «mano dura» para enfrentar las consecuencias de la llamada «inseguridad ciudadana» encontraron un nuevo impulso en el 2004, con las modificaciones de leyes penales que avanzan sobre garantías constitucionales y que lejos de solucionar problemas, agudizaron las contradicciones existentes. En este sentido, las marchas convocadas por J.C.Blumberg, a partir de abril de 2004, en demanda de seguridad, significaron una inflexión importante en términos de política de Estado. De manera semejante a lo que ocurre en otros países latinomericanos (Paraguay, México), estos movimientos, que núclean el reclamo de sectores medios y medios-altos que se han visto perjudicados por el aumento de la «inseguridad ciudadana» (visible en los secuestros extorsivos, así como en los atentados contra la propiedad), es portador de una concepción netamente represiva de la seguridad, en desmedro de una visión más integral. Estas marchas generaron una rápida respuesta de parte del poder político, a través del endurecimiento de la legislación penal y de un importante programa de seguridad, que dispone una mayor presencia policial en la vía pública, así como una depuración de las fuerzas policiales. En fin, esta nueva y masiva interpelación al Estado como responsable de la situación de inseguridad, apoyada e impulsada por los grandes medios de comunicación, ha profundizado la selectividad del sistema penal, es decir, el hecho de que son los pobres quienes hoy llenan las cárceles del país, al tiempo que ha tendido a englobar y diluir peligrosamente las fronteras entre el delito y la protesta social.
El avance de dicha política de selectividad penal aparece ilustrado por la puesta en marcha del llamado «Plan de Protección Integral de los Barrios,» que comenzó en noviembre de 2003 con la ocupación por parte de las fuerzas de seguridad de tres grandes villas de emergencia del Conurbano Bonaerense y que se extendió a otras diez villas de emergencia a partir de 2004. Esta nueva escalada de la criminalización, visible en la militarización de los barrios carenciados, naturaliza la asociación entre «pobreza» y «delito», a través de la categorización de las poblaciones pobres como «clases peligrosas,» distinguiéndolas del resto de la sociedad y señalando sus núcleos habitacionales como mera fuente del delito. Sin embargo, esta correlación que establece entre «inseguridad,» «delito» y «pobreza,» pone de manifiesto la emergencia de nuevas fronteras políticas y jurídicas (16). La emergencia de estas nuevas fronteras abre las puertas a la posibilidad de que, en nombre de la conservación del orden social, se instituyan zonas despojadas de derecho -zonas de no derecho o «estados de excepción», según la conceptualización de Agamben (17). -en donde la autoestima y el respeto colectivo no cuentan, y en donde vuelve a primar una pura lógica de acción policial.
Otro ejemplo emblemático lo constituye la provincia de Córdoba, donde existe una estructura policial específicamente destinada a la vigilancia de las zonas más pobres y de menor acceso a derechos básicos, como el Comando de Acción Preventiva. Por otro lado, los términos en que se encuentra redactado el Código de Faltas (a través de la figura del «merodeo») constituye una herramienta eficaz de criminalización. De esta manera, tal como lo establece la Doctrina de Tolerancia Cero, se pretende generar una sensación tranquilidad, seguridad e imagen de orden para las clases medias y altas a través de la violación de derechos básicos de los sectores más desprotegidos de la población. (véase en el anexo, como caso testigo, la problemática de la seguridad ciudadana en la ciudad de Córdoba)
Un último ejemplo de criminalización de la pobreza asociada a la demanda de seguridad ciudadana se ha registrado recientemente en la ciudad rionegrina de Bariloche. El asesinato de un remisero ocurrido en noviembre de 2005, produjo la interpelación del secretario de seguridad local, por parte de una multitud congregada frente a los edificios públicos, que reclamó a viva voz -y frente a los medios de comunicación nacional- una política de «mano dura». La respuesta del gobierno no se hizo esperar. Rápidamente se dispuso a inundar los barrios altos (una de las zonas más pobres de la ciudad), con un gran operativo policial, en el cual participaron fuerzas provinciales y federales. Días más tarde, el 25 de noviembre, veinte entidades de derechos humanos exigieron el fin de los operativos, frente a la violación evidente de los derechos más elementales y cuestionaron la constitucionalidad del operativo (fuerzas provinciales y federales). En efecto, el documento publicado en parte por el diario Río Negro (26/11/2005), denunciaba que estaban siendo violados:
«La integridad física de las personas, la garantía de legalidad en las detenciones y los operativos de las fuerzas de seguridad, viviendo un estado de amenaza permanente e intimidatorio (se detiene a los jóvenes en la calle, se les pega, se les impide la libre circulación por la vía pública, se irrumpe en las casas sin órdenes de allanamiento, se golpea a gente que se encuentra en ellas, se destrozan sus pertenencias, se les expone en situación de total vejación, se revisa a los alumnos en la entrada de las escuelas y demas situaciones irregulares), que está focalizada en los sectores más vulnerables, niños, adolescentes y jóvenes de nuestros barrios, los barrios del Alto»
Por otro lado, el aumento de la inseguridad se ha venido manifestando de otras formas y en otros niveles, a través de la evidente falta de control y regulación estatal y la consiguiente desprotección de los ciudadanos. Si, desde hace años, son muchas las voces que vienen manifestando que el proyecto neoliberal hipoteca el futuro de las jóvenes generaciones, necesario es decir que ese futuro ya ha llegado. La Masacre de Cromañón -ocurrida el 30 de diciembre de 2004- aparece como una trágica ilustración de este modelo excluyente, en la medida en que dejó a la vista la precariedad en todas sus dimensiones, especialmente en lo que se refiere al cuidado de la vida de los más jóvenes por parte de las autoridades responsables. No vamos a analizar aquí el caso Cromañón, ni siquiera en su aspecto judicial, sino algo más preocupante: las respuestas que cosechó el reclamo de los familiares y amigos de las 194 víctimas, en su gran mayoría jóvenes nacidos y criados en democracia.
Así, por ejemplo, en las primeras marchas la policía reprimió y detuvo a decenas de los espontáneos manifestantes. El accionar de la policía federal (uniformada y también de civil, sin identificación) quedó en evidencia: detuvieron a 50 manifestantes, entre los cuales había menores de edad. A muchos de estos jóvenes detenidos en las comisarías se los castigó severamente con amenazas, insultos y golpes que provocaron hematomas y fracturas en distintas partes de su cuerpo, hasta llegar a ser interrogados y filmados por personal policial encapuchado. A muchos de los jóvenes detenidos le iniciaron causas judiciales. Luego, las autoridades ofrecieron pagar dinero a las familias de las víctimas para que no inicien juicio al Estado. Más tarde, se buscó instalar en la sociedad la idea de que el reclamo por justicia escondía un intento de golpe institucional. Tristemente, este discurso fue suscripto por algunos representantes de organismos que se niegan a ver sus reclamos repetidos por otros, que se organizan para evitar la impunidad. Por último, se intentó criminalizar a las propias víctimas.
Como señalaran los familiares de las víctimas de Cromañón en uno de sus documentos, la trama de corrupción e ineptitud que dejó al descubierto Cromañón » constituye un peligro más grande que toda la población criminal de la Capital Federal, ya que según datos publicados por la Dirección Nacional de Política Criminal, el total de homicidios dolosos en la ciudad de Buenos Aires fue de 53 en el 2004, y los culposos 76, o sea en total 129 homicidios en todo el año frente a por lo menos 194 asesinados en República de Cromanón (…) Cuando funcionarios públicos son co partícipes de un crimen de semejante envergadura, que involucra pérdidas imposibles de reparar, como son las vidas humanas, deben dar cuenta de sus actos en su rol de representantes del Estado».
Las heridas que deja Cromañón son preocupantes. Hay una generación que está observando cúal es el rol de las instituciones en una democracia. Funcionarios, legisladores, servidores públicos están involucrados en un hecho del que se espera -cuanto menos- que se pronuncie públicamente y sin titubeos la remanida frase: «vamos a investigar hasta las últimas consecuencias». Nadie la ha dicho hasta hoy y ese silencio define una política: la forma en que el Estado rinde cuenta de sus actos a los ciudadanos.
Las consecuencias están a la vista. En palabras de Diego Rozengardt, hermano de una de las víctimas de Cromañón:
«La Casa Rosada hace más de cuatro años que está con doble vallado. Tribunales, el Congreso, la Legislatura y la Gobernación de la Ciudad lo mismo. Entre las vallas y las instituciones, queda Cromañón encerrado, como esa puerta de emergencia de candado fatal para nuestros pibes».
Un reflejo de lo que significó Cromañón para la generación de jóvenes afectados por esta masacre fue la protesta que en mayo de 2005 protagonizaron los estudiantes secundarios de diversas escuelas de la Capital Federal. Los estudiantes se movilizaron para reclamar por las pésimas condiciones de seguridad de sus colegios. Los primeros en hacer público ese reclamo fueron los estudiantes del Normal 9, que cortaron la avenida Callao ante la falta de respuestas de la ciudad frente a los derrumbes en el edificio. La respuesta de las autoridades fue solicitar la presencia de la Guardia de Infantería para reprimir a los estudiantes. En otros casos hubo marchas, clases públicas y tomas, como las del colegio Mariano Acosta, que contó con una importante participación de los padres.
Frente al reclamo estudiantil, se produjo una reacción violenta por parte del establishment político y periodístico. Algunos ejemplos tomados de un informe ralizado por los alumnos del Normal 9:

