Sigamos en contacto

Nota

10 M

La marcha que 26 comunidades qom recorrió el centro porteño, pasó por Tribunales y llegó a la Casa Rosada para exigir respuestas y derechos. La crónica de Darío Aranda.

Publicada

el

La marcha que 26 comunidades qom recorrió el centro porteño, pasó por Tribunales y llegó a la Casa Rosada para exigir respuestas y derechos. La crónica de Darío Aranda.

10 M

Marcha Qom. Foto de archivo: BarricadaTV


Obelisco porteño. Avenida 9 de Julio cortada. Y un grito poco común en el corazón porteño: “Territorio robado, será recuperado”.
Plaza Lavalle. Frente al Palacio de Tribunales. Un mensaje al más alto poder: “Señores de la Corte Suprema, hagan cumplir las leyes nacionales y tratados internacionales que nos protegen”.
Congreso Nacional. Frente de rejas y un mástil muy alto. Y una acción, mezcla de quimera y propuesta a futuro. Izan una Wiphala (la bandera multicolor de los pueblos indígenas) en el mástil principal del Poder Legislativo.
Plaza de Mayo. Ingresan a paso lento un centenar de indígenas. Las vallas frenan el paso. Una pequeña delegación ingresa a la Casa Rosada. Dejan un petitorio en mesa de entradas. Afuera, en la Pirámide de Mayo, el cacique Alfredo Rojas comienza un discurso que durará diez minutos y será todo en idioma wichí. Un contingente de turistas europeos le sacan fotos y lo observan sorprendidos. El cacique dirá sólo cuatro palabras en castellano, en distintos momentos del discurso: Buenos Aires, Presidenta, Justicia y (al final de la alocución) muchas gracias.
Los pueblos indígenas de Formosa marcharon por Buenos Aires. Exigieron el cumplimiento de derechos, señalaron inacción en los tres poderes del Estado y, si no hay respuesta, avisaron: cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.

Acampe

Avenida de Mayo y 9 de Julio. Fue el lugar elegido por la comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera) en 2010 para visibilizar la represión que sufrieron (con asesinatos incluidos). Más de tres meses de acampe, huelgas de hambre y cortes de la 9 de Julio. Lograron una mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. El ministro del Interior, Florencio Randazzo; funcionarios de Formosa, la comunidad qom y organizaciones garantes. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), Nora Cortiñas y Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora).
Se firmó un acuerdo. Y, cuando los qom estaban por levantar el acampe, la agrupación kirchnerista La Cámpora llegó con camiones, micros y policías. Intimidaciones mediante, obligó a los indígenas a levantar las carpas y volver a Formosa.
Cuatro años después, la comunidad qom cortó la ruta nacional 86 en Formosa y, sin respuesta, comenzó en paralelo un nuevo acampe en Buenos Aires. En el mismo lugar que en 2010 y con los mismos reclamos: que se consulte y dé participación a la comunidad en las acciones que se desarrollan en el territorio, basta de represión y judicialización, reconocimiento a las autoridades votadas por la comunidad (Provincia y Nación siguen negando el liderazgo de Félix Díaz) y asistencia médica, entre otros puntos.

Qopiwini

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, suele afirmar que todas las comunidades indígenas de la provincia tienen tierra suficiente y que no tienen necesidades. La situación de Potae Napocna Navogoh puso en la vidriera nacional la real situación formoseña.
Desde 2013, Félix Díaz redobló las recorridas por toda Formosa, hizo de puente entre comunidades que no se conocían, promovió encuentros regionales y, en enero pasado, se realizó una gran asamblea en el extremo oeste de la provincia (Ramón Lista). Se coronó el espacio de articulación en una nueva organización: “Qopiwini Lafwetes”. La primera palabra es una sigla (primera sílaba de Qom, Pilagá, Wichí y Nivaclé, los cuatro pueblos indígenas que habitan Formosa). “Lafwetes” es una palabra wichí que no tiene traducción directa, pero significa “la raíz que está bajo tierra, esperando crecer a la superficie”.
48 comunidades forman parte de la organización.
Y muchos de ellos comenzaron a llegar la semana pasada el acampe en Buenos Aires. Ya no se trata sólo de un reclamo de La Primavera. Sino de los cuatro pueblos originarios de Formosa.
“Acá están las comunidades en lucha de Formosa, las que no nos dejamos comprar por el Gobierno”, anuncia Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom.

