Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad. 

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”. 

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico  –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.

El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

En 2023 la provincia se sacudió frente al gobierno de Gerardo Morales, que eligió la violencia y la criminalización de quienes defienden el trabajo, el salario, el agua y la vida. Y derechos reconocidos por toda la legislación. La aprobación de una reforma nada constitucional. Negocios políticos y familiares, nepotismo y autoritarismo. Niveles cada vez más altos de pobreza, indigencia e injusticia. Las balas que apuntan a los ojos de la sociedad. Esta es la recorrida que hicimos por la provincia: cada corte hasta los 3.500 metros de altura. Juego sucio, identidad, esperanzas, relación con la tierra, el futuro y lo que dicen las comunidades sobre la capacidad de la mente y la del corazón.

Texto: Francisco Pandolfi

Fotos: Lina Etchesuri

Junio de 2023 quedará en la memoria del pueblo jujeño. Por lo represivo y por la fortaleza de muchos de sus habitantes. Por el avasallamiento y por la lucha que continúa en cada rincón de la provincia. Quedará en la memoria por la reforma parcial de la Constitución del gobernador Gerardo Morales (presidente además del Comité Nacional de la UCR) y por la sublevación de una comunidad educativa con salarios empobrecidos. Quedará en la memoria porque Jujuy despertó: la generalización –como licencia narrativa– tiene su apoyatura en que el viernes 16 se gestó en San Salvador la mayor movilización en su historia: entre 80 y 100 mil personas, mediante la unidad de docentes, trabajadores estatales en general, organizaciones sociales, políticas, gremiales y de derechos humanos, junto a los pueblos originarios que ese día arribaron desde distintas localidades encolumnados en el Tercer Malón de la Paz.

El lema de la manifestación fue unánime: “Gerardo Morales aprobó su reforma a espaldas del pueblo jujeño”. De espaldas y mientras dormía. Horas antes, en esa madrugada, la había votado por unanimidad la Convención Constituyente de Jujuy, integrada por el oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista (Juntos por el Cambio y el PJ).

Junio quedará en la memoria, también, porque a partir de ese día las comunidades originarias cortaron las rutas en más de 20 puntos estratégicos, decisión que aún persiste al cierre de esta edición. Del sur al norte, y en cada una de las regiones: en los Valles, las Yungas, la Quebrada, la Puna. Ese mismo viernes 16 de junio, la localidad de Abra Pampa fue el epicentro de la primera represión. Un día después, se encarnizó la violencia policial en Purmamarca y el martes siguiente, en otra multitudinaria marcha, se ejecutó en San Salvador una cacería con más de una centena de heridos y 68 detenidos.

El estado de las cosas 

Tras esa seguidilla de balas de goma y de plomo y de gases lacrimógenos, la gente empezó a cantar a lo largo y ancho del territorio: “Morales, basura, vos sos la dictadura”. El gobierno jujeño no es una dictadura, pero sembró la provincia de un tipo de violencia que permite recordar tiempos más nefastos del país:

• Fuerzas policiales reprimiendo en motos y camionetas sin patentes.
• Fuerzas policiales usando camionetas de empresas privadas para levantar gente (táctica ya vigente durante El Apagón de Ledesma en 1976 que derivó en el secuestro de más de 400 personas, 55 de las cuales siguen desaparecidas). 
• Fuerzas policiales disparando a la cabeza: cuatro personas perdieron la vista en uno de sus ojos.
• Fuerzas policiales disparando, persiguiendo y deteniendo a periodistas y fotógrafos.
• Pago de un bono de 50 mil pesos a cada policía el día después de ejecutar la represión. 
• Hostigamiento a comuneros y dirigentes de pueblos originarios.
• Amenazas de despidos a manifestantes.
• Incendio del auto de dos dirigentes sindicales.
• Allanamientos a viviendas sin orden judicial.
• Intervención de fuerzas policiales a asambleas de estudiantes.
• Encapuchados de civil tirando piedras a quienes protestaban.
• Policías infiltrados en las marchas.
• Policías que lanzaron gases lacrimógenos vencidos, extremadamente más tóxicos. 
• Policías rompiendo puertas de casas, sin otro motivo que generar miedo. 
• Policías sin identificación.
• Decenas de detenciones arbitrarias.
• Detenciones ilegales, sin intervención durante días de jueces y fiscales, ni explicación de sus causas..
• Represiones y acción psicológica, a 40 años de la recuperación de la democracia. 

Lo inconstitucional

La aprobación de la reforma constitucional también tiene aires antidemocráticos. La abogada jujeña Alicia Chabale, integrante del equipo que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes y la laguna de Guayatayoc, describe: “La reforma es inconstitucional y tiene varios defectos, de forma y de fondo. En lo formal, se publicó en el Boletín Oficial en septiembre del año pasado la Ley 6302 hecha por el Poder Ejecutivo que convocaba a realizar la reforma. Sin embargo, en la Constitución Provincial de 1986 está previsto que la declaración para hacer una reforma es exclusiva de la Legislatura. No importó: se aprobó la ley”. Sigue: “Se determinó que las elecciones de los constituyentes se haría el 7 de mayo pasado, junto a las elecciones a gobernador, intendentes, diputados y concejales. Así fue, y estaba previsto que sesionen durante 90 días hábiles, unos cinco o seis meses por feriados y fines de semana. Esto no fue así: tuvo un tratamiento exprés; las sesiones empezaron a fines de mayo, se votó el viernes 16 de junio, en primera instancia, y el martes 20 en segunda cuando dejaron sin efecto los artículos 50 y 36 por la resistencia de los pueblos originarios”.

Completa: “Otra discusión jurídica refiere a si la Convención Constituyente tenía funciones para reabrir el debate convencional el día 20 y eliminar esos dos artículos que ya habían aprobado la semana anterior. La función del convencional termina ahí. La jura que se hace, tan protocolar y antigua, tiene la función de darles legalidad y legitimidad a los actos que se desarrollen. Acá votaron una vez, hubo repudio del pueblo, sacaron dos artículos y votaron de nuevo, como si nada”.

¿Es legal que la Convención Constituyente haya estado integrada por funcionarios actuales? “No, y esto figura en el artículo 100 de la Constitución provincial. ¿Cómo hicieron? Se tomaron licencia en sus cargos y sesionaron. Esto es lo que hizo el propio Morales, uno de los constituyentes. Se pidió licencia como gobernador, abrió la Convención, dictaminó las normas y luego se pidió licencia de la Convención. Después, previo a votar, se pidió licencia como gobernador y volvió para asumir las funciones como constituyente. Así funciona todo acá”. 

El trabalenguas; las idas y vueltas; la repetición de la palabra “licencia” es una síntesis de lo que sucede en Jujuy mientras estos funcionarios aplastan la palabra democracia.

La doctora Chabale enumera algunos de los problemas de fondo: 

1. “No se consultó a las comunidades originarias antes del dictado de la Ley 6302, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que tiene rango de norma constitucional, que refiere a la consulta previa anterior a una disposición legislativa que afecte a las comunidades indígenas”. 

2. “Posterior al dictado de la ley, no se conoció el texto completo hasta el viernes 9 de junio, apenas una semana antes de que se vote. El pueblo jujeño entero, no solo las comunidades, no sabía qué iba a decir nuestra Constitución”. 

3. “El gobierno no tuvo otra opción que salir a dar de baja los artículos 50 y 36, pero el haberlos querido incluir da la pauta del propósito de esta reforma: darle todo el poder al Ejecutivo. Se reconocía a la personería jurídica de las comunidades, la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras, pero atribuía en forma exclusiva la facultad de decisión sobre ellas a la provincia, recortando lo que dice la Constitución Nacional en reconocimiento de las comunidades originarias como preexistentes al Estado”. “Los nuevos derechos que se incorporan en la reforma parcial son de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría. Así, la regulación del agua (donde no se menciona que es un derecho humano), la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no, entre otros varios artículos, le otorgan facultad absoluta al Ejecutivo”.

4. “Con respecto a los recursos naturales pasa exactamente lo mismo: su regulación queda sujeta a lo que disponga la provincia. Pero la provincia no es una isla aunque así la hacen parecer. Somos parte de un sistema federal donde hay un orden cuya cúspide es la Constitución Nacional. Tenemos que cumplir por ejemplo el tratado de Escazú, que se incorporó como legislación nacional y establece la promoción y la defensa de quienes cuidan el ambiente. En este caso, las comunidades indígenas que fueron y están siendo perseguidas por la policía. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país. Desde lo jurídico es inabordable esta reforma que refleja el desconocimiento absoluto de las normas que nos rigen como Estado”. 

Lo que encendió el fuego 

Las movilizaciones y el paro que sacudieron a Jujuy comenzaron con las y los docentes el 5 de junio, protestando contra “los salarios de miseria”. Marchas de antorchas, mateadas masivas y las ollas populares, así como un enorme repertorio de canciones creativas, fueron el caldo de cultivo no solo para visibilizar los 34 mil pesos del salario básico más pobre del país, sino también para magnificar el reclamo por la reforma constitucional. Primero para que no se apruebe; luego para que no se jure; después –y ahora– para que se derogue.

Las manifestaciones de la comunidad educativa contaron con un fuerte apoyo de otros gremios, sobre todo de los trabajadores estatales que entre los años 2016 y 2023 perdieron el 65% del salario real. En ese lapso que abarca la gestión de Gerardo Morales, la inflación acumulada fue de 399% y la suba del salario nominal de 277%, lo que da una diferencia en contra del 122% del salario acumulado. Esto se enlaza con los últimos datos oficiales del INDEC: la pobreza en Jujuy asciende al 41,8% de la población, por encima del promedio nacional que es de 39.2%. La indigencia trepó al 8.1%. 

Entre canto y canto, entre marcha y marcha, enseñan los maestros: “Estamos muy precarizados; yo tengo 14 años de antigüedad y cobro 70 mil pesos. Y encima nos jubilan con la mínima”, dice María, docente no formal, mientras camina al ritmo de “Fuera Morales Fuera”, y de “Somos los docentes de Jujuy, aquí presentes, los docentes que nunca se venden, a la patronal”. 

Mónica es maestra jardinera: “En la pandemia trabajamos las 24 horas y ni así nos aumentó el sueldo. Nuestro salario no cubre la canasta básica”. La canasta básica total está en 250 mil pesos para una familia de cuatro miembros, y el sueldo neto de un docente primario y secundario (básico más adicionales) ronda los 125 mil. Hay que hacer esfuerzo para escuchar el descargo, porque suena uno de los hits: “Morales gato sos un ladrón, le robaste a la educación”. 

Las letras de las canciones mezclan palabras duras y sensibles, así como un festival de ritmos: coplas, huaynos, tinkus, pin pin y carnavalitos. Hay para elegir en el cancionero pero no en otras cosas, cuenta Viviana, maestra jardinera. “No podés comprarle ni ropa a un hijo. Ya ni digo paseos o viajes: ni las necesidades básicas se pueden garantizar. Además, no podemos enfermarnos porque nos cortan el presentismo por faltar un día”.

A un mes de iniciar el reclamo, el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior aceptó los 200 mil pesos de piso salarial propuesto por el Ministerio de Educación provincial y levantaron el paro, aunque aseguraron que “bajo ningún punto de vista” dejarán de pelear contra la reforma “que consideramos inconstitucional”. En cambio ADEP, el sindicato de educadores de Nivel Inicial y Primario, continuaba el paro exigiendo una nueva paritaria, la derogación de la reforma constitucional y en apoyo al consenso al que llegaron las comunidades originarias: cortes de ruta hasta la derogación de la reforma.

Un corte y una Quebrada

La decisión tomada por el Tercer Malón de la Paz de restringir el libre acceso de los vehículos en rutas nacionales y provinciales tiene como motor el hartazgo total. Las comunidades originarias dijeron “basta” y “hasta las últimas consecuencias”. De ahí no se mueven. Entonces debíamos movernos nosotros desde el sur hasta el norte de la provincia, desde los valles, pasando luego por la Quebrada de Humahuaca y subiendo hasta esa meseta increíble, la Puna, a más de 3.500 metros de altura, para escuchar, conocer y ampliar las diversas miradas sobre este momento esencial.

Corte de Purmamarca

Desde San Salvador hasta Purmamarca hay 54 kilómetros de un paisaje impresionantemente bello. La Quebrada de Humahuaca es una seducción para la mirada ante tanta biodiversidad, caballos y vacas, cielo, montañas, infinitos cactus; con una paleta llena de diversos verdes que uno se sorprende de que existan.

En la entrada a la ciudad hay una bandera argentina y una whipala, binomio que estará presente en cada reclamo. Y en cada persona que da testimonio. “Morales es un traidor, una mala persona que está vendiendo a la Argentina con sus negociados”, comenta Nicolasa, de 31 años y cinco hijos, entre los cuales está su bebé de 5 meses, a quien acuna mientras habla: “Nunca pensé exponer a mis hijos de esta manera; estoy muy triste, jamás había pasado una represión así, fue horrible, agarraban a cualquiera, no importaba si era una mujer, un niño, les daba lo mismo”.

Pegado al típico cartel turístico que dice “Purmamarca”, una bandera con letras verdes pintadas prolijamente, anuncia: “Nación Kolla”. A metros está Mariana, que lleva una botella de plástico vacía. Cuando pasan los autos cada vez que se levanta el corte –cada 3 o 6 horas dependiendo la decisión asamblearia–, la botella es su herramienta para hacer ruido, chocándola contra su muñeca. Habla y no contiene las lágrimas que acarrean varios días durmiendo mal, y el haber recibido dos balazos de goma: “Es un dictador que vino a matarnos”.

Un día después de la aprobación de la reforma, el miércoles 21 de junio, se celebró el nuevo año andino (año 5531) y se realizó la ceremonia del Inti Raymi, la fiesta del sol. “Pese a la tristeza que quedará marcada por haber iniciado un nuevo año de esta manera violenta, el Tata Inti, nuestro sol, nos dio energías para seguir”, explica Mariana, de 48 años. Otra compañera algo más joven: “Estamos protegidos por guías sagradas y espirituales; por nuestros ancestros; por una fuerza superior que nos da fortaleza”, dice Semilla, que pide ser llamada así por miedo a una represalia: “Morales es un tirano que debe ir preso, por perverso. Es mala gente y conduce un aparato violento y turbio que de un segundo a otro puede montar lo que desee. No le importa la Pacha, solo el dinero”. 

En Purmamarca se siente un temor latente por sospechas de infiltrados de la policía, de la gobernación, de los servicios de inteligencia. “Vienen y nos sacan fotos para provocarnos miedo. A muchos nos han amenazado de muerte”, dice Semilla. Aurora necesita desterrar algunos estigmas que se anduvieron repitiendo en cadena televisiva: “Nos tildan de kirchneristas y no es así. No militamos en el kirchnerismo, ni en la izquierda, ni en la Tupac de Milagro Sala; militamos por la vida. Morales es un asesino. ¿Cómo definirlo de otra manera? Nos dice terroristas a nosotros, cuando él nos genera terror”.

Corte de Tilcara

No lo pueden creer. O quizá sí, pero no les deja de asombrar. Horacio Rodríguez Larreta presentó como su acompañante en la fórmula presidencial al mismísimo Gerardo Morales. Lo vieron en un televisor de la estación de servicio de la entrada de Tilcara. Lo leyeron en el zócalo de la pantalla. A menos de cincuenta metros la comunidad tilcareña corta la ruta 9 exigiendo la renuncia del propio Morales, que muy lejos aparece posando en un salón de Palermo, en Buenos Aires.

Habla Griselda: “Él es el responsable de que tengamos el agua contaminada, de haber explotado nuestros bienes naturales y de entregarles las riquezas a las empresas extranjeras. Y que la mayoría de la población cobre sueldos miserables. Él es el responsable de que no tengamos proyectos de esperanza”. Antes de aceptar la charla, Griselda junto a su amiga Graciela pidieron la identificación de prensa. No será una excepción, sino la regla en los todos los cortes que recorrimos desde MU. “Estamos teniendo muchos problemas, hay muchos infiltrados”, justifica Graciela, quien un poco más distendida, explica: “Estamos seguros de lo que hacemos, hay esperanzas porque tenemos raíces, que son nuestras identidades”.

Corte de Uquía

En los costados de la ruta nacional 9, desde Tilcara hasta Uquía, hay algunas vacas, algunas cabras y pocas llamas, que proliferarán mucho más a medida que se avanza hacia la Puna. También casas bajitas de barro, de adobe, de paja, de madera. 

Al llegar nos recibe un rojizo y hermosísimo cerro: Las Señoritas. Olga, docente: “Aceptar la reforma es pasar a ser esclavos. Morales es un represor, volvimos a los tiempos de la dictadura, no hay derechos en Jujuy. Tiene doble cara, dice una cosa y hace otra”.

Gabriela revuelve con una rama en una olla gigante el pollo con arroz primavera que pronto comerá su comunidad. Y dice: “Morales se hace el colla; tiene a mucha gente amenazada y cooptada con el compromiso de darle viviendas y dinero”. Al terminar, aconseja que hablemos con Doña Panchita, que está parada a unos metros, luciendo un sombrero rosa y una whipala en sus hombros. Tiene 66 años, una voz tenue y una potencia en sus palabras que refleja firmeza en las ideas: “Nos traicionó. Yo confié en él, lo voté, soy históricamente radical, pero ya perdimos la confianza. Necesitábamos que nos explicara los beneficios de la reforma y no lo hizo. No habló con su pueblo”.

Corte de San Roque

En Uquía ofrecen llevarnos en auto hasta la siguiente trinchera, con la generosa condición de que aceptemos dos bandejas de pollo con arroz. En el próximo destino, ya con las bandejas vacías, nos recibe Omar. Dice que está desvelado y con la convicción de “sostener hasta que se vaya Morales”. En una ronda que se arma espontánea, Alex Frites, docente de 28 años de la comunidad de Varas, sintetiza: “En una palabra, el gobernador es autoritario; jamás se apoyó en el diálogo, siempre hizo lo que quiso”. Luisa escucha y expresa su timidez con el silencio, que solo esquiva por un par de segundos y en pocas letras: “Solo quiero que bajen la reforma”. No necesita decir más que eso y vuelve a escuchar. 

Mientras Morales es enfocado por muchas cámaras porteñas a 1.630 kilómetros de los cortes de Humahuaca, sobre la ruta hay muchas infancias que juegan, corren, sienten y piensan. Y que tienen qué decir. Xiomara, de 13 años: “Que dé la cara Morales y se haga responsable de la sangre derramada”. Se contrapone con lo que sabe que había dicho Larreta sobre su ladero: “Es un tipo valiente que no duda en defender los derechos de los jujeños, hubo una muestra esta semana de su temple y de cómo quiere evitar siempre situaciones de violencia”. Jorgelina, con un poncho que la resguarda, no está de acuerdo: “Morales quiere ser dueño de Jujuy, y ahora querrá hacer lo mismo con la Argentina. Sólo piensa en su dinero”. 

Pegada a un muñeco de 2 metros y medio de alto que lleva una bandera con el lema “Abajo la reforma”, Verónica describe: “El gobernador siempre ha jugado sucio y esta no es la excepción; todo es una burla, una mentira. No le importamos, se ríe de los pobres, porque nos ve sucios, con zapatillas rotas”. 

Muestra sus borcegos raídos. Y sus lágrimas, mientras dice que no cesará el reclamo, porque eso sería “entregar la libertad”.

Corte de Iturbe

La solidaridad está latente en cada tramo del camino y Juan, un vecino de Humahuaca, nos lleva al siguiente reclamo colectivo donde cantan un clásico: “El pueblo, unido, jamás será vencido”, evidenciando lo mucho que hay en juego. En asamblea permanente, Severiano Lamas aclara: “Acá no hay referentes, no hay patrones, somos seres humanos de carne y hueso. Nadie está a cargo del corte”. Lo que expresa no es menor: en todo el camino, en cada corte, no veremos ni infiltrados “porteños” ni “bolivianos” ni “militantes de la Tupac Amaru” ni de “La Cámpora” ni de “la izquierda”, como se buscó clasificar en muchos medios porteños para ensanchar la grieta.

Añade Severiano: “Además, si hablamos de cargos, no podemos quedarnos solo en las personas que estamos acá, porque también está la arena, están las piedras”, cuenta despacio, mirando al piso, sabiendo que la naturaleza no es algo ajeno sino parte de un sistema de vida. “Somos hermanos y nuestra madre es la naturaleza, la que nos dice que no nos podemos rendir”. Y sentencia: “El gobernador se ha enfermado, por testarudo, por haberse endulzado con el dinero; no es un burro, porque el burro es más inteligente que nosotros. Dicen que nos dan planes, pero no recibimos dinero, porque no podríamos hacer escuela de eso; que nuestros hijos y nietos vean que recibimos dádivas va en contra del pensamiento indígena”. 

Hay nueve comunidades en este corte de Iturbe. Jacinta es de la comunidad Azul Pampa: “No tenemos agua ni para el ganado, ni para nuestros cultivos, ni para nosotros, por los calores extremos y por las grandes cantidades que se utilizan para el litio. Morales nos entregó por la plata, no tiene perdón”.

Corte de Abra Pampa

Esta vez nos queda únicamente la opción de viajar a dedo, porque estamos en el corte más inhóspito del camino. A los costados solo hay cerros. Delante y atrás, ruta. De la decena de vehículos que esperan pasar, solo uno va a Abra Pampa. Hugo y Graciela son de Neuquén. No tienen lugar, pero lo inventan. El camino está lleno de llamas y la Quebrada de Humahuaca les deja paso a la llanura y a cerros más minúsculos. La concentración en Abra Pampa, la ciudad cabecera del departamento de Cochinoca es enorme. Igual que la desconfianza. Piden identificación y no quieren revelar nombres propios. “¿Quién es Morales? El responsable de que todos los días recibamos amenazas de despidos, de descuentos en los sueldos, de inhabilitación por determinado tiempo para trabajar. Y hasta amenazas de muerte, por no aceptar la reforma”. 

Hay 25 comunidades originarias sosteniendo esta trinchera en la Puna, a más de 3.500 metros de altura. El frío se cuela por todos lados. Jamás habíamos sentido un frío así, que parece meterse en los huesos. No alcanzan un buzo, un pullover, una campera. Ni guantes. Ni bufanda. A la madrugada, será peor. Se duerme a la intemperie, en el piso, en colchones, sobre tarimas de madera, con fuegos alrededor que amainan un poco la helada insoportable que alcanza los 10º bajo cero, y que llega hasta los 27º bajo cero en las noches más crudas. ¿Por qué se resiste en estas condiciones? Habla una mujer con voz tranquila, segura, precisa: “Si nos vencen acá, perdemos todo; vendrán por nuestras tierras, por el agua, por la vida. No nos queda otra que aguantar. Es ganar o morir”.

Corte de Perico 

De vuelta en San Salvador y a no más de cuatro kilómetros del aeropuerto, la gente reclama no solo por la reforma, sino también porque varias familias están siendo desalojadas de la Finca El Pongo, en la localidad de Perico. Familias productoras de hortalizas y frutas desde hace décadas. “Morales es una persona que no tiene corazón de humildad, que no piensa en los demás, y menos si somos humildes”, dice una campesina que denuncia haber sido desalojada “porque ahora en esas tierras se está plantando cannabis para hacer aceite medicinal que se lo llevan a otro país; no es para beneficio del pueblo, sino de él y de una empresa de Canadá. En Jujuy, veas donde veas, está todo mal”. Denuncia otro campesino: “Por ahora nos sacaron 300 hectáreas y ya dijeron que van a agarrar 300 más. Ya echaron a 8 familias y vienen por más. Ahí también plantábamos caña de azúcar y hacíamos ganadería”. Pregunta en forma de adivinanza: “¿Saben quién maneja todo? El hijo de Morales. Ya hicieron hasta su propia pista de avión”. 

Gastón Morales es el presidente de la empresa Cannabis Avatara Sociedad del Estado y su filiación no es un caso aislado en un gobierno jujeño en el que se calcula que Morales es el gobernador con más parientes colocados en puestos políticos del Estado. El número asciende al menos a 25 entre hermanos, hijos, sobrinos, cuñados, un tío y una ex esposa.

En el corte, otra campesina que también pide reserva de la identidad por miedo, asegura: “En la Finca vivimos alrededor de 300 familias de comunidades originarias, que somos preexistentes. No solo no nos consultaron en nada, como deben hacer según la Constitución, sino que vinieron con topadoras a arrasarnos”.

¿Quién cierra los ojos?

La represión sobre las comunidades no es una novedad en Jujuy. En marzo de 2021 Morales ejecutó una brutal represión en el barrio Campo Verde, de San Salvador, donde las y los vecinos buscaban resguardar el único espacio libre que les quedaba. Un año antes, en el inicio de la pandemia, echó a un grupo de inmigrantes obligándolos a subir a un micro hacia Buenos Aires. Un mes después anunció la puesta de fajas en las puertas de las casas de quienes contraían el coronavirus. Por el escándalo que ocasionó su idea debió dar marcha atrás. El 8 de marzo de este año reprimió frente a la Casa de Gobierno la movilización encabezada por la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy y familiares de víctimas de femicidios.

Jujuy sigue latiendo a innumerables pulsaciones. A horas de que esta revista entre a imprenta, los hechos relevantes se multiplican, la resistencia continúa y los métodos represivos también.

En la madrugada del 28 de junio la docente y actriz Camila Müller denuncia haber sido agredida físicamente por encapuchados que ingresaron a su domicilio: “No te hagas la revolucionaria, te tenemos junada”. El 30 de junio, el gobierno nacional hace una solicitud tan tardía como necesaria: le pide a la Corte Suprema de la Nación que declare inconstitucional la reforma impuesta por Morales. En la madrugada del 1º de julio el pueblo de Humahuaca toma la Municipalidad y logra, a regañadientes, que el Concejo Deliberante apruebe una declaración de rechazo a la reforma constitucional. El cuerpo de infantería reprime descarnadamente y uno de los balazos de goma le hace perder la vista del ojo derecho al joven Joel Paredes. Es la cuarta persona que pierde la visión en un ojo por un balazo: Mijael Lamas, en Purmamarca, el sábado 17; Ernesto Aguirre y Jorge Rodríguez, en San Salvador, el martes 20. 

Un graffiti que exige justicia recorre todo Jujuy: “Tus balas no fueron suficientes para cerrarnos los ojos”.

La iniciativa de la comunidad de Humahuaca sirve de ejemplo para el resto y en las horas siguientes se logran rechazos a la reforma por parte de los Concejos Deliberantes de La Quiaca, Abra Pampa, El Aguilar, Palpalá, El Molulo, Puesto del Marqués y Tres Cruces y se está exigiendo lo mismo en varias localidades más.

Desde el corte de Abra Pampa, un comunero originario amenazado cuenta: “Morales es como dice el dicho, un cuchillo de doble filo. Escribe con la mano lo que borra con el codo. Yo creo que el error de nosotros, del pueblo jujeño, fue darle al poder más poder. Eso no sirve. Yo creo que a cualquier gobierno hay que darle cuatro años. En el segundo mandato demostró tener el poder y llevarse todo por delante. Pero hay que hacer autocrítica: nosotros también somos responsables de lo que hoy estamos pasando”. De fondo, se escucha una canción que es de las más representativas: “Dicen que los del norte somos callados, pero cuando nos joden nos levantamos; libres o muertos; pero jamás esclavos”.

Con vistas a lo que viene, desde la Comunidad San Miguel de Colorado, de Salinas Grandes, una de las 400 comunidades originarias que están preparando una demanda jurídica para exigir la derogación de la reforma, le recuerdan a Morales, en un tono bajito, casi susurrando, algo que creen no tuvo en cuenta al analizar hasta dónde podría escalar el conflicto: “La lucha que damos está relacionada a nuestra cosmovisión, a nuestra madre tierra, al viento, al fuego, al sol, a la luna. Son parte nuestra y por eso esta defensa hasta el final; somos una espina para ellos por reclamar lo justo; una piedra en sus zapatos y lo seguiremos siendo. No dependemos de nadie, de ningún partido ni organización social. Estamos en la tierra para cumplir una función, que no es destruirla ni desmontarla. Uno puede tener un título o no, podés ser científico, geólogo, andar por los salones. Por eso quienes somos de pueblos originarios nunca usamos corbata: porque divide el pensamiento del sentimiento. Si nos pasa eso corre riesgo el futuro y no lo vamos a permitir. Porque la capacidad no está solo en la mente, también está en el corazón”.