José Iglesias es abogado del mayor grupo de querellantes en la Causa Cromañón. Y es el padre de Pedro, una de las víctimas. ¿Dónde está la violencia en esta causa? Iglesias propone una radiografía para entender cómo funciona la impunidad.

Ni la bengala
Ni el rocanrol
A nuestros pibes los mató
La corrupción
 
Así cantan los familiares de víctimas de Cromañón, los sobrevivientes y hasta seguidores de Callejeros; aun con las evidentes diferencias que salieron a la luz entre ellos el día mismo del fallo (no es lo mismo tener un familiar muerto que ser fan de un grupo). Las cartas se barajan entre culpables e inocentes; víctimas y victimarios. Y aquí es donde las opiniones chocan.
El factor común: la corrupción.
La objeción: hasta dónde llega ese entramado.
Si uno siguió el fallo por tv y es susceptible a sus mensajes, es probable que imagine a los familiares de Cromañón como un puñado de gente violenta, en el mejor de los casos enceguecida por el dolor. En Tribunales en cambio, ese 19 de agosto, se vio mejor cómo fueron los incidentes, quiénes eligieron mantenerse al margen y quiénes se armaban un festín con cámaras y micrófonos.
El filósofo esloveno Slavoj Zizek apuntaría la lupa hacia otro lugar; en su reciente libro Sobre la violencia, describe la violencia sistémica como “las consecuencias a menudo catastróficas del funcionamiento homogéneo de nuestros sistemas económico y político”. Y sigue: “La violencia subjetiva es simplemente la parte más visible de un triunvirato que incluye también otros tipos objetivos de violencia”. Es decir: la violencia visible –destructiva, verbal, o cualquier otra– es producto de una violencia que queda oculta por aquella evidente. La violencia del sistema provoca, a la vez que nos ciega.
Hace casi 5 años que José Iglesias soporta esa violencia. Nadie le intentó pegar, y pocas veces lo insultaron directamente. Pero Iglesias, y miles de familiares y amigos de los 194 chicos muertos en Cromañón han pasado primero, por la violencia de aquel 30 de diciembre de 2004, luego por la represión a las marchas en las que sólo pedían justicia. Fueron ignorados por los medios, criminalizados, se les construyó esa imagen de “violentos”, basándose en dos o tres papás que solían ser incentivados mediáticamente al exabrupto. Y la enumeración apenas comienza. La indiferencia, la injusticia, la corrupción y el etiquetamiento tal vez sean especies sutiles de violencia, pero también de las que más duelen.
José Iglesias es el padre de Pedro, uno de los chicos que según los testimonios falleció tras sucesivas entradas a Cromañón para ayudar a sacar más gente. José además es uno de los principales abogados de la causa, forma parte del grupo Que no se repita, y de la articulación de familiares y sobrevivientes, el movimiento Cromañón. Su situación puede describirse así: entiende todo. Y todo, es ese trayecto que va desde comprender lo que ocurrió, hasta observar cómo ha funcionado la máquina política, policial y legal para mantener –en lo esencial- la impunidad. El mismo sistema que llevó a la catástrofe, sigue en pie, vivito y coimeando.
 
La máquina de hacer perejiles
Iglesias se ha mudado hace poco. En su casa-estudio de la zona de Parque Centenario, en Buenos Aires, parece que hay más cajas de expedientes que muebles. A lo largo de la charla va rearmando los fragmentos sobre lo que se investigó en los últimos años. “Al desmembrar la causa en muchos pequeños juicios, se pierde la visión del conjunto. Cromañón fue un hecho, en el cual confluyen cuestiones políticas y de corrupción que involucran a empresarios, funcionarios, policías, inspectores… si yo separo todo, estoy dispersando también la posibilidad de comprender y juzgar debidamente”.
Esa subdivisión –conviene recordarlo– ha funcionado también en causas por violaciones a los derechos humanos, convirtiendo los crímenes de la esma, por ejemplo, en pequeños juicios que dan la imagen de acción judicial, pero a la vez diluyen y alargan la expectativa de que genuinamente se haga justicia.
Tras ese desmembramiento, los juicios iniciados con relación a Cromañón llegaron a ser seis. “Eso muy poca gente lo supo –explica Iglesias- porque la repercusión mediática era para la Causa Cromañón, la de Chabán, Callejeros y compañía. Nunca logré que se entendieran esos otros juicios, que aparecían como accesorios, aplastados por la información de la causa con gente más famosa”.
¿El resultado? Iglesias considera que esa ignorancia pública sobre las otras causas, facilitó que dos meses antes de la sentencia de la Causa Cromañón, las otras cinco prescribieran: al pasar determinado tiempo (según el delito) sin avances en el proceso, la causa se cierra.
Para el abogado la máquina judicial funcionó del siguiente modo: “Para ocultar esa prescripción, se generó toda la polémica sobre Callejeros. Entonces la gente hablaba de eso y no de que el director de los inspectores al momento de los hechos quedó absuelto; o que las dos únicas funcionarias procesadas tuvieron una condena mínima. Toda la estructura quedó impune, funcionando como antes. Con lo cual, nos entregaron perejiles”.
 
La defensa
La consigna que dice “a nuestros pibes los mató la corrupción” sigue siendo, para Iglesias la descripción más exacta de lo sucedido en 2004. “Fue una corrupción con muchas patas. Es notable cómo funcionan órganos de poder, nominalmente separados pero relacionados en los hechos. Desde la policía hasta la justicia contravencional, pasando por el Gobierno de la Ciudad” (conducido entonces por Aníbal Ibarra). Los datos reunidos en estos años de investigaciones le permiten plantear: “Estos organismos trabajaban y siguen trabajando conjuntamente. No sólo permitieron que un lugar como Cromañón estuviera abierto desde el 97 –con todas sus fallas-, sino que operaron para que la investigación y el juicio sobre las responsabilidades avanzara hasta un determinado lugar”. Lo dice apoyando la mano sobre la mesa, como si fuese un dique.
¿Hasta qué lugar? “Por ejemplo, desde que Cromañón abrió en 1997, los inspectores de la Ciudad llegaban a hacer su trabajo, pero todo era infracción: desde un plano trucho que simulaba una superficie menor para figurar como local bailable de clase C; hasta la falta de un tanque de agua de 20 mil litros, que tenían que chequear los bomberos. No había certificado de habilitación posible”.
El abogado considera que empezó a funcionar lo que llama “articulación de cajas”, que no se refiere precisamente a los embalajes. “La policía articulaba su caja con estas dos instituciones: los bomberos le daban el certificado para que la Ciudad no hiciera problema con la habilitación, y la policía no denunciaba contravenciones para que el lugar siguiera trabajando y le entrara el dinero pactado con el boliche”. (Otro dato de estos años: se descubrió que por cada 500 personas de más que la policía dejara pasar por encima de lo permitido, la coima era de 100 pesos).
En el juicio el subcomisario Carlos Stortini, subordinado del comisario Carlos Díaz (condenado a 18 años por incendio doloso y cohecho pasivo, lo que implica haber recibido coimas) declaró que una vez le ordenaron inspeccionar el boliche porque estaba cerrado. Traduce Iglesias: “La coima se relacionaba con el ingreso de gente. Si Cromañón estaba cerrado, se cortaban esos ingresos. Había que evitar cualquier clausura, y ése era el papel de la policía en el sistema”.
En el juicio los comisarios fueron defendidos por el Departamento Penal de la Policía Federal. “Algo insólito y sin precedentes –define Iglesias–. Ahí se desnuda que estaban defendiendo institucionalmente la subsistencia de un sistema”.
 
Lo ilícito y lo trucho
Otra de las causas casi “invisibles” fue por asociación ilícita. “Durante 2005, Fabiana Fiszbin (subsecretaria de Control Comunal del gobierno porteño) iba a ser citada a prestar indagatoria, y yo inicié la causa de asociación ilícita con varios propósitos: para denunciar hechos concretos de la Causa Cromañón, y otros que habían surgido de la Comisión Investigadora de la Legislatura. Al comenzar, esta causa tenía 40 hechos comprobados de corrupción, la mayoría relacionados con locales. El control comunal de la noche estaba dirigido por algunos personajes entre los que se encontraba Fiszbin, pero eso tampoco pudo ser investigado a fondo”. En la Causa Cromañón Fiszbin fue condenada a dos años de prisión (que no debe cumplir) y cuatro años de inhabilitación, por incumplimiento de deberes de funcionario público, pero resultó otra de las condenas ínfimas según los padres y familiares, y que no apuntan al fondo de la cuestión, ni a los responsables mayores. Entre las causas prescriptas también quedó la de la Morgue. “Pero esa tiene que ver con otros aspectos de la cuestión, como el padecimiento de los familiares en ese lugar, además de lo que se hizo con el cuerpo de los chicos”.
Iglesias relata la situación producida durante un careo entre Fabiana Fiszbin y Atilio Alimena, defensor adjunto de la Ciudad de Buenos Aires. “Fiszbin habló de certificaciones irregulares a los bomberos. En esa causa se indagó un poco más y se llega a un allanamiento a los tipos que ella menciona y ahí salta todo. Se desnuda una organización perfecta de dos empresas de prevención de incendios que tenían todo el equipamiento, el acuerdo con la plana mayor de bomberos y una patita en el Gobierno de la Ciudad. Ahí nace la causa Bomberos I”. En 2007, por ese caso se condenó al ex responsable del área de Habilitaciones de la Ciudad, Roberto Calderini y al empresario Rubén Fuertes a cuatro años de prisión, además de condenas a otros policías. Nuevamente Iglesias transmite la certeza de que no se llegó a una investigación medular. “Pero las actuaciones continuaron y se abrieron dos causas más: Bomberos 2 y 3, a partir de ciertos hechos entre los que se encontraba la propia habilitación de Cromañón. Se comprobó que era trucha, y empezaron a caer personajes: el jefe de Bomberos de aquel momento, el de la seccional y el que hizo el certificado; caen también los responsables del Gobierno de la Ciudad que aprobaron ese certificado; y los inspectores que no advirtieron nada. La Cámara del Crimen decidió juntar las dos causas, la de Bomberos y la que implicaba al gobierno. Pero todo prescribió dos meses antes de la sentencia, junto a las otras causas que estamos comentando”.
 
