Nota
Informe Alerta Argentina: La criminalización de la pobreza. Caso testigo: Bariloche
La Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Equipo Patagónico de Derechos Humanos solicitaron se declare la inconstitucionalidad de las medidas que reforzaron la cantidad de efectivos de seguridad en nuestra ciudad, solicitaron se tomen medidas cautelares que hagan cesar los operativos policiales y ampliaron los argumentos de la Acción de Amparo presentada ante el Juzgado Federal, a cargo del Dr. Leónidas Moldes. Por tratarse de acciones en las que han participado el estado municipal, provincial y nacional, en el caso correspondería la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las organizaciones argumentan que no se siguieron los procedimientos previstos por la ley para llevar a cabo la intervención de fuerzas de seguridad federales, ya que esta medida sólo puede tomarse ante tres situaciones, que de ninguna manera ocurrieron en Bariloche: cuando está en juego el orden constitucional -es decir, si se está alterando el orden representativo, republicano y federal de gobierno-; cuando hay una situación de desastre -como terremotos, inundaciones, incendios, etc.-; o si existe peligro colectivo para la vida y el patrimonio de las personas. En este último caso, las organizaciones remarcan su solidaridad con las familias que sufrieron daños o la irreparable pérdida de un ser querido, al tiempo que condenan el accionar delictivo, pero aclaran que se ha trata do de «hechos aislados contra particulares», concentrados en un lapso de tiempo que pudieron generar «sensación de inseguridad», pero que «conforme a las estadísticas no ha habido un incremento dramático del delito, no existen bandas armadas que asolen los caminos o los barrios, no hay «zonas liberadas», no se ha demostrado que existan estructuras mafiosas con poder suficiente para poner en peligro colectivo los bienes y la libertad de las personas».
Se destaca también que nunca en la historia de la provincia de Río Negro se había solicitado esta intervención, ni siquiera ante las graves inundaciones que asolan regularmente a la región andina o las nevadas que aislan extensas regiones de la Línea Sur. Por todo ello, las organizaciones concluyen que «el diagnóstico realiza- do por las autoridades municipales para el dictado de la resolución acatada fue, por lo menos, inexacto, apresurado y aventurado, lo cual degeneró necesariamente en decisiones erróneas, de cuestionada legitimidad y que arrastraron a nuevos desaciertos, esta vez en cabeza de los estados provincial y nacional». Apremiados entonces por una situación de presión social, los funcionarios llevaron adelante un recurso que resultó ser excesivo e improcedente.
En la misma acción judicial se denuncia también que la aplicación del recurso de intervención se realizó de manera claramente discriminatoria, ya que los efectivos policiales fueron destinados únicamente a los barrios más pobres de la ciudad. Y los llamados «operativos de seguridad» «no solamente implicaron una estigmatización de los sectores pobres, sino que tuvieron un tono represivo y estuvieron rodeados de fuertes irregularidades». Los demandantes presentan numerosos casos de vecinos y organizaciones que denunciaron malos tratos y procedimientos irregulares por parte de las fuerzas de seguridad. Por todo ello, las organizaciones de derechos humanos solicitaron como medida cautelar que se retiraran de la ciudad todas las fuerzas federales y el grupo de ataque Bora. Al escrito se adjuntaron todos los comunicados de las organizaciones sociales y notas periodísticas sobre el tema.
Contacto:
Equipo Patagonico de DDHH
Tel: 02944-524555
[email protected]
S.C. de Barioloche – Río Negro
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
Nota
83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar: