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Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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El hallazgo de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte abrió una investigación judicial sobre la cual la familia y la comunidad dudan. La búsqueda durante 20 días, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales, no obtuvo rastros. La aparición sin vida fue el 25 de abril, al día siguiente de que sus padres llegaran al pueblo: la encontró un peón de campo que buscaba animales cerca del basural. A los tres días apuraron el caso y detuvieron a un joven de 23 años cuya familia denuncia que es inocente: “Y si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”. Las dudas del padre sobre el hombre que la hospedó en primera instancia, el testimonio de la hermana, los resultados de la autopsia y las cosas que no cierran, mientras se intenta cerrar el caso.

Por Lucrecia Raimondi

Vecino a vecina, por teléfono, en las filas del supermercado o la farmacia: así fue la convocatoria persona a persona que hicieron mujeres de Capilla del Monte para que el pueblo saliera a la calle por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo lograron: la marcha de cien personas encabezada por Daniel y Susana, padre y madre de la joven, circuló alrededor de la Plaza San Martín frente a la intendencia, caminó las cuadras de la calle principal, la techada del pueblo, y terminó en la Secretaría de Turismo. Quien no se animó por temor a las represalias ante el aislamiento o no pudo sumarse aplaudió y gritó “justicia” desde la puerta de su casa. El apoyo del pueblo es total. Daniel Basaldúa fue el único orador del acto: “Siempre dije que si hubiera sido hombre a Cecilia no le pasaba lo que le pasó. Desde que llegó acá tuvo muchos problemas: cayó en malas manos, la mataron. Nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca: me mataron mi hija y tengo que buscar la verdad. Les agradezco por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino en su sociedad”.

Cuando terminó de decir esto, estalló la indignación: “¡Queremos la verdad! ¡Son más de uno! ¡Son una mafia! ¡Vivimos con un asesino!”, gritaron los vecinos y las vecinas de Capilla del Monte que acompañaron la movilización. Susana, la mamá de Cecilia, contó a lavaca cómo vivió la marcha: “Yo sentí que ella me estaba guiando, que me estaba dando fuerza para pedir justicia y que se encuentren a los verdaderos asesinos. Uno solo no creo que haya sido, estoy muy convencida: ella se sabía defender. No nos podemos caer porque en este momento es cuando más tenemos que luchar y ella nos va a dar la fuerza para llegar”.

¿Qué pasó con Cecilia?

Soledad Basaldúa, la hermana de Cecilia, activó la búsqueda apenas llamaron desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia había desaparecido. Cuenta a lavaca que al principio estaba muy confiada en la búsqueda que estaban haciendo pero que hoy, con la aparición sin vida, piensa le cuesta creer que se esté haciendo una investigación seria: “Me resulta muy raro todo. El hombre dueño donde se la vio con vida por última vez – Mario Mainardi- aviso tres días después que ella dejara su celular y su computadora. Nada cierra, circula un audio de la hermana del detenido diciendo que es un perejil, que no tiene nada que ver. Es difícil creer que haya una sola persona involucrada por una cuestión de que el cuerpo data de siete días muerta desde que la encontraron; en el medio quedan trece días que no se sabe nada de dónde estuvo. Supuestamente la buscaron con helicópteros,  perros, drones, rastrillajes, pero no había rastros. Y la encuentran a cinco kilómetros de lo que es el centro de Capilla. Es muy raro también de pensar en una sola persona porque mi hermana sabía de defensa personal, era cinturón negro de taekwondo, y que este chico se haya entregado solo así tan rápido… No sabemos qué pensar: si la secuestraron o si estuvo con alguien, pero en algún lado estuvo y no la encontraron en esos días que estaba viva. Por eso es todo raro. No termina de cerrar, hay muchas preguntas en el medio. Podríamos haberla encontrado con vida, supongo que por un mal accionar o por algo no se pudo y la encontramos muerta”.

