Nota

Chau glifosato

Publicada

hace 13 años

26/02/2011

(Incluye el programa Decí Mu con las voces que originaron esta prohibición de fumigar glifosato en zonas pobladas, y la nota publicada en Mu sobre el caso San Jorge: Narco soja).
El poder judicial de Santa Fe, en fallo firme del juez Tristán Martínez, y en consonancia con lo plantado por la Cámara de Apelaciones de Santa Fe, prohibió las fumigaciones en el Barrio Urquiza, de San Jorge, a menos de 800 metros de las viviendas, y a menos de 1.500 si se trata de fumigaciones aéreas. Se trata de un precedente inédito, que confirma en qué medida son razonables las denuncias de vecinos y médicos de todo el país, cuando verifican un cúmulo de enfermedades (desde respiratorias y dermatológicas hasta casos de cáncer, abortos espontáneos y malformaciones) que padecen las personas sometidas a estos venenos.

Ailén tiene 3 años. Desde los 5 días de vida sufrió los efectos de los agrotóxicos. De espaldas a la soja, su caso provocó la decisión judicial de prohibir las fumigaciones a 800 metros de las casas.

El fallo surge en San Jorge (20.000 habitantes, uno de los riñones sojeros del país) a partir de las denuncias de Viviana Peralta y su marido José Cavigliasso sobre el modo en que cada fumigación afectaba a su hija Ailén (que en mayo cumplirá 4 años) desde que tenía 5 días de vida. Se formó Vecinos Autoconvocados del Barrio Urquiza y Viviana terminó arrojándole ladrillazos a los “mosquitos”, las fumigadoras terrestres que transitaban frente a su casa (ver más abajo). El Centro de Protección a la Naturaleza (Cepronat) acompañó el caso como parte de la campaña nacional “Paren de fumigar”.
“Roundup y otros”
Uno de los fallos del juez Martínez explica: “La toxicidad de los formulados comerciales con glifosato (Roundup y otros) fue documentada en estudios científicos independientes, para distintos organismos que componen la biodiversidad de nuestra región”. La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe había requerido a la Universidad del Litoral y al Ministerio de Producción provincial datos, informes y estudios sobre el impacto de los agrotóxicos para la salud y la biodiversidad. El ministerio no acató esa orden judicial, lo que lleva al juez a lo obvio: “Esa omisión, sumado a que la provincia de Santa Fe no se expidió cuando se le requirió su manifestación en la medida de su interés, comienzan y terminan por dirimir la cuestión por el propio peso de su rol”. Traducción: no hubo informes ni argumentos científicos que defendieran la inocuidad del glifosato.
El caso enfrentó además judicialmente a los vecinos con autoridades tanto provinciales (gobernación de Hermes Binner, socialista) como municipales (intendente kirchnerista Enrique Marucci), que defendieron explícitamente las fumigaciones, mostrando el aval de gran parte de la clase política hacia el negocio sojero. El gobernador Binner criticó también este fallo postulando que “hay que desmitificar la toxicidad del glifosato”, idea que no ha logrado convencer a los vecinos enfermos. Binner sugiere que no hay estadísticas que demuestren el envenenamiento (pero si no las hay, es porque las propias autoridades no han hecho los estudios correspondientes, como lo manifiesta el fallo). Sin embargo la provincia de Chaco si realizó un estudio en localidades cercanas a las fumigaciones, que detectó que en diez años los casos de cáncer infantil se incrementaron en un 300%, y los nacimientos de niños con malformaciones aumentaron en un 400%. Volviendo a San Jorge, el otro principio que rescata el fallo es el precautorio: la prohibición ante el solo riesgo y amenaza para la salud.

Decí Mu en San Jorge: triunfo a pulmón
Bloque 1
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-32-1.mp3]
Bloque 2
[audio:https://media.lavaca.org/audios/decimu-online/decimu2010-32-2.mp3]

Aquí presentamos la nota de tapa de Mu (Narco soja, El punto límite, de abril 2010), un viaje a San Jorge con la historia de Ailén, Viviana y todo lo que dio nacimiento a este fallo, y el programa Decí Mu: San Jorge, triunfo a pulmón.

La familia del obrero José Cavigliasso y Viviana Peralta, los padres de Ailén. Cruzando la calle se hacían las fumigaciones que enfermaron a la beba. Cuando se prohibieron, magia: Ailén se curó.

Narcosoja
El punto límte
Viviana Peralta comenzó tirándole ladrillos a los aviones que fumigaban el campo de soja vecino, desesperada porque su beba de 5 días no podía respirar. La justicia le dio la razón y ordenó parar el bombardeo de agroquímicos. El fallo fue apelado por todos los que comen de la generosa mano del agronegocio. El caso se convirtió así en una manera concreta de entender, a escala humana, lo que representa hoy la soja dependencia.
“En casos controvertidos
científicamente, se torna
muy relevante considerar las
historias de vida, las experiencias, los saberes y conocimientos de quienes
viven cotidianamente expuestos al
riesgo de que se trate, en este caso los
agroquímicos. Es necesario revalorizar el sentido común debido a que
la ciencia no puede responder
a todos los interrogantes.”
(Del fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, Sala Segunda, que prohibió las fumigaciones con agroquímicos en los campos de soja cercanos al Barrio Urquiza, de San Jorge).
Viviana Peralta, 34 años, seis hijos, tomó dos decisiones científicas:
1) No entró al campo de soja frente a su casa, por el que pasaba un enorme camión fumigador al que llaman “mosquito”, para cuidarse de ser procesada por invasión a la propiedad privada.
2) Como su hija Ailén, un año, sufría un bronco espasmo recurrente (en la propiedad privada de sus pulmones) desde el quinto día de vida, Viviana, del lado de acá del alambrado, comenzó a tirarle ladrillazos al “mosquito”.
Esta historia de octubre de 2008 continuó luego con la organización de los Vecinos Autoconvocados del Barrio Urquiza (ubicado en San Jorge, provincia de Santa Fe, Argentina, América Latina, Planeta Tierra, Sistema Solar, Vía Láctea, Universo). Lo que empezó a los ladrillazos derivó en una inusual sentencia del juez Tristán Martínez, que en marzo de 2009 prohibió las fumigaciones.
Resultó terapéutico: Ailén se curó. Y también los otros chicos y grandes del barrio con síntomas similares, o alergias, diarreas, espasmos, brotes, mareos y toda una enciclopedia de enfermedades que apenas son índice de otras aún peores.
Los sojeros apelaron el fallo, aunque ya no pudieron fumigar en el campo frente a la casa bella y humilde que Viviana y su marido José Cavagliasso construyeron con sus manos, ilusiones y hormonas. También se sintieron agraviados por el fallo y lo apelaron, la Municipalidad de San Jorge (intendente kirchnerista Enrique Marucci) y el gobierno provincial (socialista Hermes Binner). Entre sojeros que fumigan, y familias que denuncian un ataque para la salud pública, los funcionarios actúan judicialmente contra las familias (como lo haría en ese caso el llamado “arco opositor” tan pro sojero como el oficialista).
La Cámara de Apelaciones de Santa Fe ratificó el fallo con argumentos como el que inicia esta crónica, que quiebran la típica criminalización de las víctimas y la tendencia a inclinar la balanza hacia el lado del poder económico.
Síntesis de algunas ideas del fallo:

Explica que estos conflictos se enmarcan en desinformación interesada, descoordinación en la gestión pública e insolidaridad con los posibles afectados.
Frente al peligro de daño irreversible, la falta de certeza científica no debe impedir adoptar medidas concretas –en función de los costos– que protejan el medio ambiente y la salud. Plantea al propio poder judicial repensar que “los avances tecnológicos no son poderes que se legitiman a sí mismos”.
La preeminencia en estos casos no la tienen “los intereses sectoriales de nadie”, sino la salud pública y el medio ambiente.
Atiende la crítica de biólogos como Lilian Joensen quien sostiene que las clasificaciones internacionales (incluso de la Organización Mundial de la Salud) sobre la toxicidad del glifosato no están basadas en estudios propios o independientes “sino que se trata de de revisiones de estudios no publicados hechos por las empresas mismas”.
Utiliza el concepto de “paradigma ambiental”, que reconoce como sujeto a la naturaleza, y otorga preeminencia a los bienes colectivos por sobre los individuales.

Rescata la serie de estudios sobre malformaciones, cáncer, alteraciones genéticas, en el sistema reproductivo y otras enfermedades provocadas por el glifosato.
La Cámara invirtió la carga de la prueba: en lugar de que las familias tengan que demostrar que sus padecimientos no son efecto de un curso de arte dramático, otorgó seis meses al gobierno de Santa Fe para que presente un estudio con la Universidad del Litoral, que determine el grado de toxicidad de los agroquímicos. Traducción: deberán demostrar que el glifosato no contamina. Se trata del herbicida sin el cual es imposible cultivar la soja transgénica. En el país más adicto y dependiente de la soja en el mundo –en términos territoriales, empresarios, políticos y mediáticos– todo esto promete ponerse interesante no sólo para el futuro de San Jorge sino de todo un territorio que imagina haber logrado la libertad hace 200 años.
Como no saben muy bien con qué saldrán los gobiernos y los universitarios con sus estudios, Viviana y José siguen ampliando y mejorando la casa, pero les sobran muchos ladrillos. Los grupos transgénicos andan tensos y con combustible: el Cepronat, Centro de Protección a la Naturaleza, denunció que apareció incendiado el auto de David Ercole, uno de los autoconvocados. Mientras varios vecinos empiezan a no entender muy bien cuál es el negocio de la soja, Ailén cumplirá tres años en mayo, respirando tranquila. Por ahora.

Alicia Boscatto, subjefa del Registro Civil de San Jorge, llevó una cuenta personal sobre los fallecimientos provocados por cáncer en San Jorge: 30%, y pueden ser más. El doctor Ángel Bracco sugiere que el efecto endócrino del glifosato provoca también disfunciones sexuales y consumo récord de Viagra

Banquinas transgénicas
No es habitual ver banquinas transgénicas, como en la ruta 178 que lleva a San Jorge. Llega casi hasta el asfalto. A 145 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, con 20.000 habitantes, San Jorge fue considerada en otra era la Capital de la Industria Alimentaria por la diversidad de sus producciones: tambos, carnes, cereales. La adicción sojera no debe achacársele a San Jorge; se trata de un proceso que impera en la Argentina desde los 90. La rentabilidad de la soja se suma a otro elemento irresistible: “El otro día un productor de 200 hectáreas me contaba que trabaja dos semanas, y de eso vive el resto del año”, relata David, el vecino del auto quemado. El sueño de la riqueza sin trabajo para un sector es el heredero genético, entre otras, de la teoría del granero del mundo, la apertura económica (militares, Martínez de Hoz y lo que luego se llamó patria financiera), endeudamiento externo con estatización de las pérdidas (militares, Domingo Cavallo), privatizaciones, desindustrialización y 1 a 1 (Menem-Cavallo), y otras creaciones de esa estirpe, que se propagandizan a través de las empresas periodísticas con un paquete de justificaciones (incluso “científicas”) que tachan cualquier pensamiento diferente como una negación del progreso, o cosas aún peores. Cuando esas fiestas se derrumban, siempre queda un porcentaje de la sociedad más cerca del abismo.
Cómo reunirse con un intendente
Cerca de la ruta sojizada está el Barrio Urquiza. Frente a la casa de José y Viviana está uno de los campos que fumigaban hasta que en marzo de 2009 se produjo el primer fallo de prohibición. “Mire, en un año volvió a estar verde, y hay pájaros” señala Viviana, a quien le dicen Flaca, mujer morena, con la paciencia ancestral de haber criado seis hijos. Su vecina, Patricia Junco, joven, simpática, tres hijos, agrega algo para enmarcar: “Pero el veneno secó a todos los paraísos, y se cayeron”. Ambas mujeres transmiten: sorpresa, inteligencia, hartazgo y una determinación no negociable a garantizarle la vida a sus hijos.
Desde que nació en 2007, Ailén no había tenido nunca 10 días seguidos de buena salud. “Su mejor período fueron los cuatro primeros días. Al quinto ya le agarró el ataque” describe Viviana. “A mis otros hijos les había pasado, pero no tanto. Y una se va dejando estar”.
Los médicos confirmaban el miedo. “Un neumonólogo de Rosario que me dijo: ‘el 99 % que es por la fumigación, pero no vas a poder hacer nada contra ellos. Te conviene pedirles que te compren una casa en el centro, y te mudás’. Pero esta casa la construimos con mi marido. Ellos hacen el mal, que se vayan, yo no”, cuenta ahora Viviana, que no volvió a ver al neumonólogo.
La pediatra Marcela Crespo ni se sorprendió con los broncoespamos de la beba (y terminaría agregando ante el juez su experiencia clínica sobre el sorprendente crecimiento de abortos espontáneos y malformaciones de bebés).
Patricia también tuvo a uno de sus tres hijos, Alexis Cabral, ahogado por las fumigaciones: “Nos enteramos que a gente de otros lugares les hacían juicio si entraban al campo a parar las máquinas. Llamábamos a la policía y no venía, o tardaba tanto que las máquinas ya se habían ido”.
¿Qué efecto les provocaba a ellas la fumigación? Viviana: “Te da picazón en la cara, en la piel, se te duerme la lengua, la boca queda pesada, los ojos te arden. Cuando iba a la policía no podía hablar bien por eso, pero lo mío es nada comparado con lo de la nena”.
Los vecinos decidieron ir a ver al intendente. “Le explicamos cómo se mueren los animales y se enferma la gente”, cuenta Viviana, que ya tenía un inhalador permanente para rociar a Ailén ante cada ataque, y darle tiempo de llegar corriendo al hospital. “Parecía que se me moría en los brazos. Estaba inflamada por los corticoides, y como morada, negrita”. El intendente escuchó el relato. Patricia: “Sabía todos nuestros nombres, se los había estudiado, y dónde trabaja cada uno. Les interesa saber de la vida de nosotros para tenerte agarrado. Había otro tipo que decía que teníamos como una psicosis”. Viviana se iba poniendo más morada que Ailén, pero de indignación: “El intendente dijo: ‘Hay que ver en qué condiciones vive la nena’, como si fuéramos no sé qué. Pero usted ve cómo vivimos” (A quien le interese: la casa es impecable, toda de material, abrigada, cuidada. Queda para otra vez ver en qué condiciones vive el intendente).
“Yo le dije: mándenos un asistente social. Ni me contestó. Dicen cosas que a uno le duelen, buscan sacarte, para que reacciones. El intendente entonces dijo que si el dueño quería, podía seguir fumigando también con aviones. Y terminó la charla. Una burla. Yo no contesté, porque no agravio ni falto el respeto. Si no, encima después te dicen violento, mal educado, quilombero –con perdón–, o persona no grata. Pero me fui pensando: ‘Vos no sabés a quién le sacaste la lengua’”.
El señor Marucci ya se debe haber enterado.
Amparo y cachetes sucios
Las familias de Barrio Urquiza empezaron a hacer denuncias y algunos vecinos los conectaron con grupos como el Cepronat, de Santa Fe, que además participaba en la campaña Paren de Fumigar. Nació la idea de promover un recurso de amparo, un pedido de auxilio al poder judicial. En Andalgalá (ver mu 32) la asamblea El Algarrobo terminó bautizando Amparo a su perra mascota, por la cantidad de recursos de ese tipo que tuvieron que presentar contra las mineras.