Acampe II

El sol porteño castiga. El asfalto de Avenida de Mayo y 9 de Julio aumenta el calor. La marcha está convocada a las 9, pero se demora. Los líderes indígenas están reunidos, leen el petitorio final. Cada uno lo firma. Hay 26 comunidades representadas. Avisan que muchas no pudieron viajar por falta de dinero para los pasajes y explican que los Nivaclé no tienen DNI, no pueden dejar la Provincia.
Una carpa blanca, de diez metros de largo por cinco de ancho, es el centro del acampe. Adentro hay mujeres indígenas, carpas más pequeñas (tipo iglú) y alimentos.
Una mesa con planillas convoca a adherir al reclamo indígena. Algunos transeúntes ocasionales frenan, leen, preguntan y firman. La mayoría pasa de largo, rápido, al ritmo porteño.
Un prolijo cartel escrito a mano explicita las necesidades: alimentos, agua, fruta, elementos de aseo personal, útiles escolares, zapatillas.
Otro cártel señala la presencia de los cuatro pueblos indígenas y el objetivo: “En este camino estamos juntos por el cumplimiento de nuestros derechos”. En un plástico blanco, otro mensaje, menos poético y más político: “Gobernador Insfrán, deje de perseguir a las comunidades qom”.

10 M

No es el 18F, con el pedido por el fiscal Nisman y los candidatos opositores. Tampoco es el 1M, con el inicio de sesiones del Congreso y las banderas del kirchnerismo. No están presentes los que asistieron a esas marchas y tampoco están los medios que publicitaron y cubrieron con generosos espacios ambas movilizaciones. No se ven móviles de Canal 13 ni de la Televisión Pública. Tampoco hay multitud opositora ni oficialista. El padecer indígena no conmueve a la “gente”, ni a los “ciudadanos” ni a los “nacional y popular”.
La plazoleta de Avenida de Mayo y 9 de Julio está rodeada de policías. Pero el clima es tranquilo.
Jorge Palomo tiene 32 años, es wichí y vocero de la comunidad de Laguna Yema, donde viven 700 familias. Explica que es triste estar en acampando en Buenos Aires, que hay mucho ruido, que extraña la tranquilidad del campo y más extraña a su familia. Tiene esperanza de que la Presidenta los reciba. Viven cerca del Río Bermejo, pero no tiene agua. Tampoco tiene electricidad ni caminos para llegar al pueblo ni título comunitario de las tierras. Hace tres años que envían cartas al Gobernador, pero no tuvieron respuesta. “No queremos estar acá, pero es injusto las necesidades que pasan nuestros hijos”, explica.
A las 11 comienza la marcha. Una bandera-pancarta de un metro de alto y cuatro metros de ancho encabeza la caminata. En letras rojas destaca: “Qopiwini”. La sostienen una decena de líderes indígenas. Entre ellos, Félix Díaz, Agustín Santillán (wichí de Ingeniero Juárez), Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) y Relmú Ñamku (mapuche de Neuquén).
La caminata promete ser larga. Se visitarán los tres poderes del Estado. Primera parada, la Corte Suprema (Plaza Lavalle). La marcha toma por 9 de Julio, ocupa toda una cuadra, difícil precisar. Seguramente poca convocatoria comparada con movilizaciones porteñas, pero la evaluación cambia con un parámetro de sentido común: hicieron más de 1200 kilómetros para reclamar sus derechos en Capital Federal.
Dos gritos se repetirán durante toda la marcha. “Insfrán/asesino” y “territorio robado, será recuperado”. Flamean las Wiphala, las Wenu Foye (bandera del Pueblo Mapuche, de colores azul, verde y rojo), una insignia roja de Potae Napocna, una color marrón del Pueblo Wichí, una celeste con letras negras de “comunidad wichí”, tres banderas argentinas y una pancarta extensa, blanca y de letras negras: “Devolución de nuestros territorios. Basta de persecución. Juicio y castigo a los responsables de represiones y asesinatos”.
Por Corrientes y 9 de Julio, bocinazos de algunos impacientes. Y, ya en el Obelisco, un grito que nunca se escuchó en el corazón porteño: “¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom! ¡Pueblo Qom!”.
Cruzan toda la 9 de Julio hacia Cerrito. Toman la diagonal-peatonal y salen a Lavalle. Los saco/corbata y las mujeres de trajecito de oficina miran con sorpresa y hasta con simpatía. Media docena de indígenas se dirige a Tribunales, para dejar el petitorio y pedido de audiencia.
Se ve alguna bandera del Partido Obrero, del MST, de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) y de la ONG Conciencia Solidaria.
Israel Alegre, referente de la comunidad NamQom, tomó el megáfono y no duda: “No venimos a pedir, venimos a exigir. Todos los jueces deben aplicar las leyes que protegen a los pueblos indígenas y los tratados internacionales”. Y recuerda la Ley Nacional 26.160 (freno a los desalojos y relevamiento de territorios), el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Y apunta a la máxima autoridad del Poder Judicial: “Señores jueces de la Corte Suprema, ustedes son los máximos responsables de que se cumplan las leyes. Actúen de una vez”.
Aplausos cerrados. Y canto de lucha: “Territorio robado, será recuperado”.
El líder qom detalla la injusticia: “Nuestros hijos toman agua de charcos. Los niños indígenas mueren. Eso no es casualidad”.

Poder Legislativo

Una cuadra por Talcahuano y luego por Corrientes, ocupan media calzada. Caminata hasta Callao y giro a la izquierda hasta la puerta del Congreso Nacional. Son las 12:10 del mediodía. Otra comitiva ingresa al Anexo del Congreso y deja el documento con los reclamos.
Un hombre delgado, gorro de visera, camisa de jean, sostiene una caña, de la que flamea una bandera improvisada que dice “Pueblo Wichí”. Saluda con apretón de manos, mira el grabador y se presenta: “Castro José, Colonia El Silencio, departamento de Bermejo”. Hace diez días que está en el acampe, advierte que no le gusta pero afirma que lo hace por sus hijos (de 2 y 8 años). “Es injusto como vivimos. Ni agua tenemos. Estamos cansados de pedir. Nos tienen olvidados”, resume la situación. Vuelve a saludar con apretón de manos, y sigue la caminata.
Pedro Ruíz tiene 42 años y es la primera vez que pisa la Ciudad de Buenos Aires. Es de la comunidad Lote 42, donde viven 78 familias, a cinco kilómetros de la ciudad de Lomitas (centro geográfico de Formosa). Avisa que le gusta el campo, pero se subió a un micro hasta Retiro por un motivo principal: “Vine a ayudar a mis hermanos. Queremos que respeten nuestro derechos”. Habla suave, casi no se lo escucha, la timidez (o quizá la desconfianza) hace difícil la entrevista. Cuenta que tiene cinco hijos, que siembra zapallos, maní y mandioca. Ante la pregunta de qué le diría a la Presidenta, mira a los ojos del periodista y habla con voz fuerte: “Le pediría un aljibe para la comunidad. Con agua podemos vivir mejor”.
Alguien observa que el mástil está sin bandera y alerta a un pequeño grupo. Una Wiphala comienza a ser izada. Dos policías amagan evitarlo pero el jefe del operativo (trajeado) los frena. La bandera de los pueblos indígenas flamea en el Congreso Nacional. Una acción que recuerda una sostenida demanda de las comunidades originarias: que se reconozca el Estado pluricultural, una nación con muchas naciones. Una reivindicación que asusta al conservadurismo, enoja a nacionalistas, interpela a más de un progre y deja en offside a alguna izquierda añeja.
Agustín Santillán, wichí de Ingeniero Juárez (Formosa), hace años que denuncia la violación de derechos. Pero tuvo la mala/buena suerte de detallar las injusticias en el programa de Jorge Lanata en Canal 13 (en 2014). Sobrevinieron, como nunca antes, amenazas e intentos de golpiza. No sonríe cuando lo recuerda, pero tampoco lo lamenta. “Sirvió para que otras provincias conozcan lo que pasa en Formosa”, evalúa. Y explica que está en la marcha por muchos motivos, pero precisa dos: “Que dejen de alambrar nuestras tierras y que los punteros dejen de querer manejarnos”.
Le acercan el megáfono a Félix Díaz: “¿Dónde están los legisladores cuando muere un niño indígena? ¿Dónde están los diputados y senadores cuando reprimen y matan a los indígenas?”. Exige que se respeten los derechos indígenas, reclama respuestas urgentes, lamenta que los gobernantes saquen territorios a los pueblos originarios “para entregárselos a las multinacionales” y reparte críticas sin distinción de colores partidarios: “Hace tres semanas que estamos acampando, pasando necesidades, denunciando violación de derechos humanos. Y ningún candidato se acercó, ni opositor ni oficialista. No estamos en su agenda, pero vamos a seguir luchando”.