Cecilia eligió Capilla del Monte porque ya conocía el destino y dice su hermana que le gustaba la energía del lugar para instalarse un tiempo a escribir las crónicas de su viaje de cuatro años y medio por América Latina. Ella había estado en el pueblo serrano hacía 10 años y cuenta Soledad que Cecilia lo había recorrido bien, que se metió por “rincones por fuera de lo que es el turismo tradicional”. Que entonces conoció a una familia con la que mantuvo contacto y a quienes acudió cuando llegó al pueblo el 21 de marzo, un día después de establecido el aislamiento social obligatorio. Al parecer, relata Soledad, le hicieron un chiste de que traía el coronavirus desde Buenos Aires que Cecilia se lo tomó mal y por eso decidió no quedarse ahí. Intentó ir al camping pero no la admitieron “por la pandemia”. Y terminó encontrándose en la plaza con una chica -que aún no fue identificada- que le consiguió una casita para que se quede, a orillas del río Calabalumba. El posible dueño de este otro predio -cuyo nombre se pidió no ser difundido- según los lugareños “es un tipo pesado, ex boxeador y tiene antecedentes de violencia”. Sus propiedades están a la vera del río por Camino de los Mogotes. La familia del joven acusado está asentada en esa misma área sobre el monte, en una zona rural. Un móvil de Canal 2 de Villa Carlos Paz se acercó a la vivienda de los Bustos y sobre el final de la entrevista una de las familiares comentó que desde arriba del monte se escuchaban gritos de una mujer desesperada que provenían del río. El periodista no repreguntó sobre este comentario.

Daniel Basaldúa, el padre está convencido de que Mainardi algo tuvo que ver con el crimen de su hija. Cuenta a lavaca: “Él había hablado conmigo cuando me llama a Buenos Aires, dijo que Cecilia se había ido por un brote psicótico y le dije que no podía ser, que no era normal de ella, que no tenía eso. Mainardi dijo que estaba preocupado porque había dejado la computadora y el teléfono ahí. Después de hablar con él hicimos la denuncia y la pasaron a Capilla. Según dicen, lo allanaron. Pero el viernes cuando llegamos – a Capilla- fuimos a la casa y no nos cayó bien. Desde la puerta nos señaló hacia adentro y dijo que le dio un cuarto, que no hacía falta que pusiera la carpa. Y recalcaba que él no le cobró. De eso no sabíamos nada y yo le dije que ella tenía dinero, que no era una pobrecita sin nada, tenía para no andar pidiendo. Él estaba preocupado porque había salido su apellido, que lo estaban volviendo loco, que tenía una familia, una hija. Nuestra hija todavía estaba desaparecida. Fuimos a preguntarle cómo fue, qué pasó. Y dice ‘mirá, a ella le agarró un ataque, se puso loquita, le dije que así no la podía tener y la eché’. Ahí me cambió todo, yo no puedo confiar en alguien así. Y nos dijo cosas feas de ella, él le estaba echando la culpa a ella, no sé por qué causa. Cuando llamó a Buenos Aires dijo que se fue y cuando acá hablé con él dice que la echó. A mí me mintió. No sé qué pasó, pero hubo tres días desde que este Mainardi la echa y él me llama. ¿Cómo puedo confiar en ese hombre que me avisa tres días después? En esos tres días puso pasar de todo. Y encima pierde su mochila, sus elementos de supervivencia. Ella estaba acostumbrada a vivir en situaciones extremas pero sin esos elementos no, así que algo pasó. Y cuando busco a este muchacho salió diciendo cosas muy feas y no fue nada claro. Después de eso no me sorprendió nada. En mi caso yo creo que es el sospechoso número uno. Y si no es así que lo pruebe, que de las explicaciones que tiene que dar. Yo no voy a parar hasta que termine, si tiene algo que ver lo voy a seguir, se lo dije en la cara. Así va a ser. No acuso a nadie, pero voy al frente y pido que se esclarezca. Nosotros vinimos el viernes, aparece el sábado y a los dos días hay un detenido. Acá supuestamente dicen que le hicieron de todo a este Mainardi pero yo no creo. Me llama la atención que a este muchacho prácticamente no lo han tocado, ni siquiera estuvo detenido. Después de que apareció el cuerpo yo les dije a la fiscalía que esperaba que no se les escape. Me dijeron que le habían puesto una custodia pero antes no tenía nada”.

Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa

La teoría del perejil

La filmación de Canal 2 muestra una única casa en medio del monte. A lo lejos se ven unas estructuras de ladrillos sin terminar. Frente a cámara hablan dos de las hermanas de Lucas Bustos, el detenido; una de ellas se larga a llorar. A los cinco minutos se suma la madre, una señora anciana y flaquita. Atrás de ellas, al lado de una mesa, se ve a un muchacho abrazando a una joven que llora, hay otra mujer hablando por teléfono y dos niños. La familia Bustos son nueve hijos que viven todos en comunidad: los padres, los hermanos, los maridos, las mujeres y los niños. De a poco ampliaron algunas casillas en el mismo terreno. Lucas estaba construyendo una. De un momento a otro en la entrevista son siete familiares que explican desesperados cómo detuvieron a Lucas, que los golpearon en la comisaría y que no tuvieron nada que ver con el crimen. El móvil cierra con un grito de justicia. “Si vos ves dónde vivía el pibe y su entorno familiar te das cuenta que son gente de campo, que comparten una casita donde viven un montón. Es imposible que eso sea una infraestructura para ocultar a una chica por 13 días – manifestó Liliana – Todo muy turbio, y si están protestando es porque algo de realidad hay en lo que dice la familia. Estamos en un pueblo que pide justicia por Cecilia y a su vez asumiendo que también hay que pedir justicia para que no se agarre a cualquier pibe”.   

El abogado particular de Lucas Bustos, en comunicación telefónica con Capilla del Monte Noticias, dijo que le llamó mucho la atención el procedimiento policial porque el martes que detuvieron a Lucas las fuerzas de seguridad estuvieron en las proximidades de esa zona rural: “Primero haciendo preguntas al boleo a ver si habían visto pasar a Cecilia o alguien conocido o desconocido; unas tres horas después la misma policía pidieron que Santiago y Lucas los acompañaran para hacer una declaración jurada que los desvinculara y que estaban diciendo la verdad, la familia pide ir pero contestan que no hay capacidad en el móvil para el traslado. Después de esa declaración indagatoria sin abogado defensor sale esa manifestación espontánea de Lucas. Cuando vuelve Santiago – hermano de Lucas- a explicar todo lo que pasó, se libraron los allanamientos”.

El defensor particular que consiguió la familia de Lucas es la única persona que pudo verlo desde que lo demoraron en la alcaldía. Está asesorado por un abogado especializado en derechos humanos que sugirió la agrupación H.I.J.O.S Punilla.  En la entrevista, Sergio Sánchez advirtió: “Me encontré con un chico introvertido, retraído, tímido al punto de que la fiscalía ha podido ver y valorar esto porque estuvo hora y media casi dos horas tomando sus datos personales y los de sus familiares, y fueron extremadamente puntillosos con lo que le fueron preguntando. Pero al punto de que le costó tomar los datos porque habla para adentro. Estuve con él casi 50 minutos, lo noté relajado pero triste y me costó hablar con él. De estar encerrado solo en una habitación con cuatro o cinco policías de la forma sensible en que le deben haber estado preguntando qué relación tenía él con el hecho y para que el Ministerio Público Fiscal salga a decir que dio precisiones exactas de su relación con Cecilia. Imagínese una persona que prácticamente no habla, en esas condiciones y con un temor terrible, mire si va a dar esa cantidad de precisiones”.

