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El Salvador: prohíben la minería con cianuro y otros químicos

Publicada

hace 7 años

18/04/2017

El parlamento de El Salvador aprobó una ley sin precedentes en el mundo: prohibió totalmente la minería metálica y el uso de cianuro y otros químicos tóxicos en esa actividad. “Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó uno de los especialistas que redactó el proyecto al que pudo acceder Brecha. El rol de la iglesia y el cuidado del agua como claves para cambiar la historia.

Por Marcelo Aguilar para Brecha

Las noticias sobre El Salvador generalmente vienen manchadas de sangre. En 2016, según datos oficiales, se registraron 5.278 asesinatos en este país que desde hace varios años es uno de los más violentos del mundo, y que vive un crudo conflicto interno cuyos principales actores son las maras (pandillas) trasnacionales M-13 Salvatrucha y Barrio 18, y el Estado salvadoreño. Pero el miércoles 29 de marzo El Salvador se destacó por una razón muy diferente: aprobó una ley que prohíbe la minería de metales en todo el país. Una amplia mayoría de legisladores –70 de 84 diputados, tanto oficialistas como de la oposición– votaron a favor del proyecto de ley. El texto definitivo aún no ha sido publicado en el Diario Oficial, pero Brecha accedió al documento aprobado. La nueva ley, única en el mundo, prohíbe las actividades de “exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos”, así como el uso de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”, y se aplica a la minería “terrestre, marítima y subterránea”. Todas las solicitudes de licencias o concesiones para estas actividades quedan sin efecto.
“Es increíble ver que en este país tan polarizado y conflictivo, acostumbrado a resolver los problemas de forma violenta, de repente el tema de la minería haya logrado consenso y permitido que partidos con diferentes ideologías y orientaciones se unan ante una demanda que venía desde la sociedad”, comentó a Brecha Andrés McKinley, especialista en aguas y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (Uca), uno de los redactores de la ley.

Trasnacionales

El Salvador no es un país con fuerte tradición minera, y mucho menos a gran escala. La minería comenzó a preocupar a la sociedad en 2002, cuando empezaron a conocerse las solicitudes de explotación minera que se estaban presentando. Uno de los principales proyectos en cuestión era el de la empresa Pacific Rim –subsidiaria de la canadiense-australiana Oceana Gold– en el departamento de Cabañas, y otro de la empresa canadiense Martinique, en Chalatenango, ambos en el centro-norte del país.
Según Alejandro Labrador, miembro de la Mesa Nacional contra la Minería Metálica –un frente de movilización que reúne a varias organizaciones sociales en El Salvador–, el proyecto de Pacific Rim, llamado El Dorado, fue la expresión más concreta de que las empresas trasnacionales estaban apostando por la minería a gran escala en el país. El proyecto “se convirtió en una amenaza real, porque (Pacific Rim)avanzó fuerte a través del lobby, y presionó para obtener los permisos”, aseguró Labrador a Brecha.
Cabañas es uno de los departamentos más pobres del país centroamericano y con menos disponibilidad de agua, según McKinley. Además fue muy afectado por los años de guerra civil (1981-1992). “Ahí hay familias de ex patrulleros –que hacían el trabajo sucio de las fuerzas armadas–, viviendo a la par de familias de ex guerrilleros. Entonces, este ya era un terreno de polarización. Antes de llegar esa empresa el pueblo estaba luchando para sanar las heridas de doce años de guerra civil, trabajando para aprender a vivir y construir un futuro juntos. Pero cuando entró Pacific Rim se volvieron a generar divisiones. Ahora entre los que creían que podían obtener beneficios de la minería y quienes pensaban en preservar el agua y los recursos naturales. El tema de la minería volvió a hacer de Cabañas un departamento conflictivo y violento”, relató el especialista.
Paralelamente, en Chalatenango, explicó Labrador, las comunidades contaban con una mayor experiencia organizativa: “La persecución militar (durante los años de guerra civil) las había obligado a gestionar sus propios recursos y diseñar sus propios mecanismos para hacer andar la vida comunitaria”. Esto permitió, según Labrador, que la presencia de las empresas mineras fuera “detectada, desnudada y señalada como una amenaza, a tal grado que les cerraron el paso”.

