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Todo software es político: las dudas sobre la boleta electrónica

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Con media sanción en Diputados, hoy comienza a discutirse en el Senado el proyecto de reforma electoral que busca la implementación de la Boleta Única Electrónica en todo el país a partir de las elecciones legislativas de 2017. lavaca dialogó con Diego Saravia, uno de los mayores expertos informáticos del país y habitante de Salta, donde ya se implementó el sistema. Saravia expondrá el jueves ante el Congreso sobre cuáles son las falencias ya probadas, y adelanta: «Quieren privatizar el sistema electoral y basarlo en el secretismo».

El informático Diego Saravia en la Universidad de Salta. Foto: Nacho Yuchark.

El informático Diego Saravia en la Universidad de Salta. Foto: Nacho Yuchark.

“Se está construyendo un sistema de fraude electrónico”, sintetiza a lavaca Diego Saravia, ingeniero, docente de la Universidad Nacional de Salta (UNSA) y uno de los mayores expertos sobre informática en Argentina, sobre el tratamiento del proyecto de Cambiemos de reforma electoral que hoy comenzará a ser debatido en el Senado, y que busca la implementación de la Boleta Única Electrónica en todo el país a partir de las elecciones legislativas de 2017.

“100 años de experiencia argentina en material electoral se están tirando a la basura por nada”, sostiene Saravia, el primero en denunciar las irregularidades del sistema en Salta y que este jueves expondrá en la Cámara las principales falencias del proyecto propuesto por la alianza Cambiemos, que con el respaldo del Frente Renovador y el Bloque Justicialista había conseguido en Diputados la media sanción con 152 votos a favor y 75 en contra.

Sin embargo, la discusión en Senadores no parece sencilla para el oficialismo, ya que si el bloque FpV-PJ suma las voluntades de otros sectores, los dos tercios de los votos obligarán a Cambiemos a aceptar los cambios en la iniciativa, que entonces volvería a Diputados. Entre las principales críticas, la oposición subrayó que el nuevo sistema es vulnerable al fraude y exigió una serie de modificaciones. Entre ellas, la eliminación del chip RFID de la boleta (el que permite realizar el escrutinio electrónico) ya que no sólo puede ser leído a distancia sino, también, modificado: “Sólo basta tener un Smartphone”.

A su vez, la oposición exigió que la aplicación sea de manera “gradual” y que se tenga en cuenta un “plan de contingencia” por si la Cámara Electoral no aprueba el sistema propuesto.

El voto privatizado

“La boleta electrónica es una de las formas de instrumentar voto electrónico”, explica Saravia. “Está patentada por Magic Software Argentina (MSA): primero hay que discutir si vale la pena lanzar un sistema que una sola empresa puede instrumentar”. La Boleta Única Electrónica fue implementada en Salta y en la Ciudad de Buenos Aires, y en ambas la empresa que obtuvo la licitación fue MSA. “Y tampoco hay forma de que otra persona la gane: la patente la tiene MSA y ninguna otra puede presentarse. Por eso no están apareciendo otras: el sistema está bloqueado porque está pensado para sola empresa”.

-¿Qué significa eso?

-Se trata de una privatización del sistema electoral.

-¿Cuáles son las otras falencias del proyecto?

-Primero, la ley no fija cuestiones que son esenciales, como por ejemplo que el código fuente de todos los sistemas y el hardware sean de conocimiento público: sería clave para evitar controles de personas basados en el secretismo. Es un sistema que debe ser transparente, pero acá todo es oculto.

Saravia cuenta que, en el marco de un plan de auditoría para verificar el sistema en Salta, la Universidad contactó a expertos de una multinacional en Bélgica. “Todo muy serio. Llamamos a una multinacional muy conocida a nivel mundial, que audita bancos. La oposición presentó una nota para que arrancara a hacer su trabajo, pero el Tribunal Electoral de la provincia se la negó. Hubiera sido un instrumento muy importante a nivel mundial para acreditar el sistema, pero se perdió la oportunidad. Eso nos da la pauta de la que las cosas no están bien”.

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Pedro no es Juan

Saravia resume otro de los problemas: “El voto puede ser modificado por celular”. En las elecciones salteñas, a modo de fiscalización informática, Saravia demostró algunas de las irregularidades del sistema de MSA: con conocimiento del presidente de mesa, logró poner (junto a otras personas) en modo de mantenimiento a la máquina en que las personas debían votar. “Alguien nos pasó el dato que en determinada mesa iba a pasar algo con determinado código. Fuimos, hablamos con el presidente de mesa, le explicamos, lo hicimos y la máquina quedó en modo administrativo. En ese modo hay una opción que permite modificar la ubicación de la pantalla táctil en relación a la visual. ¿Qué quiere decir? Que yo voto a Juan, pero en realidad la pantalla se corre y voto a Pedro. Lo peligroso es que el software ya está diseñado para hacer eso. Hubo muchas denuncias que votaron a una persona pero salió otra. La cuestión, también, es que en Salta menos del 20 por ciento miraban lo que salió impreso”.

