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Ley de Emergencia YA: tres proyectos para poner freno a la violencia machista

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Diferentes iniciativas legislativas en el ámbito nacional, bonaerense y porteño recogieron la urgencia de pensar y destinar herramientas y presupuestos que permitan poner freno a la violencia machista en el país, agudizada durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, desde el comienzo de la cuarentena obligatoria se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios. El proyecto que ya se votó en la provincia de Buenos Aires. Qué se va a discutir en el Congreso nacional. Y los principales puntos para la Ciudad. Un repaso por todas las iniciativas que parten de un hecho concreto: la prevención y erradicación de la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.

Ley de Emergencia YA: tres proyectos para poner freno a la violencia machista

La emergencia en violencia machista se volvió pandemia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde el comienzo de la cuarentena, se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios, según el Observatorio de Violencia Patriarcal “Lucía Pérez”. Solo en femicidios, los casos llegan a 133 en este 2020. Por ese motivo, diferentes iniciativas legislativas recogieron la urgencia en el ámbito nacional, bonaerense y porteño para destinar herramientas y presupuesto que permitan poner freno a esa violencia.

En la Provincia de Buenos Aires, el proyecto se convirtió ley por unanimidad en ambas cámaras y se sancionó así, por el plazo de un año, la “Emergencia de Género y Violencia Familiar”.

En el Senado del Congreso nacional, una iniciativa similar fue presentada por la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, pero aún no tuvo tratamiento. Lo mismo ocurre en la legislatura porteña, con el proyecto presentado por la legisladora Laura Velasco.

Todas las iniciativas dan cuenta que se necesitan más recursos para dar respuesta a una situación que se agudizó durante la cuarentena y que pone el riesgo incontable cantidad de vidas. Desde mayores asignaciones presupuestarias, garantizar la eficacia las estrategias de protección a las personas que ya están en situación de violencia o el fortalecimiento de los Hogares Integrales, la prevención y erradicación la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.

1) Provincia de Buenos Aires: la emergencia es ley

Por unanimidad en las Cámaras de Diputados y Senadores, se sancionó la Ley de Emergencia de Género y Violencia Familiar mediante el cual se encomienda al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense a “llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignarlas partidas presupuestarias necesarias”.

Los fundamentos del proyecto comienzan relevando la cantidad de femicidios ocurridos durante el año y enmarca la situación en la pandemia: “Lamentablemente la coyuntura actual que prevee el aislamiento preventivo social y obligatorio para todas las ciudadanas y ciudadanos, conlleva un peligro extra para las víctimas de violencia”. En ese sentido, el proyecto fue impulsado dado que la ley por la que se declarró el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito bonaerense, no disponía medidas para atender la pandemia de la violencia machista.

Para lograr el consenso se tomó como estructura central un proyecto presentado por la diputada por Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, y se incorporaron artículos de proyectos de otras diputadas, al igual que aportes de distintos bloques. “Así llegamos a un único proyecto que fue votado por unanimidad”, dice Ruiz a lavaca. “Todos coincidimos que esta situación es una emergencia, los números lo dicen por sí solo. Esto venía sucediendo, lo que hace la pandemia es agravar las circunstancias. No tuvimos discrepancias en términos políticos, es una preocupación transversal”.

Según datos relevados por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, desde el 19 de marzo al 22 de mayo se recibieron en la provincia de Buenos Aires cerca de 7000 llamados de los cuales el 40% fueron por situaciones de violencia de género. Durante marzo se atendieron 56 casos críticos, durante abril 199 y durante mayo (hasta el viernes 22) se atendieron 203, entendiendo casos críticos como “casos de alto riesgo”, explicaron desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

La ley declara la emergencia por el plazo de un año. Dice Ruiz: “Lo que el proyecto busca es darle más herramientas al Poder Ejecutivo y profundizarlas, que las pueda usar de manera más ágil porque el gran problema de la administración pública son los tiempos de la burocracia. La emergencia lo que te permite es más agilidad y en este caso, como muchos otros, el tiempo salva vidas”.

Los principales puntos del proyecto:

  • Fortalecer la Red de Hogares Integrales, articulando las intervenciones entre las distintas jurisdicciones, construyendo procedimientos y protocolos comunes de ingreso, permanencia y salida, adecuando estándares básicos comunes de atención.
  • Autorizar la contratación directa, con oportuna rendición de cuentas, de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinde servicios de hotelería o alojamiento temporario, a afectos de que transitoriamente cumplan las funciones de refugios temporarios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia y la de sus convivientes.
  • Fortalecer las articulaciones con el Poder Judicial para construir alertas tempranas, garantía de medidas de protección, dispositivos para varones violentos en casos críticos y de alto riesgo.
  • Coordinar con los gobiernos municipales la asignación de recursos presupuestarios para efectuar contrataciones y capacitaciones en orden a fortalecer y a conformar nuevas unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia.
  • Articular en todo el territorio provincial la red de organizaciones sociales especializadas en violencia familiar y por razones de género y diversidad que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de cada jurisdicción.
  • Promover campañas de difusión masiva de prevención y asistencia de la violencia, con especial enfoque a la divulgación de los recursos disponibles.