Poder Ejecutivo

El sol del mediodía ya castigaba duro. Se notan deserciones en el camino. Hay menos gente en la marcha. Los indígenas siguen firmes.
Caminata por Avenida de Mayo, paso por 9 de Julio, y más caminata en dirección a Casa de Gobierno.
Relmú Ñamku es mapuche de la comunidad Winkul Newen (cerca de Zapala, Neuquén). Está procesada (junto a su compañero, Martín Maliqueo) por resistir un desalojo. Su territorio es preciado por las petroleras. La causa fue elevada a juicio oral. Se defendieron con piedras, pero los acusan de “intento de homicidio”. Pueden ir presos. “Sufrimos como diez intentos de desalojos, palos y balazos, pero no hay ni un policía imputado. A nosotros sí nos llevan a juicio, esa es la Justicia winka (blanca)”, denuncia y explica que acompaña a los indígenas de Formosa porque “están marcando una camino” para todos los pueblos originarios de Argentina.
La marcha llega a destino, la histórica Plaza de Mayo. Las vallas frenan casi a la altura de la Pirámide. Se repite la mecánica: un pequeño grupo ingresa a casa de Gobierno a dejar el petitorio y solicitar audiencia. El resto espera afuera.
Se suceden discursos. Todos rondan los mismos tópicos. Que se cumplan los derechos que el Estado escribió con la mano y a diario borra con topadoras, policías, balas y cárcel. También educación, salud, agua. Derechos básicos incumplidos.
Los marchantes dejan un aviso. Si en 72 horas no hay respuesta, cortarán la 9 de Julio por tiempo indeterminado.
María Luján tiene 12 años. Cabello azabache, remera blanca que dice “Resistencia Qom” y una sonrisa amplia. Cuando ve el grabador intenta una evasiva, pero una mujer mayor le pide que hable. El periodista le pregunta por qué está en Buenos Aires. Se pone seria. Y resume todo en cinco palabras: “Vine a luchar. Queremos respeto”. Y se escabulle entre los indígenas. Otro qom se acerca y aclara: la pequeña María Luján es nieta de Félix Díaz.
Alfredo Rojas (wichí de Laguna Yema) es un anciano, delgado, de pequeña estatura. Camisa celeste, pantalón de vestir gris y alpargatas. Imagen pocas veces vista: un cacique wichí da un discurso en Plaza de Mayo, habla con énfasis, gesticula con los brazos, todo en idioma originario. Frente a la Casa de Gobierno y frente a la Catedral. Los dos poderes que más hicieron para someter a los pueblos originarios, pero no pudieron. El abuelo wichí es la mejor imagen de un grupo indómito, llamado “Lafwetes” (la raíz que crece en idioma ancestral), que no desea cargos en el Estado, no acepta promesas de candidatos, no mendiga derechos ni aplaude discursos de funcionarios.
Los pueblos originarios exigen que se respeten sus derechos. Y, ante la indiferencia de los tres poderes del Estado, prometen solo una cosa: luchar
Compartimos esta crónica con la agencia Comunicación Ambiental: www.comunicacionambiental.com.ar

Nota

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Publicada

el

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años. 

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio  de contundencia, ignorado

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas
Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión. 

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”. 

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”. 

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género. 

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”. 

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló. 

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”. 

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder. 

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

Seguir leyendo

Nota

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Publicada

el

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes. 

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación. 

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Seguir leyendo

Nota

Un abrazo contra la motosierra

Publicada

el

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

Un abrazo contra la motosierra

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora. 

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Un abrazo contra la motosierra

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo. 

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Un abrazo contra la motosierra

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”. 

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”. 

Un abrazo contra la motosierra

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”. 

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional 

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”. 

Un abrazo contra la motosierra

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina. 

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Un abrazo contra la motosierra

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”. 

Un abrazo contra la motosierra

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Un abrazo contra la motosierra

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.

Clases abiertas, presupuestos cerrados / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Seguir leyendo

LA NUEVA MU. Generación Nietes

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido