Esta nota cuenta la historia de Gustavo Benedetto, Carlos «Petete» Almirón, Gastón Rivas, Diego Lamagna y Luis Alberto Márquez, asesinados el 20 de diciembre de 2001 en Plaza de Mayo. No fue publicada en nuestra página web porque no existía. Fue distribuida por mail a una decena de direcciones con la esperanza de aportar algunos datos que transformaran la información sobre los muertos y heridos aquel 20 de diciembre en algo más que el mero número del que daban cuenta los medios comerciales. No sabíamos qué estábamos haciendo, pero sí porqué. Así, hace 23 años, nació lavaca. Y este trabajo fue incluido en el libro Grandes Crónicas Periodísticas de la editorial ComunicArte junto a textos de José Martí, John Reed, Edmundo de Amicis, Edgar Snow, Seymour Hersh, John Hersey, Vasili Grossman, William Russell y Elena Poniatowska, entre otros.

En septiembre último, la Corte Suprema dejó firmes las condenas a quien era secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y al ex jefe de la Policía Federal Rubén Santos, fallo judicial confirma al menos en parte lo que es una certeza cotidiana: la posible responsabilidad penal de los funcionarios que ordenan reprimir y de quienes ejecutan esa orden.

Sin retocar las desprolijidades que la urgencia periodística nos dictó entonces, compartimos -ahora sí- con nuestros miles de lectores ésta, la primera crónica de lavaca, que acompañamos con una palabra inventada: anticopyright.

