Nota
Una muerta por aborto negada y criminalizada
Tenía 34 años, un hijo, vivía en José León Suárez y murió como consecuencia de un aborto autoinducido por un tallo de perejil el 13 de agosto, tan sólo cinco días después de que el Senado rechazara la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pese a que la familia pidió no difundir nombres ni fotos, algunos medios confundieron sus datos con los de una mujer que vive en Paraguay y ahora está siendo usado para instalar que la noticia era falsa y negar esta muerte. Lo más grave: también se abrió una causa judicial que busca investigar a la mujer y su entorno, que aún no tiene el cuerpo porque a casi dos meses no están los resultados de la autopsia. Qué dice la fiscalía y la abogada del caso. Y el comunicado de Periodistas Argentinas que llama a desmentir las noticias falsas que intentan negar lo evidente: las responsabilidades de no legislar para evitar muertes por abortos clandestinos.

El memorial que Periodistas Argentinas instaló frente al Senado, en homenaje a las mujeres muertas por el negacionismo legislativo. Foto: Martina Perosa para lavaca.
Tenía 34 años, un hijo, vivía en José León Suárez y murió como consecuencia de un aborto clandestino el 13 de agosto, tan sólo cinco días después de que el Senado rechazara la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Había ingresado la noche anterior (domingo) al Hospital Manuel Belgrano, en el partido bonaerense de San Martín, “con un cuadro grave de septicemia posaborto”, según precisó un comunicado de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Profesionales de Salud de Buenos Aires (CICOP) de ese centro de salud. Tenía una infección localizada en el útero. Un comunicado firmado por una decena de organizaciones de derechos humanos y redes de salud confirmó que llegó “en mal estado general y con un tallo de perejil en el cuello del útero”, dato que consta también en su historia clínica.
Según confirmaron a lavaca, los médicos le hicieron una histerectomía de urgencia (operación que consiste en extirpar el útero) y la derivaron al Hospital Magdalena Villegas, de Martínez, en Pacheco, porque en el Manuel Belgrano no había camas en terapia intensiva. Pudieron concretarlo recién el lunes a la mañana.
Murió allí en menos de 24 horas.
Su muerte fue el comienzo de una campaña para negar las responsabilidades de no legislar para evitar las muertes por abortos clandestinos.
Fake news antiderechos
Diversas páginas web (amplificadas luego por Twitter) difundieron que la noticia era falsa y que la mujer se encontraba en Paraguay, “vivita y coleando”, y declarando a los medios que ella “jamás abortaría”.
El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP), del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, emitió un comunicado para aclarar la situación: “Algunos medios y, sobre todo, un conjunto de personas que activan públicamente (sobre todo mediante redes sociales) para negar el derecho a la IVE en Argentina, salieron a buscar datos de la persona fallecida. En este proceso, se expusieron fotos de una mujer que no corresponde a la persona que murió, sino a otra que está viva, reside en Paraguay y declaró negando ser ella a quien acusan de haberse realizado un aborto. Esto hizo que se adjudique este caso a una ´invención de las personas que militan por la legalización del IVE´. Ciertos medios, en el afán de dar información, confundieron a las personas; descuidando la decisión de la familia que, en su vulnerabilidad, pidió no difundir nombre ni fotos, creando una situación de confusión. Es decir, un descuido de unos medios argentinos terminó haciendo que otros medios paraguayos nieguen su muerte´”.
Los trolls se encargaron de infectar las redes con esta falsa noticia.
Mientras tanto, en San Martín, se abría una causa judicial para investigar a la víctima.
Muerta y criminalizada
Cuando se descompensó, llamó a su hermano, quien la llevó al Hospital Manuel Belgrano. Los médicos de guardia describieron en la historia clínica que estaban ante un cuadro de infección generalizado por haberse inducido un aborto. Entre paréntesis escribieron una palabra: “Perejil”. Era lo que habían encontrado en el cuello del útero.
Sin embargo, tras su muerte se abrió una causa judicial, que lleva adelante la agente fiscal Alejandra Mercedes Alliaud, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Martín. Lavaca quiso comunicarse con la funcionaria pública, pero respondieron que el fiscal general del distrito, Marcelo Fabían Lapargo, dispuso que ningún agente brinde entrevistas periodísticas. Alliaud fue una de las fiscales que trabajó en la causa por el femicidio de Araceli Fulles, y en mayo dejó en libertad por “legítima defensa privilegiada” a un empresario que mató a tiros a un joven de 21 años e hirió a otros cuando descubrió que habían ingresado a robar su casa.
