¿Cambio climático o sistema productivo? Las continuas inundaciones en Argentina alertan sobre el cambio climático, pero sus efectos indican causas locales: desmontes, avance del agronegocio y pérdida de la capacidad de absorción de las napas. Las consecuencias de un modelo que desborda. Por Darío Aranda.

Misiones, Corrientes y Entre Ríos en 2015. Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires en 2016. La Pampa, Buenos Aires y Córdoba (otra vez), Tucumán, Catamarca, Formosa y Salta en 2017. Argentina sufre cada vez más inundaciones y desde el poder (empresario y político) se responsabiliza al clima y a la falta de obras hidráulicas. “Sembramos soja hasta en las macetas y eso nos está afectando”, sinceró Ricardo Alessandro,  intendente de Salto, parte de la Pampa Húmeda bonaerense que quedó bajo el agua. El desmonte, el agronegocio y el cambio del uso del suelo. Y el gobierno que propone más transgénicos y subsidia a los productores de soja.

El país como maceta

Las inundaciones se explican como exceso de agua en un sistema que tiene ingresos y egresos. Ejemplos: lluvias o derivación de agua de otras fuentes y (egresos) usos para actividades productivas, consumo humano y evaporación. Ante cada inundación, se suele apuntar sólo al exceso de lluvia.

“Las lluvias golpearon al 30 por ciento del campo bonaerense”, fue el título catástrofe del diario La Nación el 11 de abril. El ministro de Agroindustria bonaerense, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto) precisó que fueron afectados 37 partidos en los que se producen soja, maíz, carne y leche.

Nicolás Bertram trabaja en el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). En 2016 difundió su investigación Ascenso de napas en la región pampeana: ¿Incremento de las precipitaciones o cambios en el uso de la tierra? y confirmó el preocupante ascenso de las napas freáticas, producto de la acumulación de agua subterránea. Analizó la situación en Marcos Juárez (zona tradicional del agro cordobés). Afirmó que el régimen de lluvia se mantuvo estable en los últimos 40 años y que el cambio fue otro: la distancia entre la napa y la superficie es cada vez menor. En cuatro décadas pasó de ubicarse a diez metros de profundidad a estar a menos de un metro.

“Los suelos están saturados, no pueden absorber más. Es como si antes teníamos una maceta grande y echábamos un balde de agua. Ahora la maceta es diez veces más chica pero echamos el mismo balde de agua”, explica. El gráfico es éste: un predio con monte nativo infiltra o absorbe 300 milímetros de agua por hora. El mismo campo pero con pasturas (donde hay ganado), 100 milímetros. Un campo con soja apenas infiltra 30 milímetros. Bertram confirma que allí está la clave del ascenso de la napa y, ante lluvias, fuertes el anegamiento es un hecho.

Cuando difundió su trabajo, muy crítico al agronegocio, autoridades del INTA relativizaron su investigación: son públicas las posturas pro-agronegocios de las autoridades de la mayor institución técnico-oficial del campo argentino.

Esteban Jobbágy, investigador de la Universidad Nacional de San Luis y del Conicet investiga hace quince años el impacto del uso del suelo en las napas y suele ser invitado a congresos de empresas del agro (Asociación de Productores de Siembra Directa, espacios de la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola y Fertilizar -ONG financiada por empresas del agro-). Allí alerta, desde hace al menos diez años, que uno de los principales problemas del agro son los excesos hídricos, como llaman a las inundaciones o anegamientos.

Jobbágy cuenta con más de veinte publicaciones científicas que dan cuenta del fenómeno. “La creciente dominación de cultivos anuales (por ejemplo, soja o maíz) sobre pasturas o pastizales han llevado a los lotes pampeanos a consumir una menor cantidad de agua por transpiración y hacerlo hasta profundidades menores del suelo, favoreciendo el acercamiento de las napas a la superficie”, explicó.

En noviembre pasado escribió un artículo de divulgación científica para la Facultad de Agronomía de la UBA. Fue tajante: “En poco tiempo, las napas a menos de 50 centímetros de la superficie podrían poner en jaque a la producción agropecuaria”.

Asistencialismo vip

“El árbol es una bomba extractora de agua”, explica Ernesto Viglizzo, del INTA La Pampa. Con más de treinta años de trabajo en la institución, no es un investigador crítico del modelo de agronegocios, pero remarca el impacto de eliminar el monte. Su testimonio aparece  en el documental encabezado por Jobbágy, Río nuevo, que revela la aparición de cursos de agua en Villa Mercedes (San Luis).

En documental, que está online en Internet, suma voces de productores, vecinos, técnicos, investigadores de universidades y, vincula el ascenso de napas, los excesos hídricos y el modelo agropecuario.

Incluso filmaron mediciones de humedad en un campo de soja, encomparación con los registros obtenidos en una parcela de monte nativo. La diferencia es muy gráfica: el campo transgénico tiene más agua que la zona con árboles.

Las pasturas transpiran (evaporan) 1075 milímetros al año, mientras que cultivos como soja y maíz sólo transpiran 680 milímetros. La diferencia de agua permanece en la tierra, eleva la napa y facilita a inundación.

El último informe de Greenpeace precisa que en Argentina desaparecieron 2,4 millones de hectáreas entre 2007 (cuando se aprobó la Ley de Bosques, que debiera proteger el monte nativo) y 2016.

El informe anual 2016 señaló que desaparecieron en doce meses 112.252 hectáreas. El 80 por ciento sucedió en cuatro provincias: Salta, Santiago del Estero, Formosa y Chaco. “Necesitamos una ley de delitos forestales, que establezca como delitos penales al desmonte ilegal y al incendio intencional, y al otorgamiento de permisos de desmonte en zonas protegidas”, reclamó Hernán Giardini, de Greenpeace.

El norte de Salta fue otro de los afectados por las últimas inundaciones (marzo-abril). Los departamentos de Anta, Rivadavia, San Martín y Orán fueron declarados en emergencia hídrica, social y sanitaria. La provincia, gobernada por Juan Manuel Urtubey desde hace diez años, es de las regiones donde más avanzó el agronegocio, tanto la soja como la ganadería.

En Salta se desmontaron 654.000 hectáreas desde 2006. El principal motivo es el avance del modelo transgénico. En el 2000, en la provincia existían 210 mil hectáreas con soja. La última campaña llegó a 600 mil hectáreas. El maíz transgénico pasó de 61 mil hectáreas (en 2000) a 162 mil (en 2013). Otro factor es el corrimiento de la frontera ganadera, expulsada también por la soja de las tierras que ocupaba, que avanza sobre tierras campesinas, indígenas, de monte nativo. En el 2000 había en Salta 420 mil cabezas de ganado bovino. En 2010 (última estadística disponible) llegaba a un millón de cabezas. El gobierno de Salta anunció en 2013 que planea cuadruplicar el stock ganadero para 2030. Lo que implica más desmontes y más intentos de avanzar sobre campesinos e indígenas.

Ante las inundaciones de marzo-abril, el Frente Nacional Campesino denunció que el gobierno provincial asistió a los grandes productores y no a los campesinos e indígenas.

Leyes y trampas

La Ley de Bosques fue sancionada en 2007. La entonces presidenta Cristina Kirchner la reglamentó recién dos años después, luego del alud que sepultó parte de la ciudad de Tartagal. Cada provincia debía realizar un ordenamiento territorial según tres colores: verde (se puede desmontar), rojo (se deben preservar), amarillo (se pueden realizar actividades, pero previo estudio ambiental y controles).

En Córdoba se conformó en 2008 la Comisión de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (COTBN), integrada por tres universidades nacionales, ONG´s, Parques Nacionales, un sector de Federación Agraria y el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Luego de dos años de trabajo la Cotbn consensuó un proyecto de ley, que fue elevado a la Secretaría de Ambiente en 2010. Luego de numerosas postergaciones, la Legislatura presentó otro proyecto, opuesto al original, y fue aprobado en la madrugada del 5 de agosto de 2010. Desde la COTBN denunciaron la maniobra y, en el análisis de la ley, afirmaron que era inconstitucional por estar por debajo de los parámetros de la legislación nacional.

Mientras, la COTBN establecía cuatro millones de hectáreas como de alto valor de conservación y solicitaba rigurosos controles. La norma aprobada redujo el área de conservación a sólo 1,9 millón, permitió actividades de peligro ambiental en esa misma zona que debía proteger y dejó de lado la participación de la sociedad civil. Desde el gobierno provincial reconocieron públicamente que el cambio se debió a la presión de la Mesa de Enlace, encabezada por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez), pilar de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). También estuvieron presentes la Sociedad Rural Argentina (SRA) y parte de Federación Agraria (FAA).

Desde fines de 2016 y lo que transcurrió de 2017, el gobierno de Córdoba y sectores del agro impulsan una nueva Ley de Bosques, aún más permisiva que la anterior. En una provincia aquejada por las inundaciones, motivo de masivas movilizaciones y rechazos.

En Buenos Aires la situación no es mejor. Era la única provincia que no contaba con una norma específica. Desde 2009, las organizaciones socioambientales impulsaban una norma provincial que proteja los bosques. En agosto de 2015, la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley que flexibilizó la legislación nacional, omitió todas las recomendaciones de organizaciones y académicos, y fue en sintonía con los pedidos empresarios. A fines de 2016, a las 23.30 del 21 de diciembre, la Cámara de Diputados votó y dio sanción a la Ley de Bosques Nativos (14.888). El 15 de enero, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó la promulgación.

“Llevamos propuestas, informes técnicos, participamos, dialogamos con legisladores, pero sólo les importó la opinión del sector empresario”, denunció Noelía Calefato, de la Asamblea de Vecinos de Quilmes-Avellaneda. Resaltó que los bloques de Cambiemos y Frente Renovador votaron por unanimidad la ley, y también la mayoría del Frente para la Victoria y el Partido Justicialista.

La misma noche de la aprobación, más de 50 organizaciones emitieron un documento: “Esta ley dice proteger los bosques nativos, pero en su lugar los entrega  a empresas privadas, preparando la provincia para un nuevo crimen social”. Mencionaron al menos a tres empresas favorecidas: la constructora Grupo Caputo (relacionada al presidente Macri), Eduardo Constantini (dueño de la compañía Consultatio, la desarrollada de Nordelta y el museo Malba) y Techint (con el emprendimiento Nueva Costa del Plata, una suerte de Puerto Madero en Quilmes-Avellaneda, que había sido frenado judicialmente).

¿Mitos populares?

La Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) es una organización clave del modelo transgénico en Argentina. Espacio de lobby de las corporaciones de semillas y agroquímicos, tiene dos referentes en el Ministerio de Agroindustria: Beatriz Pilu Giraudo, coordinadora de Políticas Públicas para el Desarrollo Sustentable, e Ignacio Garciarena, director nacional de Agricultura.

La Asociación suele apelar al discurso de  la sustentabilidad y, ante las inundaciones, difundieron una nota. “El cambio climático llegó, está instalado y nos está afectando. Para adaptarnos y mitigar las consecuencias hay que trabajar en infraestructura”, propuso la gacetilla, firmada por José Luis Tedesco, de la comisión directiva de Aapresid.

Ni una mención al cambio de cultivos en las zonas anegadas. Y una defensa cerrada a la técnica de siembra directa (consistente en no arar la tierra, y que en Argentina se usa principalmente con transgénicos y agrotóxicos). “El agro recibió otro duro golpe por parte del clima, y luego de abundantes precipitaciones, grandes zonas de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba quedaron bajo el agua, reavivando una vez más el mito popular que ata a la siembra directa con estos fenómenos”.

Esteban Jobbágy, que trabaja junto a productores y participa de ámbitos de discusión en congresos de sector, no puede ser considerado opositor al agro: “Muchas de las estrategias que disminuyen el riesgo de sequía en agricultura, como la siembra directa, apuntan a la conservación del agua y pueden favorecer la generación de excesos hídricos. Y la relación napa-cultivo señala una responsabilidad pocas veces asumida por los agricultores: la de regular la hidrología y el riesgo de inundación de la región”.    

Ganadores

A pesar de las inundaciones, la cosecha de granos superará las 130 millones de toneladas”, celebró el Ministerio de Agroindustria el 19 de abril en una gacetilla de prensa.

En una política de continuidad con el kirchnerismo, Macri impulsa el avance del modelo. Un incentivo más es el llamado Estímulo Agrícola Plan Belgrano, anunciado por el Ministerio de Agroindustria en febrero y vigente desde marzo. Se trata de compensaciones (devolución de dinero) a productores de Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Corrientes, Misiones, Catamarca, La Rioja y Chaco, que beneficiá al 50 por ciento de los productores de soja de esas provincias.

“Se compensará en un 5 por ciento por tonelada de soja comercializada de la campaña 2016/17 a los productores. Abarcará a 2,4 millones de toneladas de soja, casi la mitad de la cosecha de esas provincias”, explicó el comunicado oficial. Se trata de unos 20 dólares por tonelada, 1.000.000 millones de pesos que se transfieren del Estado a los empresarios que cosechan soja en las provincias fuera de la Pampa Húmeda.

A pesar del beneficio económico para los empresarios del agro, la Sociedad Rural de Salta, la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) y la Asociación de Productores de Granos del Norte (Prograno) reclamaron más subsidios del Estado.

La misma semana, el ministro Ricardo Buryaile anunció la puesta en marcha del Fondo Fiduciario de Agroindustria (Fondagro), que cuenta con 1.700 millones de pesos al año para “fortalecimiento de economías regionales” y para “invertir en capital de trabajo, infraestructura y dar asistencia directa”. Como responsable del fondo nombraron a Ernesto Ambrosetti, de la Sociedad Rural Argentina (SRA).

En diciembre de 2015, a la semana de asumir la presidencia, Macri quitó las retenciones a las exportaciones de productos agropecuarios y bajó cinco puntos las de la soja (pasó de 35 por ciento a 30).

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su presentación de abril en el Congreso precisó cuánto dejó de percibir el Estado por esa medida: 52.913 millones de pesos. El equivalente a 13 veces el presupuesto nacional del Ministerio de Ambiente (4.000 millones), mayor al presupuesto del Ministerio de Salud (44.000 millones) y la mitad de los fondos anuales destinado a Educación (102.000 millones de pesos).