Nota
Una muerta por aborto negada y criminalizada
Tenía 34 años, un hijo, vivía en José León Suárez y murió como consecuencia de un aborto autoinducido por un tallo de perejil el 13 de agosto, tan sólo cinco días después de que el Senado rechazara la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Pese a que la familia pidió no difundir nombres ni fotos, algunos medios confundieron sus datos con los de una mujer que vive en Paraguay y ahora está siendo usado para instalar que la noticia era falsa y negar esta muerte. Lo más grave: también se abrió una causa judicial que busca investigar a la mujer y su entorno, que aún no tiene el cuerpo porque a casi dos meses no están los resultados de la autopsia. Qué dice la fiscalía y la abogada del caso. Y el comunicado de Periodistas Argentinas que llama a desmentir las noticias falsas que intentan negar lo evidente: las responsabilidades de no legislar para evitar muertes por abortos clandestinos.
El memorial que Periodistas Argentinas instaló frente al Senado, en homenaje a las mujeres muertas por el negacionismo legislativo. Foto: Martina Perosa para lavaca.
Tenía 34 años, un hijo, vivía en José León Suárez y murió como consecuencia de un aborto clandestino el 13 de agosto, tan sólo cinco días después de que el Senado rechazara la aprobación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Había ingresado la noche anterior (domingo) al Hospital Manuel Belgrano, en el partido bonaerense de San Martín, “con un cuadro grave de septicemia posaborto”, según precisó un comunicado de la Comisión Directiva de la Asociación Sindical de Profesionales de Salud de Buenos Aires (CICOP) de ese centro de salud. Tenía una infección localizada en el útero. Un comunicado firmado por una decena de organizaciones de derechos humanos y redes de salud confirmó que llegó “en mal estado general y con un tallo de perejil en el cuello del útero”, dato que consta también en su historia clínica.
Según confirmaron a lavaca, los médicos le hicieron una histerectomía de urgencia (operación que consiste en extirpar el útero) y la derivaron al Hospital Magdalena Villegas, de Martínez, en Pacheco, porque en el Manuel Belgrano no había camas en terapia intensiva. Pudieron concretarlo recién el lunes a la mañana.
Murió allí en menos de 24 horas.
Su muerte fue el comienzo de una campaña para negar las responsabilidades de no legislar para evitar las muertes por abortos clandestinos.
Fake news antiderechos
Diversas páginas web (amplificadas luego por Twitter) difundieron que la noticia era falsa y que la mujer se encontraba en Paraguay, “vivita y coleando”, y declarando a los medios que ella “jamás abortaría”.
El Grupo de Estudios Sociales sobre Paraguay (GESP), del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, emitió un comunicado para aclarar la situación: “Algunos medios y, sobre todo, un conjunto de personas que activan públicamente (sobre todo mediante redes sociales) para negar el derecho a la IVE en Argentina, salieron a buscar datos de la persona fallecida. En este proceso, se expusieron fotos de una mujer que no corresponde a la persona que murió, sino a otra que está viva, reside en Paraguay y declaró negando ser ella a quien acusan de haberse realizado un aborto. Esto hizo que se adjudique este caso a una ´invención de las personas que militan por la legalización del IVE´. Ciertos medios, en el afán de dar información, confundieron a las personas; descuidando la decisión de la familia que, en su vulnerabilidad, pidió no difundir nombre ni fotos, creando una situación de confusión. Es decir, un descuido de unos medios argentinos terminó haciendo que otros medios paraguayos nieguen su muerte´”.
Los trolls se encargaron de infectar las redes con esta falsa noticia.
Mientras tanto, en San Martín, se abría una causa judicial para investigar a la víctima.
Muerta y criminalizada
Cuando se descompensó, llamó a su hermano, quien la llevó al Hospital Manuel Belgrano. Los médicos de guardia describieron en la historia clínica que estaban ante un cuadro de infección generalizado por haberse inducido un aborto. Entre paréntesis escribieron una palabra: “Perejil”. Era lo que habían encontrado en el cuello del útero.