Lucha sangrienta

No obstante, en un principio las comunidades carecían de información suficiente sobre la minería para determinar si representaba una oportunidad o una amenaza. “Tuvieron que entender qué podía significar una mina en su territorio, para organizarse, y para eso miraron hacia el resto de los países de Centroamérica que ya estaban sufriendo las consecuencias de la explotación minera. Visitaron minas como la San Martín, en Valle de Siria, Honduras, y conocieron de primera mano la experiencia de los pobladores, que les mostraron cómo conviven con explosiones periódicas de dinamita, cómo sus aguas están contaminadas, y cómo se han quedado enfermos y sin sus tierras”, relató McKinley.
De este trabajo nació la Mesa Nacional contra la Minería Metálica y también la resistencia de las comunidades salvadoreñas a la industria minera. Una larga lucha que le costó la vida a Dora Sorto, Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Francisco Durán, líderes comunitarios de Cabañas que se oponían al proyecto minero y fueron asesinados por pandilleros contratados como sicarios, según la Fiscalía General.
De a poco se fue construyendo, desde la sociedad civil y la academia, una opinión pública que cuestionaba la minería como un sector viable, explicó a Brecha Ricardo Navarro, que integra el Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (Cesta-Amigos de la Tierra) y que recibió el premio Goldman (conocido como el “Nobel del ambiente”) por su trabajo en la reconstrucción ambiental de El Salvador después de la guerra civil. Según Navarro, llegó un momento en que la lucha antiminera se estaba dando en todos los niveles de la sociedad salvadoreña, y generó consenso también en los círculos políticos, lo cual hizo posible la aprobación de la ley.

Tiro por la culata

Un hecho que contribuyó a consolidar ese consenso fue la demanda presentada en 2009 por la empresa Pacific Rim contra el Estado salvadoreño. La minera denunció ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) –órgano del Banco Mundial– supuestas “pérdidas de beneficios” por la no concesión de permisos de explotación de El Dorado. En caso de perder el arbitraje, El Salvador debía pagar unos 250 millones de dólares a la empresa, algo que generó mucho rechazo entre los salvadoreños y provocó varias movilizaciones.
En octubre del año pasado el Ciadi determinó que no le daría la razón a la empresa y le ordenó a Pacific Rim pagar 8 millones de dólares al Estado por gastos de representación, algo que todavía no ha hecho; pero la decisión de la institución significó un triunfo para la causa antiminera. En opinión de Silvia Quiroa, de Cesta, el diferendo y su desenlace “alertaron y dieron valor al gobierno y a las instituciones del Estado”, al tiempo que terminaron demostrándole a El Salvador que no era conveniente apostar por la minería.
Cabe señalar que en este país la minería no genera simpatía desde hace tiempo. Un estudio de opinión realizado por la Uca en 2007 mostró que 62 por ciento de la población “potencialmente amenazada por la minería metálica” pensaba que el país no es apropiado para esta industria. En 2015 ese estudio fue replicado y mostró que el rechazo había aumentado a un 75 por ciento. Otro dato que generó ese estudio, no menos importante, es que en estas comunidades 85 por ciento de las personas encuestadas dijo que no querría trabajar en un proyecto minero.

Iglesia antiminera

La Iglesia Católica jugó un papel determinante en la aprobación de la ley antiminera, a través de un trabajo importante de campaña y de presión en diferentes niveles de la sociedad. En marzo organizó una gran marcha encabezada por el arzobispo de San Salvador para exigir una ley que prohibiera la minería, y logró convocar a unas 2 mil personas que marcharon rumbo al parlamento. También organizó campañas de oración y recogió 30 mil firmas en apoyo de dicha ley. “La Iglesia es un enorme poder en el país, y siempre se ha venido oponiendo a la minería”, apuntó McKinley. “Con el proyecto de ley en la mano (que había redactado la Uca) se puso más beligerante en sus demandas frente al Estado, y cuando además de denunciar pasó a acompañar a las comunidades (en sus movilizaciones) eso cambió la correlación de fuerzas en el país” y generó presión en los sectores políticos.
Enfrentados ya a una propuesta concreta para reformar la ley sobre minería, las empresas intentaron convencer al gobierno y a los legisladores de que aprobar dicha reforma significaría rechazar un botín fiscal y económico. Sin embargo, un informe del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) mostraba que el impacto de esta regulación sería “poco significativo en cuanto a pérdida de ingresos públicos”, ya que en 2016 la minería había aportado a las arcas públicas cerca de 600 mil dólares, lo que equivale al 0,001 por ciento del presupuesto público de ese año. En otras palabras, el funcionamiento del Estado salvadoreño no estaba en juego. Además, señaló el Icefi, en el mediano plazo la aprobación de la ley “elimina los riesgos fiscales asociados con la recuperación futura del ambiente, atención y compensación a las comunidades afectadas por los daños ocasionados por actividades mineras en el país, que pudieran haber sido ejecutadas al amparo de un débil marco legal e institucional”.

Visita filipina

En un acto simbólico, en la semana en que se aprobó la ley, Carlos Padilla, gobernador de la provincia de Nueva Vizcaya, en Filipinas, donde se suspendió el permiso de operar de la empresa Oceana Gold, visitó El Salvador y fue recibido en el parlamento salvadoreño y por el propio presidente, Salvador Sánchez Cerén. Padilla hizo varias intervenciones públicas y le dedicó una carta al pueblo salvadoreño, donde relató cómo el proyecto minero de Oceana Gold profundizó las divisiones sociales y “ha violado los derechos humanos”. Una comisión filipina que investigó denuncias de violaciones de los derechos humanos cometidos por Oceana Gold contra la comunidad concluyó que la empresa violó “el derecho a la residencia, a una vivienda digna, a la libre circulación y libertad, a la seguridad e integridad personal, y el derecho de la comunidad indígena a manifestar su cultura e identidad”. También señaló un incremento en la “incidencia de robos y hurtos” y “enfermedades pulmonares entre los residentes”.
Ante la presión social y la proximidad de las elecciones legislativas y municipales, programadas para marzo de 2018, la mayoría de los sectores políticos respaldaron la propuesta. El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (Fmln), actual fuerza de gobierno, ya había apoyado una iniciativa similar –cuando era oposición– promovida por los movimientos sociales en 2006, pero no consiguió los votos necesarios para aprobarla por el parlamento. Esta vez la prohibición de la minería logró reunir el apoyo tanto del oficialismo como de la derecha. “El agua le ha ganado al oro”, declaró el diputado Johnny Wright, del partido ultraconservador Alianza Republicana Nacionalista (Arena), cuyo himno partidario incluye la frase “El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán”.

Desafíos

“Quizás los diputados no se han dado cuenta de lo que han firmado”, comentó Navarro. “Creo que de pronto surgió una histeria colectiva positiva, todos nos inspiramos, y hasta monseñor (Oscar Arnulfo)Romero puso algo de su parte”, dice en referencia al sacerdote y defensor de los derechos humanos y de los pobres asesinado mientras celebraba misa, el 24 de marzo de 1980, en los orígenes de la guerra civil.
La ley todavía deberá ser firmada por el presidente, Sánchez Cerén, y reglamentada. Pero más allá de eso el gran desafío es asegurar su cumplimiento. En este sentido, McKinley señaló la importancia de que la empresa Oceana Gold abandone el país, “porque no es cierto que hay cien por ciento de acuerdo en este país sobre la prohibición, hay sectores a los que no les gusta, y no queremos darle oportunidad de consolidar esfuerzos y acciones junto a esta empresa que ha demostrado ser una entidad tan sucia y deshonesta”, opinó. Otro gran reto para El Salvador es acabar con la minería artesanal en pequeña escala, que también contamina el agua con su drenaje ácido. La nueva ley votada establece un plazo de dos años para que los trabajadores dedicados a esta actividad se reconviertan a otra, para lo que contarán “con el apoyo, asesoramiento, asistencia técnica y financiera del Estado salvadoreño”.

Una oportunidad

Pero el primer paso ya está dado. “Esta victoria representa una oportunidad de repensar nuestra existencia como territorio, abre una brecha que nos obliga a pensar una nueva relación con los bienes naturales y con el mundo globalizado, un país más sustentable, equitativo y justo. Si se hubiera permitido la minería, la escasez de agua hubiera generado espirales de violencia mucho más complejas de las que tenemos actualmente”, evaluó Labrador.
McKinley está de acuerdo: “Si superponemos un mapa mundial de los conflictos sobre el agua y el ambiente y un mapa de conflictos mineros a nivel mundial, hay una coincidencia exacta; donde hay minería hay conflicto, y donde hay conflicto siempre está el peligro de la violencia, algo que El Salvador no se puede permitir seguir alimentando”.
El próximo objetivo del movimiento social que generó la resistencia a la minería es elevar a nivel constitucional la noción del agua como un derecho humano. Según el experto de la Uca, “hay intenciones de privatizarla para llevarla a las leyes del mercado, ya que en un país donde escasea, el agua se convierte en un bien con un gran valor”. Navarro y Quiroa, de Cesta, coinciden en que es vital que en su país no se sigan deteriorando los territorios más empobrecidos, y que es necesario repensar la gestión de los residuos y el avance del cambio climático, así como también buscar la soberanía alimentaria. “Tenemos muchos desafíos para mejorar las condiciones y la calidad de vida de nuestro país. El proceso es lento, pero avanza. Esta ley es un ejemplo que nos da más esperanzas y ganas de seguir luchando”, concluyó Quiroa.

Temas:

Escuela pública itinerante: voces del mundo apoyan la lucha docente

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4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas

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hace 3 días

26/04/2024

La familia de la joven asesinada en Capilla del Monte volvió a viajar de Buenos Aires a Córdoba para reclamar que se asigne urgentemente un fiscal en la causa y que se investigue su femicidio. Hace 4 años el cuerpo de Cecilia fue encontrado luego de estar 20 días desaparecido; su familia denuncia una trama local que involucra a la última persona que la vio con vida, el ex boxeador Mario Mainardi, jamás investigado, y la complicidad de la justicia de Cruz del Eje, representada por Paula Kelm, que buscó inculpar a un perejil. Gracias a la lucha familiar se logró anular esa línea de investigación, que culminó en un juicio nulo, pero desde entonces no se retomó la instrucción; y pese a que en diciembre se anunció que un nuevo fiscal tomaría la causa, eso no sucedió, y las dilaciones siguen. Crónica de una nueva reunión con promesas y sin hechos, cuando la impunidad se hace cada vez más grande y el reclamo, también: “Verdad y justicia para Cecilia Basaldúa”.

