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Uruguay histórica: el Congreso aprobó la Ley Integral para Personas Trans
Después de una larga lucha en las calles y en el recinto, el Congreso uruguayo aprobó la Ley Integral para Personas Trans, un proyecto de vanguardia en la región. El texto no sólo contempla el derecho a la identidad de género sino que crea una serie de herramientas y mecanismos de prevención, promoción y protección en ámbitos educativos, sanitarios, laborales y de acceso a la vivienda. Destina un cupo de puestos de trabajo, programas de capacitación y también un resarcimiento económico a personas trans que hayan sido víctimas de la dictadura. El proyecto completo.
Uruguay dio un paso histórico este viernes al aprobar la Ley Integral para Personas Trans, que contempla no sólo el derecho a la identidad de género sino también un abanico de mecanismos de prevención, atención, protección, promoción y reparación en ámbitos de educación, salud, vivienda y trabajo, con la incorporación de cupo trans en todos los niveles del Estado. “Contempla el derecho de las personas trans desde una mirada integral, entendiendo que históricamente hemos sido expulsadas de todos los sistemas, comenzando por la desfiliación familiar, que es tan solo la primera de una cadena que tiene que ver con lo educativo, lo sanitario y el hecho de no poder entrar a un mercado formal”, explica a lavaca la activista trans Delfina Martínez, sobre la importancia histórica del proyecto.
Los principales puntos del proyecto son:
- Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico, morfológico, hormonal de asignación u otro. “Este derecho incluye el de ser identificado de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la consonancia entre esta identidad y el nombre y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona”.
- En términos de visibilidad, Incorpora “identidad de género” como variable en todos los sistemas oficiales de información estadística, es decir el Censo, la Encuesta Continua de Hogares, los informes de la Oficina Nacional del Servicio Civil y todas las mediciones públicas que releven la variable “sexo”.
- La ley destina el 1% de los puestos de trabajo a personas trans en el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos, los Servicios Descentralizados y las personas de derecho público no estatal. El seguimiento será realizado por el Consejo Nacional Coordinador de Políticas Públicas de Diversidad Sexual.
- En ese sentido, encomienda al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional un cupo no inferior al 1% destinado a personas trans en diversos programas de capacitación y calificación que implemente.
- En Salud, exige a la autoridad competente elaborar guías de recomendaciones o protocolos de actuación que prevean la constitución de equipos multidisciplinarios y especializados en identidad de género y diversidad sexual.
- También establece un régimen reparatorio para las personas nacidas con anterioridad al 31 de diciembre de 1975 que acrediten que fueron víctimas de violencia institucional o privadas de su libertad por causas relacionadas a su identidad de género.
En Educación, exige que todas las instituciones educativas deben:
- Aseguras que las personas trans no sean excluidas por razones de su identidad.
- Prestar apoyo psicológico, pedagógico, social y económico para concretar su desarrollo académico y social.
- Incorporar a personas trans en sus programas para culminar sus estudios en nivel primario, medio y superior, con acceso a cupos disponibles y becas. En ese sentido, los organismos competentes destinarán un 2% para personas trans.
Hoy en Uruguay viven alrededor de 1000 personas que, con esta ley, luchan por salir del marco de estigma y discriminación. Según el Primer Censo Nacional de Personas Trans, realizado en 2016, siete de cada diez se prostituyeron ante la ausencia de trabajo, una tercera parte está desocupada y sólo poco más del 20 por ciento tiene trabajo formal. Además, en los centros educativos, 75 de 100 sufrieron acoso, sólo 9 completaron una carrera universitaria y apenas un tercio finalizó los primeros cuatro años de la secundaria.
“Es una situación de alarma y emergencia que tenía que legislarse de alguna manera”, explica Delfina. “La cuestión reparatoria es fundamental, porque es entender que esas personas vivieron la dictadura y que, en posdictadura, estuvo vigente un decreto que criminalizaba y habilitaba detenciones arbitrarias, violencias y torturas”.
–¿Cuál es la importancia del proyecto?
-Es muy importante también el acceso a la vivienda y la cultura, que seamos prioritarias en eso. En Uruguay es muy difícil conseguir un alquiler, y cuando lo hacemos, se complica el doble porque no tenés los papeles necesarios: muchas chicas se dedican a la prostitución, entonces no tenés un trabajo que compruebe que puedas pagar mes a mes. El único arreglo es con inmobiliarias medio truchas que te cobran mucho más para ingresar. Y son temporarios.
-¿Qué implica la dimensión integral del proyecto?
–Aquí tenemos Ley de Identidad desde 2009, pero este proyecto renueva la anterior porque el proceso era vía judicial y ahora pasa a ser un trámite administrativo, que de alguna manera también habilita a las infancias. Porque se especifica que, cuando no se tiene la anuencia de los padres o tutores legales, pueda primar la anuencia del menor. Hay una realidad: no todas venimos de familias que te abrazan y en la que está todo bien, en donde no sos una perversión. Por eso era súper necesario contemplar lo que tiene que ver con la autonomía progresiva, en el marco de que también aquí tenemos ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
-¿Hubo reacción al proyecto?
-Los mismos antiderechos de siempre, disfrazados de familia con buenas costumbres y moral, pero que en realidad están cuidando su kiosquito. Y como ven que están perdiendo adeptos y la gente está perdiendo cada vez más, se están poniendo terribles. Hicieron un colectivo en la que se presentaron como “personas ex trans”. Nunca lo fueron: son pastores y nunca fueron a la iglesia. Son la misma gente de “a mis hijos no nos tocan”, “varones unidos”.
-¿Cuál es el panorama que se abre a partir de ahora?
-Es importante entender que, a partir de ahora, las leyes no son nada sino es la sociedad en general la que se encarga de darle un seguimiento, porque se viene la implementación para poder, de alguna manera, hacer cumplir con lo que dice el papel.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío Santillán.

Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
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