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La línea divisoria

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Imágenes, preguntas y respuestas de una recorrida por un domingo electoral sorprendente. Por Claudia Acuña.  Fotos: Ignacio Yuchark.

El oficialismo tiene un problema: perdió. La oposición tiene un problema: ganó. Las PASO de las elecciones de medio tiempo siempre tienen esta característica: desafían a la dirigencia política a la correcta lectura de resultados. Y quien lo haga mejor, ganará realmente la elección.

Son muchas las variables que hacen falta tener en cuenta para analizar estos resultados. Y todas son importantes. Una: la baja participación. Apenas el 68%, y en algunos distritos claves, como la Comuna 1, donde conviven en la grieta Recoleta y la Villa 31, apenas el 51,65%. Este porcentaje ausente de definición sumado a los votos en blanco y los anulados representa el botín electoral a disputar de acá a noviembre. El tema es cómo conquistarlo. Para decirlo en términos clásicos –esos que incomodaron esta noche a Javier Milei, la gran sorpresa de esta temporada electoral–  la incógnita a resolver es si hay que  hacerlo por izquierda o por derecha. Otro factor a desentrañar: qué representa el voto Milei, que tanto inquieta al team de Horacio Rodríguez Larreta.

Ahí estamos.

Desde el búnker “libertario”

En el hotel del barrio de Balvanera, a metros de la iglesia donde se ruegan milagros a San Expedito, hay una docena de hombres que enarbolan banderas argentinas y gritan sin cesar una sola palabra: “Libertad”. Adentro, en el salón de prensa, hay un ramillete de cámaras que aceptan dócilmente  las reglas impuestas por los organizadores. Son más 20 metros los que las separan del podio por donde desfilarán diferentes personas que recitarán un discurso sin dar lugar a preguntas. La primera es una señora de pelo lacio y renegrido, blazer y camisa roja, que decide presentarse así: “Soy una artista venezolana, nacida mujer, que resido en Argentina hace 22 años”. Luego de definir al socialismo del siglo 21 como “un virus letal” cierra su oratoria con un grito que repite tres veces: “Viva la libertad, carajo”. Le pregunto a los gritos que impone la distancia cuál es su nombre y a qué arte se dedica. Responde sin ganas: “Azabache. Soy cantante, actriz y publicista”.

Me explicará luego Agustín, responsable de las redes sociales del candidato Milei, que decidieron así darle voz a quienes los acompañan en esta “gesta”. Se refiere con esa palabra a lo que significa para los seguidores de este economista mediático haber logrado en apenas seis meses constituirse en la tercera fuerza política de la ciudad Capital y la cuarta del país. Cómo creen que lo lograron es algo que queda claro luego de soportar durante horas que en las pantallas y en loop, uno detrás de otro y a volumen ensordecedor, desfilen fragmentos de las participaciones del candidato en tevé y en actos. Son cuatro, muy breves, así que minuto tras minuto y hora tras hora, lo que se escucha es lo mismo, repetido como un mantra:

“No me metí en esto para guiar a ovejas, sino para despertar leones que rujan”.

 “La izquierda es la que te dice que para salir de un pozo tenés que seguir cavando”.

“Como definió el gran prócer argentino, Alberto Benegas Lynch hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad”.

“Como dice el Himno Nacional Argentino: libertad, libertad, libertad”.

Cada una de las cuatro frases es rematada con un insulto: mierda, idiotas, ratas, carajo, en ese orden.

En tanto, los periodistas están ensimismados en sus celulares, a la espera de la llegada de El Candidato.

Son apenas las siete y media de la tarde y la irrupción de Milei está anunciada para las 10 de la noche.

Demasiado.

Desde el búnker de Juntos, pero no tanto

Esta vez es todo distinto, menos lo mismo. En el predio  de Costa Salguero, donde desde hace cuatro elecciones el partido de Macri y ahora Larreta monta su centro electoral, el escenario esta vez está al aire libre y con una platea de sillas blancas que a esta hora están desiertas. Lo idéntico, entonces, es el Mago Sin Dientes, de galera y frac negro, sonriendo para las cámaras.