Además cuestionó el acta del funcionario que tomó la declaración: “El elemento clave incriminante es el testimonio del empleado policial que asevera haber escuchado que Lucas se quebró y manifestó ser el culpable del hecho. Esa declaración no estaba en el expediente y no está ni nunca va a ser firmada por Lucas, pero sí está firmada por el empleado policial. Supuestamente debería haber estado al momento de la indagatoria el abogado defensor para que pueda verificar el hecho incriminante sobre el que se basa la fiscalía para acusar a Lucas. Esa declaración al día de hoy no la tengo y no estaba porque supuestamente todavía no había sido trasladada desde Capilla a la fiscalía -en Cosquín”.

El defensor Sánchez cuenta sobre más irregularidades: “La fiscalía está buscando pruebas que incriminen a Lucas. Es de cañón que inmediatamente y estando Lucas detenido con la supuesta manifestación espontánea realizada dentro de la comisaría se iba a librar la orden de allanamiento para el secuestro de la ropa. No tenemos todavía las pericias químicas, el verdadero material probatorio, que van a decir que dentro de esa ropa había algún elemento que lo vinculara con Cecilia. Estamos hablando de una persona de 23 años, peón de albañil, que por estos días estuvo realizando el aislamiento obligatorio en su casa, trabajando en la ampliación de una pieza. Sus ropas son elementos de trabajo, vive en una zona rural, campestre, y probablemente se encuentren espinas. El Ministerio Público tiene una posición en la que pareciera que está todo listo pero no para esta defensa, la familia, las organizaciones e incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó conmigo y también se pronunció en apoyo a la familia de Cecilia. Acá lo que estamos buscando es la verdad y la justicia. Cuando empiecen a salir las pericias químicas y de ADN, las psiquiátricas, podremos vislumbrar algún panorama. Por ahora la fiscalía tiene cerrado el caso pero mi cliente en un sinfín me repitió que no tuvo nada que ver y recalcó el pedido de cuidado a su familia”.

La agrupación H.I.J.O.S Punilla junto con el Movimiento Plurinacional del lugar desde un primer momento alinearon acciones y reclamos siguiendo los avances de la búsqueda de Cecilia con un trabajo territorial. Si alguien del pueblo dice que dijo o vio, si se comentó algo, van a preguntar, chequean qué fue verdad y qué mentira. Además, focalizaron en cómo contener los dos casos para que no haya impunidad: Movimiento Plurinacional estaban ocupándose de dar contención y acompañamiento a la familia de Cecilia. H.I.J.O.S de acercarse a la familia de Lucas para que se respeten sus garantías procesales. “Brindarles el acompañamiento que fuera necesario para asegurar las garantías correspondientes a cualquier imputado en su calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que las circunstancias de su detención y el hermetismo respecto a las pruebas en su contra por parte de la fiscalía, nos dejaba con muchas preguntas y  no nos íbamos a permitir entrar en especulaciones sobre dichos extraoficiales de medios amarillistas”, informó la agrupación. Y sobre los aportes que pudieron recabar dicen: “De la charla con los familiares pudimos corroborar un dato que nos había quedado resonando en una entrevista que realizo la familia para Canal 2 de La Cumbre el día anterior. En la misma, prácticamente al finalizar, una tía de Lucas menciona a un vecino de ellos y relata que sus hijos habrían escuchado gritos de una mujer una semana atrás, pero dado a que son una familia de bajos recursos y hace tiempo vienen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no se sintieron cómodos con realizar denuncia alguna. Consideramos que dada la situación actual sería bueno que el abogado de Lucas articulara los medios correspondientes ante la fiscalía para que se tome declaración sobre tales dichos”.

H.I.J.O.S Punilla asevera que “la manifestación –fue- casi unánime en las redes de personas del pueblo nativo y de otros que viven hace muchos años y que conocen la realidad y el accionar de las fuerzas de seguridad en Capilla del Monte, que tuvieron la impresión de que se lo estaría incriminando. Y por supuesto acompañando a la familia de Cecilia en todo lo que se nos requiera por intermedio de la articulación con las compañeras del movimiento plurinacional de mujeres”.

Cómo romper el aislamiento social no-obligatorio

El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la violencia de género y la agrupación Así No de madres contra el abuso sexual en la infancia son las tres organizaciones que siguen los casos de violencias en esa localidad y acompañaron la búsqueda de Cecilia desde el principio. De ellas surgió la necesidad de salir a protestar. Liliana Martín, parte del Movimiento Plurinacional, cuenta cómo motorizaron el pueblo a la calle, después de investigar qué consecuencias podría tener romper la cuarentena: “En ningún lado que hable de la cuarentena dice que no nos podemos movilizar: lo que no podemos hacer es amontonarnos, nada más. No está prohibido manifestarse si respetamos las medidas; salgamos a decir lo que sentimos sin enfrentarnos con nadie”.  Y relata las medidas que adoptaron para cuidarse las tres veces que activaron protestas por Cecilia: “Tomamos un poco la experiencia de las marchas relámpago en los ’70 de citarnos uno a uno por teléfono a una hora y en un lugar puntual. La convocatoria fue persona a persona, no lo abrimos a las redes y no hicimos nada que pudiera permitir que se reprima la movilización. Lo importante en este caso era respetar la cuarentena usando los barbijos, con la distancia prudencial para evitar el contagio y llevar carteles alusivos a Ceci. La primera consigna fue ‘aparición con vida’, la segunda fue ‘justicia por Cecilia’ y de la tercera, con mucha más gente y sin miedo, participaron los padres que encabezaron la marcha”.

La masiva movilización en contexto de pandemia muestra que la comunidad de Capilla del Monte está inquieta con el asesinato de Cecilia y que existen dudas con la detención de su supuesto femicida. “En esta situación sabemos que si Lucas Bustos no es el femicida, el femicida está suelto. Y que además, si esto se armó y se organizó para cubrir al verdadero femicida, este femicida tiene poder en algún lado, con las fuerzas de seguridad, con algún estamento de la justicia o de la municipalidad. Si se cubre tanto a alguien es porque tiene poder. Y el miedo es ese, porque si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”, explica Liliana.
Capilla tiene un antecedente reciente que alimenta este tipo de hipótesis: la desaparición y muerte en febrero de Mariela Natalí, una turista que según la primera autopsia murió ahogada en 30 centímetros de agua.

El calendario del caso no-cerrado

27 de abril. Primer comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF): “Luego de trece horas de trabajo y tres médicos forenses, se pudo concluir que trata de una muerte violenta, no natural, cuya causa eficiente no se puede determinar todavía pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento, lo que aún es motivo de investigación. El cuerpo presenta heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros”. 

28 de abril. “En el día de la fecha, en la investigación que sigue la Fiscalía de Instrucción de Casquín, en la localidad de Capilla del Monte, por el homicidio, cuya víctima sería Cecilia Gisela Basaldúa, luego de tareas investigativas, se logró individualizar al autor del hecho, siendo el mismo un hombre de 23 años, oriundo de la zona, a quien se le ordenó la detención y se lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género”.

En un segundo comunicado, 24 horas después, el MPF informa que resolvió el cauce de la investigación con la imputación de este hombre.

29 de abril. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, habló con Canal 2 de Villa Carlos Paz y dijo: “El pedido de justicia me parece muy noble y habrá que esperar que la justicia en cuanto a lo que está pasando. Cualquier opinión o presión sería adelantarse y hasta entorpecer el trabajo judicial”.

30 de abril. “Valeria Bustos, hermana de Lucas, mediante un video de WhatsApp convocó a la población en general a una marcha para el día jueves 30 a las 10 a.m. pidiendo ‘Verdad y Justicia por Cecilia’ aseverando que su hermano es inocente, que se sepa la verdad y que aparezca el verdadero responsable”. La marcha empezó en la comisaría y desconcentraron frente a la Municipalidad: “No logramos que el Intendente ni el Secretario de Gobierno se hicieran presentes y pronunciaran palabras ante los convocados que así lo reclamaban”, expresó H.I.J.O.S Punilla.