Sin embargo, tras su muerte se abrió una causa judicial, que lleva adelante la agente fiscal Alejandra Mercedes Alliaud, de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de San Martín. Lavaca quiso comunicarse con la funcionaria pública, pero respondieron que el fiscal general del distrito, Marcelo Fabían Lapargo, dispuso que ningún agente brinde entrevistas periodísticas. Alliaud fue una de las fiscales que trabajó en la causa por el femicidio de Araceli Fulles, y en mayo dejó en libertad por “legítima defensa privilegiada” a un empresario que mató a tiros a un joven de 21 años e hirió a otros cuando descubrió que habían ingresado a robar su casa.
Desde la fiscalía aportaron los siguientes datos sobre la investigación que iniciaron a partir de la muerte de la mujer:
- Hay una causa judicial que tramita por “averiguación de causales de muerte”. Interviene la fiscal Alliaud y el Juzgado de Garantías N°5 de San Martín, a cargo del doctor Nicolás Schiavo.
- Tenía 34 años, era paraguaya, tenía hijo y llegó al hospital con una infección y murió en el hospital. Desde la fiscalía comunicaron que “fue un hecho de julio”. Sin embargo, tanto la Comisión Directiva de CICOP del Hospital Manuel Belgrano como la abogada del caso, Verónica Heredia, confirmaron que murió el 13 de agosto.
- Desde la UFI sostuvieron que su hermano le dijo a la fiscal que la mujer “había consumido pastillas”, y que no hay indicios de “maniobras abortivas” con introducción de algún elemento dentro del cuerpo. Sin embargo, los propios médicos confirmaron que llegó con un cuadro de infección generalizada por introducirse perejil. “Los resultados de la autopsia todavía no están”, fue la respuesta de la fiscalía. Tampoco pudieron precisar si la autopsia se hizo o no, porque “hay muchas demoras en la Morgue Judicial”. Lo cierto es que a casi dos meses del fallecimiento la familia aún no tiene el cuerpo.
- Sobre si la fiscal Alliaud tomó alguna medida probatoria respecto a la tipificación de la causa, apuntaron que no responderían para no perjudicar la investigación: “Es reservado”.
La abogada del caso, Verónica Heredia, subraya que la única funcionalidad de la causa es “seguir criminalizándola aun después de muerta”. Y afirma: “Aunque pretendan negarlo en los medios, el caso existió y hoy es víctima de un proceso judicial. Falleció el 13 de agosto por un aborto autoinducido por un tallo de perejil. Así dicen los informes médicos. Y la investigación fiscal que hay ahora en curso traspasa los límites no sólo del Derecho Penal, sino del Derecho mismo, ya que busca la criminalización a la persona después de muerta. Estamos viendo, entonces, cómo la justicia retoma una concepción que el Derecho tenía en épocas medievales”.
La abogada expresa su preocupación por los comentarios que recogió en el juzgado cuando fue con la familia a reclamar la entrega de su cuerpo: la fiscal ordenó la autopsia porque, en caso de que el aborto se hubiera practicado con pastillas, debía investigar quién se las había suministrado. Para justificar esta línea de investigación, la fiscal argumentó que el hermano había declarado -al ingresarla al hospital- que ella le había dicho que había tomado “dos pastillas”. Sin embargo, en la historia clínica consta que encontraron en el útero tallos de perejil. Su hermano cree que no le mencionó el perejil “por vergüenza” y por eso le habló de las dos pastillas.
Al conocerse el estado de la causa, la colectiva Periodistas Argentinas emitió el siguiente comunicado:
“Una mujer de 34 años murió el 13 de agosto como consecuencia de un aborto producido con perejil, según consta en su historia clínica. Su nombre coincidió con el de una mujer que vive en Paraguay y está siendo usado para negar esta muerte. Lo más grave es que la víctima está siendo criminalizada después de muerta: la UFI N°1 de San Martín la está investigando. Periodistas Argentinas conoció su historia a través de una de una colega: cuidó a su familia. Ahora, cuando sus derechos y memoria son violados, nos sentimos obligadas a cuidar a la suya. Pedimos entonces a las y los periodistas que, respetando la intimidad de su entorno, concentren sus esfuerzos en investigar la arbitraria actitud de la UFI N° 1 y desmentir las noticias falsas que intentan negar lo evidente: las responsabilidades de no legislar para evitar muertes por abortos clandestinos.”
Nota
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Nota
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