  • El entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra dijo que se trataba de «grupos de izquierda que fogonean a los estudiantes secundarios».
  • La secretaria de Educación porteña, Roxana Perazza, acusó a la oposición macrista de alentar la protesta.
  • El ministro del Interior, Aníbal Fernández, trató a los estudiantes de animales.
  • La periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, desde Radio Mitre, consideró que «los estudiantes no saben nada de democracia»
  • Nancy Pazos, periodista radial, les gritó: «Son unos pendejos de mierda».
  • Samuel Gelblung, de Radio 10, aseguró: «Son como terroristas iraquíes».

Recordemos que, además de legítima, en todos los casos la protesta fue pacífica, y ocurrió después de agotar todas las instancias y pedidos institucionales de soluciones. La justicia terminó dándole la razón a los estudiantes, clausurando el Normal 9 y el Mariano Acosta.
-El agravamiento de la situación carcelaria
El Informe 2005 del Centro de Estudios Legales y Sociales ha realizado un completo relevamiento de este tema, que ya sido denunciado en estrados internacionales y que ha merecido la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Señalamos aquí, entonces, una sola pregunta: ¿cúal es el origen de este espectacular aumento de la producción de presos? Si en la política económica de las últimas décadas hay que buscar la respuesta, en la criminalización del reclamo social se encuentra un punto de inflexión que torna aún más peligrosa la estrategia elegida por la administración actual para «normalizar» el proceso institucional. Traslada a una justicia saturada e impotente la conflictiva mediación entre exclusión e inclusión social. Y con esa carga, expone a la opinión pública a uno de los poderes emblemáticos de la vida democrática. Fuerza sus posibilidades de funcionamiento, sus errores, sus mecanismos y hasta a sus integrantes a intervenir en los problemas ante los cuales el Estado se muestra prescindente.
Así, a la falta de políticas públicas orientadas al mejoramiento de la situación carcelaria, es necesario agregar la actitud de la justicia argentina quien se muestra, en una mayoría de casos, escandalosamente parcial, lo cual explica que las cárceles del país sean el espacio de inhumanidad y desprecio por los derechos humanos que hoy son, y que su composición sea tan impúdicamente homogénea en términos de raza y clase social. Situación que se ve dramáticamente agravada por lo que representa una virtual denegación de justicia. Un ejemplo:

  • En la provincia de Buenos Aires hay casi 31.000 personas presas.
  • Nueve de cada diez presos son pobres.
  • El 75 por ciento de los presos bonaerenses está procesado sin condena en primera instancia, es decir que la Justicia no determinó aún si son culpables del delito del que se los acusa.
  • Según las estadísticas difundidas por la Procuración General provincial, un 28 por ciento de las sentencias dictadas en relación a las personas detenidas son «absoluciones o sobreseimientos». Es decir que tres de cada diez presos termina siendo declarado inocente. Cerca de 9.000 personas.
  • Ocho de cada diez presos tiene por abogado un defensor oficial. En toda la provincia trabajan sólo 162 defensores oficiales, lo que significa que cada defensor debe atender un promedio de 150 personas.