El pasado 20 de diciembre, la jueza María Romilda Servini de Cubría en persona cruzó la Plaza de Mayo, esquivando gases lacrimógenos y pedradas, intentado encontrar allí al responsable de la represión que, apenas diez minutos antes, había observado en el televisor de su despacho. Eran las 11.30 de la mañana cuando la jueza habló con el uniformado de mayor rango que encontró en el tumulto. Sus palabras fueron claras:
-Soy la jueza federal de turno. Le ordeno el cese inmediato del operativo de desalojo de la plaza. Informe a quien corresponda que yo estoy a cargo de la seguridad de estas personas.
El uniformado le respondió que el mensaje sería transmitido al comisario mayor Norberto Edgardo Gauderio, el responsable de la Mesa de Situación de la Policía Federal en ese momento.
Luego, la jueza se dirigió a tres comisarías para liberar a quienes habían sido detenidos en las refriegas.
A las dos de la tarde regresó a su despacho. En la pantalla del televisor las imágenes eran claras. Nadie le había hecho caso.
Hoy, la jueza Servini de Cubría investiga cinco homicidios. Los dos primeros ocurrieron a las 16.20 en el cruce de Lima y Avenida de Mayo. El último fue antes de las 18. Ese fue el lapso más salvaje de la batalla de Plaza de Mayo. Fue, también, el que marcó el final de Fernando De la Rúa, tras 740 días de mandato. La quinta víctima cayó delante de las cámaras de televisión, en donde quedó impreso el grito: «Están disparando desde adentro». Los testigos señalan el edificio La Buenos Aires, en Avenida de Mayo 677, donde el Banco HSBC tiene cuatro cajeros automáticos en la planta baja y sus oficinas centrales en lo alto de una torre fuertemente custodiada: en la décima planta funciona la Embajada de Israel, luego de que, en 1992, un atentado terrorista destruyera su anterior sede. La justicia secuestró la cinta de la cámara de seguridad del banco, donde se puede ver difusamente a un grupo de cuatro custodios disparando desde el área de los cajeros automáticos. Las pericias preliminares realizadas sobre los vidrios del edificio indican que los cristales se astillaron por disparos efectuados desde adentro hacia afuera. Uno de ellos fue el que mató al muchacho que todos vieron caer ante las cámaras y que, según los registros de la causa, llegó muerto al Hospital Ramos Mejía a las 17.30.
Gustavo Ariel Benedetto, 23 años, hijo de su barrio -La Tablada-, egresado de la escuela secundaria y pública Número 155, trabajaba como repositor de la sección verduras del supermercado Dia durante doce horas al día y por cuatrocientos pesos al mes.
Su amiga y abogada, Cristina Laborde, lo describe como «un pibe de cutis blanco, flaco y muy alto: casi un metro noventa. Esa altura lo convirtió en un blanco fácil». Gustavo vivía con su madre y su hermana en una casa de una planta, con dos habitaciones, comedor, cocina, patio y perro. Su padre había muerto de cáncer nueve meses atrás y, desde entonces, él era el único sostén familiar. Su universo privado era su cuarto, con dos camas, un mueble para guardar ropa, un estante con CDs y equipo de música, un banderín del Ríver Plate, un poster del retirado delantero Enzo Francescoli y la bandera de su banda musical preferida: Baroja, nacida y criada en La Tablada, como él. Rock duro y potente, con una guitarra furiosa, batería, bajo, saxo y canciones que hoy también suenan proféticas:
No esperes más que no hay a dónde ir/
Rompe la mentira que lo que falta es la verdad/
Solo lucha una vez/
La muerte está esperándote.
Sebastián Piacentini, el mejor amigo de Gustavo, es el autor de la letra y el que explica lo que ahora resulta obvio: «La muerte, la verdad y la mentira son temas que siempre están presentes en nuestra banda. No pensé en nadie en especial cuando la compuse. Se llama Sólo faltás vos y cuando la cantamos en un concierto, seis días después de la muerte de Gustavo, recordé todo lo que pasamos juntos. Y me di cuenta lo solo que se habrá sentido ese último día».
Ese último día, Gustavo se presentó a trabajar a las siete de la mañana, pero la amenaza de los saqueos obligó al supermercado a cerrar. Preocupado por la suerte del local, regresó al mediodía y comprobó el desastre: las persianas y los vidrios estaban rotos, las góndolas vacías, los destrozos desparramados por todos lados. Impotente, Gustavo decidió ir a Plaza de Mayo a protestar. Intentó convencer a varios amigos para que lo acompañaran, pero ninguno estaba disponible. Su determinación o indignación tiene esa dimensión: un muchacho que siempre estaba acompañado, escoltado por su barra de amigos, sube solo al colectivo número 126, viaja durante una hora y media y desciende cien metros antes de toparse con una bala.