2) Nación: el proyecto de la presidenta de la Banca de la Mujer

El 17 de abril, ingresó en Senadores el proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública por violencia machista en todo el país por el término de dos años. Lo presentó la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de la Mujer en esa Cámara. El texto fundamenta: “La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas en todo el mundo. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base a estereotipos y prejuicios de género; trasciende límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades. El femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”.

Tras su presentación, la senadora Durango dijo a lavaca: “Queremos que el Poder Ejecutivo tenga mayor presupuesto para poder afrontar esta situación que también es una pandemia. Que se tomen medidas que sé que son difíciles. Queremos que en todo el territorio haya al menos un refugio y que los sistemas de alerta estén mucho más coordinados. Que estén coordinadas las fuerzas de seguridad. Que se tomen las medidas y no lleguemos tarde”.

Aunque el Senado comenzó a sesionar y trabajar de manera remota, el proyecto aún no tuvo tratamiento en las comisiones asignadas: Banca de la Mujer y Presupuesto y hacienda. Desde el recinto informaron a lavaca que se está trabajando en el consenso de varios proyectos y también a la espera de que se conozca el plan que se está elaborando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Los principales puntos del proyecto:

  • Facultar a Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia declarada.
  • Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485.
  • Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción. 
  • Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
  • Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia.
  • Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género.
  • Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
  • Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499.
  • Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género.
  • Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
  • Establecer para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.

3) Ciudad de Buenos Aires: la creación de un plan de acción  

En la legislatura porteña, fue la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, quien presentó el proyecto que busca declarar la emergencia en materia social por violencia de género en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con el objetivo primordial de disminuir el número de víctimas por violencia contra las mujeres y mujeres trans y travesties”, fundamenta el texto.

Según datos del Observatorio Lucía Pérez, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad atendió 1139 casos de amenazas, lesiones, hostigamiento, maltrato e intimidación, entre otros. Asimismo, los jueces en lo Contencioso, Administrativo  y Tributario tuvieron a su cargo 483 casos, entre los que se destacan amparos de asistencia alimentaria y habilitacionales. 

El proyecto presentado por Velasco, que retoma distintos proyectos presentados, propone la creación del “Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género”, que la legisladora explica: “Lo que plantea es el fortalecimiento de las políticas públicas con presupuesto, por eso el planteo de emergencia”.

Actualmente se está tratando en asesores para pasar a tratarse entre legisladores y legisladoras: “Entendemos que es importante avanzar de cara al 3 de junio, que los derechos de las mujeres se fortalezcan y poder ampliar la asignación presupuestaria para que las políticas sean serias”, sostiene la autora. En ese sentido, en la última semana desde la legislatura dialogaron con la Directora General de la Mujer de la Ciudad luego de que las trabajadoras de la Línea 144 hicieran paro por las condiciones laborales. “Nos parece fundamental que las condiciones laborales sean otras: hoy son trabajadoras esenciales. Distintas legisladoras dimos cuenta de la situación para que institucionalmente se pueda considerar en un grado de prioridad y darle una salida, en este sentido la ampliación presupuestaria seria importantísima”.

Sobre la posibilidad de construir la transversalidad necesaria para que el proyecto se convierta en ley, la legisladora sostuvo que, aunque la construcción es “difícil” en un momento en que la pandemia sanitaria para adentro de cada espacio está generando distintas posturas, “se ha instalado cada vez más fuertemente la necesidad de parar esta barbarie”.

Y agregó: “Tenemos el desafío de ver si efectivamente podemos pensar estas políticas como transversales y poder discutir un proyecto como la emergencia nos da la posibilidad de hacerlo”.

Los principales puntos del proyecto:

  • Creación de refugios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia de género para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica y sexual, y/o para la de sus hijos/as, siempre y cuando no se pueda excluir al agresor del domicilio.
  • Creación de un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia en coordinación con las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales.
  • Creación el Registro Único de Casos de Violencia de Género a los efectos de contar con estadísticas oficiales para el diseño y elaboración de políticas en la materia.
  • Creación de Cuerpo de Abogadas y Abogados de la CABA para Víctimas de Violencia de Género.
  • Creación de equipos interdisciplinarios para la atención médica, psicológica y contención integral de víctimas de violencia de género.
  • Creación del Cuerpo de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género para prevenir y erradicar la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social que tendrá como objetivo conocer y difundir los dispositivos de asistencia y prevención existentes, así como el acompañamiento en la derivación y asistencia a las víctimas de violencia género.
  • Creación de la Asignación Especial para las Víctimas de Violencia de Género en Situación de Vulnerabilidad Social, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, cuyo importe no podrá ser inferior al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.

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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.  

Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.

Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.

Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?

Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.

Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.

Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.

Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.    

El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

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El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.

Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.

En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.

3J federal

Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.

La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.

En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.

También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.

“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.

En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.

María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.

Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.

La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.

En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.

En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.

Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.

4J en la Ciudad

Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a  movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.

En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.

Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.

Femicidios en la mira  

En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.

¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.

Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.

Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:

  • a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
  • Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
  • Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
  • En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.

El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.

El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.

“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.

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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.

Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).

La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.

Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.

Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.

Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.

Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.

En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.

Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

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