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Una política global para controlar a los pobres: el otro corralito

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Las periferias urbanas de los países del Tercer Mundo se han convertido en escenarios de guerra, donde los Estados intentan mantener un orden asentado en el establecimiento de una suerte de «cordón sanitario» que consiga aislar a los pobres de la sociedad «normal». En esta nota, el periodista Raúl Zibechi describe lo que pasa del otro lado de la General Paz, Haití o Brasil.

«Fuentes del Ejército confirmaron que las técnicas empleadas en la ocupación de la favela Morro da Providéncia, son las mismas que las tropas brasileñas utilizan en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití», publicó el diario Estado de San Pablo a fines del año pasado.
Este reconocimiento de las fuerzas armadas de Brasil, explica en gran medida el interés que tiene el gobierno de Lula da Silva en que las tropas de su país se mantengan en la isla caribeña: se trata de poner a prueba estrategias de contención en los barrios pobres de Puerto Príncipe (capital de Haití), que han sido diseñadas para su aplicación en las favelas de Rio de Janeiro, Sao Paulo y otras grandes ciudades.
Pero la noticia publicada por el diario Estado de Sao Paulo va más lejos al desnudar la forma de operar de los militares. El general que dirige la ocupación de la favela Morro da Providéncia por 200 soldados, William Soares, comandó la 9a. Brigada de Infantería Motorizada en Haití. Los soldados instalaron ametralladoras en «la única plaza de la comunidad, transformada en base militar», que fueron retiradas para facilitar el diálogo con la población. En la reunión con la Asociación de Pobladores, el general Soares «prometió obras, fiesta de Navidad con distribución de regalos para los niños, colonia de vacaciones, proyección de filmes, atención médica y sanitaria».
Según informó el diario, «en contrapartida el Ejército está recogiendo informaciones sobre la favela y sus habitantes. Los militares filmaron y fotografiaron la reunión y todo el movimiento de las tropas». El general Soares realizó todas esas promesas para «aplacar la revuelta de los líderes comunitarios contra el proyecto social previsto para la favela».
Los pobres urbanos como amenaza
El urbanista estadunidense Mike Davis analiza las periferias urbanas desde su compromiso con el cambio social. Una sola frase escrita en el sitio www.rebelión,org sintetiza su análisis: «Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo». Asegura que los estrategas del Pentágono están dando mucha importancia al urbanismo y la arquitectura, ya que esas periferias son «uno de los grandes retos que deparará el futuro a las tecnologías bélicas y a los proyectos imperiales».
En efecto, un estudio de las Naciones Unidas estima que mil millones de personas viven en las barriadas periféricas de las ciudades del tercer mundo y que los pobres de las grandes ciudades del mundo trepan a dos mil millones, un tercio de la humanidad. Esas cifras se duplicarán en los próximos 15 a 20 años, ya que el crecimiento de la población mundial se producirá íntegramente en las ciudades y un 95% se registrará en los suburbios de las ciudades del sur, según lo publicado en el sitio www.sinpermiso.info.
La situación es más grave aún de lo que muestran los números: la urbanización, como señala Mike Davis, se ha desconectado y autonomizado de la industrialización y aún del crecimiento económico, lo que implica una «desconexión estructural y permanente de muchos habitantes de la ciudad respecto de la economía formal». Por otro lado, observa que «en la última década los pobres—y me refiero no sólo a los de los barrios clásicos que mostraban ya niveles altos de organización, sino también a los nuevos pobres de las periferias—se han estado organizando a gran escala, ya sea en una ciudad iraquí como Ciudad Sadr o en Buenos Aires».
En América Latina los principales desafíos al dominio de las elites han surgido del corazón de las barriadas pobres: desde el Caracazo de 1989 hasta la comuna de Oaxaca en 2006. Prueba de ello son los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril de 2000, Buenos Aires en diciembre de 2001, Arequipa en junio de 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero de 2003 y El Alto en octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes.
Más aún: las periferias urbanas se han convertido en los espacios desde los que los grupos subalternos han lanzado los más formidables desafíos al sistema, hasta convertirse en algo así como contrapoderes populares. Mike Davis tiene razón: el control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se han trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las fuerzas armadas de los países más importantes.
Muchas grandes ciudades latinoamericanas parecen por momentos al borde de la explosión social y varias de ellas han venido estallando en las dos últimas décadas por los motivos más diversos. El temor de los poderosos parece apuntar en una doble dirección: aplazar o hacer inviable el estallido o la insurrección y, por otro lado, evitar que se consoliden esos «agujeros negros» fuera del control estatal donde surgen los principales desafíos a las elites.