Gustavo cayó en Avenida de Mayo al 600, delante de las cámaras, frente a los ojos de su mamá y su hermana. Las dos lo vieron morir por televisión, once días antes de poder festejarle el cumpleaños número 24, mientras escuchaban que alguien gritaba: «están tirando desde adentro».
Otro alguien, días después, dejó un mensaje en el contestador telefónico de la abogada Laborde con anónimas amenazas. Anónimas, también, fueron las manos que hackearon el correo electrónico que difundieron los amigos de Gustavo para obtener datos del asesinato. «También es un misterio -sigue la abogada- por qué tenía la cara lastimada con balines de goma. Las imágenes de la televisión lo muestran sangrando, pero con la cara intacta. Un testigo declaró que tampoco recuerda haberle visto esas marcas. Pero cuando nos entregaron el cadáver tenía las mejillas heridas, como si hubiese recibido una ráfaga».
Es jueves, son las cinco y media de la tarde, pero ha pasado ya una semana desde la batalla de Plaza de Mayo y la guardia del Hospital Ramos Mejía está tranquila. El jefe aclara que no está autorizado a dar información oficial. Recuerda perfectamente que hasta allí no llegó Gustavo Benedetto, sino su cuerpo. Por eso, en los registros de la guardia está inscripto como «N.N., varón». Los médicos se limitaron a constatar su muerte. «Esa tarde estábamos desbordados. Nos hicieron trabajar de lo lindo. Y salvamos a varios. Ya desde la madrugada atendimos heridos, pero los más graves empezaron a llegar poco después de las cuatro de la tarde. Estuvimos en el quirófano hasta las dos de la mañana, sacando balas de todo calibre».
Cuando se le pide que recuerde qué fue lo que más le llamó la atención de todos esos cuerpos heridos que desfilaron por sus manos, responde sin dudar:
– Los tatuajes y los cortes.
– ¿Qué cortes?
– Cortes, heridas viejas. La mayoría eran chicos jóvenes, aunque parecían mucho más jóvenes de lo que en realidad eran, con tatuajes y cicatrices por todos lados. Le puedo asegurar que no era gente como usted o como yo.
– ¿En qué sentido?
– No eran de clase media. Seguro.
En la sala de cirugía del tercer piso todavía está internado Marcelo Dorado, uno de los obligados pacientes del jefe de guardia. El chico tiene el pelo desordenado, una remera gastada y un pantalón corto, deportivo, con varios campeonatos y lavados. Está muy pálido, ojeroso, flaco. A simple vista parece un adolescente de 18 años. Tiene 28.
Marcelo trabaja desde hace cuatro años en una empresa de cerramientos de aluminio, de 9 a 18. Su obligación es ir todos los días de la semana en ese horario, pero solo cobra por cada trabajo efectivamente realizado. En las buenas semanas, se lleva entre 200 y 300 pesos. En las otras, nada.
Ese día de furia, la empresa lo había destinado a unas oficinas de la calle Salta para trabajar en una mudanza. Llegó temprano, con otros dos compañeros que lo ayudaron a desarmar todo, mientras escuchaban la radio. Al mediodía, le plantearon al responsable del lugar que sería mejor dejar para otro día el traslado, ya que estaban en plena zona de combate, a unas pocas cuadras de Plaza de Mayo. El hombre les dio la razón.
Marcelo se despidió de sus compañeros y apuró el paso: quería llegar a Retiro para tomar el tren que lo regresaba a su empleo, en las afueras de Buenos Aires. Apenas se acercó a la zona del Obelisco vio la nube gris de gases lacrimógenos. Pero como ni el tránsito ni los semáforos estaban cortados, pensó que no sería para tanto. Esperó, hasta que creyó que la refriega entre manifestantes y policías se había calmado y retomó la marcha.
Marcelo traza en un cuaderno su recorrido. Dibuja en el centro el Obelisco. Una línea que lo atraviesa y que corresponde a la Avenida de Mayo. Y a la derecha, una trinchera, que calcula a una cuadra de distancia, hacia el lado de la Plaza. «Desde allí salían y hacia ahí se replegaban». Está hablando de la Policía Federal.
Tras cinco intentos fallidos de cruzar el Obelisco, Marcelo comprendió la táctica del combate: la policía avanzaba tirando gases y repartiendo palos y, tras unos minutos de refriega, se replegaba. Luego, volvía a la carga. Esos intervalos fueron los que él confundió con la calma. Y en cada uno de ellos intentó avanzar, hasta que no pudo evitar lo inevitable.
Marcelo llamó a su jefe desde la cabina de un teléfono público, en el cruce de Alsina y Nueve de Julio, para avisarle que estaba demorado. Allí recibió los tres balazos. Uno le pegó en la pierna y fue el que lo tumbó en plena avenida, mientras los autos intentaban esquivarlo. Un taxista lo cargó en su auto para llevarlo a un hospital y cuando le sacó la mochila, que todavía colgaba de su hombro derecho, se dio cuenta que tenía un segundo impacto. Fue el que le perforó la pleura y le dejó el pulmón en pronóstico reservado.
El tercer disparo se lo señaló el jefe de la guardia. Le dijo:
– Lo del pulmón es delicado: hay que sacar sangre y aire y mantenerlo controlado. Recién después podemos extraer el proyectil. La bala en la pierna es la que te da esa sensación de hormigueo porque quizá está rozando algún nervio, aunque no creo que sea nada grave. Por ahora tampoco vamos a tocarla. Lo importante es que zafaste de la más jodida. Esa fue apenas un beso, pero podría haber sido el último.
Marcelo aparta sus rulos desordenados y muestra la huella que le dejó el roce del plomo, en la base del cráneo. «Nunca, jamás, se me había cruzado por la cabeza que las balas eran de verdad. Yo veía que la policía tiraba, pero creí que eran balas de goma. No es que yo sea un imprudente ni un colgado y por eso me empeciné en cruzar. Simplemente creí que eso no se podía hacer. Y que no lo hacían».
Es difícil saber qué habrán imaginado los médicos de guardia al encontrarse con Marcelo, tendido en la camilla, temblando de miedo. Pero es posible que no hayan encontrado allí ninguna huella que les permita descifrar su historia.
Marcelo nació y se crió en San Martín, una localidad del oeste bonaerense marcada por el surgimiento y caída de grandes fábricas, pequeños talleres y centros comerciales que la convirtieron en los años 60 y 70 en un punto clave del cordón industrial bonaerense, hoy poblado de fantasmas. Edificios vacíos, persianas cerradas, grandes parques industriales convertidos en hipermercados. San Martín se quedó sin trabajo, pero con su numerosa población intacta. La postal de la crisis la traza hoy un estudio realizado por la consultora Equis en la zona: en el año 2000, el 54,2 por ciento de los asalariados del Gran Buenos Aires tenían ingresos por menos de 500 pesos en un país cuya canasta familiar, según la misma consultora, se calcula en 1.025 pesos.
Marcelo tiene título secundario, un teléfono celular, una computadora y una casilla de email. Tiene un padre que es empleado en una farmacia, una mamá ama de casa y una novia, Verónica, con la que quiere casarse desde hace diez años. No es pobre, pero se ha empobrecido. No es un adolescente, pero sus ingresos oscilantes le impiden hacerse adulto. No sabe cómo construir su futuro, pero hasta tanto ancla sus sueños a un objeto: su batería. A ella le dedica sus horas libres. Toca en tres conjuntos, con los que ensaya en diferentes días, siempre después de cumplir con el horario del único trabajo que consiguió en todos estos años y con el que cual prometió cumplir, pase lo que pase, hasta que las cosas con la música vayan mejorando. «Pero ahora renuncié. Una de las cosas que aprendí con todo esto es que si me voy a morir de hambre, que por lo menos sea con algo que me gusta. No pienso hacer nada que no me guste. No tengo porqué aguantarlo. Eso es lo que aprendí en el Obelisco el otro día. Y creo que ahí me encontré con otra gente que, como yo, ya no se la banca».
Cuando se le pregunta si tiene miedo, su respuesta también es didáctica: «Tengo miedo porque sé que en la música todo es a pulmón. Y mirá como estoy». Marcelo levanta la sonda que sale de su pulmón y una bolsa de sangre y aire queda a la vista.
Es un líquido oscuro, vicoso, impresionante.
Cintia Castro, miembro del cuerpo legal de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, informa que ya presentaron veintidós demandas ante el juzgado de la doctora Servini de Cubria por los delitos de tentativa de homicido, lesiones, tratos crueles, degradantes e inhumanos, daños y robo. Pronto serán veintitrés, ya que el padre de Marcelo escogió esa organización para presentar su caso.
Del resumen de esas demandas, Castro llega a las siguientes conclusiones: «Hubo tres focos de represión claramente diferenciados y que geográficamente podríamos delimitar en la zona de Plaza de Mayo, en Congreso y en las proximidades del Obelisco».
En la zona del Obelisco y Avenida de Mayo se concentraron los casos con balas de plomo. Además de los muertos, la Liga denunció tres heridos con bala de plomo en la cabeza. Dos son motoqueros (mensajeros que se desplazan en motocicletas y que participaron de la protesta de manera tal que un cronista los bautizó «la caballería de los manifestantes»). El tercero es un estudiante del magisterio J. V. González. Las lesiones lo dejaron sin movilidad de la cintura hacia abajo.
En Plaza de Mayo se concentran las denuncias por golpizas y malos tratos, que incluso continuaron una vez producidas las detenciones, en las comisarías. La Liga las menciona por sus números: seccional primera, segunda, tercera y sexta. Castro sintetiza así lo que vio: «La gente que vino acá a firmar la demanda estaba violeta por los golpes recibidos»