La sala de prensa está montada en una carpa, con las sillas multicolores y el largo mostrador blanco que contendrá a las y los candidatos para enfrentar a la prensa. En ese desierto escenario, hay dos responsables de prensa del Gobierno de la Ciudad, celular en mano, que reiteran ante las consultas la respuesta que no saben: no hay información sobre a qué hora hablarán ni darán conferencia ni tienen cifras ni resultados. Nada indica que esta es la sede de los ganadores de esta noche, sino más bien parece  el centro de una tensa negociación entre todos los sectores internos  que participaron de esta elección. Queda claro cuando, finalmente, ya cerca de las 10 de la noche y con la platea blanca semi ocupada, irrumpen en el escenario Paula Oliveto y Martín Tetaz, quienes ofician de presentadores. El primero: Fernando Iglesias, el diputado que renueva su banca. Tras él, los que completan la lista de diputados y legisladores porteños. Luego, hablará Ricardo López Murphy. Mudo, en cambio, dejaron al otro candidato que los enfrentó en estas internas abiertas, el ex ministro de Salud Adolfo Rubistein, aunque está parado a su lado. Luego fue el turno del silencio de  los popes locales: Larreta y Macri. Finalmente, habló Vidal. Todos los que pudieron hablar hicieron referencia al voto castigo por el mal manejo de la pandemia, pero fue Vidal la única que reconoció que en este triunfo había para la oposición un mensaje: “Hoy no nos dieron un cheque en blanco. Nos dieron una tarea y una responsabilidad: unirnos. Porque juntos tenemos más fuerza”, reconoció. Qué significa esta tarea y esta responsabilidad es la preocupación que parece afectar desde esta noche al intestino de la oposición.

Libertad, libertad, libertad…¿lo qué?

Son casi las once de la noche y en  la puerta del hotel que cobija a Milei hay ya un centenar de personas que gritan ahora más eufóricas “Libertad, libertad, libertad”. Mayoría de hombres, muchos muy jóvenes, que se definen como “libertarios”. Les pregunto qué significa esa definición y lo que responden es una lista de prohibiciones, todas dirigidas al Estado, que suponen el gran castrador. El enemigo, aseguran, son “las ratas”: se refieren así a los políticos, en general, a quienes adjudican todos los males que padecen: la falta de empleo, de oportunidades y de futuro, en ese orden. Hablan de la cantidad de jóvenes que quieren irse del país, de los negocios que cierran y de los impuestos que pagan. Hablan también de la Ley de Alquileres, de la pobreza y del hambre. Hablan de la necesidad de darles a los políticos un “escarmiento” para que se “asusten”.  Dicen finalmente que es necesario que le tengan miedo al pueblo porque si no hacen lo que hacen. Les pregunto entonces qué es lo que hacen los políticos que no temen al pueblo. Y responden sin dudar: “Se cagan en nosotros”.

Adentro, ya en la sala de prensa, un señor muy amable y viejito pide disculpas por la demora en atender a la prensa. “Es que Milei está hablando con Lanata”, dice sonriendo. Minutos después, el candidato del pelo enmarañado, se enfrenta a los micrófonos: “Hemos demostrado que el liberalismo representa el 25% de esta Capital y estamos en condiciones de desplazar al kichnerismo al tercer lugar. Y si los leones se siguen despertando estamos en condiciones también de ganarle a las palomas de Juntos por el Cambio”, arranca.

Sigue “Los liberales no podemos estar representados por una opción que nos ha subido los impuestos. A ver, ¿la ley de alquileres de quién es? ¿La ley de góndolas de quién es? Las palomas de Juntos por el Cambio son socios del kichnerismo. Son parte del problema, no de la solución. El votante tiene que dejar de lado a los políticos corruptos, mentirosos y embusteros Nos hicieron esclavos de esta clase política parasitaria e inútil. Y nosotros nos metimos en el barro político para sacar a patadas a estos políticos ladrones”.

Le pregunto entonces si esa definición incluye a Larreta.

Milei eyecta sus ojos claros al enfocarme y responde:

“Incluye a todo el ala socialdemócrata”.

Repregunto:

-En anteriores elecciones hemos visto como un opositor como Lousteau terminó asociado a Larreta. ¿Usted puede asegurar que descarta totalmente una alianza?

No entiende la pregunta o quizá su respuesta, así que el señor amable y viejito se la reitera y se la explica. Luego, Milei responde:

-A ver: Lousteau es socialdemócrata. Yo soy liberal. O sea: mi línea divisoria es lo socialdemócrata. En mi mundo, de un lado están los liberales, los libertarios, los conservadores, la derecha, la centro derecha y del otro lado está la socialdemocracia y toda la izquierda…

-¿Y a su derecha la pared?

-¿Por qué me faltás el respeto?

-No es una falta de respeto: es una descripción o en todo caso una síntesis de lo que acaba de enunciar.

-Yo soy liberal. Si no conocés las calificaciones no es mi problema.

Así Milei da por terminada la conferencia de prensa y se dirige a la puerta del hotel, al encuentro con sus fanáticos a quienes a los gritos y como un credo los hace recitar la definición de liberalismo creada por Benegas Lynch, hijo, el economista que propone la demarquía –la elección de gobernantes por sorteo– y el fin del salario mínimo, el aguinaldo y la jubilación.  “No puede ser”, me responde el joven a quien le pregunto si conocía esa parte del pensamiento del prócer libertario, antes de sumarse al grito colectivo que truena “libertad, libertad, libertad”.

#NiUnaMás

Funcionarios denunciados: entre la violencia de género y la violencia institucional

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Presentamos el informe de agosto 2022 del Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez. Este mes el foco está puesto en el padrón de funcionarios denunciados por violencia de género que el Observatorio lleva adelante. Lo que se ve: un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez lleva registrados 345 los funcionarios denunciados, “ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento”, expresa en el informe la antropóloga Florencia Paz Landeira.

A mediados de agosto, Marcelo Guzmán, funcionario judicial de Tierra del Fuego, fue separado de su cargo luego de la denuncia pública y judicial por violencia de género realizada por su esposa, Carla Kirstein. El juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Guzmán por los delitos de “lesiones graves agravadas por haber sido cometidas contra su pareja en el marco de una situación de violencia de género” (en un hecho) y “lesiones leves” (en otros dos) y ordenó una prohibición de acercamiento. Carla decidió hacer la denuncia por redes sociales, movida por el miedo y la impotencia no solo por la recurrencia de la violencia y la situación de dependencia en que se encontraba, sino también por las barreras en el acceso a la justicia: “Fui a ver a varios abogados para que me representaran y cuando se enteraban quién era mi marido y para quién trabajaba, ponían cualquier excusa para no tomar el caso”. Su historia habla de entramados de poder institucionales que silencian, encubren, obstruyen y que, en definitiva, avalan y perpetúan la violencia.  

Es la historia de Carla, pero no es un “caso”, es un sistema que expresa la mutua imbricación entre la violencia patriarcal y la violencia institucional, con la impunidad como puente. El Observatorio Lucía Pérez registra en su padrón 345 denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. El registro -que formalmente le corresponde al Estado argentino, en función de los compromisos asumidos ante la CIDH y que hasta hoy incumple- se basa, a su vez, en la hipótesis de que estas denuncias encarnan la persistencia de sentidos y prácticas machistas y misóginas en las burocracias estatales y la resistencia a la transversalización de la perspectiva de género que, en concreto, resultan en la ausencia o debilidad de las políticas públicas para prevenir y contener la violencia contra mujeres y trans.

Cuando reiteramos la consigna “El Estado es responsable”, solemos referirnos a formas sistemáticas de complicidad, omisión y/o insuficiencia en las políticas para erradicar la violencia de género. La responsabilidad estatal encuentra en este registro de funcionarios denunciados su rostro más grotesco y encarnado. El poder político que el puesto les confiere aparece reforzando e incrementando posiciones de privilegio y dominio fundadas en estructuras de género desiguales. Ya no hablamos solo de un Estado ausente o ineficaz, sino de un Estado violento. Las denuncias alcanzan a jueces civiles y de familia, fiscales, comisarios, jefes de policía, es decir, agentes estatales que deberían estar implicados en prevenir las violencias, sancionar a quienes las ejercen y proteger a las víctimas.

Observatorio Lucía Pérez

El Estado ¿por fuera de la ley?

Es sabido que el Estado no es un bloque homogéneo y coherente, sino que está habitado y atravesado por tensiones, contradicciones y balances de poder. Este mismo Estado que denunciamos como responsable de la violencia patriarcal, ha instrumentado leyes y políticas tendientes a reconocer y combatir las desigualdades de género, movido por las luchas y demandas de los movimientos feministas.

La ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, sancionada en 2009, incluye en su definición y caracterización de la violencia a la violencia institucional, definida como: “aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil” (Artículo 6, b). Ya en 1996, el Estado argentino ratificó la Convención de Belém do Pará, en la que los estados acordaron “abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación” (Artículo 7, a).

En esta misma línea, en 2010, el Comité de la CEDAW instó a velar por que jueces, abogados, fiscales y defensores públicos conocieran los derechos de las mujeres y las obligaciones del Estado para garantizarlos y alentó a que se impartan capacitaciones sobre género a quienes integran el sistema de justicia. Recién ocho años después, en el país se sancionó la ley 27.499, que establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Esta ley es conocida como Ley Micaela, en homenaje a Micaela García, militante feminista y víctima de femicidio en abril de 2017.

En este contexto de avances en términos legislativos y en la asunción de compromisos por parte del Estado, ¿qué implica pensar a la violencia de género ejercida por funcionarios públicos como violenta institucional? La investigadora María Pita[i] propone pensar a la violencia institucional como categoría política local, construida progresivamente como resultado de la articulación entre la reflexión y la acción de la militancia del campo de los derechos humanos. Aunque su sentido más restringido remite a la violencia policial y penitenciaria, se ha convertido en una herramienta para la lucha política de uso cada vez más amplio y extendido por diversos colectivos de víctimas y de demanda de justicia con foco en denunciar la recurrencia y la sistematicidad de la implicación de agentes estatales en el ejercicio de las violencias. Implicación que se traduce en hechos de violencia concretos, pero también en formas rutinarias y sedimentadas de construcción de poder e impunidad. Al denunciar la violencia de género ejercida por funcionarios como violenta institucional apuntamos a evidenciar el encubrimiento corporativo y la persistencia sistemática de estereotipos, prejuicios y patrones discriminatorios por género en las prácticas estatales y judiciales. Implica también seguir insistiendo en que la violencia de género es un asunto de derechos humanos.