Las nuevas estrategias militares
Las publicaciones dedicadas al pensamiento militar, así como los análisis de los organismos financieros, dedican en los últimos años amplios espacios a abordar los desafíos que presentan las pandillas, y a debatir los nuevos problemas que plantea la guerra urbana. Los conceptos de «guerra asimétrica» y de «guerra de cuarta generación» son respuestas a problemas idénticos a los que plantean las periferias urbanas del tercer mundo: el nacimiento de un tipo de guerra contra enemigos no estatales, en el que la superioridad militar no juega un papel decisivo.
William Lind, director del Centro para el Conservadurismo Cultural de la Fundación del Congreso Libre, asegura que el Estado ha perdido el monopolio de la guerra y las elites sienten que los «peligros» se multiplican. «En casi todos los lugares, el Estado está perdiendo». Pese a ser partidario de abandonar Irak lo antes posible, Lind defiende la «guerra total» que supone enfrentar a los enemigos en todos los terrenos: económicos, culturales, sociales, políticos, comunicacionales y también militares.
Un buen ejemplo de esta guerra de espectro total, es su creencia de que los peligros para la hegemonía estadunidense anidan en todos los aspectos de la vida cotidiana o, si se prefiere, en la vida a secas. A modo de ejemplo, considera que «en la guerra de cuarta generación, la invasión mediante la inmigración puede ser tan peligrosa como la invasión que emplea un ejército de estado». Los nuevos problemas que nacen a raíz de la «crisis universal de legitimidad del Estado» ponen en el centro a los «enemigos no estatales». Esto lo lleva a concluir con una doble advertencia a los mandos militares: ninguna fuerza armada ha logrado éxito ante un enemigo no estatal.
Este problema está en el núcleo del nuevo pensamiento militar, que debe ser reformulado completamente para asumir desafíos que antes correspondían a las áreas «civiles» del aparato estatal. La militarización de la sociedad para recuperar el control de las periferias urbanas no es suficiente, como lo revela la experiencia militar reciente en el tercer mundo.
Los mandos militares que se desempeñan en Irak parecen tener clara conciencia de los problemas que deben enfrentar. El general de división Peter W. Chiarelli, en base a su reciente experiencia en Bagdad en el suburbio de Ciudad Sadr, sostiene que la seguridad es el objetivo a largo plazo, pero no se consigue con acciones militares. «Las operaciones de combate proporcionarían las victorias posibles a corto plazo (…) pero a la larga, sería el comienzo del fin. En el mejor de los casos, causaríamos la expansión de la insurgencia», señaló hace poco más de dos años en Military Review.
Eso implica que las dos líneas de acción tradicionales de las fuerzas armadas, las operaciones de combate y el adiestramiento de fuerzas de seguridad locales, son insuficientes. Se propone por lo tanto asumir tres líneas de acción «no tradicionales», o sea aquellas que antes correspondían al gobierno y a la sociedad civil: dotar a la población de servicios esenciales, construir una forma de gobierno legítimo y potenciar el «pluralismo económico», o sea la economía de mercado.
Con las obras de infraestructura buscan mejorar la situación de la población más pobre y a la vez crear fuentes de empleo que sirvan para enviarles señales visibles de progreso. En segundo lugar, crear un régimen «democrático» es considerado un punto esencial para legitimar todo el proceso. Para los mandos de Estados Unidos en Irak, el «punto de penetración» de sus tropas fueron las elecciones del 30 de enero de 2005. En el pensamiento estratégico la democracia queda reducida a la emisión del voto.
Por último, mediante la expansión de la lógica del mercado, que busca «aburguesar los centros de las ciudades y crear concentraciones de empresas» que se conviertan en un sector dinámico que impulse al resto de la sociedad, se intenta reducir la capacidad de reclutamiento de los insurgentes. En adelante, la población pobre de las periferias urbanas será, en la jerga militar, «el centro de gravedad estratégico y operacional».
Este conjunto de mecanismos es lo que hoy las fuerzas armadas de la principal potencial global consideran como la forma de obtener «seguridad verdadera a largo plazo». De este modo, la «democracia», la expansión de los servicios y la economía de mercado dejan de ser derechos ciudadanos o bien objetivos moralmente deseables para convertirse en engranajes de una estrategia de control militar de la población o de una región del mundo, y, por supuesto, de sus recursos.
Seguridad y cooperación: dos caras de una estrategia
Después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) «ha jugado un rol cada vez más prominente en la Guerra Contra el Terrorismo», dijo el coronel Thomas Baltasar en el Miltary Review . Los programas estadunidenses para el desarrollo, no se dirigen a la población que más los necesita sino a las «poblaciones y regiones consideradas de alto riesgo», según la estrategia del Pentágono.
Para los estrategas militares, los programas de la USAID juegan un papel destacado «en negar refugio y financiación a los terroristas al disminuir las condiciones subyacentes que causan que las poblaciones locales sean vulnerables al reclutamiento por parte de los terroristas». Del mismo modo, «los programas de USAID destinados a fortalecer una gobernabilidad efectiva y legítima son reconocidos como instrumentos clave para tratar con la contrainsurgencia».
La estrategia del Pentágono es buscar la seguridad para los Estados Unidos, y para ello utiliza la «democracia» y la «ayuda para el desarrollo» como medios complementarios de la acción militar. El coronel Baltazar sostiene que «el desarrollo refuerza la diplomacia y la defensa, reduciendo así las amenazas de largo plazo a nuestra seguridad nacional al ayudar el proceso de fortalecer sociedades estables, prósperas y pacíficas».
Parece necesario enfatizar que la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y el combate a la pobreza—algunos de los eslóganes predilectos del Banco Mundial y otras agencias financieras—son apenas estrategias de control y subordinación de la población «potencialmente» rebelde o resistente a los objetivos de la multinacionales estadunidenses. El análisis del Pentágono sobre la realidad africana, identificó según el coronel Baltazar, «las causas del extremismo», destacando entre ellas la existencia de «grandes poblaciones ya sea marginadas o privadas del derecho de voto y la exclusión del proceso político como las causas claves de inestabilidad en la región».
La democracia electoral y el desarrollo son necesarios como forma de prevenir el terrorismo, pero no son objetivos en sí mismos. En las circunstancias de países con estados débiles y altas concentraciones de pobres urbanos, las fuerzas armadas son las que ocupan durante un tiempo el lugar del soberano, reconstruyen el Estado y ponen en marcha—de modo absolutamente vertical y autoritario—los mecanismos que aseguran la continuidad de la dominación.
En Irak, estas políticas tienen su contracara y complemento en la edificación de grandes muros para separar decenas de barrios de Bagdad. Según el escritor y arabista Santiago Alba Rico, la construcción de muros en diez barrios de la capital iraquí busca que cada vecindario se convierta en «un armario acorazado cuyos habitantes son clasificados o abandonados en cajones cerrados y recintos estancos»8.
La lógica es muy simple: «Los barrios que no han podido ser doblegados militarmente, son amurallados, precintados y abandonados a su suerte. Zonas completas de la ciudad han sido delimitadas y segregadas con los vecinos confinados en su interior, sometidos a controles tan férreos—de entrada y de salida—que puede hablarse sin vacilación de una política de ghetto».
En otras partes del mundo, no hacen falta muros de cemento para aislar y separar los barrios periféricos. Se levantan muros simbólicos tejidos en base a las diferencias de color, forma de vestir y modo de habitar el espacio. Pero los resultados y los objetivos son idénticos. Los mecanismos de control—tengan ropajes militares, sean ONGs para el desarrollo o promuevan la economía de mercado y la democracia electoral—aparecen entrelazados y, en casos extremos como los barrios de Bagdad, las favelas de Rio de Janeiro o las barriadas de Puerto Príncipe en Haití, aparecen subordinados a los planes militares.
En Brasil, por poner apenas un ejemplo, se aplican diversas formas de control de modo simultáneo: el plan Hambre Cero es compatible con la militarización de las favelas.
En su reflexión sobre el nazismo en su texto «Sobre el concepto de historia», el escritor alemán Walter Benjamin asegura que «la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla». La política de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se ajusta al concepto de «estado de excepción permanente». El «estado de excepción» -que suspende los derechos de los ciudadanos y militariza zonas y países enteros-, se aplica de modo indistinto en situaciones y por razones muy diversas, desde problemas políticos internos hasta amenazas exteriores, desde una emergencia económica hasta un desastre natural.
En efecto, el estado de excepción se aplicó en situaciones como la crisis económico-financiera argentina que eclosionó en diciembre de 2001 en un amplio movimiento social; para enfrentar los efectos del huracán Katrina en Nueva Orleáns; para contener la rebelión de los inmigrantes pobres de las periferias de las ciudades francesas en 2005. Lo común, más allá de circunstancias y países, es que en todos los casos se aplica para contener a los pobres de las ciudades.
Recursos
Mike Davis, «La pobreza urbana y la lucha contra el capitalismo», entrevista, 30 de julio de 2006 en www.sinpermiso.info.
Mike Davis, «Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario estratégico decisivo», 2 de marzo de 2007 en www.rebelion.org.
Santiago Alba Rico «Emparedar a la resistencia», Diagonal, Madrid, 10 de mayo de 2007.
Thomas Baltazar (coronel) «El rol de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la ayuda para combatir el terrorismo», en Military Review, setiembre-octubre de 2007.
William S. Lind, «Comprendiendo la guerra de Cuarta Generación», Military Review, enero-febrero 2005.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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