En Congreso, la mayoría de las denuncias son por heridas de balas de goma. «Hay una chica integrante de la agrupación Hijos ( agrupación que reúne a los hijos de los desaparecidos durante la dictadura militar) que está con riesgo de perder el ojo y otra a la que le sacaron doce balazos de goma de las piernas» , asegura Castro.
Otra de sus conclusiones es que del relato de los heridos se establece un pico: entre las 16 y las 19.30. «En ese horario se concentran los casos más graves».
-¿Notó que tuviesen algo más en común?
-Sí: son todos jóvenes. Y no hay rubios.
Fernando Almirón comienza por señalar las diferencias con su hermano Carlos. «El era narigón y yo no. El era re estudioso y yo no terminé la secundaria. El tenía 23 y yo 19. A él le gustaba Hermética (un grupo de heavy metal) y a mi la cumbia. El era hincha de Independiente y yo de Los Andes. El era blanco y yo soy morocho». Aunque para él la principal diferencia era otra: a él no le interesa la política y su hermano era militante. Carlos se acercó a una organización social en una protesta contra la violencia policial y siguió participando en la Universidad, en donde cursaba la carrera de Sociología.
Los dos vivían con su bisabuela, Martiniana, de 82 años, en Lanús, una localidad del sur bonaerense de casitas bajas y calles arboladas. La de los Almirón es grande, con tres habitaciones, un jardín en el frente y una parrilla al fondo, custodiada por dos perros. De allí partió Carlos el jueves 20 por la mañana hacia Plaza de Mayo y desde allí salió Fernando desesperado, cuando le anunciaron que su hermano había muerto por un impacto de bala en el tórax. Allí también lo velaron el domingo 23 y desde allí partió el cortejo fúnebre con más de mil personas gritando una consigna política más vieja que el cadáver: «la sangre derramada no será negociada».
La misma consigna escuchó María Mercedes Arena en el sepelio de su marido, Gastón Riva, el padre de sus tres hijos, el motociclista que trabajaba desde las seis y media de la mañana hasta las doce de la noche, el primer muerto registrado a las 16.20 en Lima y Avenida de Mayo, el que recibió el impacto en pleno corazón, el hombre al que su mujer no quiere que se lo identifique por ninguna otra cosa que no sean todas estas. «El no era dirigente motoquero. Ni siquiera estaba afiliado. Estaba caliente, como todos, y seguramente por eso participó de la protesta. Por toda la situación económica, por lo que estamos pasando y porque tenemos tres chicos. ¿Le parece poco?».
Muy cerca de él y a la misma hora cayó Diego Lamagna. Poco se sabe hasta ahora de Diego: sólo que tenía 26 años, era estudiante y vivía con su madre , quien hace poco tiempo había perdido otra hija. Una tercera se la llevó ahora con ella a Puerto Madryn, en la Patagonia.
El quinto muerto parece ser la única excepción. Luis Alberto Márquez no tenía veintipico, sino 58 años. En el expediente consta que le dispararon dos veces: una en el cuello y otra en el pecho, en la esquina de la avenida Nueve de Julio y Sarmiento. Allí está ahora su hijo, Daniel Márquez, participando de una ceremonia organizada por el Grupo de Arte Callejero (GAC) y que a siete días de la batalla recorre los cinco puntos de la ciudad en donde ha caído cada muerto. En cada uno, colocan un pequeño altar, desparraman flores y velas y despliegan un cartel con la consigna: «Asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001».
Daniel tiene 24 años, ojos azules y algunas pecas. Lleva un pantalón de color claro y una chomba roja. Cuando los manifestantes -que apenas suman doscientos- dejan de vivar el nombre completo de su padre, se le acercan unos hombres que ni siquiera conoce, le dan un beso, le piden fuerza y lo dejan solo. Daniel mira sin llorar esa tumba improvisada con cartones, tela negra, velas y flores. Su papá trabajaba muy cerca, comenta. Era vendedor de seguros. Era militante peronista.
Daniel está, literalmente, aterrizando en ese pedazo de suelo argentino. Acaba de llegar de España. Pero su relato no arranca allí, sino en el punto exacto de lo que recuerda como una pesadilla. «La caída comenzó hace diez años. En el 93 nos fuimos por última vez de vacaciones. Al poco tiempo, mis padres se separaron. Empezamos a estar muy mal económicamente. Decidí terminar el secundario a la noche, para poder trabajar. Intenté de todo. Mi último empleo fue como repositor en el supermercado Wal-Mart. De lunes a sábados, nueve horas, por 600 pesos mensuales. No estaba mal. El problema no era el sueldo ni el tipo de trabajo, sino el futuro: en este país por más que te mates trabajando, lo mejor que te puede pasar es mantenerte en el mismo lugar, muerto de miedo, esperando que te bajen el sueldo o te despidan. Entonces, empecé a pensar en irme. Compré el pasaje a fines de noviembre y viajé el 4 de diciembre. El día que mataron a papá había conseguido mi primer empleo en Madrid. Estaba feliz».
-¿Qué hacías?
-Era pintor de paredes.

