Nota
Una política global para controlar a los pobres: el otro corralito
Las periferias urbanas de los países del Tercer Mundo se han convertido en escenarios de guerra, donde los Estados intentan mantener un orden asentado en el establecimiento de una suerte de «cordón sanitario» que consiga aislar a los pobres de la sociedad «normal». En esta nota, el periodista Raúl Zibechi describe lo que pasa del otro lado de la General Paz, Haití o Brasil.
«Fuentes del Ejército confirmaron que las técnicas empleadas en la ocupación de la favela Morro da Providéncia, son las mismas que las tropas brasileñas utilizan en la misión de paz de las Naciones Unidas en Haití», publicó el diario Estado de San Pablo a fines del año pasado.
Este reconocimiento de las fuerzas armadas de Brasil, explica en gran medida el interés que tiene el gobierno de Lula da Silva en que las tropas de su país se mantengan en la isla caribeña: se trata de poner a prueba estrategias de contención en los barrios pobres de Puerto Príncipe (capital de Haití), que han sido diseñadas para su aplicación en las favelas de Rio de Janeiro, Sao Paulo y otras grandes ciudades.
Pero la noticia publicada por el diario Estado de Sao Paulo va más lejos al desnudar la forma de operar de los militares. El general que dirige la ocupación de la favela Morro da Providéncia por 200 soldados, William Soares, comandó la 9a. Brigada de Infantería Motorizada en Haití. Los soldados instalaron ametralladoras en «la única plaza de la comunidad, transformada en base militar», que fueron retiradas para facilitar el diálogo con la población. En la reunión con la Asociación de Pobladores, el general Soares «prometió obras, fiesta de Navidad con distribución de regalos para los niños, colonia de vacaciones, proyección de filmes, atención médica y sanitaria».
Según informó el diario, «en contrapartida el Ejército está recogiendo informaciones sobre la favela y sus habitantes. Los militares filmaron y fotografiaron la reunión y todo el movimiento de las tropas». El general Soares realizó todas esas promesas para «aplacar la revuelta de los líderes comunitarios contra el proyecto social previsto para la favela».
Los pobres urbanos como amenaza
El urbanista estadunidense Mike Davis analiza las periferias urbanas desde su compromiso con el cambio social. Una sola frase escrita en el sitio www.rebelión,org sintetiza su análisis: «Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario geopolítico decisivo». Asegura que los estrategas del Pentágono están dando mucha importancia al urbanismo y la arquitectura, ya que esas periferias son «uno de los grandes retos que deparará el futuro a las tecnologías bélicas y a los proyectos imperiales».
En efecto, un estudio de las Naciones Unidas estima que mil millones de personas viven en las barriadas periféricas de las ciudades del tercer mundo y que los pobres de las grandes ciudades del mundo trepan a dos mil millones, un tercio de la humanidad. Esas cifras se duplicarán en los próximos 15 a 20 años, ya que el crecimiento de la población mundial se producirá íntegramente en las ciudades y un 95% se registrará en los suburbios de las ciudades del sur, según lo publicado en el sitio www.sinpermiso.info.
La situación es más grave aún de lo que muestran los números: la urbanización, como señala Mike Davis, se ha desconectado y autonomizado de la industrialización y aún del crecimiento económico, lo que implica una «desconexión estructural y permanente de muchos habitantes de la ciudad respecto de la economía formal». Por otro lado, observa que «en la última década los pobres—y me refiero no sólo a los de los barrios clásicos que mostraban ya niveles altos de organización, sino también a los nuevos pobres de las periferias—se han estado organizando a gran escala, ya sea en una ciudad iraquí como Ciudad Sadr o en Buenos Aires».
