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“Un fallo engañoso y contradictorio”: cuatro claves para entender la sentencia de Casación en el caso Maldonado

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En un fallo confuso, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. “Lejos estamos de festejarlo: es un fallo engañoso y contradictorio”, aclaró la familia. Su abogada, Verónica Heredia, afirmó a lavaca: “Es un fallo de mayoría cobarde”. Por qué la sentencia diluye la responsabilidad del Estado.

En un fallo confuso, la Sala IV de la Cámara de Casación Penal rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona con la conformación de un Grupo de Expertos Independientes que garantizaran una investigación amplia e integral.

Si bien los jueces rechazaron el pedido de sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú -único imputado en la causa- , instaron a la designación urgente de un juez y ratificaron la decisión de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que el expediente siga abierto y se amplíen las medidas de prueba, el veredicto de 64 fojas es un laberinto que elude lo crucial: el rol del Estado en la desaparición y muerte del joven de 28 años, desaparecido durante 78 días luego de la violenta irrupción sin orden judicial a la comunidad mapuche el 1 de agosto de 2017.

“Es un fallo de mayoría cobarde”, subrayó la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, a lavaca. “Es un fallo tramposo, porque es oscuro. El fallo se divide en minoría y mayoría. El voto de minoría (Gustavo Hornos) hace un racconto de los hechos, se hace cargo de todas las cuestiones planteadas y de todos los agravios. Y, expresamente, dice que anula el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia en cuanto descarta la posibilidad de que los hechos sean subsumidos en el artículo 142 ter del Código Penal de desaparición forzada de persona. El resto (Mariano Borinsky y Javier Carbajo), en su voto de mayoría, no lo dejan en claro. Por eso digo que es cobarde: no dicen que está descartada la posibilidad, pero tampoco dicen que no lo está”.

lavaca separó cuatro aspectos para entender qué implica esta sentencia, que obligó a la familia a dejar clara su postura a través de un comunicado: “Queremos aclarar en relación a la sentencia que hoy se conoció de la Sala IV de Casación Penal que lejos estamos de festejarlo: es un fallo engañoso y contradictorio”.

1) La importancia del contexto

En septiembre, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia frente a los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada Heredia citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut).

“¿Por qué insistimos en desaparición forzada si estamos en democracia?”, sostuvo Heredia. “¿Por qué seguimos insistiendo si apareció el cuerpo, nos preguntan? Con Iván Torres dijimos que la desaparición forzada tenía que investigarse con toda la amplitud requerida. Esta sala tuvo en cuenta también el contexto en el que desapareció Iván. Tanto Lleral como la Cámara de Comodoro descartaron analizar el contexto. Esa sola afirmación habilita a que se investigue todo este proceso teniendo como base el delito de desaparición forzada. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que sólo se puede analizar el tipo de desaparición forzada si se tiene en cuenta el contexto. Si no se tiene en cuenta esto, no se está analizando una desaparición forzada”.

La familia destacó tres ejes fundamentales:

  • La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
  • 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
  • Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

2) El voto minoritario

Por la composición del fallo de la Sala IV de la Cámara de Casación, Heredia subraya que es posible distinguir dos tipos de votos: uno de minoría y otro de mayoría. El de minoría está compuesto por los argumentos del presidente de esa sala, Gustavo Hornos, que hace lugar al recurso de casación de la familia y, por lo tanto, anula la decisión de la Cámara de Comodoro por tres motivos:

  1. Haber descartado “definitivamente” la posibilidad de subsumir los hechos en las previsiones del artículo 142 ter del Código Procesal Penal, es decir, de desaparición forzada de persona.
  2. Haber rechazado analizar la “posible ilegalidad” de la intervención de Gendarmería en los hechos.
  3. Haber omitido pronunciarse sobre medidas de prueba solicitadas por las partes.

Textuales del voto de Hornos:

  • “Así las cosas, se advierte con meridiana claridad que la investigación en torno a las circunstancias que rodearon el deceso de Santiago Andrés Maldonado se encuentra abierta y, en esa medida, la conclusión de que la hipótesis de desaparición forzada ha quedado “definitivamente descartada” (sic) –esto es, una conclusión estrictamente jurídica vinculada con la calificación legal en la que eventualmente podrían subsumirse los hechos del caso– no sólo resulta evidentemente prematura, sino que constituye una errónea interpretación de la normativa aplicable que debe ser enfáticamente corregida”.
  • “Independientemente de la trascendencia periodística que el caso ha suscitado y las quizás inevitables manipulaciones mediáticas a las que fue sometido, la desaparición física de una persona en circunstancias en las que se llevaba adelante un procedimiento en el que intervenían fuerzas de seguridad exige por parte de las autoridades del Estado el compromiso categórico de actuar con diligencia inclaudicable, de poner a disposición de las partes todos los recursos que resulten razonablemente necesarios a fin de esclarecer los hechos y, eventualmente, establecer responsabilidades, procurando ejercer la máxima prudencia antes de emitir pronunciamientos que puedan menoscabar los derechos de los afectados”.
  • “Sólo en tales condiciones será posible desterrar toda sospecha que aún persista en relación con los involucrados directamente en los hechos, las fuerzas de las que forman parte y las autoridades políticas que las comandan; y asimismo, sólo de esa manera se podrá honrar la confianza depositada en el servicio de administración de justicia por los deudos y estar a la altura de las expectativas de una sociedad que, como es de público y notorio, se ha visto profundamente sensibilizada y movilizada por un hecho de enorme trascendencia pública para la vida democrática y pacífica”.
  • “Por lo demás, he de recordar también que la ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura. En efecto, por caso, ya he tenido la oportunidad de señalar que la acción de efectivos de una fuerza de seguridad de compeler a una víctima a nadar en un río con las ropas puestas –aún sin tocarla– puede eventualmente ser subsumida en la figura de imposición de tormentos, incluso seguida de muerte (art. 144 ter, incs. 1o y 2o) si el nexo causal del comportamiento con tal resultado típico fuera debidamente acreditado”.