Poder policial y violencia de género

El 5 de junio, Daiana Abregú, de 26 años, apareció muerta en la celda de una comisaría de Laprida, provincia de Buenos Aires, tras ser demorada por una contravención. Desde el inicio, la policía sostuvo que Daiana se suicidó, pero nada cierra en esa hipótesis. La última autopsia evidencia asfixia por sofocación y lesiones de autodefensa. Lo que sí quedó expuesto es la trama de encubrimientos y complicidad entre la fuerza de seguridad y las áreas de justicia.

El Observatorio Lucía Pérez tiene registradas 41 denuncias a altos mandos de las fuerzas de seguridad. Los femicidios policiales[ii], como el de Daiana, son la expresión más extrema de la vulneración de derechos de las mujeres dentro del universo de la violencia institucional. Como en muchos otros casos de uso ilegal de la fuerza policial, existen prácticas de encubrimiento que suelen consistir en falsear el relato de lo sucedido y manipular la escena para que coincida con su versión. En este sentido, la violencia de género ejercida por integrantes de las fuerzas de seguridad no puede pensarse como agresiones individuales y particulares, sino como parte de una institución con históricas prácticas de violencia encubierta y de reproducción de formas machistas de construcción de poder.

En muchos casos, las mujeres víctimas de la violencia de género ejercida por agentes policiales son también integrantes de las fuerzas de seguridad. A partir de una investigación con la Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género, Mariana Sirimarco[iii] señala que la regla en las fuerzas policiales es que los hombres denunciados son encubiertos, mientras que las mujeres denunciantes, son castigadas. Sirimarco afirma que la violencia de género -en particular, la  violencia  policial  contra  mujeres  policías- es  parte constitutiva del ejercicio del poder policial, porque éste se asienta en sentidos sobre lo territorial, lo violento y lo masculino avasallante. Ambas  estructuras  de  poder, la  policial y la masculina-patriarcal, se sostienen en lo mismo: en el ejercicio de dominio y pertenencia del otro-bajo-mando. De esta forma, la violencia de género ejercida por policías pone en evidencia rasgos comunes a todos los funcionarios denunciados: una forma de construir y ejercer el poder (político) fundada en la masculinidad violenta, autoritaria y avasallante.

Por Florencia Paz Landeira. Doctora en Antropología Social. Becaria posdoctoral del LICH-CONICET. Integrante del Programa de Estudios Sociales en Género, Infancia y Juventud (UNSAM).


[i] Pita, M. (2017). Pensar la Violencia Institucional: vox populi y categoría política local. Espacios de crítica y producción, 53(9), 33-42.

[ii] https://violenciapolicial.org.ar/violencia-policial/#!#femicidios

[iii] Sirimarco, M. (2021). Sexo, violencia y desigualdad. Mujeres en la policía. Delito y Sociedad, 30(51),

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Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

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¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

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Trans Formaciones: a 10 años de la Ley de Identidad de Género

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A 10 años de la Ley de Identidad de Género, te regalamos el libro Trans Formaciones editado por lavaca para que lo descargues, sea tuyo y puedas leerlo cuando quieras.

¿Cómo se cambia el mundo? No ese Mundo de la utópica teoría, sino este que pisoteamos todos los días, eludiendo obstáculos, sorteando noticias de catástrofes y pronósticos aterradores. ¿Cómo hacemos para que este mundo que habitamos juntos no sea igual que el de ayer, ni mucho menos que el de anteayer, sino otro, distinto, que permita otras posibilidades, todas, incluso aquellas que ni siquiera hoy imaginamos?
¿Y si fuera así?
¿Y si fuera esto?
Ponele que el mundo cambia cada vez que alguien se mueve del lugar establecido hacia otro lugar distinto, diferente, desconocido.

Ponele que se mueve un milímetro. Sería un movimiento imperceptible, es cierto. Pero, aun así, algo se mueve.
Ponele que otro alguien también se mueve.
Y otro.
Y otra.
Y, así, hasta sumar muchos alguienes capaces de habitar ese milímetro que hasta ayer no sabíamos que existía.
Ponele que ese movimiento es sostenido y, así, a puro aguante, el mundo entero ensancha su mirada un milímetro.
Ese cambio ya no mide lo mismo: es enorme.
Nos cambia todo.

Descargá Trans Formaciones

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La última Mu: Yo princesa

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