Por Bernardina Rosini

Daniel y Susana, padre y madre de Cecilia Basaldúa ya perdieron la cuenta de las veces que han viajado desde la ciudad de Buenos Aires a Córdoba con el único objetivo de lograr justicia por su hija. Han perdido esa cuenta pero no la cantidad de días que contabiliza la impunidad: 1460, es decir, cuatro años.

En efecto, hace cuatro años (el 25 de abril de 2020) encontraron el cuerpo de Cecilia Gisela Basaldúa en un codo del Río Calabalumba en Capilla del Monte, luego de veinte días de estar desaparecida. Cuando Daniel y Susana llegaron ayer a los Tribunales en Córdoba Capital, se los ve invadidos por la bronca y el hartazgo. Son cuatro años sin Cecilia y a la par sostienen que las líneas de investigación han sido deliberadamente manipuladas y el material probatorio de contundencia, ignorado.

La última vez que estuvieron parados sobre esa vereda fue el pasado 7 de diciembre, tras reunirse con el Fiscal General Juan Manuel Delgado. Celebraban la noticia: “Tenemos fiscal, vinimos con 3.000 firmas de apoyo pidiendo fiscal y lo tenemos. Es el Nelson Lingua y comienza el 1° de febrero, después de la feria judicial”. Cinco meses después, otra vez viajan 700 kilómetros para golpear la puerta del Palacio de Justicia pues tal designación no sucedió y la causa acumula once meses sin fiscal a cargo de la instrucción.

4 años sin Cecilia Basaldúa, sin fiscal y sin respuestas — Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia: viajaron desde Buenos Aires para mantener una reunión y reclamar justicia por su hija.

El baile del fiscal

Mientras los Basaldúa llegaban el 25 de abril nuevamente a Córdoba para pararse frente a Tribunales y exigir justicia, fueron notificados que la Fiscal General Adjunta Bettina Croppi los convocaría a una reunión.

Antes de ingresar al edificio Daniel comparte la situación actual de la causa “Nos vienen diciendo que no designan fiscal porque falta una firma: me cuesta creerlo. No puedo hacer nada más que venir y reclamar. Hasta ahora la única justicia que logramos fue que no metan preso a un inocente”.

Hoy le cuesta hablar; tiene un nudo en la garganta y el rostro de su hija estampado sobre el pecho. “Sólo espero que esta investigación vaya tras los verdaderos sospechosos, tras Mario Mainardi, última persona que vio a Cecilia con vida, quien tenía pertenencias de ella y las regaló; la policía y la fiscal Paula Kelm contaban con ésta y más información y nunca lo investigaron. No podemos creer que Mainardi, que dijo trabajar en Uber porque no podía acreditar ingresos, tenga más poder que Diego Concha, quien fue durante décadas Director de Defensa Civil de la provincia y sin embargo hoy está preso”.

Daniel pasa lista de todos los uniformados que participaron del caso y que hoy se encuentran desplazados, procesados o presos por distintas causas: el común denominador es la violencia de género.

Mientras las abogadas ingresan junto a los padres de Cecilia a la reunión, afuera les esperan periodistas, agrupaciones feministas, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y familiares víctimas de violencia institucional. Repiten el colgado de banderas, los carteles con rostros de otras víctimas, y los cantos que se recitan como mantras: “¡¡Queremos fiscal, queremos fiscal, queremos fiscal!!” y “¡¡Justicia, justicia, justicia!!”.

Al salir, Giselle Videla -una de las abogadas de la familia- comparte lo conversado en la reunión: “Para iniciar nos han pedido disculpas puesto que en noviembre nos dieron la seguridad que tendríamos fiscal apenas finalizada la feria judicial. Como hoy no hay fiscal, y están subrogando fiscales de otros territorios que toman la causa por un plazo corto de tiempo, el avance es mínimo. Nos informaron en relación a esta situación que la designación de Nelson Lingua espera la firma del gobernador, Martín Llaryora. Ahora bien, nos enteramos que será designado como Fiscal reemplazante, y no como Fiscal titular puesto que Lingua no ha rendido el concurso que lo habilita para ese cargo; debe rendirlo ahora y recién en julio- agosto podremos saber si será finalmente el fiscal titular de la causa”.

Para que se entienda: desde que el tribunal absolviera a Lucas Bustos en julio del 2022 reconociendo su inocencia y su no vinculación al crimen, y ordenara una nueva instrucción para dar con los responsables del femicidio, la causa demoró meses en ser asignada a un fiscal. Luego recaería en el Dr Raymundo Barrera de Cruz del Eje, fiscal que, hábil con el calendario, entre feria judicial y licencias llegó a junio del 2023, mes en el que se jubiló.

Por la presión de la familia Basaldúa, en diciembre el mismísimo Fiscal General anunció la designación del Lingua el 3 de febrero; eso no sucedió y no hay certeza de que Lingua resulte el fiscal que definitivamente dirigirá la instrucción, puesto que no cumple con los requisitos.

Preguntas sin respuesta

Es mediodía y el cielo se refleja en las ventanas del edificio neoclásico de la calle Caseros; da la impresión que adentro estuviera vacío, que sólo es una fachada. “Hoy, 25 de abril se cumplen cuatro años de la aparición del cuerpo sin vida de Cecilia Gisela Basaldúa” lee Susana de la pantalla de su celular; ella también lleva una remera con el rostro sonriente de su hija. Sigue:

“Cuatro años de impunidad y de violencia sistemática por parte del Poder Judicial a quienes pedimos y exigimos justicia por ella. La causa volvió a foja cero en el 2022 luego de pasar por un juicio vergonzoso.

El tiempo pasa y los asesinos de Cecilia siguen libres e impunes. No tenemos fiscal ni respuestas” y continúa “¿Cómo vamos a llegar a la verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Cecilia? ¿Por qué tardó tanto en aparecer? ¿Dónde está Mario Mainardi? ¿Por qué la fiscal Paula Kelm ordenó tan rápidamente detener a un joven sin tener pruebas? Todas estas preguntas nos conducen una y otra vez a un círculo cerrado de impunidad entre funcionarios judiciales que se jactan en demostrar un abuso de poder constante”.

La carta leída en la vereda, casi sobre la calle, concentra todas las preguntas que la investigación del femicidio debiera responder.

Y la carta también cierra como se espera que cierre la investigación: “Verdad y Justicia para Cecilia Basaldúa”.

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La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

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hace 1 semana

19/04/2024

Séptima entrega del registro colaborativo de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, realizada por la fotógrafa de lavaca Lina Etchesuri.

Toda la producción será entregada a ambas organizaciones de Madres y al Archivo Histórico Nacional. Invitamos a quienes tengan registros de las rondas realizadas estos 40 años a que los envíen por mail a [email protected] para sumarlos a estos archivos. Esta iniciativa es totalmente autogestiva.

La imagen proyectada: La Ronda en la mirada de Lina Etchesuri

Ese jueves hacía 38 grados de calor pero parecían 43. El calor quemaba y picaba.

Faltaba el aire, el que había estaba caliente y la humedad pegoteaba.

El día que acompañé a la Ronda haciendo fotos para este proyecto, fui descubriendo imágenes a medida que los pasos y las sillas de ruedas daban vuelta como siempre, hace 2392 jueves.
La ronda siempre me emociona. Mucho. Las miro a las madres y veo proyectada las fotos de sus hijxs en su mirada, hacia delante, repitiendo Presente como un mantra de presencia y resistencia. Lxs veo a ellxs en imagen, mirando de frente en su juventud detenida. Veía a Elia, que ronda en silla de ruedas, con la foto de su hijo Hugo Meidan, desaparecido el 18 de febrero de 1977, hace 47 años, y pensaba si ese día hizo tanto calor, si la luz tenía esta misma inclemencia.

En las rondas transcurre un tiempo extraño, persistente y atemporal. Las hermanas abrazan las fotos de sus desaparecidxs, gritan sus nombres con contundencia, caminan junto a las madres, junto a nosotrxs.

Transforman el tiempo y la imagen en un futuro posible.

Sobre Lina

Soy Lina Etchesuri. Fotógrafa, editora y docente

Soy parte de la cooperativa Lavaca desde hace más de 12 años donde hago todo lo que me describe y más. Me hace sentir muy orgullosa y feliz.

Estudié con Filiberto Muganini en el Rojas durante los 90s. Hice la carrera de fotógrafa en la Escuela de foto y artes visuales de Avellaneda, durante el 2001 y los años siguientes.

Me seguí formando en talleres visuales con mi querida Julieta Escardó y muchxs más.

Viajé haciendo fotos durante algunos años: conocí al subcomandante Marcos y le saqué una foto en la que se está riendo. Estuve en Cisjordania, Palestina, durante 3 meses, viviendo retratando la vida bajo la ocupación.

Junto con algunas personas y amigxs fundamos MAFIA en 2012, un colectivo de fotógrafxs que sigue hasta hoy.

Coordino talleres de foto e imagen.

Soy mamá de Fermin.

Y me encanta hacer todo lo que hago.

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Un abrazo contra la motosierra

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hace 1 semana

18/04/2024

Sin presupuesto actualizado (“cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2” informa el rector de la UBA) las universidades y los hospitales en “modo ahorro” deben cortar la luz, los ascensores, reducen cirugías, no tienen insumos. La imagen del Clínicas, uno de los más importantes del país: “Los pacientes se están quedando sin comida”. Hoy una gran concentración frente a ese hospital escuela simbolizó un abrazo en defensa de la salud y la educación pública, mientras el gobierno nacional juega a pelearse con las prepagas, y el de la Ciudad a subvencionar a quienes mandan a sus hijxs a colegios privados. ¿Qué pasa con lo público? ¿Cuándo comenzó el desastre? Distintas voces (directores de hospitales, rectores de universidades, trabajadorxs) relatan la realidad y los datos motosierra; la organización como única salida; y el canto “la UBA no se vende”, mientras la realidad, o los números, parecen indicar otra cosa.

Por Francisco Pandolfi

“Se defiende, la UBA se defiende”, fue uno de los hits / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Clarisa y Caetana acaban de salir de cursar dermatología. Clarisa tiene 24 años y lleva puesto un ambo azul marino. Caetana, de 23, uno verde oscuro. Son alumnas desde hace seis años de la Facultad de Medicina y hace tres caminan por los pasillos del Hospital de Clínicas, ya en la etapa de las prácticas. “Hace un rato terminamos una clase en la que no teníamos vendas”, dice Clarisa. Su compañera agrega: “El otro día, en un práctico, nos faltaba vaselina para curar las úlceras; sí, vaselina, probablemente el producto más básico y barato que se necesita”.

Alrededor de ellas hay una multitud, con ansias de visibilizar la gravedad de la situación.

Clarisa, Caetana y la marea contra el ajuste / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“Estamos funcionando al 30%”, comparte Marta, médica desde hace 38 años en el Clínicas.

“Los pacientes se están quedando sin comida”, cuenta Susana, auditora.

“Soy empleado de limpieza del hospital, monotributista, trabajo cinco días por semana, siete horas por día y mi sueldo no supera los 150 mil pesos”, confiesa Diego Ruiz.

“Ya debimos reducir las cirugías y no atender a algunos pacientes”, expresa Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas.

“Estamos económicamente por debajo de un 80% sobre el presupuesto que deberíamos tener. Cada 10 pesos del año pasado, hoy tenemos 2”, precisa Ricardo Gelpi, rector de la Universidad de Buenos Aires.

Susana Dionisio, y la esperanza que genera el juntarse / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tiempos de abrazos

“La biblioteca destinada a la educación universal es más poderosa que nuestro ejército”.

José de San Martín.

Al libertador de la patria se lo homenajea con su nombre en calles y avenidas; clubes deportivos, teatros y centros culturales; plazas y parques; hospitales y universidades.

Y también en un hospital-escuela: el Hospital de Clínicas José de San Martín, dependiente de la Universidad de Buenos Aires y dedicado a tres ejes clave para el desarrollo de cualquier sociedad: la asistencia, la docencia y la investigación.

Son tiempos de clases abiertas; de paros y movilizaciones; de una marcha nacional universitaria a realizarse el próximo martes 23 de abril. Son tiempos de contar en cuántos meses y en cuántos días las universidades se quedarían sin presupuesto hasta cerrar sus puertas.

Son tiempos de abrazos.

Uno de ellos se forma con un montón de brazos, este jueves por la mañana, en la puerta del Hospital de Clínicas. Médicos, docentes y no docentes, estudiantes, le brindan un espaldarazo simbólico al Hospital de Clínicas, ubicado en el límite de los barrios porteños de Recoleta y Balvanera. Sobre la Avenida Córdoba, miles de personas se reúnen en la puerta principal para reclamar por el recorte presupuestario en todas las universidades del país, y en particular de las universidades escuelas.

Hay equipo en el Hospital de Clínicas /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Los cuerpos aplauden. Están vestidos con guardapolvo blanco; con ambos celestes y azules; con chaquetas bordós y verdes. De fondo, un telón negro enorme sirve de súplica para estos momentos. Es un ruego a la sociedad toda; y una exigencia, también, puertas adentro: “Defendamos la UBA”. Delante de la banderota se sostienen grandes letras blancas, hechas con cartulina, a mano, a pulmón, a necesidad de que el reclamo se vea un poco más. “La salud se defiende”, se lee, mientras se canta al unísono: “No se vende, la patria no se vende”. Minutos después, se cambia sólo una palabra: “No se vende, la UBA no se vende”.

Pero la realidad no parece indicar lo mismo.

Problemas de fondos

Luego del abrazo, se rodea al hospital y en otra de las puertas de la institución, sobre la calle Paraguay, se lleva a cabo una conferencia de prensa. Marcelo Melo, el director del Hospital de Clínicas, va al hueso: “Ya tuvimos que optimizar los recursos, que son insuficientes; no podemos comprar insumos, ni hacer transferencias porque no hay licitaciones de presupuesto que avalen las compras. Mientras, tenemos un montón de pacientes internados”. Sigue: “Es muy difícil no usar la luz en un hospital; no usar los ascensores cuando los pacientes necesitan usarlo… Lo mismo pasa con la calefacción. El año pasado estábamos orgullosos de haber comprado y cambiado la caldera, y este año no sabemos si va a funcionar, porque el modo de ahorro va a estar en el gas, en la luz, en todo”.