“Fuimos todos a ver al juez Tristán Martínez. Dijo que para hacer un amparo había que poner como garantía una propiedad, una casa” relata Viviana. “Yo me largué a llorar. ¿Qué propiedad, si no tenemos nada? ¿Y si perdemos? Le dije: es medio vieja, pero tengo una moto”. El juez negó con la cabeza. Patricia propuso como prenda todas las bicicletas de la gente del barrio. Tampoco. En la reunión estaba Lucas Baima, del cercano pueblo Las Petacas, que venía denunciando otro infierno, el de los “chicos bandera”, menores usados en los campos de soja para marcarle a los aviones las líneas de fumigación. Viviana: “Lucas me dijo: te doy mi auto como garantía. Le contesté: no, tenemos que resolverlo nosotros mismos” (Lucas falleció tiempo después, y ya es un emblema para los vecinos de la región). Finalmente quedó como garantía el Renault 19 del hermano de Patricia: “¿Cómo no lo voy a poner, si hablamos de la salud de todos ustedes?” le dijo.

El amparo se hizo para que sojeros como Gustavo Gaillard y Víctor Hugo Villarnovo, se alejen a no menos de 800 metros (fumigaciones terrestres) o 1.500 metros (aéreas).

¿Conclusión sobre el juez Martínez? “Para mí es un re capo” define Viviana. Ailén vuelve de jugar con sus hermanos, con la cara sucia. “Desde que pararon de fumigar la nena anda de aquí para allá, en patas, se moja, juega. Nunca más fui al médico por esto”.

El juez no habla con la prensa (“ya tiene demasiadas presiones en contra” dicen quienes lo conocen). El camarista Enrique Müller, cuyo voto fundó el fallo de la Cámara de Apelaciones (con el apoyo de sus pares Armando Drago y María Cristina de Césaris de Dos Santos Freire), aceptó atender a mu telefónicamente, sin hacer declaraciones, salvo una cita de Francis Bacon (1561-1626), que proyecta el sentido de su voto: “No podemos dominar a la naturaleza sino obedeciéndola”.

Glifosato + Viagra

La propuesta más rara que recibió Viviana provino del señor Leonardo Nonino, propietario de otro campo cercano. “Me dijo: ‘como tengo que fumigar, te pago un hotel y te vas un par de días con tu familia’. Le respondí: ‘¿Y el resto del barrio?’ No entienden. No quiero plata, no quiero mudarme, no quiero hoteles, solamente queremos que nos dejen tranquilos”.

La recorrida por San Jorge lleva al club del mismo nombre, que además de todos los deportes tiene cultivada soja en uno de sus predios. Los silos cerealeros están en el medio de la ciudad, por ejemplo, frente a la escuela San José de Calasanz, cuya directora María Angélica Tamone, confirmó a mu que en los últimos años murieron tres maestras de cáncer, sin que nadie logre hacer más que alarmarse y sospechar. La Obra Social del Sindicato de Fideeros y Afines comparte la alarma. Héctor Lombartte, tesorero del gremio: “Le puedo decir que en los últimos tres años, los casos de cáncer que atendemos crecieron entre un 300 y un 400 por ciento. Estamos organizando un encuentro para tratar el tema y ahí daremos a conocer todos los datos. Los sojeros están apoyados por los gobiernos provincial y nacional, que tienen un espíritu puramente recaudatorio. La salud queda en segundo plano”.

Carlos Manessi, del Cepronat, da un paso más: “Queremos que se discutan la contaminación, las enfermedades, pero además todo este modelo de producción que genera desempleo, porque expulsa del campo a gente que termina en las periferias de las ciudades. Son refugiados ambientales. Los gobiernos les dan planes sociales, que financian con la recaudación que obtienen de la soja. Es un círculo vicioso terrible”. David Ercole, bombero voluntario que entendió todo tras ser fumigado por un “mosquito”, lo cual le produjo un espasmo de glotis y diarreas planetarias, agrega: “La gente se va hacinando en las ciudades, sin trabajo, sin educación y así se busca atacar la materia prima que es la neurona”, dice, como si hablara de otra desertificación.