Desde la fiscalía aportaron los siguientes datos sobre la investigación que iniciaron a partir de la muerte de la mujer:
- Hay una causa judicial que tramita por “averiguación de causales de muerte”. Interviene la fiscal Alliaud y el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, a cargo del doctor Nicolás Schiavo.
- Tenía 34 años, era paraguaya, tenía hijo y llegó al hospital con una infección y murió en el hospital. Desde la fiscalía comunicaron que “fue un hecho de julio”. Sin embargo, tanto la Comisión Directiva de CICOP del Hospital Manuel Belgrano como la abogada del caso, Verónica Heredia, confirmaron que murió el 13 de agosto.
- Desde la UFI sostuvieron que su hermano le dijo a la fiscal que la mujer “había consumido pastillas”, y que no hay indicios de “maniobras abortivas” con introducción de algún elemento dentro del cuerpo. Sin embargo, los propios médicos confirmaron que llegó con un cuadro de infección generalizada por introducirse perejil. “Los resultados de la autopsia todavía no están”, fue la respuesta de la fiscalía. Tampoco pudieron precisar si la autopsia se hizo o no, porque “hay muchas demoras en la Morgue Judicial”. Lo cierto es que a casi dos meses del fallecimiento la familia aún no tiene el cuerpo.
- Sobre si la fiscal Alliaud tomó alguna medida probatoria respecto a la tipificación de la causa, apuntaron que no responderían para no perjudicar la investigación: “Es reservado”.
La abogada del caso, Verónica Heredia, subraya que la única funcionalidad de la causa es “seguir criminalizándola aun después de muerta”. Y afirma: “Aunque pretendan negarlo en los medios, el caso existió y hoy es víctima de un proceso judicial. Falleció el 13 de agosto por un aborto autoinducido por un tallo de perejil. Así dicen los informes médicos. Y la investigación fiscal que hay ahora en curso traspasa los límites no sólo del Derecho Penal, sino del Derecho mismo, ya que busca la criminalización a la persona después de muerta. Estamos viendo, entonces, cómo la justicia retoma una concepción que el Derecho tenía en épocas medievales”.
La abogada expresa su preocupación por los comentarios que recogió en el juzgado cuando fue con la familia a reclamar la entrega de su cuerpo: la fiscal ordenó la autopsia porque, en caso de que el aborto se hubiera practicado con pastillas, debía investigar quién se las había suministrado. Para justificar esta línea de investigación, la fiscal argumentó que el hermano había declarado -al ingresarla al hospital- que ella le había dicho que había tomado “dos pastillas”. Sin embargo, en la historia clínica consta que encontraron en el útero tallos de perejil. Su hermano cree que no le mencionó el perejil “por vergüenza” y por eso le habló de las dos pastillas.
Al conocerse el estado de la causa, la colectiva Periodistas Argentinas emitió el siguiente comunicado:
“Una mujer de 34 años murió el 13 de agosto como consecuencia de un aborto producido con perejil, según consta en su historia clínica. Su nombre coincidió con el de una mujer que vive en Paraguay y está siendo usado para negar esta muerte. Lo más grave es que la víctima está siendo criminalizada después de muerta: la UFI N°1 de San Martín la está investigando. Periodistas Argentinas conoció su historia a través de una de una colega: cuidó a su familia. Ahora, cuando sus derechos y memoria son violados, nos sentimos obligadas a cuidar a la suya. Pedimos entonces a las y los periodistas que, respetando la intimidad de su entorno, concentren sus esfuerzos en investigar la arbitraria actitud de la UFI N° 1 y desmentir las noticias falsas que intentan negar lo evidente: las responsabilidades de no legislar para evitar muertes por abortos clandestinos.”
Nota
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
Nota
Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
Nota
5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
- Derechos HumanosHace 3 semanas
40 años del Juicio a las Juntas: ¿qué significa hoy?
- NotaHace 1 semana
Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
- ActualidadHace 3 semanas
Un legado del Papa Francisco: nuestra casa, el planeta
- ActualidadHace 3 semanas
El adiós del barrio
- ComunicaciónHace 4 semanas
‘Adolescencia’: el fracaso de la mirada adulta