Los chicos que mueren en las cárceles. MU reunió a funcionarios, expertos, académicos y familiares para conversar sobre lo que nadie habla: los menores presos. Sin datos oficiales ni controles de los institutos de encierro, el desafío es qué hacer además de denunciar.

Una de las instituciones más serias que investiga y produce información sobre la penalidad juvenil resume la situación actual: “Políticas de fuego y soga”. Lo dice Ana Laura López, integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH). Ante la inexistencia de estadísticas oficiales sobre la cantidad de niños y niñas privados de su libertad en Argentina, este grupo de estudios elaboró una base de datos propia a partir del recorte de noticias en diarios y revistas. “Es una parte muy ínfima de lo que sucede”, asume López, socióloga e investigadora del CONICET. 

La base de datos contabiliza 61 jóvenes muertos mientras estaban a cargo del Estado, es decir, encerrados en el sistema penal.

Los resultados:

Las muertes se produjeron en 14 provincias: Buenos Aires (14), Córdoba y Santa Fe (7), Salta (6), Catamarca y CABA (5), Tucumán y Corrientes (4), Mendoza, Misiones y Río Negro (2), Jujuy, Formosa y Santiago del Estero (1).

El 75% tenían 16 y 17 años (21 y 25 casos, respectivamente). La edad marca una población definida: según un informe del 2012 (pero con datos del 2010) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,  el 80% de los 1.508 jóvenes registrados privados de su libertad tenía entre 16 y 17 años.

El 56% (34 casos) murió en comisarías. Dato: resoluciones, acordadas y fallos judiciales y ministeriales prohiben la detención y/o retención de niños, niñas y adolescentes en comisarías. Sin embargo, no asombra ni estremece: 9 de cada 10 jóvenes encuestados fueron detenidos en comisarías. El GESPyDH habla de un “consenso implícito” que legitima esta ilegalidad: ningún chico encuestado fue entrevistado por el juez, el fiscal o el defensor.

El 44% murió en institutos.

31 chicos (50%) murieron quemados. 24 chicos (39%) murieron ahorcados.

Otros 3 murieron por golpes y 3 más por infecciones y disparos.

“Fuego y soga”, resume López. “El sistema penal viola derechos humanos de grandes y de chicos. La transversalidad del sistema es para todos los pobres. Sólo al cura Grassi le permiten pasar 10 años de proceso penal en todas las instancias de apelación en libertad. Esto a un pobre no le pasa. Al sistema penal no vamos a entrar nosotros ni nuestros hijos ni nuestros sobrinos. Van a llegar los pobres. Para ellos es este sistema, que tiene como condición inmanente la discrecionalidad y la arbitrariedad. Un sistema tan perverso que por la muerte de Lucas Simone (17 años, fallecido el 27 de julio en el Manuel Rocca, uno de los tres centros de régimen cerrado de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia) no hay nadie responsable, e hipotéticamente el único que pueda llegar a serlo es su compañero de celda. Simone, además, es un cuerpo que nadie reclama: estaba en situación de calle.” Un caso testigo de lo más brutal de esta máquina.”

En Rosario, el Colectivo de Investigación Militante sobre los Jóvenes y el Poder Punitivo realizó un seguimiento sobre aquellos que ingresaron al Instituto para la Recuperación del Adolescente (IRAR, de máxima seguridad). El resultado: en los últimos 5 años, aproximadamente 60 chicos murieron por “causas violentas” luego de pasar por la institución. Tampoco hay cifras oficiales: el dato se construye a partir de los diarios y el seguimiento de los niños con los que el Colectivo había desarrollado un vínculo. Las “causas violentas” pueden ser asesinatos de la policía o los llamados “ajustes de cuentas” (terminología que, en muchos casos, es la ventana para enmascarar la violencia policial, señalan).

En 2010, un relevamiento sobre 48 chicos ingresados al IRAR arrojó el siguiente mapa:

El 94% era de la periferia rosarina: villas miseria, asentamientos, viviendas populares.

El 83% no terminó la escuela primaria. Ninguno terminó la secundaria.

Sólo el 23% vive con ambos padres. Otro 23% no vive con ninguno. El 44%, sólo con la madre.

El 21% tiene la madre o el padre muertos.

El Colectivo describe que los tiempos de encierro de los jóvenes están “predefinidos” por la justicia. ¿Por qué? El dato es interesante: durante un período de cuatro años (2009 a 2012), el Colectivo reflejó que la frecuencia de ingresos y el tiempo de encierro de los jóvenes era exactamente el mismo. En cada uno de los períodos, la curva se repite.

No importa la causa ni el barrio ni el pibe: el patrón judicial es exacto.

“Esto ocurre, por un lado, por la selectividad policial. Es un mercado regulado, de cifras negras y blanqueos. Ejemplo: un chico cae en una detención, sale y roba de vuelta. Cuando llega al instituto, figura que fue detenido sólo una vez, pero él te dice que en realidad cayó 5. ¿Qué pasó con las otras cuatro? La policía no lo registra: o te saca lo que robaste o llaman a tu familia para que paguen una fianza. Los chicos ya saben: guardan una plata en sus casas previendo esa situación. Forma parte del presupuesto familiar. Cuando pagan, lo largan sin haberlo registrado”. Eso, en la jerga, es estar en negro. ¿Qué pasa con los que no tienen plata? “Muchas veces lo torturan: la pena es el castigo físico, pero se van en libertad. A veces prefieren eso sólo para no ir al IRAR. Entonces, de 10 pibes agarrados: a 5 les sacan plata y a otros 5 los blanquean. Ahí la jueza es la que decide. Hay cinco juzgados y ninguno está coordinado, pero la cifra se repite: todos mandan la misma cantidad”.

El Colectivo subraya que todos llegaban al IRAR golpeados por la policía, una práctica “totalmente naturalizada dentro de la institución y todavía más por el Poder Judicial”. En el informe, explican que la presión de los trabajadores empujó a la implementación de un mecanismo que obliga a la propia institución a realizar una denuncia penal por esos abusos ante la fiscalía.

En 2011, detectaron 56 denuncias sobre 206 jóvenes ingresados.

En 2012 -sobre la misma cantidad-, 75 denuncias.

Muchos chicos no quisieron denunciar para no dejar constancia de su nombre, “porque después tienen que volver al mismo barrio y relacionarse con la misma comisaría a la que denunció”.

¿Qué denuncian estas muertes, estas cifras, estos jóvenes?

Una máquina.

Para Laura Musa -directora de Fundación Sur, experta en niñez-, la madre de esa máquina es el Régimen Penal de Minoridad, establecido por la dictadura en 1980 con el decreto/ley N°22.278 firmado por Jorge Rafael Videla, que otorga facultades al juez para disponer de los chicos “en peligro material o moral” y meterlos en los institutos “por proteción”. Argentina es el único país en América Latina que no cuenta con una legislación propia. “Es una cuestion cultural”, describe Musa. “Son 100 años de patronato que establece que el Estado protege y cuida a los niños de los pobres porque los pobres no saben cómo hacerlo. Por eso sigue existiendo ese sistema que modelaron: te cubre asistencialmente, para que no te mueras, pero no para que tengas el derecho a vivir con tu familia. Castiga que seas pobre y que no hayas ido a la escuela”.

Uno de los avances fue la sanción en 2005 de la ley N° 26.061 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, donde se incorporó como pieza vital un inciso que establece la prohibición del uso de la privación de la liberad como forma de protección de los jóvenes. Como consecuencia de esa restricción, en 2006, Fundación Sur presentó -junto al CELS- un habeas corpus colectivo en favor de 60 niños menores de 16 años privados de su libertad “bajo protección” en el instituto San Martín, en la Ciudad de Buenos Aires. Tras varias idas y vueltas la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia luego que la Sala III de la Cámara de Casación Penal declarara inconstitucional el decreto dictatorial, ordenara la libertad progresiva de todos los chicos y exhortara a la sanción de una nueva ley.

Sin embargo, atenta a “la gravedad institucional del hecho”, la Corte suspendió la ejecución del fallo, y en 2008 votó por unanimidad una nueva sentencia. El veredicto, de 20 páginas, es contradictorio: recorre con argumentos la inconstitucionalidad del decreto firmado por Videla, pero no lo anula, y pese a citar la Convención y los preceptos de la CIDH en materia de niñez e instar al Estado a buscar “alternativas a la internación en instituciones”, rechazó la liberación de los niños del San Martín. ¿Por qué? Muchas voces coincidieron en ese momento que el tribunal fue susceptible a la “presión pública”, en una escena política donde la “inseguridad” era tema de conversación diario. La explicación de la Corte: “La situación, que ya es seria, podría agravarse generando una vulneración de los derechos que se intentan proteger”. La respuesta directa y sin vueltas la dieron Raúl Zaffaroni y Carmen Argibay en diversas entrevistas periodísticas: coincidieron en que esos niños estaban “marcados” a morir en los barrios por la policía.

“Son obras de la hipocresía”, critica Musa. “Los protegieron dejándolos presos”. Fundación Sur, nuevamente con el CELS, denunció la sentencia a la Corte Interamericana.

Emilio García Méndez -presidente de Fundación Sur- considera ese fallo como “el mayor retroceso en materia de derechos humanos de la infancia en la historia de la democracia”.

La máquina se desnuda ante la muerte. Un caso: Diego Borjas, 17 años, de Moreno. Murió en diciembre de 2014 por las quemaduras que sufrió en una celda de aislamiento en el instituto Agote. La celda no tenía luz ni baño ni agua, y las dimensiones eran tan chicas (1,8 por 3 metros) que la Defensoría Pública las pasó de largo (la investigación sobre este crimen institucional está en la MU de marzo). Para la Defensoría -en cambio-, esa celda no era aislamiento, negación que responde a ocultarla: está prohibida por todas las normativas nacionales e internacionales.