Gerardo y Roxana tienen una casa de decoración frente a la plaza principal, y simpatía hacia el boom sojero: “Hay más dinero, más movimiento. Es cierto que no hay más tambos, ni ganado y hoy si usted va al campo, va a notar que ya nadie vive allí. Pero si no encuentran rentabilidad, van a lo seguro, la soja”. Roxana: “Lo de las enfermedades se nota mucho, pero los productores mismos no sé si se enferman. Claro, viven en el centro”.

Más experiencias. Alicia Boscatto es subjefa del Registro Civil. Por curiosidad personal (y familia con antecedentes) empezó a anotar qué porcentaje de fallecimientos fueron provocados por cáncer en San Jorge. Resultados: en 2008, 16,20 %; 2009, 25,74%. “Y en el primer trimestre de este año, más del 30 %” informa Alicia, “pero lo grave es que en muchas de las otras defunciones, los médicos ponen como causa el ‘paro cardio respiratorio’, sin aclarar cuál fue la enfermedad primaria que lo provocó. Y que a mucha gente la llevan a atender a Rosario y se muere allá. O sea que el porcentaje puede ser mucho mayor”.

El doctor Angel Bracco es médico clínico: “Lo que se ve en el consultorio es que además de las alergias severas, hay cuadros de hipotiroidismo, cáncer de tiroides y de páncreas, por ejemplo, que superan cualquier casuística conocida. Falta ahora establecer la relación entre la producción y las enfermedades. La economía es importante, pero no a expensas de las personas. El estado de la salud pública aquí es inversamente proporcional al enriquecimiento sojero”. Dato sorpresa: “El efecto endócrino de estos herbicidas está demostrado, y genera enormes alteraciones y disfunciones sexuales. A los casos de esterilidad, cada vez mayores, hay que agregarle… mire, la verdad es que el Viagra en San Jorge es lo que más se vende, incluso entre jóvenes de menos de 40 y 30 años. Cuando se estudien estos temas, creo que ahí hay otra patología escondida, en varios casos con el mismo origen”. Bracco no quiere cargar culpas sobre los productores. “Conozco a varios que son responsables, dispuestos a cumplir la ley, pero hay falta de control por parte del Estado. Creo que se vienen problemas de salud pública que van a ser más costosos que todo lo que se obtenga hoy por la soja. Además, la historia enseña que esa tendencia al monocultivo fue siempre una desgracia para todos los países que lo aplicaron”.

El Cepronat y otras organizaciones están juntando firmas para que el gobernador Binner provincialice de algún modo el fallo judicial. En Barrio Urquiza los chicos están jugando afuera. Viviana Peralta reconoce: “Yo no celebro, porque no quiero perjudicar a otros. Pero que no me perjudiquen”. José muestra un proyecto de cartel que imagina con la foto de Ailén y la frase “no me maten”. Enfrente se ve el campo donde ya no hay paraísos, pero donde la biología empieza a hacer lo suyo. ¿Será que toda esta historia (social, política, económica, de ideas y de glándulas) debe leerse como una batalla entre la fertilidad y la esterilidad?

Viviana medita ante el mate dulce: “La soja es oro para algunos pero nosotros, ¿qué somos? ¿Menos que el ganado chino? Todos miran para arriba, para los que ganan plata. Nosotros no importamos”. En la cocina, da de mamar a su hija (otro modo de levantarle las defensas). Y luego postula una idea cuya aplicación sistemática podría mejorar algo del universo conocido. “Vamos a seguir esto hasta el final porque no tienen derecho, con perdón, a jodernos la vida. ¿Sabe qué cambió con todo lo que hicimos? Que ya no tengo miedo. Y que ahora podemos dormir tranquilos”.

Temas:

En San Juan el sol no sale para todos

Megamineras, poder judicial y realismo mágico

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Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp.

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”.

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas.

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases — El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas.

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”.

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Qué es la libertad: Ley Bases, detenciones y después

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj.

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

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Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

hace 6 días

10/07/2024

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia — La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente.

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato.

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”.

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”.

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

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Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

hace 2 semanas

03/07/2024

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Libertad a Daniela

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan: