Luego de las audiencias públicas, en las que expusieron vecinos, ong, empresas y gobierno, queda claro la dimensión del daño y las condiciones necesarias para una solución. Cuál puede ser el final de esta megacausa.

A pesar de lo que dicen las noticias, el juicio por la contaminación del Riachuelo nunca empezó. Y podría ocurrir que termine antes de que comience. Para explicar esta paradoja, hay una metáfora que suele utilizar Santiago Kaplun, uno de los abogados que iniciaron la demanda: “Es como si a alguien le hubieran robado cien pesos. Denuncian al ladrón, el juez lo llama, le dice que devuelva lo que no es de él y como el tipo repone lo que se llevó ya no hay razón para iniciar el proceso judicial”.
Hasta ahora lo que sucedió en la causa Riachuelo fue lo siguiente:
En 2004 un grupo de vecinos de Villa Inflamable, encabezados por Beatriz Mendoza, presentó una demanda por daño ambiental colectivo contra 44 empresas que operan en las inmediaciones de la cuenca, contra los 14 municipios que tienen jurisdicción sobre sus riberas y contra el Estado nacional, el bonaerense y el porteño.
A las compañías las acusó de contaminar y a los gobiernos de no cumplir su deber de contralor para que exista un medio ambiente habitable.
Además, los demandantes exigieron que se creara un fondo compensador para indemnizar a los, por lo menos, cinco mil damnificados que se estima que hay.
La Corte Suprema no abrió el proceso judicial, sino que –en junio de 2006– intimó a las empresas a que informaran qué hacen con sus residuos, y al Estado para que presentara un plan de saneamiento. Tras dos audiencias públicas, la secretaria de Medio Ambiente de la Nación, Romina Picolotti, expuso un programa de limpieza que demandará 10 años y una inversión de 5.762 millones de pesos. Ahora, el máximo tribunal ordenó a la Universidad de Buenos Aires que un grupo de especialistas determine la factibilidad de ese plan. Si los peritos realizan objeciones, la Corte seguramente exigirá las correcciones necesarias. Si, en cambio, lo aprueban –especulan en Tribunales– los supremos convocarían a una audiencia de conciliación donde todas las partes deberán comprometerse a cumplir con los pasos necesarios para limpiar la cuenca. Si todo esto ocurre, no habrá juicio ni mucho menos condenas, tal como le sugirió el defensor oficial de la Corte, Eduardo Dromi –hermano de Roberto, el ministro privatizador del gobierno de Carlos Menem– al propio Kaplun cuando se cruzaron en el ascensor del Palacio de Tribunales:
–Te vas a perder de cobrar un fangote, porque si no hay juicio, no hay regulación de honorarios para los abogados.
“La audiencia de conciliación no me parece una mala salida. Permitiría evitar que el fallo salga para cuando mi hijo de 2 años se reciba de abogado o que la causa directamente caiga por su monstruoso peso. Creo que a la Corte le conviene porque podría mostrarlo como un éxito. Pero para que la conciliación sea una salida posible, nosotros tenemos que firmar el acuerdo y sólo lo haremos si las ong como farn, la Asociación de Vecinos de la Boca o Greenpeace aprueban el plan y si se le da una solución a la gente damnificada, porque por ahora se habló de muchas cuestiones técnicas pero nadie mencionó respuestas para los vecinos”, subraya Kaplun.
Las medidas que reclama el abogado están relacionadas con la creación del Fondo de Compensación –que sería conformado con aportes de las empresas que contaminaron y el Estado– que permita relocalizar a los vecinos afectados, brindar programas de atención sanitaria y otorgar indemnizaciones por los daños que ya son irreparables. Además, la demanda plantea que la administración de ese fondo debería estar en manos de organizaciones no gubernamentales intachables. Quieren evitar que esa masa de dinero nada desdeñable se transforme en una nueva caja de los aparatos políticos. Saben por qué lo dicen: en el expediente que llegó a la Corte quedó demostrado que un crédito de 250.000.000 dólares que el Banco Interamericano de Desarrollo otorgó a Argentina para sanear la cuenca Riachuelo-Matanza fue redireccionado en 2002 por el gobierno de Eduardo Duhalde para implementar el plan Jefas y Jefes de Hogar.
De no obtener una resolución en esta dirección, los demandantes no descartan realizar una presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hasta momento, la Corte Suprema llamó a dos audiencias públicas. En la primera –desdoblada en dos jornadas– expusieron los abogados que representan a los vecinos, organizaciones no gubernamentales, el defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, la secretaria de Medio Ambiente, Piccolotti y sólo ocho de las 44 empresas denunciadas. Las demás hicieron sus presentaciones por escrito. Entre las compañías demandadas se encuentran verdaderos emporios, como Shell, Petrobras, Repsol-ypf, Central Dock Sud, Indupa, Molinos Río de la Plata, Danone, Mercedes Benz, Bieckert y Aguas Argentinas. Ninguna de ellas admitió contaminar ni lanzar nada al Riachuelo, excepto Shell que reconoció que utiliza una sustancia cancerígena como el benceno. Pero relativizó su responsabilidad al señalar que también emite ese gas la combustión de madera o carbón.
–¿Usted es partidario de prohibir los asados? –interrumpió con sorna Carlos Fayt, uno de los jueces de la Corte–. Ahora me van a decir que son todos angelicales.
Dentro del expediente que maneja la Corte se encuentra el original de un acuerdo confidencial que buena parte de las empresas acusadas firmaron en su momento con el gobierno de Fernando de la Rúa. A través de él se comprometían –y nunca cumplieron– a reducir en un 50 por ciento los efluentes que vierten en el Riachuelo. “En ese acuerdo está implícita la admisión de la contaminación de las empresas”, sugiere Kaplun, un joven abogado que acompaña al prestigioso Jorge Mosset Iturraspe, un jurista de gran trayectoria y especializado en la investigación de daños colectivos. Fue este letrado octogenario quien denunció en la audiencia que el Riachuelo fue transformado en “una inmunda cloaca”. Luego se permitió cuestionar al Poder Ejecutivo:
–Este gobierno ha dado muestras de reivindicar los derechos humanos por los terribles hechos ocurridos durante la dictadura militar hace 30 años, lo que resulta loable. Sería bueno que entendiera que los derechos humanos están siendo violentados en este preciso momento: nuestros mandantes y sus vecinos están permanentemente expuestos a la contaminación del medio ambiente en el que viven, ante el desinterés y la ausencia de decisión política para ponerle fin a tanta injusticia.
El defensor del Pueblo, Eduardo Mondino, aportó datos duros: “El 50% de los niños de Villa Inflamable posee plomo en sangre –denunció– y el 10% cromo en orina”.
En la segunda audiencia, realizada el pasado 20 de febrero, el rol exclusivo lo desempeñó Picolotti, quien en una prolija presentación realizada en power point desarrolló el programa elaborado por el gobierno para sanear el Riachuelo. El plan tuvo algunos puntos celebrados por los demandantes, como la creación de una autoridad de cuenca única conformada por representantes porteños, bonaerenses y de la Nación. Otros anuncios, en cambio, parecieron buscar una oportuna repercusión mediática. Fue el caso del convenio firmado –un día antes de que la secretaria de Medio Ambiente hiciera su presentación ante la Corte– con la empresa estadounidense Dow Chemical para trasladar sus galpones del polo petroquímico de Dock Sud. En verdad, la compañía no estaba operando su planta, sino que la tercerizaba como parte de una política internacional de reconversión.
Ésta es la primera vez que una causa por daño ambiental colectivo llega a la Corte Suprema. El máximo tribunal ya logró –no es poca cosa– imponer el tema en la agenda. Ahora resta saber si también cuenta con la fuerza suficiente para obligar a empresas y gobiernos a limpiar una cuenca que ya tuvo más de dos decenas de programas de saneamiento de los cuales no se cumplió ninguno.