Foto> Cooperativa SUB

Esta semana inauguramos en la Trinchera un espectáculo único a cargo de Eva Basterra Seoane: Ser Eva, un encuentro mensual, el tercer sábado de cada mes, de agosto a noviembre, con invitadas especiales.

Eva es escritora, cantora, murguera, feminista, hija de Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA cuyo testimonio, crucial en el Juicio a las Juntas Militares.

El especátculo recorre textos y canciones -elegidas por Eva-, para no olvidar: el arte para testimoniar y celebrar la vida. La Eva artista, la que se rebela, la que se entrega a la lucha, la que grita, la que muerde, la que sueña, la que vive.

Con el acompañamiento de Martín Messineo en guitarra y Mariano Rositto en percusión.

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“Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”. Y “Vamos a ir a buscar justicia hasta el fin del mundo”. Sergio Maldonado viene literalmente de ahí, de Ushuaia, de visitar el Juzgado Federal donde recayó ahora la causa por la desaparición muerte de su hermano. “Empezamos de cero”, dice sobre la nueva etapa que debe considerar también la posibilidad que plantea la familia del joven: la de una desaparición forzada.

Santiago Maldonado fue visto por última vez durante una represión salvaje de la Gendarmería a una comunidad mapuche; su cuerpo sin vida apareció 78 días después de ese episodio, en el río. En una primera instancia el juez Lleral –apartado este año- quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, lo cual le valió un duro revés de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia (Corte Suprema y organismos internacionales mediante) que le dio la razón a la familia: hay que seguir investigando.

Las preguntas que aún no tienen respuesta: “Si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba. Y si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí”.

El tiempo perdido. La esperanza, y la vida rota. La memoria de Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado. Y la misma ministra de Seguridad ayer y hoy: Bullrich.

Por Lucas Pedulla

“Esta semana tendría que haber estado con la cabeza en actividades relacionadas a los 7 años de la desaparición de Santiago pero no pude ni ponerme a pensar porque la justicia nos dio tres días para encontrar peritos: justo hoy vence el plazo”. 

Sergio Maldonado habla por teléfono desde Bariloche a siete años del momento que cambió la vida de esta familia para siempre. La sincronía judicial parece una burla por este tiempo sin verdad ni justicia, pero se ubica en un presente extraño: el 10 de mayo de este 2024 la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia apartó al juez federal Gustavo Lleral -que había dictado el cierre de la causa por la desaparición y muerte del joven que el jueves hubiera cumplido 35 años- y derivó el expediente al Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete. 

También revocó el sobreseimiento de los gendarmes imputados (Emmanuel Echazú, Juan Pablo María Escola, Víctor Vaquila Ocampo y Marcelo Iván Ferreyra) y exigió una serie de medidas de prueba que ponen la causa nuevamente en órbita, contra cualquier negacionismo oficial, incluso cuando ambos contextos -aquel fatídico 2017 y este curioso 2024- comparten la misma ministra de Seguridad: Patricia Bullrich.

“Vamos en búsqueda de justicia, hasta el fin del mundo”, dice Sergio, que vive en Bariloche; su abogada, en Buenos Aires; la fiscalía está en Esquel (Chubut); y ahora tuvo que viajar hasta Tierra del Fuego para entrevistarse personalmente con el nuevo magistrado. 

¿Qué significa entonces este fallo y este presente? Sergio es claro: “Volvemos al inicio”. 

Donde todo empezó

El inicio de esta sucesión de violencias se ubica el 1 de agosto de 2017. Ese día, en plena meseta patagónica, fue la última vez que vieron con vida a Santiago, un joven de 28 años que se había acercado de forma solidaria a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, que había sido cruelmente reprimida meses atrás y estaba reclamando por la liberación de su referente, Facundo Jones Huala (hoy preso en Chile, en estado delicado de salud por estar hace un mes en huelga de hambre). Santiago estaba de paso porque quería volver a su 25 de Mayo natal, en la provincia de Buenos Aires, a estar con su familia, ya que extrañaba a su mamá y a su abuela. Sin embargo, ese día tuvo que escapar aterrorizado de una violenta represión de más de cien gendarmes que irrumpieron de forma ilegal, sin orden judicial, sobre una comunidad indígena. Santiago desapareció.

Sergio, su hermano, encarnó la lucha de una familia que, después de 78 días, el 17 de octubre de ese año, dio con el cuerpo, que encontraron en el mismo lugar del Río Chubut que había sido rastrillado previamente. El juez Gustavo Lleral quiso cerrar la causa diciendo que Santiago se había ahogado, sin tener en cuenta el contexto violento de represión en el que se produjo su desaparición. Desde entonces, la familia tuvo que recurrir a vías internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para llevar a cabo un pedido concreto: una investigación imparcial e independiente. 

Tras intervenciones de la propia Corte Suprema, y ante un nuevo intento de cierre de causa, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia intervino e instó al nuevo juzgado a que “adopte máxima diligencia y premura en la producción de las medidas de prueba” que Lleral nunca tomó. Los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez no se ahorraron críticas con el juez, le recordaron que no cumplió ninguna de las medidas ordenadas por esa misma cámara: “La injustificada reticencia que ha evidenciado el magistrado instructor (por Lleral) en la tarea de agotar las alternativas que se hallaban a su disposición para despejar los interrogantes que persisten, dejando transcurrir un extensísimo plazo -que tales medidas no hubieran requerido- es suficientemente demostrativa de que ya tiene una posición tomada acerca de cómo sucedieron los acontecimientos; y ello resulta incompatible con la actitud y apertura mental que debe adoptar quien se encuentra a cargo de la investigación de un hecho ilícito de estas características”. 

Y concluyeron: “La investigación no se encuentra agotada”. 

Un detalle: los jueces tomaron el antecedente de la Cámara de Casación “en un caso de similar trascendencia y gravedad institucional vinculado con la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro”, el joven de 22 años desaparecido el 30 de abril de 2020 en Pedro Luro, provincia de Buenos Aires. Allí también la justicia quiso cerrar el caso diciendo que Facundo se había “ahogado”, sin investigar las evidencias contra efectivos de la Policía Bonaerense. Allí, también, la familia logró apartar a la jueza del caso, María Gabriela Marrón. Por el lado de la familia Maldonado, Lleral fue el segundo juez de la causa. El primero había sido el juez federal de Esquel, Guido Otranto, recusado en 2017.

Una mínima luz

El fallo le da la razón a la familia Maldonado. “Se podría haber evitado -ubica Sergio-. Lo que dijo Lleral en su fallo de 2023 fue lo mismo que dijo en 2018. Si la Cámara tuvo que esperar más de cinco años para darse cuenta de lo mal que hizo todo, es penoso. Tienen una responsabilidad más allá de que se expidieron de una manera favorable, porque no es solo que perdimos tiempo, sino también muchas pruebas, testigos, y gente que ya no está. Son muchas las cosas que afectan a la causa. No es gratis, y los más perjudicados somos nosotros. Y Santiago. Llegamos a siete años sin tener una mínima luz de verdad”.