En América Latina los principales desafíos al dominio de las elites han surgido del corazón de las barriadas pobres: desde el Caracazo de 1989 hasta la comuna de Oaxaca en 2006. Prueba de ello son los levantamientos populares de Asunción en marzo de 1999, Quito en febrero de 1997 y enero de 2000, Lima y Cochabamba en abril de 2000, Buenos Aires en diciembre de 2001, Arequipa en junio de 2002, Caracas en abril de 2002, La Paz en febrero de 2003 y El Alto en octubre de 2003, por mencionar sólo los casos más relevantes.
Más aún: las periferias urbanas se han convertido en los espacios desde los que los grupos subalternos han lanzado los más formidables desafíos al sistema, hasta convertirse en algo así como contrapoderes populares. Mike Davis tiene razón: el control de los pobres urbanos es el objetivo más importante que se han trazado tanto los gobiernos como los organismos financieros globales y las fuerzas armadas de los países más importantes.
Muchas grandes ciudades latinoamericanas parecen por momentos al borde de la explosión social y varias de ellas han venido estallando en las dos últimas décadas por los motivos más diversos. El temor de los poderosos parece apuntar en una doble dirección: aplazar o hacer inviable el estallido o la insurrección y, por otro lado, evitar que se consoliden esos «agujeros negros» fuera del control estatal donde surgen los principales desafíos a las elites.
Las nuevas estrategias militares
Las publicaciones dedicadas al pensamiento militar, así como los análisis de los organismos financieros, dedican en los últimos años amplios espacios a abordar los desafíos que presentan las pandillas, y a debatir los nuevos problemas que plantea la guerra urbana. Los conceptos de «guerra asimétrica» y de «guerra de cuarta generación» son respuestas a problemas idénticos a los que plantean las periferias urbanas del tercer mundo: el nacimiento de un tipo de guerra contra enemigos no estatales, en el que la superioridad militar no juega un papel decisivo.
William Lind, director del Centro para el Conservadurismo Cultural de la Fundación del Congreso Libre, asegura que el Estado ha perdido el monopolio de la guerra y las elites sienten que los «peligros» se multiplican. «En casi todos los lugares, el Estado está perdiendo». Pese a ser partidario de abandonar Irak lo antes posible, Lind defiende la «guerra total» que supone enfrentar a los enemigos en todos los terrenos: económicos, culturales, sociales, políticos, comunicacionales y también militares.
Un buen ejemplo de esta guerra de espectro total, es su creencia de que los peligros para la hegemonía estadunidense anidan en todos los aspectos de la vida cotidiana o, si se prefiere, en la vida a secas. A modo de ejemplo, considera que «en la guerra de cuarta generación, la invasión mediante la inmigración puede ser tan peligrosa como la invasión que emplea un ejército de estado». Los nuevos problemas que nacen a raíz de la «crisis universal de legitimidad del Estado» ponen en el centro a los «enemigos no estatales». Esto lo lleva a concluir con una doble advertencia a los mandos militares: ninguna fuerza armada ha logrado éxito ante un enemigo no estatal.
Este problema está en el núcleo del nuevo pensamiento militar, que debe ser reformulado completamente para asumir desafíos que antes correspondían a las áreas «civiles» del aparato estatal. La militarización de la sociedad para recuperar el control de las periferias urbanas no es suficiente, como lo revela la experiencia militar reciente en el tercer mundo.
Los mandos militares que se desempeñan en Irak parecen tener clara conciencia de los problemas que deben enfrentar. El general de división Peter W. Chiarelli, en base a su reciente experiencia en Bagdad en el suburbio de Ciudad Sadr, sostiene que la seguridad es el objetivo a largo plazo, pero no se consigue con acciones militares. «Las operaciones de combate proporcionarían las victorias posibles a corto plazo (…) pero a la larga, sería el comienzo del fin. En el mejor de los casos, causaríamos la expansión de la insurgencia», señaló hace poco más de dos años en Military Review.
Eso implica que las dos líneas de acción tradicionales de las fuerzas armadas, las operaciones de combate y el adiestramiento de fuerzas de seguridad locales, son insuficientes. Se propone por lo tanto asumir tres líneas de acción «no tradicionales», o sea aquellas que antes correspondían al gobierno y a la sociedad civil: dotar a la población de servicios esenciales, construir una forma de gobierno legítimo y potenciar el «pluralismo económico», o sea la economía de mercado.