“Los jóvenes no tienen defensores, no tienen juicios y no tienen quien inspeccione los institutos”, cuestiona Ariel Cejas Meliare, director general de Protección de Derechos Humanos en Cárceles de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), institución que mantiene un conflicto de larga data con la Sennaf: no los deja monitorear los institutos de la Ciudad porque no los reconoce como “el órgano competente”. Advierte Cejas Meliare: “Después de más de 30 años de democracia, el único lugar de detención que no tiene ningún tipo de control son los institutos de menores”. La puja -apoyada por Fundación Sur, el CELS y Amnesty International- trepó por todas las instancias judiciales y ahora espera resolución de la Corte Suprema. En el medio, uno de los fallos en contra fue de la Cámara del Crimen. “El argumento fue que estábamos ante un colectivo de chicos sensible, propenso a las drogas y la falta de cariño”, recuerda Cejas Meliare. “Esperamos que la Corte se pronuncie antes de fin de año”.

Musa señala que a los institutos pueden entrar titiriteros, artistas plásticos, obras de teatro, talleres de música, pero no organismos que fiscalicen el funcionamiento. “Y quienes están allí encerrados son sujetos de Derecho, pero si quiero entrar a decirles que su condición jurídica está siendo afectada, no puedo”.

Ana Laura López -del Grupo de Estudios- critica el hermetismo de la Sennaf. “Hay que caracterizar una gestión que durante más de 10 años tuvo una actitud de notable vehemencia sobre cualquiera que quisiera saber algo y pudiera hacer entrar en conflicto el dispositivo de la crueldad. No sólo bloqueó el ingreso a organismos de monitoreo, sino que también ha bloqueado la producción de datos y el acceso a la información. Sabemos cuántos presos adultos hay, pero no sabemos cuántos son los presos menores de 18 años. También deberíamos saber cuántos entran y cuántos salen: no sólo la estadística de stock, sino la estadística de flujo, porque los sistemas penales en el siglo 21 tienden a hacer circular entre el gueto urbano y la cárcel a una cantidad de población fluctuante enorme. ¿Cuánto tiempo están detenidos? ¿Por qué delitos? No sabemos nada, por lo cual hay un estado de indefensión de la niñez penalizada mucho mayor que la de los adultos. Y sin información no hay debate posible”.

Otro nudo de esta máquina lo desenreda Liliana del Carmen Basualdo, madre de Diego Borjas, quién participó de esta charla. Su relato ilumina el sector más oscuro de esta máquina. “Cuando pedí ayuda no sabía adónde ir. Fui a Tribunales cuando mi hijo no vino a casa: me dijeron que la única manera de poder ayudarme era cuando lo encontraran cometiendo un delito”. Diego tenía problemas de adicción. Viajaba a la Ciudad a trabajar de trapito. Lo derivaron al Agote tras un intento de robo. “De parte del instituto, nunca supe bien por qué estaba preso. Tampoco me di cuenta de preguntar si tenía un defensor. No me informaban nada. Días antes de que pasara todo esto, Diego me decía que estaba harto. No quería hablar más con nadie, ni ir a la psicóloga, ni ir al colegio, que por favor le dijera a los operadores que no lo molestaran más. Yo me siento responsable porque no supe cómo moverme”.

La abogada Verónica Heredia, experta en hábeas corpus y litigios internacionales, aclara: “No podemos culpar a una ley de la dictadura por esta falta de comunicación. Que nadie le haya explicado por qué y en qué condiciones estaba detenido su hijo no depende de ninguna ley. Es cierto: la ley es terrible, la hicieron tres militares, pero hoy sigue vigente y fue escrutada por todos los constitucionalistas posibles. ¿Cómo es posible? Si uno va a la defensa pública, vamos a ver muy buenas personas, muy buenos abogados, pero que no quieren ser notificados siquiera para saber qué pasa. Quizá haya que encontrar otro lenguaje, construir otras herramientas, porque seguimos dando vueltas entre nosotros mismos a las mismas cosas desde hace 30 años. A lo mejor lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo mal nosotros”.

¿Qué estamos haciendo? Ana Laura López responde: “Es falaz pensar que lo único que podemos hacer con los menores que cometen delitos es ofrecerles el sistema penal. Los daña, los marca y les genera sufrimiento. Y si algún joven puede rearmarse y construir algo, siempre es a pesar de eso y nunca gracias. Es más fácil decir que si a los jóvenes no se los puede perseguir penalmente ya no hay nada que hacer. Y hay mucho: tenemos que pensar qué otras cosas podemos hacer que atravesarlos por las prácticas punitivas del sistema penal”.

Verónica Heredia resume:

Hay una descripción del problema.

Hay una ley: es inconstitucional.

Hay denuncias.

Hay estructuras especializadas en niñez y adolescencia, situación de cárcel, asesorías.

Hay personal especializado.

Los jóvenes se siguen muriendo.

¿Entonces?

Heredia conluye: “La expresión más cruda de esta realidad es la que expresa la mamá de Diego Borjas. La cuestión es cómo planteamos esta situación para que esta realidad que todos conocemos pueda ser modificada de alguna manera”.

¿Hacia allí vamos?