Le cambia la cara. Se tensa, aún más. “Poner a un hospital en modo ahorro es una agresión al médico. Es muy difícil mi lugar, el tener que decirle a mis colegas si pueden atender o no a alguien. No estamos haciendo una buena medicina con estas cosas”.

Marcelo Melo y Ricardo Gelpi en conferencia de prensa /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

A su lado está el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, acompañado por el Secretario de Hacienda Matías Ruiz. Juntos, definen lo terrible: “La UBA tiene dos partes principales en las que se divide el presupuesto. Una es la salarial, que consume entre el 85% y el 90%; y después está el gasto de funcionamiento, que consume entre el 10 y el 15%”. Desmenuzan: “En lo salarial hubo un recorte en términos reales ajustado por inflación del 35%, lo que significa que si en noviembre un docente o un trabajador cobraba 100 pesos, hoy cobra 65”.

Sobre los gastos para el funcionamiento: “Lo dividimos en salud y en educación. En educación este año las partidas arrancaron congeladas al presupuesto del año 2023; hubo una actualización parcial del 70% desde marzo; pero en términos interanuales eso significa un 58% de actualización, comparado con una inflación de casi un 300% interanual. Por el lado de la salud, empezamos el año sin presupuesto, ya que la partida devengada del año 2023 no había sido asignada hasta esta semana”.

Tomar la calle en defensa propia / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Peligro de cierre

¿La partida ya firmada –pero aún no depositada–, es un remedio? “No, para los hospitales universitarios será de la misma magnitud nominal del año pasado. O sea, no es una actualización, ni un incremento”. Subraya el rector: “Estas partidas no están ajustadas por inflación, lo que significa que sólo podrán estirar un tiempo esta situación, pero estamos lejos de estar conformes. Si se mantiene esa partida, podremos funcionar como venimos dos o tres meses más. Y después, así las cosas, la UBA cierra, porque si no hay plata, no hay plata”.

El Secretario de Hacienda suma un dato, que agudiza el cuadro: “El pago de la energía eléctrica en el último año se multiplicó por siete. Y si comparamos con febrero de este año, sólo los últimos dos meses, se multiplicó por cuatro”. Y ejemplifica con una cuenta que no cierra: “El crecimiento del gasto, sumado a las partidas congeladas, hace que crezca más rápido el gasto que tenemos la universidades y empeorando cada vez más el funcionamiento”.

La educación, la salud y la ciencia, en juego; en venta / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

“El mal funcionamiento es de hace años”

La falta de recursos no empezó en la era Milei. Marta, médica desde hace 38 abriles, describe: “El mal funcionamiento viene de años, como consecuencia de malas administraciones anteriores. Y ahora, este recorte presupuestario es el tiro de gracia”. ¿En qué se venía mal? “De 12 quirófanos funcionan 5 y hay numerosas salas cerradas; cada vez se va achicando más la estructura, deteriorando y no hay presupuesto para mantenerlo”.

Clarisa, alumna, añade: “El edificio tiene un montón de falencias, es muchísima la cantidad de arreglos que harían falta y esto viene desde hace años. Con este recorte, el único futuro que veo es que se caigan las paredes… Me da mucho miedo e impotencia”.

Florencia trabaja hace 10 años y el amor que siente por la entidad viene de familia: “Mi mamá trabajó ahí; mis dos hijos fueron a ese jardín; le salvaron la vida dos veces a mi mejor amiga; curaron a mi papá, a mi abuela”.

Admite que el hospital “siempre tuvo pocos recursos; siempre hubo carencia de insumos”. Profundiza: “La situación no viene bien hace mucho; las personas que deben hacer el presupuesto no valoran la calidad humana ni la cantidad de atenciones que se realizan por día. El hospital siempre tuvo lo básico, y en muchas oportunidades debimos conseguir insumos por fuera, siempre tardó en llegar el material que se necesitaba”.

Carteles, ruido, sonrisas: estrategias contra el recorte / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Orgullo nacional

El Hospital de Clínicas es considerado uno de los hospitales más importantes de la Argentina y de América Latina. Se fundó en 1881 y allí se realizaron varios procedimientos por primera vez. Algunos hitos que nacieron entre sus paredes que hoy yacen descascaradas: la aplicación de la insulina, el cateterismo cardíaco, las residencias médicas, las punciones de riñón, las operaciones filmadas. Dice la médica y hoy auditora Susana Dionisio: “En este hospital se formaron la mayor parte de los médicos de renombre que hay en toda la medicina prepaga”. Suma otro caso testigo: “Hay que acordarse de acontecimientos como el de la AMIA, cuando sucedió el atentado este hospital recibió a la mayoría de los heridos, y fue gracias a este hospital que se salvó a muchísima gente. Entonces, podés hacer un comité de crisis, pero si al mismo tiempo desfinanciás a la educación, está muy mal. El presidente se merece un juicio político y la oposición tiene que pararse y ser una oposición real, sino perdemos la democracia”.

Marta Cora Eliseht es médica de obstetricia del hospital de Clínicas y docente de la Facultad de Medicina. “El Clínicas es fundamental, un orgullo nacional; no sólo cumple funciones asistenciales, sino también de docencia en áreas de pregrado y postgrado; esta es la sede de infinidad de carreras. Somos especialistas en obstetricia y atendemos muchos embarazos de alto riesgo, casos que no se atienden en otros lados”.

Marta es médica en el Clínicas desde hace 38 años /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

En el hospital trabajan más de 3.200 empleados y se atienden alrededor de 365 mil personas al año. En lo educacional, cursan por año cerca de 1500 alumnos. “Hay cinco cátedras y estudiamos 300 personas promedio en cada una. Este es el hospital escuela más grande del país”, explican Clarisa y Caetana, estudiantes de medicina.

Las palabras de Sofía, que integra la comisión interna, laten: “El hospital-escuela literalmente es el corazón de la UBA, donde se retroalimenta la ciencia, la investigación, la educación, pero sobre todas las cosas la salud pública, con todo lo que conlleva ese concepto de gratuidad e inclusión. Queremos seguir brindando la atención de calidad a los y las pacientes, pero sobre todas las cosas contar con un financiamiento que nos permita que nuestra casa, como así consideramos al hospital, siga funcionando. No queremos tener el privilegio de pisar la UBA, sino el derecho de seguir en ella”.

Una que pedimos (casi) todxs /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Un dolor inenarrable

El hit se vuelve a cambiar: “Universidad de los trabajadores, y al que no le gusta se jode se jode”, se vocifera con angustia y con firmeza, en un clamor popular que hiela la sangre. Las y los laburantes le dan magnitud al problema. La obstetra Marta Cora Eliseht dice: “En el sector no tenemos espéculos, vidrios para hacer papanicolaou, guantes, gasas, algodón, lo básico. Los profesionales de la salud estamos intentando conseguir donaciones de entidades privadas para suplir las faltas”. Sintetiza: “Estamos sufriendo un ataque artero a la universidad pública”.

Susana Dionisio es médica desde hace 49 años. Quince los trabajó en el Clínicas, donde ahora es auditora. “Sentimos un dolor que no se puede narrar. Los pacientes se están quedando sin comida y solidariamente se intenta ayudar entre sindicatos, médicos y administrativos, pero los insumos médicos no los podemos comprar. Ya se está cortando la luz a cierta hora, no se puede creer”.

La potencia de Elsa Carrizo, la potencia de lo colectivo /Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Elsa Carrizo es delegada general de la comisión interna del Hospital de Clínicas. Tiene puesto un guardapolvo blanco, que lleva el logo de la institución. Se lee: “Fundado en 1881”. Dice: “Trabajamos con obras sociales, pero es impresionante la cantidad de gente sin obra social que viene, alcanza con ver las colas que se forman a la mañana. Ya no tenemos insumos ni para el mantenimiento, ¿con qué vamos a limpiar? Hay un combo de muchísimas necesidades en el hospital”.

“Últimamente no nos estuvieron entregando secadores”, detalla Diego Ruiz, empleado de maestranza. Cobra menos de 150 mil pesos por mes y sólo el monotributo para facturar (no está en planta permanente) le cuesta alrededor de 18 mil. “Estamos en una situación de mierda, personalmente para mí es imposible llegar a fin de mes”.

Diego cobra menos de $150 mil por mes. Y no es una joda / Fotos: Lina Etchesuri para Lavaca

Tomás trabaja en el área de personal hace 5 años y es delegado de la comisión interna. “No hay paritarias y los sueldos quedan muy bajos. Tenemos poco más de 300 contratos que salen del bolsillo del hospital y son los que más corren peligro. Estamos hace un par de meses sin aumento y no hay respuesta del gobierno ni comunicación. Estamos estancados, no da para más”.

Carolina Nadal es empleada desde hace 30 años. Hoy es la jefa del departamento de Trabajo Social. “El presupuesto que se está ejecutando es el del año pasado y esto es inviable en términos de sostenimiento, de todo lo que se necesita para que funcione el hospital de manera integral. El gobierno va a tener que responder de una manera diferente a la que está respondiendo ahora. Siento mucha bronca e indignación, pero al mismo tiempo tengo la esperanza de que en las calles, con la resistencia, haya otro desenlace que no sea cerrar las puertas”.

“Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla”.

José de San Martín.