Por qué el Estado es responsable

Las agrupaciones feministas locales denuncian que la escasa información que circula en los medios de comunicación tradicionales no tiene perspectiva de género porque monopolizó la voz del caso Ariel Luna, un periodista local acusado de abuso sexual a una menor en 2017. También advirtieron que sobre la aparición de Cecilia tuvo acceso a fuentes de información antes que la fiscalía. Al respecto, la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, habló ayer con Capilla del Monte Noticias, un programa emitido por la FM comunitaria Una Radio Muchas Voces, y refirió que tienen muchas dudas sobre el hallazgo: “Tenemos datos de medios que dicen el 20 de abril habrían encontrado el cuerpo cerca del basural, que después salieron a desmentir, pero esa información que manejaban cinco días después coincidían con la aparición del cuerpo de Cecilia”.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y ninguna de las partes pudo aún acceder al expediente que elaboró la fiscal de feria del Ministerio Público Fiscal de Cosquín, Josefina Gómez. La intervención policial de Capilla en la detención del chico de 23 años tiene fisuras y el pueblo no olvida los antecedentes de violencia institucional con el caso del supuesto suicidio en la comisaría de Jorge Reyna de 17 años que fue detenido en 2013 y su cuerpo tenía indicios de golpes previos. También resulta dudoso el accionar judicial: no están claros los canales que manejó la fiscalía para llegar a una resolución rápida con una búsqueda tan larga e irregular que empezó como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida. Según la abogada Pavón, se empezó tarde, como si la mochilera se hubiera ido voluntariamente, y no se no activaron los protocolos con perspectiva de género que presuponen una agresión violenta hacia la persona buscada.

Las tres organizaciones de mujeres de Capilla del Monte reciben denuncias de violencia y abusos: “Tipos que están metidos y se dan una cobertura espiritual que terminan siendo abusadores. También nos llegan casos de violencia física y doméstica. Pasa que no salen a la luz porque quien tiene que hacer las investigaciones es el Estado y no están”, manifiesta una de ellas y expone que lograron bastante conciencia sobre la violencia en el pueblo, que asisten a las mujeres y que muchas veces sienten que las desborda: “Sobre todo la Mesa Intersectorial  tiene consultas como si fueran una institución del Estado. Nosotros tenemos un techo. Primero que no contamos con presupuesto, todo esto es voluntariado, y clamamos porque cuando se hagan políticas que tengan que ver con temas de género y violencias convoquen a las que hacemos territorio”. Liliana critica la Ley Micaela y la califica de “desastre” por entender que no es suficiente el tiempo que dedican los funcionarios a capacitarse en perspectiva de género y porque “cuando vos vas a la comisaría, a los hospitales, a las dependencias del Estado el maltrato a las mujeres es permanente”.

En relación a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa aporta cuál es el despertar de este pueblo: “Son puntos muy oscuros que la comunidad se está cuestionando: no a un perejil, no a la desaparición de las pruebas. Si le decís a la gente que todo va a estar bien y que la justicia está actuando, la gente se tranquiliza. Pero en esta situación no, entonces el miedo viene por ahí: que no se haga justicia y que el asesino siga suelto”.

Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

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La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

En silencio.

La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar. 

Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común. 

“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.

Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?

De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, nadie habla. 

Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.

Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia. 

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

En silencio, la ronda termina. 

Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Las bengalas se encienden.

Las familias se abrazan, se descargan. 

Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”. 

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Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios

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Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.

Por Lucas Pedulla

Fotos: Juan Valeiro

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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

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Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.

por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta

Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.

En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:

  • Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
  • Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
  • Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.

Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.

¿Qué vimos?

En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.

Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.

El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.

Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.

La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.

En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?

Es urgente: enfrente está la muerte.

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