CABA

La grieta

Publicada

hace 18 años

03/03/2007

Las inversiones en minas de oro, plata y cobre se reproducen en Sudamérica impulsadas por la voraz economía global. Sólo en Argentina se proyectan una decena de megaemprendimientos para los próximos años: prometen trabajo y desarrollo local. En Catamarca ya funciona, desde hace diez años, la explotación más grande, a cargo de un consorcio de empresas suizas y canadienses. Ésta es la radiografía de Bajo la Alumbrera, el caso testigo de la minería a gran escala, que permite descubrir qué diferencia hay entre los proyectos y los hechos.

La grieta Andalgalá es la tercera ciudad en importancia de Catamarca. Está ubicada en el centro de la provincia, a 240 kilómetros de San Fernando del Valle, seis horas de micro entre caminos derruidos y paisajes de postal. Allí viven 17 mil personas. Tiene calles anchas y pobladores amables, casas bajas y una catedral imponente, clima desértico y montañas que esconden la mina de oro y cobre más grande del país y una de las más importantes del mundo: “Bajo la Alumbrera”, una obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Diez años de explotación minera, 680 millones de dólares de facturación anual, 14 millones de pesos de regalías anuales al pueblo, cuatro derrames tóxicos comprobados, tres provincias involucradas, una decena de denuncias por contaminación e innumerables acusaciones por incumplir sus promesas de trabajo y bienestar regional. Son algunas de las cifras de Andalgalá, el caso testigo de la minería metalífera a gran escala.

Monstruo minero
Octubre de 1994: el gobernador Arnoldo Castillo, el entonces secretario de Minería y actual gobernador de La Rioja, Ángel Maza, y el presidente Carlos Menem firmaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Mina Bajo la Alumbrera. Tres años después, el 31 de octubre de 1997, se iniciaba la etapa extractiva: una enorme olla de dos kilómetros de diámetro y seis cuadras de profundidad es el espacio donde 36 enormes camiones mineros y monumentales palas mecánicas remueven, ayudados por explosivos, 340 toneladas de roca por día. Lejos están las imágenes de las películas: no hay picos, no hay palas, no hay pepitas de oro y ni siquiera hay mineros.
El yacimiento de oro y cobre pertenece al estado catamarqueño, la Universidad de Tucumán y el Estado nacional, que conforman la sociedad Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (ymad), pero cedieron la explotación a un consorcio de empresas: la suiza Xstrata (50 por ciento del paquete accionario) y las canadienses Goldcorp (37,5 por ciento) y Northern Orion (12,5). Funciona a 40 kilómetros del casco urbano de Andalgalá, a 300 de la capital provincial, entre montañas y alambrados olímpicos.
Por cada tonelada de roca se obtienen seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre. Datos de la misma empresa se ufanan de que Alumbrera utiliza en un solo mes la misma cantidad de explosivos que se requiere por año en toda Argentina. No es casualidad que llueva polvo en la ciudad. Además, los especialistas advierten que la remoción de las montañas acelera la producción de sulfuros, que con el aire y el agua producen drenajes y lluvias ácidas, con su contaminación a cuestas.
El yacimiento se encuentra entre las diez grandes explotaciones de cobre del mundo y entre los 15 de oro: exporta 190 mil toneladas anuales de cobre y 23 mil toneladas de oro. Cuenta con una lujosa ciudad en las alturas: 500 habitaciones, canchas de tenis y fútbol techadas, salas de juegos, gimnasio, línea de colectivo interna y tres aviones propios que hacen de taxi aéreo para ejecutivos.
El proceso de extracción consiste en dinamitar las paredes de la montaña, transformar las rocas en polvo y diluirlas en sopas ácidas que purifican el mineral. Todos los desechos son destinados a un enorme basurero, de 30 hectáreas y 150 metros de profundidad, llamado “dique de colas”. El producto bruto es enviado por un extenso mineraloducto –un caño bajo tierra– de 310 kilómetros de largo que pasa por Catamarca hasta Tucumán. Llega hasta Cruz del Norte, donde el “Tren Alumbrera” transporta concentrados hasta el puerto de Santa Fe. De ahí viaja al exterior, donde es refinado. El megaemprendimiento también cuenta con un electroducto de 220 kilómetros, líneas de alta tensión que atraviesan gran parte de Catamarca y Tucumán.
Las obras de infraestructura requirieron una inversión de 1.200 millones de dólares. “Poco de ese gasto corre por cuenta de la empresa: la Ley 24.196 establece que del tres por ciento que la empresa paga de regalías deben deducirse los costos de transporte, fletes, seguro, molienda, comercialización, administración, fundición y refinación. En resumen: las monumentales obras las paga el Estado, las pagamos todos”, explica Marcos Pastrana, de la Intersectorial de Tafí del Valle, en Tucumán, donde también denuncian la contaminación de Alumbrera.

Promesas y hechos
La campaña publicitaria de la empresa y los políticos de turno prometía la construcción de un barrio para cinco mil personas, nuevas escuelas, un hospital de alta complejidad, rutas asfaltadas, 6.000 puestos de empleo. Ninguna de esas obras se plasmó. La compañía asegura, aún hoy, que emplea a 1.800 personas del lugar y que de forma indirecta creó 8.200 puestos laborales. Los vecinos lo desmienten: afirman que en la mina no trabajan más de 90 personas de Andalgalá. El resto, todos “profesionales de Córdoba, Buenos Aires o extranjeros”. El intendente José Eduardo Perea, aliado de la empresa, admite cifras aún menores: “No hay más de 40 ó 50 andalgalenses efectivos”. La desocupación en la ciudad es del 24,9 por ciento, el doble de la media nacional.
Lo que sí hace la empresa, y lo publicita en sus boletines, es pagar el combustible de los vehículos municipales y de la ambulancia, comprar insumos para el hospital, pagar velorios de los pobres, repartir bolsones de comida, regalar herramientas a las escuelas técnicas y hasta comprar las medallas de los egresados, a quienes promete un trabajo que rara vez llegará. Todo lo que en otro tiempo correspondía al Estado (incluido el asistencialismo), hoy lo realiza la empresa.
Alumbrera decidió no hablar para este artículo, lo mismo hizo el secretario de Minería, Jorge Mayoral. Ninguno quiso detallar la facturación de Alumbrera durante 2006. El último balance público corresponde a 2004, cuando facturó 683 millones de dólares: 1.980 millones de pesos. El último pago, publicitado, de regalías al municipio de Andalgalá (correspondiente al último semestre de 2004 y primero de 2005) fue de 14 millones de pesos. Lo que representa el 0,7 por ciento del oro y el cobre que extrajo en un año de las montañas catamarqueñas. Además, datos de los ambientalistas locales, en base a declaraciones juradas de la misma empresa, señalan que la compañía factura anualmente el triple de lo que declara: 1.700 millones de dólares. Todo en una provincia donde, según datos oficiales del año pasado, el 48,4 por ciento de la población vive bajo la línea de la pobreza.
La Secretaría de Minería de Nación informa y celebra que, en 2006, se exportaron minerales por 6.000 millones de pesos, 30 por ciento más que en 2005 (cuando se exportaron 4.600 millones de pesos). Y resalta que dos tercios de lo exportado, 4.000 millones de pesos, corresponden a la minería metalífera. Pero lo que no subraya la publicidad oficial es que, al amparo de las leyes mineras actuales, las empresas no tienen retención a las exportaciones (como sí tienen, por ejemplo, los productos agropecuarios), por lo cual mayores exportaciones no significan mayores ingresos a las arcas del Estado.

Las denuncias
A doce años del comienzo de las obras hay una decena de acusaciones: el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero y la justicia de Tucumán acusan a la empresa de contaminar con metales pesados el río Salí-Dulce (que comparten ambas provincias). La justicia de Rosario investiga el presunto tráfico documental y la exportación ilegal de metales. Pobladores de Villa Vil, en Catamarca, denunciaron a la empresa por derrames tóxicos del mineraloducto. Y ya existen demandas iniciadas por familias que debieron abandonar sus tierras por la contaminación del agua. Sólo un puñado de las acusaciones que tiene en su contra Minera Alumbrera.
Los vecinos descreen de los estudios de tierra y agua realizados por el gobierno provincial, lo señalan como cómplice de la compañía. Sí creen en un estudio técnico realizado por el perito minero Héctor Oscar Nieva. Se trata de su estudio de maestría para la Universidad de Nancy (en Francia), el cual confirmó que el dique colas (la enorme olla que hace de basurero minero) tiene filtraciones que contaminan las napas subterráneas de la zona. La empresa reconoció las pérdidas e instaló un sistema de retrobombeo para que la solución que escapa al corral minero vuelva a él. Nieva asegura que la contaminación sigue regándose por el subsuelo catamarqueño.
En octubre de 2005, un estudio de la Universidad de Córdoba reveló que la planta de filtrado de la empresa en Tucumán arroja al desagüe pluvial líquidos con alto índice de sulfuro, plomo, mercurio y arsénico. “Con La Alumbrera se inicia el más atroz proceso de contaminación ambiental. Con estas pruebas podemos confirmar que se envenena toda la cuenca Salí-Dulce”, aseguraba la Defensoría Provincial, impulsora de la denuncia.

Sin agua y con arsénico
En agosto pasado, el fiscal general de Cámara de Tucumán, Antonio Gómez, denunció una catarata de excesos por parte de la empresa: valores de arsénico hasta veinte mil veces por sobre los permitidos por la ley nacional, hasta cinco mil veces en cadmio, veinte veces en cobre, diez mil en mercurio, sesenta en plomo y mil en selenio. Además, en los últimos dos años hubo cuatro derrames comprobados del mineraloducto: tres en Villa Vil y uno en el paraje de Ampujaco.
Otro tema urticante al hablar de minería es el uso de un bien escaso como el agua. Alumbrera cuenta con un permiso de extracción de 1.100 litros por segundo. Que es lo mismo a 66.000 litros por minuto: casi cuatro millones de litros por hora en una zona semidesértica. Tiene permiso para extraer hasta 69 millones de litros por día. El agua utilizada es irrecuperable. No hay tratamiento posible para que vuelva a ser aprovechable. “Todos los ríos han descendido su caudal. El más claro es el río Santa María, antes era río, hoy es un hilo de agua”, grafica Urbano Cardozo, histórico militante antiminería.
Un informe interno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (inta), sede Andalgalá, fechado el 6 de septiembre de 2006, resalta dos cuestiones: el agua y el papel de la minería. “Se debe solicitar una reunión urgente con el gobernador a los fines de debatir la gravísima situación de los sistemas hídricos existentes, que pone en serios riesgos el desarrollo económico sustentable y demás actividades humanas locales.” Y remarca que “los ejes estratégicos de desarrollo del inta, basados en sustentabilidad, competitividad y equidad social se contradicen con una actividad económica meramente extractiva y contaminante (la minería)”.
Como si fuera poca la suerte del oeste catamarqueño, hace tres meses la empresa minera pública ymad (propietaria del yacimiento de Alumbrera), lanzó la licitación internacional de 240 kilómetros cuadrados con “potencial minero”, ubicados en Belén, departamento vecino a Andalgalá.
Esquel, en Chubut, es el antes de la explotación minera. Andalgalá, en Catamarca, el después de la extracción: cuando el oro ya no está y la montaña es un coloso agujereado. Sólo dos ejemplos del medio centenar de emprendimientos mineros metalíferos de Argentina, que tienen tantos impulsores como detractores. Estado y empresarios por un lado. Organizaciones sociales y pobladores por el otro. Promesas de inversiones, trabajo y desarrollo de un lado. Denuncias de degradación ambiental, pobreza y saqueos por el otro.
Lo que está en juego nos compromete a todos.

Temas:Bajo la Alumbrera medio ambiente meganimería

Mentiras verdaderas

Justicia para el Riachuelo

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 1 semana

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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CABA

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 1 semana

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 1 semana

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.