En la Legislatura
La Causa Romagnoli debe su nombre al diputado de Autodeterminación y Libertad (partido de Luis Zamora) Gerardo Romagnoli. “Ahí se investigaron y denunciaron todos los hechos ilícitos en el proceso del enjuiciamiento político de Ibarra. La mayoría se trataba de manipulación de los elementos de prueba para ocultar la realidad: apriete y compra de testigos, robo de documentación, y demás”. Las denuncias alcanzaron a la diputada del mismo partido, Noemí Oliveto, al propio Aníbal Ibarra, a funcionarios del gobierno y a legisladores entre quienes se encontraba Beatriz Baltroc. “Ella era una de las más acérrimas propulsoras de la destitución. Inesperadamente desapareció dos semanas, vuelve y vota a favor de Ibarra. En los días posteriores ella pudo solucionar una cantidad de temas económicos personales. La idea era entender qué había ocurrido. Pero la jueza Gabriela Lenz me impidió ser querellante, el caso nuevamente entró en zona muerta, y terminó emitiendo un comunicado diciendo que no se podía molestar a los legisladores por sus opiniones políticas”. En la página web del grupo Que No se Repita figuran todos lo datos que sustentan las sospechas sobre estas personas, pero en todo caso la cuestión fue otra de las que quedó sin una investigación judicial capaz de revelar claramente que pasó.
 
Un paseo por Plaza Once
¿Qué cambios generaron la Causa Cromañón y el metódico trabajo de denuncia de los familiares sobre todo lo que esa masacre estaba revelando? Iglesias no se hace ilusiones: “Lo único que pasó en Once, es que se cerró Cromañón. Toda la manzana y todo ese sistema corrupto sigue funcionando; la policía sigue teniendo las mismas cajas y el Gobierno de la Ciudad también hace lo suyo”.
Iglesias propone hacer una especie de tour ilustrativo: “Si uno se para frente a la estación Once, se ven celulares truchos, probablemente robados, que se venden en la vía pública sin autorización”. El abogado no cree que se trate de algo equiparable a la venta de garrapiñadas. “Además, hay denuncias sobre prostitución infantil y venta de drogas dentro de la estación. Salen ómnibus de larga distancia totalmente truchos. Al lado de Cromañón, hay un hotel que funciona como albergue transitorio, cosa que no está permitida. Y de la trata de personas también se han hecho toda clase de fundadas denuncias. La plaza a la vez está llena de policías, y la Comisaría 7° está a dos cuadras del lugar. Todas las cajas siguen funcionando”.
En esta descripción de la máquina de la impunidad, las empresas de medios juegan un rol que no ha sido precisamente “informativo”. Dice Iglesias: “Cada vez que alguno de estos hechos de corrupción aparecía, en seguida se desviaba la atención con algún lío sobre Callejeros, o con cualquier otra cosa que lo terminaba tapando”. Un ejemplo fue la campaña, la semana anterior al enjuiciamiento de Ibarra, con el rumor de que Pedro Iglesias, el hijo de José, había sido el que tiró la bengala. Ahora que se vieron por televisión las cosas de las que son capaces los políticos como Ibarra para “mejorar” su imagen (simulando “fans” que lo saludaban durante una entrevista), se entiende la química con la que se mueve ese mundo. “Otra infamia fue hablar de la supuesta guardería que había en Cromañón”, recuerda Iglesias, al extremo que los familiares armaron una enumeración de “Los mitos de Cromañón” sobre las mentiras que en estos años hicieron circular los medios. “Fueron formas de desplazar la atención de las denuncias reales. En el caso de Clarín la página web Diario sobre Diarios ha hecho una investigación que demuestra cómo funcionó esa estrategia con respecto a Cromañón”.
 
La sastrería del reino
La percepción de Iglesias –y de los familiares, de acuerdo a lo publicado en el último documento tras la marcha del 30 de agosto– es la de un aparato destinado a garantizar la impunidad. “Empezó con lo que mencionábamos sobre la separación de las causas como lo hicieron. Se dividieron hechos, que no se investigaron a fondo, mientras la estructura corrupta de donde se desprendió el hecho sigue funcionando”. Más allá de cada historia particular de las muchas que hierven en todo este tema, la condena a un manager (como si la banda fuera ajena), a un subcomisario (como si sus jefes fueran ajenos) o a un gerenciador (como si los dueños del local fueran ajenos) abre todas las incertidumbre.
Iglesias: “Creo que el poder judicial actuó como corporación pero en defensa de otros poderes; todo, consecuencia de un mecanismo ideológico, cultural y social previamente planeado. Haberlo visto en funcionamiento de esta manera me ha chocado muchísimo”. José recuerda un viejo cuento infantil, de Hans Christian Andersen: “Después de todos mis años como abogado y en relación con el Poder Judicial, esto fue como ver al rey desnudo”.