El hacinamiento, las condiciones infrahumanas de vida y la denegación de acceso a la justicia representan, entonces, una eludida responsabilidad por la que deben dar cuenta funcionarios y legisladores. Sus consecuencias son, entre otros dramáticos resultados, los motines que asolan las cárceles del país, con su saldo de homicidios aún impunes. Entre ellos, cabe citar el motín en la Cárcel de San Martín, en Córdoba, que culminó con 8 muertos y decenas de heridos graves (Véase el anexo sobre el mismo); los 13 presos que murieron en el marco de un violento motín que se inició con una pelea entre internos en la cárcel de la ciudad de Coronda, una unidad penitenciaria cercana a la capital santafesina; por último, el motín iniciado en la UP28 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en Magdalena (provincia de Buenos Aires), ocurrido el 16 de octubre de 2005, que terminó con la muerte de 33 reclusos a causa de la inhalación de monóxido de carbono producido por la quema de colchones y frazadas.
-Las dimensiones de la feminización de la pobreza
Incorporar la dimensión de género al análisis de la pobreza implica asumir que la posición social de la mujer es desigual y que la experiencia femenina de la pobreza puede ser diferente y más aguda que la de los hombres debido a las formas de exclusión y discriminación que las mujeres viven cotidianamente en este contexto social. Las políticas neoliberales, que han venido liquidando los derechos conquistados por trabajadoras y trabajadores, afectan de manera especial a las mujeres. No se trata sólo del desempleo, sino también del crecimiento de la precariedad de los puestos de trabajo, que forma parte de un rasgo estructural del país. Este fenómeno se traduce en una enorme agudización de la desigualdad. Las situaciones de vulnerabilidad por las que atraviesan las mujeres son múltiples e incluyen diversos fenómenos que deterioran considerablemente la calidad de vida y los procesos subjetivos de las mismas.
Los datos del INDEC (2005) evidencian que la distribución de las oportunidades laborales entre el hombre y la mujer es muy disímil. El 46% de los varones consigue un empleo de razonable calidad mientras que esta proporción es del 27% para las mujeres en edad activa. La diferencia se explica por el empleo asalariado registrado, que es de 37% para los varones y 23% para las mujeres.
Sólo 1 de cada 4 mujeres consiguen un empleo de calidad (18). El hecho de que el 35% de las mujeres en edad de trabajar se declaren inactivas encubre, en gran parte, las graves distorsiones que sufre el mercado de trabajo argentino y cómo la legislación castiga con mayor intensidad a las mujeres.
En la sociedad actual el patriarcado y el capitalismo se conjugan con racismo, sexismo, misoginia, xenofobia, homofobia, esclavismo. Estos aspectos generan pobreza, exclusión, violencia, y violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
La violencia de género se practica y se expresa a través de varias formas de violencia además de la física, pues ésta casi siempre se acompaña de actos coercitivos, violencia psicológica y emocional. Asimismo, incluye formas estructurales como la feminización de la pobreza, la discriminación salarial, la segregación sexual del mercado de trabajo, el tráfico de mujeres, la esclavitud y la violación.
Un caso ejemplificador del ejercicio de violencia sobre la mujer es el de Romina Tejerina, joven jujeña que ha sido violada y a partir de ese terrible episodio ha vivido distintas modalidades de violencia, en este caso el accionar de la justicia argentina configura una instancia más de violencia (19).
Desde el 23 de febrero de 2003 se encuentra privada de su libertad por orden del juez Argentino Juárez. Fue Detenida en el Penal de Mujeres de San Salvador de Jujuy. La justicia argentina desde un principio, desestimó y no contempló el shock de la joven. Además separó la violación del resto del caso, desvinculando la violencia sufrida por Romina de su consecuencia; buscaban mostrarla como una asesina fría y despiadada, llegando a negar que hubo una violación. La fiscal argumentó que Romina usaba minifaldas, salía a bailar y se peleaba con los padres, como si este proceder diera motivos para considerarla una homicida. También remarcó que haber intentado abortar era otra razón para condenarla, sosteniendo así el argumento de la Iglesia de que las mujeres que abortan son asesinas, idea que fundamenta la ilegalidad del aborto.
Mientras Romina Tejerina está desde hace 2 años y nueve meses tras las rejas, en la cárcel, el violador Eduardo «Pocho» Vargas camina por las calles de Jujuy con total impunidad. Este sujeto estuvo detenido apenas 23 días y el juez lo eximió de culpas. El viernes 10 de junio de 2005, fue el día del fallo. Los jueces Antonio Llermanos, Héctor Carrillo y Alfredo Frías, de la Sala II de la Cámara Penal de San Salvador de Jujuy, en Argentina, condenaron a Romina a 14 años de prisión por el cargo de homicidio calificado.
Desde hace algunos años, las organizaciones de mujeres de Argentina, vienen denunciando diversos casos de feminicidios. Uno de los aspectos más siniestros en esta problemática, son los asesinatos de más de 20 mujeres que ejercen la prostitución en Mar del Plata, que hasta hoy no se han esclarecido

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El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

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“Una más y no jodemos más” fue el grito más atronador de toda la tarde en Plaza de Mayo, en referencia a una posible candidatura de Cristina Kirchner. Fue el signo más visible del «operativo clamor» con el que se había ideado el acto, aunque ella ya había aplacado las semana previas la hipótesis de ser candidata.

En un discurso que reivindicó tanto a Néstor Kirchner como a sus dos mandatos, CFK dejó el tema electoral sin definición. Terminado el acto Florencia, entre la multitud, brindó a lavaca un editorial políticos de la jornada en 9 palabras: “Nunca sabés cuándo va a ser la última plaza”.

Pese a truenos, rayos y tormentas, el encuentro más ansiado por el kirchnerismo simbolizó una medición actual de fuerza y movilización aunque no dejó definiciones sobre el enigma 2023: quién será el o la candidata del actual espacio oficialista, con todas sus diferencias. Los cálculos llevaron el termómetro movilizador a 500.000 personas, dato otros relativizan: en ambos casos, y como tantas cosas, el tema pasa a formar parte del sistema de creencias de cada persona. La ex presidenta hizo una pormenorizada defensa de su gestión, resaltando los altos salarios o el hecho de haber encontrado un Producto Bruto de 167.000 millones de dólares al asumir Néstor Kirchner, y llevarlo a 647.000 millones de dólares al finalizar el mandato en 2015. El gobierno de Macri, en cuatro años, bajó el Producto a 400.000 millones, dejando 120.000 millones de dólares de deuda que hoy sigue condicionando al país.

Definió a la Corte Suprema como un «mamarracho indigno», planteó la necesidad de un nuevo diseño institucional y pacto democrático y sugirió: «Basta de pedirle al otro que haga lo que no se está dispuesto a hacer».

Muchas mujeres escucharon el final del discurso de Cristina con las manos como en un rezo, esperando que definiera su propia candidatura, o la de alguien más, cosa que quedó pendiente. El acto, entonces, parece haber sido un posicionamiento en las negociaciones que se vienen para definir candidaturas ante el misterio que significan las PASO y luego los comicios. Y una demostración de apoyo frente a lo que llamó mamarracho, y frente a los pantanos de Comodoro Py. Con Cristina, aparte de sus nietos, tuvieron un rol televisivamente importante Alicia Kirchner, Axel Kicillof, Máximo Kirchner, Wado de Pedro y Sergio Massa, en medio de ese palco plagado de invitados que aplaudieron frases pertinentes, como “Se discuten muchas boludeces en los medios”. (Confirmando la teoría, luego se conocieron repercusiones de políticos y panelistas oficialistas y opositores sobre el acto, realizando piruetas verbales que rellenaron como suele ocurrir horas estériles de programación televisiva y tal vez cerebral).

Crónica de la jornada. La música que se escuchó, una teoría sobre el hambre y las ganas de comer. Las reflexiones entre pancartas, pastelitos y lluvia de quienes estaban abajo del palco, en la calle. Ideas y hallazgos de personas que se movilizaron y no se sienten necesariamente espectadoras. Lo que dijeron las personas movilizadas antes y después del acto.  

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

La Plaza, los reconfortados y las sorprendidas. (Fotos: lavaca/Sol Tunni).

Mujer anonadada y caritas feas

Gerardo, 56, comerciante, brindó a lavaca un primer signo saliendo de la Plaza en el atardecer tormentoso: «Vinimos a escucharla y nos vamos reconfortados, porque en estos tiempos en que la política pasa por otro carril venir a escucharla a ella nos nutre y nos hace seguir con fuerza para el mañana».

¿Y hacia adelante? «Vamos a acompañar al compañero que se decida o que decida Cristina».

Mariana, 55, bancaria estaba con otra sensibilidad menos conformista: «Estoy anonadada, porque me doy cuenta de que no sé quién va a tomar la posta y quién va a tener los huevos suficientes para hacer lo que dice Cristina, que es diseñar un programa y es poner caritas feas”. La vicepresidenta había planteado: «El problema que hoy tenemos acuciante es la distribución del ingreso. Creanme que para distribuir el ingreso muchas veces hay que ponerle carita fea a los que tienen mucho. Y no se trata de confrontar».

Mariana completa su idea caminando de salida por Avenida de Mayo: “¿Quién de los nuestros va a tener los huevos para hacerlo? Ella hoy tiró el encuadre que hay que seguir, ¿pero quién lo va a llevar a cabo? No sé”.

Se queda pensando sobre el asfalto mojado: “El único candidato que a mí me parece que podría ser el de Cristina, con todas las letras, sería Kicillof (gobernador bonaerense), pero no se lo puede sacar de donde está».

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Truenos, rayos y lluvia que no detuvieron a las familias que se acercaron. (Fotos: lavaca/Lucas Pedulla).

Todo puede pasar

Florencia e Inés son amigas, de Ituzaingó y Morón, 33 y 60, diseñadora gráfica y arquitecta. 

Explica Florencia: «Básicamente había ganas de venir porque hay como mucha incertidumbre. Yo venía a escuchar si había una fórmula, pero bueno: nunca sabés cuándo va a ser la última plaza… ya me puse un poco catastrófica: pero hace casi cuatro años ya pasamos por esto y la verdad que yo estoy con miedo, estoy con miedo por la oposición, no porque gane la oposición, no es por una cuestión de resultados, sino por los discursos que se vienen escuchando. No es solamente por una cuestión económica, sino por una cuestión social, se está viendo mucha violencia, ya no se respeta nada, todo puede pasar».

«A mi me gustaría que sea ella la candidata, pero tampoco la podemos exigir, pobre mujer. Ya dijo que no, ya está. La verdad me gustaría que sea Axel, no me gustaría que sea Massa, pero también soy consciente de que ayudaría a la elección porque hay mucha gente que no es del partido que a Massa lo votaría».

Mística y bastones

Alejandra, 48 años, es docente de música: «Estamos debatiendo lo que dijo. Ya tomó una decisión, pero deja como una mística, un relato a seguir construyendo, y el ejercicio es que ese relato lo tenemos que construir nosotros, más allá del candidato. Ella siempre está hablando del proyecto de país, eso es a lo que está apostando, no importa quién. De hecho, cuando asume Alberto, ella se lo dice: ‘Vuelva al pueblo para no confundirse, apóyese en el pueblo’. Me parece que ese es el ejercicio democrático que ella está planteando, entonces uno termina en los nombres, pero en realidad lo que hay que debatir acá es qué proyecto queremos. Lo de Colonia no, Patria sí, eso es lo de fondo que hay que seguir laburando y militando que es lo más difícil; eso justamente es lo que los medios de comunicación te sacan del centro todo el tiempo».

Martín, 35: «Ella es la conducción, una voz necesaria, sea candidata o no, ella representa a la mayoría y tiene una palabra convocante, ordenadora y tiró cuatro ejes de discusión, como la economía y la Corte; ella es muy dialoguista; la dibujan como que no pero es súper dialoguista y estadista».

Paula, también 35: «Sí, lo importante es el proyecto, aunque a mí me encantaría que sea ella porque nos representa, pero también estábamos hablando recién que nos gustaría Wado. O Grabois, aunque no sé si para presidente». Martín retruca: «Grabois se hace el purista con Massa, pero con los macristas se sienta a tomar el té, como con Carolina Stanley y Pepín Simón». Paula: «Bueno, no es momento de tirarnos con el bastón del mariscal”.

La Plaza de fue vaciando bajo la lluvia del 25 de Mayo.

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Pancartas que implican una certeza, y algunas incertidumbres electorales. (Fotos: lavaca/Sol Tunni).

La inteligencia colectiva en la previa

Todo había empezado mucho antes.

La noche anterior ya la Plaza se va ocupando de gente que quiere estar cerca del palco. Llegan, sobre todo, desde distintas provincias. Una señor de Salta dice: “Quiero ver qué puntos especiales, bien claritos, nos da Cristina sobre lo que hay que hacer de ahora en más”.

Durante la mañana comienza a verse el río de gente. Lavaca consulta deseos de quienes van por Avenida de Mayo hacia la Plaza. Todo es demasiado más interesante en forma y contenido que lo que se suele ver en televisión o escuchar en radios. Las respuestas de una señora de tapado, una pareja sub-20 y un hombre de gorrito de lana forman casi un programa político. 

“Reforma del Poder Judicial”.

“Inseguridad”.

“Que los pibes no se vayan del país”

“Recuperar la Ley de Medios”.

Todos tienen trabajo, tal vez por eso no hablen de inflación. O la inflación es un problema tan obvio que desear que termine es algo que no hace falta siquiera mencionar.

Una mujer lleva una remera con una pregunta para diferenciar palabras: “¿Justicia o Poder Judicial?”

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Los colores contra el gris de la tarde (Fotos lavaca/Sol Tunni).

Dos hombres portan una bandera: “Cristina el pueblo te ama y te necesita”.

Por Twitter alguien lanza otra definición política, sobre certezas y sobre incertidumbres:

“Con Cristina hasta la luna. Con los demás, hasta donde ella diga”.

Que nombre al candidato

A las 11.30 de la mañana la Plaza de Mayo ya está llena. «Es que viajamos toda la noche» explica una joven que hace de cordón de La Cámpora, que vino desde Córdoba. «Hoy es más que bancar a Cristina, es recordar a Néstor. Es mostrar fuerza para que la derecha agrandada sepa que estamos fuertes y en la calle».

Otra joven de veintipico le propone otro final a la frase, en tono irónico, medio chiste-medio en serio: «Unidos y organizados».

Algunos pasacalles se animan a proponer nombres: figuran carteles de Grabois, de De Pedro y de Katopodis, tal vez los más ligados a las militancias territoriales; no se ven carteles de Scioli, Rossi ni otros que han mostrado su voluntad electoral, que habrá que ver en qué queda tras las palabras de la vicepresidenta.

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Letanías y aspiraciones en Plaza de Mayo. (Fotos: lavaca/Sol Tunni).

Todo parece fluir: las columnas separadas por cordones, acomodándose en sus lugares indicados o ganados en la plaza, van poniéndole límites a la posibilidad de circular por el lugar.

Cada 100 metros sobre Avenida de Mayo hay grandes pantallas que mostrarán a Cristina hablando. Se espera que la Plaza se colme rápido y las personas puedan seguir la conferencia desde donde estén, hasta donde lleguen. Quienes se acerquen a Avenida de Mayo tendrán transmisión privilegiada, no así en las otras arterias o en los bordes de la plaza, donde se espera que la voz de Cristina suene bien fuerte.

«Es un evento bastante pautado, se convocó a las dos y Cristina dijo que habla a las 4. Nosotros estamos acostumbrados a actos mucho más  largos» responde alguien veterano sobre la convocatoria temprana.

No llueve. Y eso es toda una noticia. Hace calor, muchos aprovechan para hidratarse, ponerse en cuero, cantar y tocar: hay clima de hinchada.

¿Qué se espera que diga Cristina? «No me importa lo que diga, hay que bancarla: la quisieron matar» dice una señorita. Al lado suyo un joven: «Que diga quién va a ser candidato «. Otro postula: «Wado». Pero son propuestas tímidas, esperando lo que defina ella.

El otro protagonista del día es Néstor, presente en fotos, banderas y hasta tatuajes. A 20 años de asumir, otra mujer espera que se explique todo lo que se logró en esos años de gobierno, «para recordarle a los pibes que no lo vivieron» casi como una clase de historia. Y que se analice el presente, «el acuerdo con el FMI, la pandemia» y las dificultades que, cree, hicieron que estos 3 años y medio con ella como vicepresidente no fueran los mejores, o los esperados.

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Esperando definiciones, ejerciendo el aguante (Fotos: lavaca/Sol Tunni)

¿Dónde queda Plaza de Mayo?

La banda sonora de la tarde es primordialmente la cumbia. Suena Rosalía, suena Trueno con “Tierra Zanta”, y Los Palmeras con “Soy Sabalero”.

Junto al Cabildo un joven de la mano de su la novia consulta intrigado: «¿Dónde queda Plaza de Mayo?». “Es esto” le contestan señalando alrededor, y él sale feliz y apurado hacia el palco. No sabe dónde está pero sí para qué vino, por primera vez. Y eso a algunos les da esperanza. Algo que empieza.

Se escucha “Universo Paralelo” de La Konga.

Entre la gente hay quienes vienen desde Trelew, Tucumán y Chaco, otros de Florencio Varela o Lomas del Mirador. Viviana tiene 54 años y es de Pilar. Olina tiene 61 y es de Villa Martelli. Ambas son trabajadoras de casas particulares y dicen que gracias a Cristina están recibiendo aportes: «40 años trabajando y descubro que nadie me había aportado». Quieren que vuelva Cristina y sea candidata.

Pero ya dijo que no: «Tiene que ser ella. La esperanza es lo último que se pierde. Gracias a ella volvimos a tener todo lo que nos sacaron. Hizo muchas cosas por las mujeres, los jubilados, las asignaciones. ¿Que hicieron los otros? Nos dejaron sin trabajo».

¿Qué falló para que ahora las cosas sean tan inciertas? Cuestionan que faltó unidad y respeto para estar en una situación como la actual: «Unidad, porque cada uno hoy piensa en su parte. Y respeto, porque las Canosa y los Baby Etchecopar dicen cualquier cosa abusando la confianza de la gente». Cuentan a lavaca un deseo fraguado mientras limpiaban vidas ajenas: «Que se vayan todos los jueces corruptos» dice sobre ciertos universos paralelos.

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Familia movilizada (Fotos: lavaca/Sol Tunni).

¿Fin o principio?

Unas mujeres en la era de la cincuentena se sacan selfies con la notera de C5N y de paso le preguntan si sabe “bien-bien” a qué hora hablará Cristina. La joven responde que sabe lo mismo que todos: que dijo a las 4 y que si bien suele demorarse, esta vez el clima apremia. ¿O será una cuestión de pronósticos? Los canales oficialistas están en etapas complejas, oscilando entre una suerte de depresión por el supuesto “no” de Cristina a una postulación, y reacciones exaltadas por solo pensar que una resurrección política puede darse a partir de este acto.

El dilema es si lo de hoy es un fin, o un principio.

Celeste (21) dice que “llueve, nieve o truene” iba a estar acá: se queja de que, al final, hace un calor de verano y ella vino toda emponchada. Pasa como con el clima político: no se entiende si hace frío o demasiado calor. Pero Celeste armó un rancho a una cuadra de la Plaza –porque ahí, a las 12, ya no se puede ni caminar– con su pila de ropa en el medio y algunos bizcochitos para tirar hasta que hable Cristina. “Me muero por un chori pero no hay un mango” se justifica y el precio del embutido (600 pesos, 2 por mil) obliga a pensarlo. Y a juntarse con alguien más para aprovechar la rebaja.    

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Recuerdos de la Ley de Medios (Fotos lavaca/Sol Tunni)

La oferta gastronómica de hoy incluye, además de choris y bondiolas, empanadas fritas y pastelitos, a tono con el 25 de Mayo. El local cooperativo Lo de Néstor, a tres cuadras de la Plaza sobre la calle Bolívar, reabrió después de unos meses difíciles porque hoy es su día: se especializan en locro. Tienen lleno el local, están tomando reservas y pedidos. “A las 3.30 los echo a todos” avisa el mozo, avisando que él también querrá hacer esas cuadras hasta llegar a la Plaza. El lugar se define como «Un bar para seguir discutiendo el proyecto» aunque por ahora se nota más apetito locrero que ganas de debatir.

También hay vendedores de escarapelas y otros artilugios con motivos patrios que inundan Avenida de Mayo como una góndola en el asfalto: gorros, banderas, pilusos, pins, stickers, imanes. La mayoría con Néstor y de Cristina. No hay más imágenes.

No parece ser un día para asomar demasiado la cabeza, aunque el partido está en marcha: “Hoy se lanza un nuevo Frente de todos” dice un dirigente a la tevé. En Lo de Néstor nadie está mirando la pantalla.

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Definiciones sobre el operativo clamor. (Fotos lavaca/Lucas Pedulla).

El problema adentro

Sebastián y Olga vinieron desde Chubut específicamente para este acto. «Venimos para que nos diga algo que pueda ser», dice Olga, 69 años, jubilada. «Aunque ella ya hizo mucho. Los mejores años de mi vida fueron kichneristas. Venimos a acompañarla y defenderla porque hasta matarla quisieron».

¿Qué faltó? Olga y un profundo editorial político callejero: «No se cumplió con el compromiso que tenían. Hay que ayudar más al de abajo que al de arriba». Él tiene 41, es comerciante: «Nos peleamos entre nosotros. Nuestras internas son difíciles. El problema lo tenemos más adentro que afuera». Un deseo: «Transformar la Corte urgente, volver a la Ley de Medios, redistribuir la riqueza» dice Olga. Sebastián lo explica desde su oficio: «Manejar los precios de los alimentos. Si me llega caro, tengo que vender caro. Si solucionamos eso vamos a poder proyectar para adelante».

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Fotos: lavaca/Sol Tunni

“Salís pero no sabés si volvés”

Ruth Aredes vino de Tucumán con otras 15 mujeres que gritan al celular grabando: «Vamos Cristina». Son parte de la red nacional de mujeres, de curas villeros y monjas por opción por los pobres. «Hoy queremos escuchar un grito de esperanza. Con ella sea cual sea la decisión, vamos a acompañar. Con ella vivimos en una Patria. Queremos soberanía y trabajo genuino. Que dejen de vender nuestros commodities, no puede ser que venga cualquiera y se quede con la Patagonia».

¿Y qué es lo que pasó para que se esté en una situación tan para atrás?

«Formación política. Queremos despegar de nuevo y enamorarnos de un proyecto nacional y popular». Un deseo: «Echar a todos esos cortesanos corruptos. No creemos en esta justicia».

Carla tiene 44 y Rosana, 51. Son promotoras de salud del Movimiento Evita en diversos barrios de La Matanza. «Anhelo que diga que se va a presentar ella, aunque ya dijo que no. Me gustaría que sea quien sea, se comprometa de verdad con el pueblo», dice Carla.

¿No pasó eso ya con Alberto?

Rosana: «Al principio sí, pero después esquivó el bulto. Se abrió de gambas. No nos mandó comida a los merendederos. Y eso es el Estado. Además de ser militantes somos amas de casa, y tuvimos que exprimir los bolsillos para que no falte el plato de comida».

¿Qué faltó para llegar a este nivel de incertidumbre?: «Faltó trabajo. La mayoría fuimos madres solteras y tuvimos que salir a buscar. Y lo otro muy grave es la inseguridad: con mi familia nos despedimos todos los días como si no nos volviéramos a ver. En los barrios salís pero no sabés si volvés. Hay que enfocarse seriamente».

¿Un deseo? Carla se emociona: «Que los jóvenes no se vayan del país. Hoy mi hija tiene 18, se está profesionalizando y se quiere ir. Y a veces tengo que darle la razón. Me cruzo con taxistas que son abogados o médicos. No por desmerecer, pero ahí hay familias que bancaron titulos que hoy se desmerecen». Rosana también frota su lámpara de los deseos: «Pensar en los jóvenes y futuro».

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Remera con definiciones. Fotos: lavaca/Sol Tunni.

Voy a olvidarme de mí

Agustina tiene 24 años y vino de Rosario con dos amigas. «Se generó mucha expectativa por este momento. Hay esperanza e ilusión, pero también bastante incertidumbre. Hoy hay una crisis económica que genera un nivel de individualización, que rompe espacios. Pero estos encuentros nos convocan a reunificarnos de nuevo. Se juega nuestro futuro en términos políticos, económicos y culturales». Un deseo: «Fortalecer lo colectivo»

lena tiene 33, Pablo 31, son pareja, se aman y se besan frente a la cámara de lavaca. Él es administrativo en una escuela, ella en una empresa privada. «Vinimos a bancar a la jefa», dicen. Vienen de Rosario. Elena: «Nos encantaría que nos digan que va a ser candidata, algo imposible por la Corte corrupta que tenemos. Pero esperamos una guía, un ‘es por acá’. El peronismo está dividido, sabemos que la patria es el otro, pero hoy esperamos su claridad y su conducción».

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Danzando bajo la lluvia. (Fotos lavaca/Sol Tunni).

Sigue la cumbia con Mario Luis con un título un tanto zen: “Voy a olvidarme de mí”. La letra podría estar simbolizando mucho de lo que se percibe en el ánimo de la multitud. “Voy a sentarme al frente de la calle, para esperar a ver si tú regresas”.

Pablo piensa en los goles en contra de la política: «Falló que hay mucho ego. Y falta empatía. Si a vos te va mal, a mí no me puede estar yendo bien. Es así». Elena tiene un deseo claro sobre lo que se necesita: «Lo principal es la vivienda. Yo soy de Salta y hay tierra de sobra, nomás que está acumulada en pocas manos». Pablo habla de los alimentos y en pocas palabras dice demasiado: «En un país productor no puede ser que la mitad de la población tenga hambre. Y en un gobierno peronista».

La cumbia suena cada vez más fuerte. Guadalupe (25) y Ariel (27) vinieron de Avellaneda con su bella hija Delfina de 9 y su bello hijo León, de 3. Él trabaja en la administración del puerto y ella es estudiante de abogacía.

«Venimos por respeto a la familia, que siempre fue peronista», dice Ariel. Delfina completa: «Y por respeto a la patria». Como muchas personas, esperan que Cristina se postule, aunque sea solo una expresión de deseos: «La gente lo piensa igual porque sabe que ella pasó cosas que ningún presidente o persona pasó. Cristina tiene mucho huevo para enfrentar todo lo que está enfrentando hoy. Mucho huevo. Por eso estamos acá: para bancarla».

Sobre qué faltó, piensan: «Faltó tiempo. Venimos de 8 años donde tuvimos macrismo y pandemia. Sin esos años de pérdida capaz hoy estaríamos en otra cosa como país. Hablo por la juventud, porque los grandes ya pasaron muchos gobiernos, pero hoy la juventud la está peleando. La gente de pueblo, ¿no?, porque los que no están acá hoy están en la costa». ¿Con qué la están peleando?: «Hoy hace falta que la gente llegue a fin de mes para comprarse un plato de comida al mediodía y a la noche. Nosotros somos inquilinos también, y el tema vivienda está complicado. Ojalá podamos repuntar». La cumbia se sazona con Charly García, siempre Hablando a tu corazón. 

El acto de Cristina en Plaza de Mayo: una de suspenso

Pastelitos e indicadores de la época

Virginia es peronista, tiene 56 años y se vino en colectivo desde Quilmes con cuatro cajas con pastelitos que vende a 250 pesos y tortafritas que vende a 300. «Espero escuchar algo bueno, que nos de trabajo a todos, que cambie esta miseria». Tiene un radar callejero para entender mejor que nadie esos vaivenes económicos: «Antes la gente estaba más suelta con la billetera, ahora le cuesta más el pesito. A mí me bajan mercadería más cara, y yo un poquito tengo que subir, pero tampoco mucho. Pierdo, pero también gano».

¿Cuál es su indicador? Virginia dice algo que debería enseñarse en las autopercibidas «ciencias sociales»: «Me pongo en el lugar de la gente que tiene hambre y ganas de comer”. Encadena el siguiente razonamiento: “Entonces pienso: ¿cómo le voy a cobrar tanto?»

Se acercaba la hora de escuchar la palabra crucial de la convocatoria de una tarde gris y llena de colores.

Entre el hambre y las ganas de comer.

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Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable

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Las dos organizaciones encabezaron una conferencia para reclamar que se investigue las amenazas y presiones que recibió la víctima por ejercer su profesión. Adelantaron que viajarán a Curuzú Cuatiá este viernes y que solicitarán que la Secretaría de Derechos Humanos se constituya como querellante. Durante el encuentro se repartieron cintas negras de luto. A horas de terminar la conferencia se conoció la noticia de que la fiscal ordenó acceder a la información guardada en la nube del celular perdido, uno de los reclamos expresados en la conferencia.

Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable

Griselda Blanco, la periodista que denunció amenazas y presiones, y fue víctima de un femicidio.

El colectivo Periodistas Argentinas y la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa brindaron este miércoles una conferencia en la cual expresaron su preocupación por el femicidio de la periodista Griselda Blanco en Curuzú Cuatiá, Corrientes, y reclamaron que se investiguen las denuncias de amenazas, las presiones por revelar sus fuentes de información y el celular que desapareció de la escena del crimen. ”Hacemos nuestra la preocupación de Griselda por sus fuentes. Necesitamos saber qué pasó y quiénes protegen hoy a las personas que están en riesgo» dijeron en la conferencia y solicitaron «que se sigan todas las líneas de investigación y se cumpla el debido proceso».

La conferencia de prensa estuvo conducida por Silvia Martínez Cassini, de Periodistas Argentina acompañada por Claudia Acuña, fundadora de esa asociación, y por la Secretaria General de Fatpren, Carla Gaudensi. También se sumaron a la conferencia dos integrantes del Observatorio de Libertad de Expresión de Fopea.

Acompañaron la presentación dos centrales de trabajadores –Jorgelina Sosa, de CTA y Leonor Cruz y Silvia de León de CTA Autónoma), Claudia Rodríguez, secretaria de Género de ATE, la ministra bonaerense Estela Díaz, dos subsecretarias del ministerio de las Mujeres de Nación –Carolina Varsky y Natalia Chinetti– María Julia Naddeo, de la APDH, Araceli Ferreyra (ex diputada correntina e integrante del Movimiento Evita) y Agustina Lecchi de SiPreBA.

Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable

La conferencia y los abrazos (Fotos: Lina Etchesuri)

Griselda: “Recibo mucha presión, amenazas”

La periodista Silvia Martínez Cassina planteó: «Lo que nos une hoy es una misma consigna: Justicia por Griselda Blanco. Más allá del deseo de que se aclaren rápidamente su femicidio hay muchísimos indicadores que no se pueden dejar afuera. Y le pedimos a la justicia que actúe rápido y transparentemente. Porque estamos hablando del trabajo que hacía Griselda, que venía denunciando a distintos sectores del poder, de los cuales sufrió amenazas».

A continuación presentó a la víctima como “una periodista sin medio y sin miedo, precarizada, pero sindicalizada, que informaba pese a todo y para todos”. Luego se escuchó la voz de Griselda desde uno de los 15 audios que Periodistas Argentinas puso a disposición de quienes quieran escucharlo o reproducirlos y que fueron grabados pocas horas antes de su asesinato.

«Yo lo único que hago es mi trabajo, comunicar, siempre con la verdad. Pero recibo mucha presión, amenazas”, expone Griselda en el audio.

Días antes de ser asesinada, le había entregado a su hijo el teléfono de su abogada, «por si me pasa algo».

Las organizaciones de periodista comunicaron: 

  1. Solicitarán a la Secretaria de Derechos Humanos que se constituya como querellante.
  2. Viajarán este viernes a Curuzú Cuatiá en una misión destinada a escuchar a la familia de la víctima y a colegas con el fin de realizar un informe que compartirán con todas las organizaciones de la red.
Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable

Se anunció en la conferencia que la policía correntina fue separada de la investigación del femicidio. (Fotos: Lina Etchesuri)

“La investigación judicial empezó muy mal”

Claudia Acuña sintetizó los motivos de la conferencia: «Estamos muy preocupadas por las Griseldas de este país, las compañeras que están ejerciendo la profesión en sus provincias, jugándosela. Ellas son las primeras a las que les tiene que llegar nuestro mensaje: no están solas. Estamos acá, también,  para ser la voz de Griselda: hacemos nuestra su preocupación por sus fuentes de información y que haya desaparecido su teléfono en ese contexto convierte a ese hecho en un atentado  a la libertad de expresión. Estamos acá, unidas todas las organizaciones de periodistas de este país, para decir que estamos comprometidas en seguir paso a paso esta causa judicial. Porque esta investigación arrancó muy mal: vimos las fotos del cuerpo y no deja dudas: se trata de una muerte violenta. Pero nos matan y las fiscales nos suicidan. Afortunadamente, como Griselda era muy buena periodista dejó mucha información, entre ellas el teléfono de una abogada de Corrientes Capital con la que se comunicaron sus hijos y que aportó los audios y contextos necesarios para que, rápidamente, el sindicato de Prensa de Corrientes hiciera los más de 300 kilómetros hasta Curuzú Cuatiá, contuviera a los dos hijos de Griselda y se entrevistara con la fiscal, que aceptó el pedido de apartar a la policía local y caratular la causa como homicidio”.

Concluyó: “»Necesitamos construir una justicia que garantice investigaciones serías sobre los femicidios, y necesitamos que protejan a las personas que están en riesgo».

Carla Gaudensi, de Fatpren, federación que incluye al Sindicato de Periodistas de Corrientes: «Debemos dar un mensaje claro a la sociedad. Nosotras venimos tejiendo redes contra la violencia, que incluye la violencia económica. Y el femicidio de Griselda muestra esa violencia: era una trabajadora precarizada, algo que conocemos muy bien en este gremio, sobre todo las mujeres, que nos genera un marco de indefensión. En este momento la precarización nos está imponiendo una lógica individual, sin embargo Griselda sabía que no estaba sola; era parte de un sindicato, y como organización sindical tenemos que dar esta discusión: el miedo no nos tienen que desorganizar. Contra el miedo y las amenazas tenemos que estar juntas. Y no solamente lo tenemos que hacer entre nosotras, por eso este es un llamado a toda la sociedad».

Gaudensi también señaló la necesidad de seguir de cerca el proceso judicial: “Si no investigan todas las líneas en una causa como el atentado a la Vicepresidenta imagínense lo que pueden pasar con nosotras”.

Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable
Femicidio de Griselda Blanco: Periodistas Argentinas y Fatpren reclamaron una investigación seria y responsable
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Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

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Marcha en la calle y debate en Diputados. La comunidad travesti trans tuvo un miércoles movido y movilizado. Reclaman la sanción de la Ley de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans. El contenido del reclamo para una comunidad que en promedio no llega a los 40 años de edad. La prostitución, lo que significó la Ley de cupo, lo que se dijo en la calle y también en la Cámara de Diputados. Por María del Carmen Varela y Anabella Arrascaeta.

En la calle

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

La artista Susy Shock en la marcha de reparación para personas travestis trans. (Fotos: lavaca/Sol Tunni)

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

El aguacero de la mañana era desalentador este miércoles. El pronóstico anunciaba lluvia para toda la jornada. “Si llueve marchamos igual. Si pudimos sobrevivir a este sistema, no nos asusta la tormenta”, aclaraban en un flyer Las Históricas Argentinas en las redes, una de las tantas formas que emplearon para comunicar lo que hace tiempo esperaban: el día de la Primera Marcha Plurinacional por la Ley de Reparación Histórica para travestis y trans mayores sobrevivientes.

El clima acompañó sin aguar la fiesta, contra todo pronóstico, y hasta por un rato salió el sol.

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

Marlene Wayar, de la reunión en el Congreso con diputadas para impulsar la ley, a la calle con la marcha por Avenida de Mayo. (Fotos lavaca/Sol Tunni).

La cita fue a partir de las 15 de este 24 de mayo en Plaza de Mayo, donde convivieron los preparativos para el acto de la vicepresidenta Cristina Fernández y, en la otra mitad de la plaza, el colectivo travesti trans que  imprimió su sello: cánticos, colores, banderas, abrazos y lucha. Juntes y en las calles.

Carolina Iriarte es tucumana y vive en Buenos Aires hace veinte años. Alta, elegante, cabello recogido y labios pintados de rosa, cuenta que tiene 53 años. “Sigo trabajando en la prostitución. Venimos hoy a la Marcha por la Ley de Reparación Histórica, por todo lo que pasamos, el maltrato de la policía, nos tratan como delincuentes, lo más justo es una reparación porque ya somos mayores. A cualquier persona que pasa los 40 le cuesta, imaginate a nosotras”.

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

Fotos: lavaca/Sol Tunni.

Prostitución y reparación

Clara Fox es de Mendoza y también hace algunos años que vive en la Capital, milita en el Movimiento Evita y actualmente, gracias al cupo laboral trans, está trabajando en el INAES. “Esta una forma de reparar todo el daño que nos hicieron y visibilizar a las compañeras que pusieron el cuerpo para que hoy nosotras podamos caminar tranquila y dignamente. Recuerdo a tantas compañeras asesinadas, que se fueron sin un trabajo, sin una vivienda, ellas tendrían que estar acá hoy. Por ellas también estamos acá”.

El megáfono sonaba con alarma de ambulancia mientras gritaban “Reparación, indemnización”.

La edad de muerte promedio del colectivo es de 32 años. Hace poco más de ocho años, un grupo de travestis y trans que lograron superar ese triste promedio y llegaron a los 40 años o más,  dedicieron organizarse y crear Las Históricas Argentinas. Patricia Rivas es una de ellas, tiene 53 años y dice: “Nos autoconvocamos por las redes sociales las adultas de toda la Argentina, estamos en contacto unas cien más o menos. Sufrimos persecución tanto en dictadura como en democracia. Nuestra  democracia no empezó en el ´83, sino en 2012 con la Ley de Identidad de Género. Se nos negó todo futuro, se nos negó trabajo, estudios, salud, por eso pedimos una vejez digna”.

Marcela Carreño está recién llegada de Tucumán y se vuelve a la noche: “Ya que no tuvimos una buena adolescencia por lo menos que nos sea buena la vejez. Yo tengo 57 años, sigo ejerciendo la prostitución allá en San Miguel y cobro el Plan Potenciar, que complementa pero no es suficiente”. Hoy comieron en la olla  popular que organizaron para que todes pudieran primero comer, luego marchar.

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

Fotos: lavaca/Sol Tunni.

Susy, Lohana y Diana

Agrupades en un costado de la Plaza, desplegaron su bandera. Con los colores negro y magenta se leía: “Ley de Reparación Histórica ya!”. La artista Susy Shock posaba para las fotos que le pedían todes quienes la reconocían. Una imagen de Lohana Berkins (referente del movimiento, fallecida en 2016) hecha de goma espuma con alas brillantes paseaba entre la gente. Say Sacayán (hermano de Diana Sacayán, referente trans, asesinada en 2015), tomó el megáfono: “Si no se tienen en cuenta las transmasculinidades en las leyes que se supone que después se convierten en políticas públicas, lo que termina sucediendo es que nos siguen invisibilizando, nos siguen matando y nos siguen desapareciendo”.

“¿Dónde está Tehuel?” fue otro lema. “Furia Travesti” se escuchaba como un mantra atronador. Mamás y papás de la agrupación Infancias Libres recibieron a su presidenta Gabriela Mansilla, que llegó a las corridas pero a tiempo para la marcha.

Laura Moreira, hermana de Cynthia, una joven trans de 25 años asesinada en Tucumán, dio su testimonio: “Mi hermana fue brutalmente asesinada, sigue sin justicia, sus asesinos siguen en libertad, eran policias expulsados de la fuerza por corruptos. Cynthia salió a una fiesta un 14 de febrero y fue la última vez que la vimos con vida. El 19 de febrero apareció su cuerpo desmembrado, calcinado, en bolsas, en una casa abandonada. Mi hermana sigue siendo discriminada por la justicia de Tucumán. La justicia se burla de las mujeres trans”.

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

“Somos las nietas de todas las travas que nunca pudieron quemar”, “Diana, Diana corazón, acá tenés las travas por una reparación”, “Lo dijo Diana Sacayán: al calabozo no volvemos nunca más”, “Señor, señora, presten atención. Acá estamos las travas por una reparación” fueron algunos de los cánticos que se escucharon durante la Marcha, que arrancó a las cuatro y veinte y recorrió Avenida de Mayo, Rivadavia, hasta llegar al Congreso de la Nación. Durante la caminata que abarcaba más de dos cuadras se cantó, se bailó, se arengó, se exigió.

Pequeñas y grandes victorias

Romina Escobar afirma: “Estamos para pedir una reparación histórica para todas las compañeras que vivieron la época de la represión, los 90, con los edictos policiales. Son pocas las que están vivas. No están todas acá”. Romina es actriz, trabajó en la novela Pequeña Victoria en Telefé y gracias a la Ley de Cupo Laboral Trans está trabajando actualmente en el INCAA.

“Las travestis somos parte de la Patria. Viva la Patria Travesti. Sin travestis no hay Patria”, se escucha desde el megáfono. Gritos y aullidos. Al pasar por el Café Tortoni, una fila de unas 15 personas miran con curiosidad y sacan sus celulares para filmar y sacar fotos. Unas 50 personas hacen cola en la puerta de un Carrefour Express, quizá para pedir trabajo. Ellxs también miran y apuntan con sus teléfonos. Una gran llamarada  surca el aire. Luego de expulsar de su boca el líquido combustible que combinado con un poco de fuego provoca el centelleo, Comando continúa la caminata y repetirá su truco varias veces más. Vino desde las islas del Tigre porque “hay una deuda enorme del Estado y de la sociedad con toda la comunidad travesti trans, con les adultes sobrevivientes mucho más”.

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

La marcha por la reparación, y la fiesta en la calle (Fotos lavaca/Sol Tunni).

Al llegar al Congreso, los tambores de Batuka dieron la bienvenida y Laurent Tropikalia, Madre de House of Tropikalia, exponente de la cultura ballroom, fue quien tomó el micrófono para recibir a todes y anunciar la lectura colectiva  del documento. Si alguien sabe de lucha en las calles es Eva Analía De Jesús, más conocida como Higui. Después de haber estado presa y ser acusada de homicidio por defenderse de un intento de violación, Higui fue absuelta en marzo del año pasado. Para que eso sucediera fue clave el acompañamiento del colectivo, la movilización en las calles y durante los tres días de audiencias en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Martín. Con remera violeta, gorrita con un escorpión bordado y un cartel que decía “Con hambre no puedo estudiar”, Higui se acercó al escenario, saltó, levantó su puño en alto, sonrió y se metió entre la gente hasta perderse en la multitud.

La diputada Mónica Macha, quien presentó uno de los proyectos en la Cámara de Diputados,  expresó ante el micrófono: “No es un camino sencillo ni lo tenemos facilitado. Lo tenemos que construir”.

La jornada finalizó con un show musical a cargo de Tía Marilú, Max Vanns, Casa Exilia y Desobedientes FOLQ. Minutos antes, María Pilar Giménez, desde el escenario y para reafirmar un día en el que el colectivo travesti trans hizo historia,  leía a viva voz: “Somos comunidad, somos resistencia”.

En el recinto

Marcha por la reparación para Personas Mayores Travestis y Trans: que sea ley

Horas antes de que el colectivo travesti trans marchara de Plaza de Mayo a Congreso, en la Cámara de Diputados de la Nación la Comisión de Mujeres y Diversidad hubo una reunión para comenzar a tratar la Ley de Reparación para Personas Mayores Travestis y Trans. 

La reunión fue informativa, es decir que se realizó para escuchar distintas voces y empezar a construir los consensos necesarios para llegar a un dictamen. Por el momento son cuatros los proyectos de ley que abordan el tema que fueron presentados y tienen estado parlamentario. 

La activista y teórica Marlene Wayar empezó su intervención preguntando qué diputadxs estaban presentes. “¿Estamos hablando para el arco político o estamos hablando como siempre medias solas?”. Lo cierto es que estaban presentes solamente cinco diputadas: Mónica Macha, quien preside la Comisión de Mujeres y Diversidad y encabezó la reunión, Romina del Pla, Gabriela Estévez, Lucila Masin, María Rosa Martínez y Florencia Lampreabe.  

Durante tres horas, casi veinte exposiciones de activistas, funcionarias y diputadas expresaron la urgente necesidad de contar con la ley. “En Argentina, la comunidad trans ha sido sistemáticamente perseguida, sufriendo crímenes de lesa humanidad en el marco de un genocidio dirigido específicamente hacia nuestro grupo debido a nuestra identidad de género. Estos actos han sido cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a nuestra comunidad”, expuso Marlene Wayar.

Los proyectos expresan como objetivo prioritario reparar la vulneración sistemática de los Derechos Humanos del colectivo travesti trans y garantizarles una vejez digna. Recibirían la pensión quienes sean mayores de 40 años, dado que el promedio de vida de las travestis y trans apenas llega a los 40 años. 

“Por supuesto, no es un problema presupuestario. El tema es que frente a la posibilidad de ampliar derechos hay sectores que igual van a poner obstáculos”, sostuvo Mónica Macha, presidenta de la comisión cabecera del proyecto.  Las otras comisiones a las que posiblemente tengan giro son Previsión y seguridad social (presidida por Marisa Uceda, Frente de todos) y Presupuesto y Hacienda (Carlos Heller, Frente de Todos). 

Macha expresó la voluntad de que a mediados de junio haya una primera reunión de comisión para tratar efectivamente el proyecto junto a diputadxs y asesorxs y poder llegar a un texto consensuado que sea llevado al recinto.

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