¿No termina pesando el conteo manual en lugar del informático? “Debería ser así, pero eso no funciona en la práctica porque se cuenta rápido. En Salta se contó electrónicamente”.

El efecto Sorianello

Saravia subraya que otra de las fallas –que también puede forzarse mediante un teléfono móvil- es que una persona puede cargarle a un mismo candidato muchos más votos de los verdaderamente emitidos. El cuestionamiento remite a Joaquín Sorianello, el informático que a diez días de las elecciones en la Ciudad denunció la filtración en la web de “los certificados SSL de las terminales que envían los datos desde las escuelas al centro de cómputos”. Esos certificados son los protocolos criptográficos que proporcionan la privacidad de la información en Internet. Sorianello se comunicó con la propia MSA para advertir de la falla, ya que esos datos estuvieron publicados en la web por “una deficiente configuración en sus servidores”.

¿Cuál era la gravedad del asunto? Sorianello explicó que se trataba de un “grave y crítico” error de seguridad del sistema, porque permitía a cualquier persona utilizar esos certificados para enviar resultados falsos del escrutinio o, también, transmitir una carga tan grande de datos que el sistema no pueda procesarlos. Un ejemplo: introducir más votos que personas en el padrón. ¿Cuál fue la respuesta? Dos días antes de las elecciones la división de delitos informáticos de la Policía Metropolitana allanó la casa del informático por orden de la jueza María Luisa Escrich, del Juzgado N°20 del Fuero Penal, Contravencional y de Faltas. La denuncia la activó la propia empresa MSA. La excusa: el temor a un posible “hackeo”.

Saravia: “Sorianello descubrió errores en el sistema de servidor, y como lo hizo de buena voluntad, avisó. El problema es que además de él hubo otras tres personas que también lo vieron, pero no avisaron. Fue el problema que también pasó en Florida, Estados Unidos, cuando hubo voto negativo para uno de los candidatos”. Diversos hackers denunciaron en aquella oportunidad los defectos del software de las máquinas de voto electrónico de la empresa Diebold que, según sostuvieron, permitieron el triunfo electoral de George Bush, ya que permitían cambiar el sufragio.

El apuro

-¿Cómo se explica el apuro de Cambiemos en aprobar el proyecto de ley?

-Parecen desesperados porque, si no, no ganan las elecciones. Están construyendo un sistema de fraude electrónico. Por eso están apurados, porque pueden hacer fraude y, además, lo puede hacer la empresa contratista. No pensemos en hackers externos, sino desde adentro. ¿Qué es lo lógico? Llamar a todas las universidades, expertos, técnicos, empresas, para que opinen y, recién después, hacer una ley de requisitos legales para implementarlo. Es decir, 100 años de experiencia argentina en elecciones se están tirando a la borda por nada.

-¿Qué ocurre en el mundo?

-No conozco casos en el mundo donde el sistema electrónico se haya implementado bien. Quizá lo más avanzado fue en Estonia, donde se puede votar hasta en Internet, pero aun así hubo dudas. Y el tipo de problemas que tienen son infinitamente menores a los que tenemos nosotros. Aun así, hay fallas. El tema del voto electrónico no es algo que esté bien visto entre los informáticos. Va a costar mucho superar un sistema mejor que el papel. No digo que sea imposible, pero sí tomarlo con calma, con tiempo. Una cosa es que Pedrito no pueda hackear el sistema; pero otra es que lo puedan hacer organismos de poder.

Quién es diego saravia:

Hack hacker

Qué pasó cuando se implementó el sistema en la ciudad:

Boleta electrónica: Oficialismos y empresas, una fórmula ganadora

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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Infeliz año nuevo: trabajadores de alfajores La Nirva con orden de desalojo

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“Resuelvo: disponer el lanzamiento de los ocupantes de la planta fabril deudora ubicada en laa calle Dorrego Nº854, Lomas del Mirador, La Matanza, Provincia de Buenos Aires y restituir la posesión de la misma a la concursada”.

El fallo lleva la firma del juez nacional en lo Comercial Fernando D’Alessandro, está fechado el 30 de diciembre, y precisa dos aclaraciones: cuando se lee “lanzamiento” debe entenderse “desalojo” y “ocupantes” a 57 familias de la tradicional fábrica de alfajores La Nirva que recuperaron sus fuentes de trabajo en plena pandemia después de la estafa de los exdueños Matías Paradiso y Marcelo Iribarren. Las familias pusieron las máquinas a producir nuevamente luego de conformarse en una cooperativa de trabajo, y así trabajaron este año y medio pandémico hasta recibir el fallo previo al año nuevo.

“Estamos laburando muy bien”, dice a lavaca Marcelo Cáceres, presidente de la cooperativa. “En este último tiempo estábamos con pan dulces y muchos proyectos de ampliar la máquina de galletitas y alfajores, de inaugurar una línea más: estamos en crecimiento. El síndico ya había venido a revisar la fábrica y quedó sorprendido de lo bien que estaba. La decisión nos lleva a pensar que hubo un arreglo político con plata de por el medio, porque el juez no se fijó en esto, y directamente decretó el desalojo”.

La decisión, por ahora, no tiene fecha, pero las familias sí están en alerta y la noche de año nuevo reforzarán la presencia de guardia en la fábrica.

Dice Cáceres: “Vamos a aguantar la que se venga”.

Compartimos la nota de MU sobre la recuperación de la empresa.

Triple sabor: La Nirva, recuperada por sus trabajadorxs

Luego de estafas patronales, amenazas de la Bonaerense y dos meses en la calle durante la pandemia, la popular fábrica de alfajores de La Matanza se hace cooperativa. La autogestión como salida ante la crisis. Por Lucas Pedulla.

(publicada en julio 2020)

Después de trabajar 20 de sus 42 años en el control de la máquina de chocolate de La Nirva, Lorena Pereyra se encontró en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio enviándole al dueño una foto de su tupper en la olla popular que cocinaban al frente de la empresa, con un mensaje: “Mirá a lo que llegué”. La foto era la misma para cada una de las 65 familias que desde el comienzo de la cuarentena tuvieron que desoír el consejo de quedarse en casa, con los riesgos que eso implicaba, e instalar una carpa frente a la fábrica de alfajores en el partido bonaerense de La Matanza para reclamar por sus fuentes de trabajo.

Allí permanecieron durante casi dos meses con venta de torta fritas y budines para el fondo de lucha, y con carteles que explicaban la necesidad preventiva, social y obligatoria de otro virus:

  • “Nuestro virus tiene nombre: Matías Paradiso y Marcelo Iribarren (los dueños)”.
  • “Nos dieron cheques sin fondo en diciembre. Nos estafaron”.
  • “Si nos quedamos en casa nadie escucha que pasamos hambre. Queremos recuperar nuestro trabajo y vivir dignamente”.
  • “Queremos cobrar”.

Con cuatro hijos y su marido que había sido despedido de la misma empresa años atrás, Lorena nunca imaginó que atravesaría la lucha en medio de una crisis sanitaria sin precedentes. “La patronal cambió hace tres años y vimos cómo empezaron a irse compañeros. De 120 pasamos a 65. Hace dos años que no tenemos aportes, mientras vemos cómo en la ANSES figura que cobramos sueldos de 70 mil y 80 mil pesos, cuando hace nueve meses que no cobramos nada. Pero ante la necesidad te hacés fuerte, quieras o no”.

Lorena ya no habla desde la olla popular en la calle, sino desde adentro de la fábrica, donde permanece de forma pacífica junto a sus compañeros y compañeras en resguardo de las maquinarias y su fuente de trabajo que hoy toma una forma que augura un futuro pospandemia sanitaria y laboral: la forma cooperativa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Conflicto grandote

La popular fábrica La Nirva es la encargada de hacer los famosos alfajores Grandote y La Recoleta, entre otros productos como cubanitos y copitos de chocolate y dulce de leche. El 80 por ciento de su personal son mujeres. “Mi pareja trabajó 31 años acá: lo echaron el año pasado pagándole una sola cuota de 51 mil pesos como indemnización”, contaba María de los Ángeles Santillán, 46 años, 23 en la empresa, cuando MU se acercó a la fábrica una semana después de iniciado el acampe. “No tiene nada fijo. Y la plata no alcanza, las boletas aumentan, tenemos mamás enfermas que tenemos que dejar para venir acá. Se complica todo: no tenemos ni para cargar la SUBE, por eso estamos vendiendo tortas fritas”. 

Marcelo Cáceres (34 años, 12 en la fábrica) pasó de ser delegado sindical a presidente de la futura cooperativa. Desde esa transformación recuerda que la caída  comenzó en 2018, cuando la firma cambió de dueños. “Se vendió al grupo Blend. Durante dos meses seguimos con el ritmo de trabajo que teníamos. Al tercer mes, el salario empezó a retrasarse. De a poco, se fueron cerrando líneas. Al tiempo, nos cortaron todos los servicios: agua, gas y luz. Nos quedamos literalmente a oscuras”.

Empezaron los despidos de personal administrativo: de más de 120 trabajadorxs quedó la actual planta de 65 personas. Y como en la pandemia, se contagió el miedo. Santillán: “Había miedo a hablar porque si alguien criticaba, al día siguiente era despedido”.

Cáceres aclara que el problema no era la producción. “Por quincena, y laburando una sola línea, hacíamos un millón 200 mil alfajores. En 2001, año de la peor crisis, ni se sintió: hasta horas extras se hacían. Fue un mal manejo. No sabemos lo que es cobrar un sueldo completo. Eran puchitos: de 2.000, 3.000 pesos. De octubre a hoy, solo en salarios la deuda con nosotros es de 18 millones de pesos”.

Hay más: “En diciembre nos dieron cheques a 60 y 90 días. El dueño nos dijo que vayamos a cobrarlo a una financiera, que nos iban a sacar un porcentaje, pero que lo íbamos a poder cobrar. Nadie vio un peso”.

Cáceres tuvo que vender su auto para poder pagar deudas. El 24 de diciembre llamaron al dueño para que les diera algo de efectivo para pasar las fiestas: “Nos dieron 3.000 pesos”. Y el 2020 arrancó con más promesas. “El primer día de febrero nos prometieron 40 mil pesos para arrancar y que, mientras producíamos, iban a abonar la totalidad de la deuda. Trabajamos una semana: nos dieron 20 mil. Hay buena predisposición, pensamos. Trabajamos otra semana más, pero ahí ya dijeron que no había efectivo. Como veníamos de dos años de mentiras, decidimos dejar de trabajar hasta que nos pagaran”.

Así llegó marzo, la pandemia agudizó todas las crisis y la situación  de los trabajadores era desesperante. Al combo se sumó que un vecino les avisó que un camión había ingresado de madrugada a la fábrica a llevarse cosas. No dudaron: estaba en juego la fábrica y sus fuentes de trabajo. 

Y votaron la instalación de la carpa.

Foto: Ramiro Dominguéz

Unión & galleta

Cuando el acampe cumplió una semana, recibieron una visita inesperada. Cáceres: “Apareció la policía, con la excusa de que no podíamos estar en la calle por la pandemia, cuando hacía siete días que estábamos ahí. Y nos corrieron por todo el barrio: un grupo terminó en la plaza, otro cerca de la ruta”. El efecto se vio al otro día: entre vecinos, vecinas y movimientos sociales hubo 200 personas apoyando a las familias en la puerta con olla popular. Y la policía no volvió más.

Ante la evidencia del apoyo, los dueños firmaron un acta en la que se comprometieron a cumplir el 100 por ciento de los salarios adeudados. Pero esta promesa tampoco se cumplió. “Agotamos todas las instancias legales que había. Primero, el dueño nos tomó el pelo a nosotros. Segundo, al sindicato. Y tercero, al Ministerio de Trabajo: hicimos cinco audiencias y no cumplieron ninguna, hasta que con los abogados del sindicato decidimos cerrar el acto y quedarnos en asamblea permanente, pero ya adentro de la fábrica”.

Lorena Pereyra hace una lectura de todo el proceso: “20 años son toda una vida. Tuvimos un mes en la puerta sin la ayuda de nuestro sindicato, con la ayuda de los vecinos. Ahí te das cuenta de que tu lucha vale, y que tiene un poder. Antes, con un pago mínimo entrábamos y desistíamos, pero ahora la pandemia terminó de desatar todo. Fui aprendiendo mis derechos. Uno viene acá, exponiéndose a todo, cuando lo que más queremos es estar en casa, pero lo valió”.

Mientras los trabajadores y trabajadoras buscan volver a la producción, Cáceres fue denunciado por “usurpación” por los exdueños, causa que tramita en los tribunales matanceros. “Por ahora el fiscal actuó bien. Y entre nosotros tenemos mucha unión. Sin eso, no hubiéramos llegado a nada. Esa es la base: la unión y la convicción que tenemos”.

Paula Rojas, 30 años, fue una de las últimas trabajadoras que entraron, hace cuatro años, en el área donde se colocan las galletas y empieza el proceso del alfajor. Sus compañeros la eligieron para que sea la tesorera de la futura cooperativa. “Me gusta y es una responsabilidad, porque si nos hubiéramos quedado en casa no habríamos conseguido nada. Mucha gente va a quedar desocupada después de todo esto, y si no recuperábamos también nos íbamos a quedar sin nada. Por eso tampoco podíamos quedarnos en casa. En casa estábamos todos separados, cada uno en su vida, aislados. Acá es distinto, estamos apostando a un mismo objetivo: recuperar nuestras fuentes laborales”.

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