Sobre el pedido explícito de la familia de la conformación de un Grupo de Expertos Independientes para el caso, Hornos consideró que es una decisión de momento “prematura”, ya que considera que aún faltan medidas importantes de prueba para la causa, aunque dejó una puerta abierta al destacar que “no puede descartarse su eventual acogida”.

Sin embargo, como destacó la familia, este voto es minoritario.

3) Los votos de Carbajo y Borinsky

Mientras Hornos es contundente en cuanto propone anular la decisión de los jueces de Comodoro respecto a descartar la desaparición forzada, los votos de Borinsky y Carbajo son confusos.

Carbajo afirma que “aún persiste la duda acerca de las circunstancias que rodearon el deceso” de Santiago y de las “eventuales responsabilidad del caso si las hubiere”, pero nunca aclara cuáles son esas circunstancias ni habla de su contexto. Validando los argumentos de los jueces de Cámara de Comodoro cuestionados por la familia, concluye su voto sin haber hablado del rol del Estado ni expresarse acerca de descartar la desaparición forzada, y sólo se atiene a que es necesario continuar con la investigación “para dilucidar la real ocurrencia de lo sucedido”, sin mayores precisiones, y “sin que ello implique emitir opinión sobre el fondo del asunto”, según él mismo aclara.

El voto de Borinsky es el que termina de completar esta mayoría confusa. Sólo expresa que la existencia de medidas de prueba pendientes impide que los recursos de casación presentados puedan avanzar. Por ende, los rechaza, y por eso tampoco anula lo dispuesto por la Cámara de Comodoro. Borinsky ataca así el nudo central de lo expuesto por la familia respecto a lo que implica una desaparición forzada: la inexistencia de evaluar de forma integral el contexto en el que se produjeron los hechos y la complicidad del Estado en la manipulación y tergiversación de los acontecimientos, además del ataque que sufrió la familia de parte de las principales autoridades.

Al haber quedado en minoría el voto de Hornos que habla a las claras sobre la imposibilidad de rechazar una desaparición forzada, lo que subyace de forma mayoritaria es la convalidación (por omisión) de lo que ya había fallado la Cámara de Comodoro. La responsabilidad del Estado, único actor posible que puede cometer el delito de desaparición forzada, queda así diluida.

4) La posición de la familia Maldonado

La familia Maldonado, junto a su abogada Heredia, presentará un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Mientras, en un comunicado divulgado por redes sociales, ya fijó posición.

Lo reproducimos de forma íntegra:

Queremos aclarar en relación a la sentencia que hoy se conoció de la Sala IV de Casación Penal que lejos estamos de festejarlo: es un fallo engañoso y contradictorio.

Por un lado, el juez Hornos en soledad, hace lugar a nuestro pedido de que se investigue la hipótesis de la desaparición forzada. Por otro lado, los jueces Carbajo y Borinsky no afirman ni descartan que se pueda investigar la desaparición forzada.

Es por esto que en el punto III de la parte resolutiva del fallo se aclara que ´por mayoría´ se rechaza el recurso de casación presentado por Sergio Maldonado.

También queremos aclarar que solamente nosotros interpusimos un recurso de casación contra la afirmación de la Cámara de Comodoro Rivadavia que descarta la hipótesis de desaparición forzada sin que ninguna de las querellas institucionales presentaran recurso de casación con el mismo objetivo: que se investigue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago.

El CELS coincidió con el fallo de la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.

La APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), AEDD (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos) y CPM (Comisión Provincial por la Memoria) acompañaron nuestro pedido en la audiencia del 5 de diciembre.

La desaparición forzada es un crimen que solo lo comete el Estado. Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo.

En realidad no hay nada qué festejar. La nueva ministra Sabrina Frederic utiliza la misma frase que tanto dolor nos causa, porque garantizó el pacto de impunidad (Nota del editor. La flamante ministra, en declaraciones con la prensa el día de su asunción, dijo: “Yo tampoco tiraría a ningún gendarme por la ventana”). Nosotros no queremos que se tire por la ventana a ninguna persona, solo queremos que se investigue tanto a los responsables materiales como intelectuales, se determinen las responsabilidades políticas y jurídicas, sancionando y condenando a los culpables.

Justicia por Santiago”.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

“A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

Ni botón ni GPS

El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

Con el Poder Judicial en contra

Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

Vecinos cuidándose

Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

“La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

Fotos: Ailín Soria.
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