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Todo software es político: las dudas sobre la boleta electrónica

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Con media sanción en Diputados, hoy comienza a discutirse en el Senado el proyecto de reforma electoral que busca la implementación de la Boleta Única Electrónica en todo el país a partir de las elecciones legislativas de 2017. lavaca dialogó con Diego Saravia, uno de los mayores expertos informáticos del país y habitante de Salta, donde ya se implementó el sistema. Saravia expondrá el jueves ante el Congreso sobre cuáles son las falencias ya probadas, y adelanta: «Quieren privatizar el sistema electoral y basarlo en el secretismo».

El informático Diego Saravia en la Universidad de Salta. Foto: Nacho Yuchark.

El informático Diego Saravia en la Universidad de Salta. Foto: Nacho Yuchark.

“Se está construyendo un sistema de fraude electrónico”, sintetiza a lavaca Diego Saravia, ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos sobre informática en Argentina, sobre el tratamiento del proyecto de Cambiemos de reforma electoral que hoy comenzará a ser debatido en el Senado, y que busca la implementación de la Boleta Única Electrónica en todo el país a partir de las elecciones legislativas de 2017.

“100 años de experiencia argentina en material electoral se están tirando a la basura por nada”, sostiene Saravia, el primero en denunciar las irregularidades del sistema en Salta y que este jueves expondrá en la Cámara las principales falencias del proyecto propuesto por la alianza Cambiemos, que con el respaldo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista había conseguido en Diputados la media sanción con 152 votos a favor y 75 en contra.

Sin embargo, la discusión en Senadores no parece sencilla para el oficialismo, ya que si el bloque FpV-PJ suma las voluntades de otros sectores, los dos tercios de los votos obligarán a Cambiemos a aceptar los cambios en la iniciativa, que entonces volvería a Diputados. Entre las principales críticas, la oposición subrayó que el nuevo sistema es vulnerable al fraude y exigió una serie de modificaciones. Entre ellas, la eliminación del chip RFID de la boleta (el que permite realizar el escrutinio electrónico) ya que no sólo puede ser leído a distancia sino, también, modificado: “Sólo basta tener un Smartphone”.

A su vez, la oposición exigió que la aplicación sea de manera “gradual” y que se tenga en cuenta un “plan de contingencia” por si la Cámara Electoral no aprueba el sistema propuesto.

El voto privatizado

“La boleta electrónica es una de las formas de instrumentar voto electrónico”, explica Saravia. “Está patentada por Magic Software Argentina (MSA): primero hay que discutir si vale la pena lanzar un sistema que una sola empresa puede instrumentar”. La Boleta Única Electrónica fue implementada en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires, y en ambas la empresa que obtuvo la licitación fue MSA. “Y tampoco hay forma de que otra persona la gane: la patente la tiene MSA y ninguna otra puede presentarse. Por eso no están apareciendo otras: el sistema está bloqueado porque está pensado para sola empresa”.

-¿Qué significa eso?

-Se trata de una privatización del sistema electoral.

-¿Cuáles son las otras falencias del proyecto?

-Primero, la ley no fija cuestiones que son esenciales, como por ejemplo que el código fuente de todos los sistemas y el hardware sean de conocimiento público: sería clave para evitar controles de personas basados en el secretismo. Es un sistema que debe ser transparente, pero acá todo es oculto.

Saravia cuenta que, en el marco de un plan de auditoría para verificar el sistema en Salta, la Universidad contactó a expertos de una multinacional en Bélgica. “Todo muy serio. Llamamos a una multinacional muy conocida a nivel mundial, que audita bancos. La oposición presentó una nota para que arrancara a hacer su trabajo, pero el Tribunal Electoral de la provincia se la negó. Hubiera sido un instrumento muy importante a nivel mundial para acreditar el sistema, pero se perdió la oportunidad. Eso nos da la pauta de la que las cosas no están bien”.

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Pedro no es Juan

Saravia resume otro de los problemas: “El voto puede ser modificado por celular”. En las elecciones salteñas, a modo de fiscalización informática, Saravia demostró algunas de las irregularidades del sistema de MSA: con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) en modo de mantenimiento a la máquina en que las personas debían votar. “Alguien nos pasó el dato que en determinada mesa iba a pasar algo con determinado código. Fuimos, hablamos con el presidente de mesa, le explicamos, lo hicimos y la máquina quedó en modo administrativo. En ese modo hay una opción que permite modificar la ubicación de la pantalla táctil en relación a la visual. ¿Qué quiere decir? Que yo voto a Juan, pero en realidad la pantalla se corre y voto a Pedro. Lo peligroso es que el software ya está diseñado para hacer eso. Hubo muchas denuncias que votaron a una persona pero salió otra. La cuestión, también, es que en Salta menos del 20 por ciento miraban lo que salió impreso”.

¿No termina pesando el conteo manual en lugar del informático? “Debería ser así, pero eso no funciona en la práctica porque se cuenta rápido. En Salta se contó electrónicamente”.

El efecto Sorianello

Saravia subraya que otra de las fallas –que también puede forzarse mediante un teléfono móvil- es que una persona puede cargarle a un mismo candidato muchos más votos de los verdaderamente emitidos. El cuestionamiento remite a Joaquín Sorianello, el informático que a diez días de las elecciones en la Ciudad denunció la filtración en la web de “los certificados SSL de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos certificados son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet. Sorianello se comunicó con la propia MSA para advertir de la falla, ya que esos datos estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”.

¿Cuál era la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón. ¿Cuál fue la respuesta? Dos días antes de las elecciones la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa del informático por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA. La excusa: el temor a un posible “hackeo”.

Saravia: “Sorianello descubrió errores en el sistema de servidor, y como lo hizo de buena voluntad, avisó. El problema es que además de él hubo otras tres personas que también lo vieron, pero no avisaron. Fue el problema que también pasó en Florida, Estados Unidos, cuando hubo voto negativo para uno de los candidatos”. Diversos hackers denunciaron en aquella oportunidad los defectos del software de las máquinas de voto electrónico de la empresa Diebold que, según sostuvieron, permitieron el triunfo electoral de George Bush, ya que permitían cambiar el sufragio.

El apuro

-¿Cómo se explica el apuro de Cambiemos en aprobar el proyecto de ley?

-Parecen desesperados porque, si no, no ganan las elecciones. Están construyendo un sistema de fraude electrónico. Por eso están apurados, porque pueden hacer fraude y, además, lo puede hacer la empresa contratista. No pensemos en hackers externos, sino desde adentro. ¿Qué es lo lógico? Llamar a todas las universidades, expertos, técnicos, empresas, para que opinen y, recién después, hacer una ley de requisitos legales para implementarlo. Es decir, 100 años de experiencia argentina en elecciones se están tirando a la borda por nada.

-¿Qué ocurre en el mundo?

-No conozco casos en el mundo donde el sistema electrónico se haya implementado bien. Quizá lo más avanzado fue en Estonia, donde se puede votar hasta en Internet, pero aun así hubo dudas. Y el tipo de problemas que tienen son infinitamente menores a los que tenemos nosotros. Aun así, hay fallas. El tema del voto electrónico no es algo que esté bien visto entre los informáticos. Va a costar mucho superar un sistema mejor que el papel. No digo que sea imposible, pero sí tomarlo con calma, con tiempo. Una cosa es que Pedrito no pueda hackear el sistema; pero otra es que lo puedan hacer organismos de poder.

Quién es diego saravia:

Hack hacker

Qué pasó cuando se implementó el sistema en la ciudad:

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

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Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

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Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

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🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

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Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

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Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

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13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

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En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
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