Con las obras de infraestructura buscan mejorar la situación de la población más pobre y a la vez crear fuentes de empleo que sirvan para enviarles señales visibles de progreso. En segundo lugar, crear un régimen «democrático» es considerado un punto esencial para legitimar todo el proceso. Para los mandos de Estados Unidos en Irak, el «punto de penetración» de sus tropas fueron las elecciones del 30 de enero de 2005. En el pensamiento estratégico la democracia queda reducida a la emisión del voto.
Por último, mediante la expansión de la lógica del mercado, que busca «aburguesar los centros de las ciudades y crear concentraciones de empresas» que se conviertan en un sector dinámico que impulse al resto de la sociedad, se intenta reducir la capacidad de reclutamiento de los insurgentes. En adelante, la población pobre de las periferias urbanas será, en la jerga militar, «el centro de gravedad estratégico y operacional».
Este conjunto de mecanismos es lo que hoy las fuerzas armadas de la principal potencial global consideran como la forma de obtener «seguridad verdadera a largo plazo». De este modo, la «democracia», la expansión de los servicios y la economía de mercado dejan de ser derechos ciudadanos o bien objetivos moralmente deseables para convertirse en engranajes de una estrategia de control militar de la población o de una región del mundo, y, por supuesto, de sus recursos.
Seguridad y cooperación: dos caras de una estrategia
Después de los atentados terroristas del 11 de setiembre de 2001, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) «ha jugado un rol cada vez más prominente en la Guerra Contra el Terrorismo», dijo el coronel Thomas Baltasar en el Miltary Review . Los programas estadunidenses para el desarrollo, no se dirigen a la población que más los necesita sino a las «poblaciones y regiones consideradas de alto riesgo», según la estrategia del Pentágono.
Para los estrategas militares, los programas de la USAID juegan un papel destacado «en negar refugio y financiación a los terroristas al disminuir las condiciones subyacentes que causan que las poblaciones locales sean vulnerables al reclutamiento por parte de los terroristas». Del mismo modo, «los programas de USAID destinados a fortalecer una gobernabilidad efectiva y legítima son reconocidos como instrumentos clave para tratar con la contrainsurgencia».
La estrategia del Pentágono es buscar la seguridad para los Estados Unidos, y para ello utiliza la «democracia» y la «ayuda para el desarrollo» como medios complementarios de la acción militar. El coronel Baltazar sostiene que «el desarrollo refuerza la diplomacia y la defensa, reduciendo así las amenazas de largo plazo a nuestra seguridad nacional al ayudar el proceso de fortalecer sociedades estables, prósperas y pacíficas».
Parece necesario enfatizar que la cooperación internacional, la ayuda al desarrollo y el combate a la pobreza—algunos de los eslóganes predilectos del Banco Mundial y otras agencias financieras—son apenas estrategias de control y subordinación de la población «potencialmente» rebelde o resistente a los objetivos de la multinacionales estadunidenses. El análisis del Pentágono sobre la realidad africana, identificó según el coronel Baltazar, «las causas del extremismo», destacando entre ellas la existencia de «grandes poblaciones ya sea marginadas o privadas del derecho de voto y la exclusión del proceso político como las causas claves de inestabilidad en la región».
La democracia electoral y el desarrollo son necesarios como forma de prevenir el terrorismo, pero no son objetivos en sí mismos. En las circunstancias de países con estados débiles y altas concentraciones de pobres urbanos, las fuerzas armadas son las que ocupan durante un tiempo el lugar del soberano, reconstruyen el Estado y ponen en marcha—de modo absolutamente vertical y autoritario—los mecanismos que aseguran la continuidad de la dominación.
En Irak, estas políticas tienen su contracara y complemento en la edificación de grandes muros para separar decenas de barrios de Bagdad. Según el escritor y arabista Santiago Alba Rico, la construcción de muros en diez barrios de la capital iraquí busca que cada vecindario se convierta en «un armario acorazado cuyos habitantes son clasificados o abandonados en cajones cerrados y recintos estancos»8.
La lógica es muy simple: «Los barrios que no han podido ser doblegados militarmente, son amurallados, precintados y abandonados a su suerte. Zonas completas de la ciudad han sido delimitadas y segregadas con los vecinos confinados en su interior, sometidos a controles tan férreos—de entrada y de salida—que puede hablarse sin vacilación de una política de ghetto».
En otras partes del mundo, no hacen falta muros de cemento para aislar y separar los barrios periféricos. Se levantan muros simbólicos tejidos en base a las diferencias de color, forma de vestir y modo de habitar el espacio. Pero los resultados y los objetivos son idénticos. Los mecanismos de control—tengan ropajes militares, sean ONGs para el desarrollo o promuevan la economía de mercado y la democracia electoral—aparecen entrelazados y, en casos extremos como los barrios de Bagdad, las favelas de Rio de Janeiro o las barriadas de Puerto Príncipe en Haití, aparecen subordinados a los planes militares.
En Brasil, por poner apenas un ejemplo, se aplican diversas formas de control de modo simultáneo: el plan Hambre Cero es compatible con la militarización de las favelas.
En su reflexión sobre el nazismo en su texto «Sobre el concepto de historia», el escritor alemán Walter Benjamin asegura que «la tradición de los oprimidos nos enseña que el estado de excepción en el que vivimos es la regla». La política de Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 se ajusta al concepto de «estado de excepción permanente». El «estado de excepción» -que suspende los derechos de los ciudadanos y militariza zonas y países enteros-, se aplica de modo indistinto en situaciones y por razones muy diversas, desde problemas políticos internos hasta amenazas exteriores, desde una emergencia económica hasta un desastre natural.
En efecto, el estado de excepción se aplicó en situaciones como la crisis económico-financiera argentina que eclosionó en diciembre de 2001 en un amplio movimiento social; para enfrentar los efectos del huracán Katrina en Nueva Orleáns; para contener la rebelión de los inmigrantes pobres de las periferias de las ciudades francesas en 2005. Lo común, más allá de circunstancias y países, es que en todos los casos se aplica para contener a los pobres de las ciudades.
Recursos
Mike Davis, «La pobreza urbana y la lucha contra el capitalismo», entrevista, 30 de julio de 2006 en www.sinpermiso.info.
Mike Davis, «Los suburbios de las ciudades del tercer mundo son el nuevo escenario estratégico decisivo», 2 de marzo de 2007 en www.rebelion.org.
Santiago Alba Rico «Emparedar a la resistencia», Diagonal, Madrid, 10 de mayo de 2007.
Thomas Baltazar (coronel) «El rol de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y la ayuda para combatir el terrorismo», en Military Review, setiembre-octubre de 2007.
William S. Lind, «Comprendiendo la guerra de Cuarta Generación», Military Review, enero-febrero 2005.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
-
MU180Hace 2 semanas
La Sirena: Sofía Dieguez, cantante y actriz
-
NotaHace 2 semanas
Desaparecido en democracia: ¿Dónde está Tehuel de la Torre? 2 años, la misma pregunta
-
MU180Hace 2 semanas
Más Que Unx: Rock & 10
-
Revista MuHace 1 semana
Mu 180: Lo que está en juego
-
lavacaTVHace 4 semanas
Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 8
-
MU180Hace 2 semanas
El blues de la zanahoria: Fantastic Negrito, música & agroecología en EE.UU
-
NotaHace 1 semana
Jury a los jueces del caso Lucía Pérez: un paso más cerca
-
NotaHace 4 semanas
Fue femicidio: en atento silencio y durante 5 horas cientos de personas escucharon el pedido de perpetua para los imputados por el crimen de Lucía