En su resolución, los camaristas sostuvieron que “los elementos probatorios incorporados al expediente eran suficientes para descartar una sola de las hipótesis que se venían planteando en torno al deceso de Santiago Maldonado”, en relación a la desaparición forzada, pero aclararon: “Entendimos que ello no autorizaba a dar por concluida la causa”. Por ese motivo, encomendaron “profundizar la investigación para poder evaluar, desde una posición más firme, si sus artífices debían responde o no por lo ocurrido, sea por la influencia que los acusadores le atribuyeron a las autoridades en el desenlace fatal, o por la manipulación que el cadáver podría haber sufrido durante los días previos a su hallazgo”. 

Para Sergio, sin embargo, nada está descartado: “Uno de los jueces de la Corte Suprema dijo que no había que descartar la desaparición forzada, y que hay que investigar todas las hipótesis. De hecho, el nuevo juez no lo descarta. Si la justicia no investigó, no hizo nada ni tampoco tiene datos, no puede descartar algo que ni siquiera sabe. Lo único que tenemos es la causa de la muerte (‘muerte violenta por sumersión, coadyuvado por un cuadro de hipotermia’). ¿Estuvo los 78 días en ese lugar? La autopsia no pudo decir eso. Por eso empieza todo de nuevo. ¿Quién fue el responsable? ¿Fueron los gendarmes cuando ingresaron? ¿Lo mataron el mismo día, estuvo ahí y nadie lo vio? ¿Se lo llevaron? ¿Murió al quinto día? Son todas preguntas que nos venimos haciendo. Hay tres posibilidades de fechas diferentes y por eso tenemos que poner peritos, para ahondar sobre la autopsia”.

Sergio sabe que al nuevo juez le llega una causa “muy manoseada y embarrada”, pero por eso mismo el magistrado no puede determinar nada: “Tiene que investigar todo. Acá no es que se cuestiona la autopsia en sí, sino que pedimos ampliar pruebas y trabajar sobre lo que hay. Si me decís que estuvo 78 días en el mismo lugar, entonces necesito saber: por qué tenía billetes en condiciones; por qué tenía una nota en un papel con tinta; por qué tenía un bastón retráctil en el bolsillo y dos huellas digitales que nunca analizaron de dos ADN de sexo masculino; quiénes intervinieron para que Santiago terminara ahí. Porque si nos guiamos por el rastrillaje, Santiago desaparece en un lugar y aparece río arriba”.

Además, el contexto de violencia represiva. Hace unas semanas la familia difundió un video peritado por el fiscal federal Federico Baquioni, donde se ven cuatro escuadrones de gendarmes ejecutando al menos 83 disparos sobre una ruta vacía. Los efectivos tiran contra la comunidad, arrojan piedras, y hasta uno lleva un hacha. Sergio: “Hay mucho para trabajar, para que citen a declarar, incluso para hacer una reconstrucción en el lugar: el río es el mismo, el descampado también, la ruta sigue igual, y están los testigos”.

A donde vayan

Viajar a Ushuaia no es gratis. 

Todo tiene un costo -económico, físico, emocional- para una familia que hace siete años no sabe qué pasó con Santiago. ¿Cómo se vive -o se siente- este nuevo inicio? 

Sergio piensa: “Por un lado, hay esperanza, pero por otro hay agotamiento y estrés. Estamos a siete años y tuvimos tres días para encontrar peritos. Estas fechas son complicadas. Acá se nos fueron siete años de nuestras vidas. Perdimos un montón de cosas. Primero está Santiago, que hubiera cumplido 35 años el jueves pasado, pero también está todo lo que se rompe. Tu vida va más o menos encaminada, y de repente pasás a ser otra persona. Te desarma todo. Por algo que, encima, es producto de una violencia del Estado. Santiago solo estaba solidarizándose con los pueblos originarios”.

Sergio para y se toma un segundo, y sigue: “No es que lo buscaste: el Estado te metió arriba del ring. Y tampoco lo podés dejar, porque todos los recursos los tenemos que buscar nosotros”. 

Así, hace siete años, esta familia no para.

Hace siete años falta Santiago.

Y allí está Sergio, viajando hasta el fin del mundo, para encontrar verdad y justicia.