Diferentes iniciativas legislativas en el ámbito nacional, bonaerense y porteño recogieron la urgencia de pensar y destinar herramientas y presupuestos que permitan poner freno a la violencia machista en el país, agudizada durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Según el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez, desde el comienzo de la cuarentena obligatoria se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios. El proyecto que ya se votó en la provincia de Buenos Aires. Qué se va a discutir en el Congreso nacional. Y los principales puntos para la Ciudad. Un repaso por todas las iniciativas que parten de un hecho concreto: la prevención y erradicación de la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.

La emergencia en violencia machista se volvió pandemia durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde el comienzo de la cuarentena, se cometieron 60 femicidios y 17 travesticidios, según el Observatorio de Violencia Patriarcal “Lucía Pérez”. Solo en femicidios, los casos llegan a 133 en este 2020. Por ese motivo, diferentes iniciativas legislativas recogieron la urgencia en el ámbito nacional, bonaerense y porteño para destinar herramientas y presupuesto que permitan poner freno a esa violencia.

En la Provincia de Buenos Aires, el proyecto se convirtió ley por unanimidad en ambas cámaras y se sancionó así, por el plazo de un año, la “Emergencia de Género y Violencia Familiar”.

En el Senado del Congreso nacional, una iniciativa similar fue presentada por la senadora Norma Durango, presidenta de la Banca de la Mujer, pero aún no tuvo tratamiento. Lo mismo ocurre en la legislatura porteña, con el proyecto presentado por la legisladora Laura Velasco.

Todas las iniciativas dan cuenta que se necesitan más recursos para dar respuesta a una situación que se agudizó durante la cuarentena y que pone el riesgo incontable cantidad de vidas. Desde mayores asignaciones presupuestarias, garantizar la eficacia las estrategias de protección a las personas que ya están en situación de violencia o el fortalecimiento de los Hogares Integrales, la prevención y erradicación la violencia machista es obligación del Estado, y lo está incumpliendo.

1) Provincia de Buenos Aires: la emergencia es ley

Por unanimidad en las Cámaras de Diputados y Senadores, se sancionó la Ley de Emergencia de Género y Violencia Familiar mediante el cual se encomienda al Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense a “llevar adelante las acciones necesarias para prevenir y asistir situaciones de violencia familiar y por razones de género y diversidad, a cuyo efecto estará facultado a disponer y reasignarlas partidas presupuestarias necesarias”.

Los fundamentos del proyecto comienzan relevando la cantidad de femicidios ocurridos durante el año y enmarca la situación en la pandemia: “Lamentablemente la coyuntura actual que prevee el aislamiento preventivo social y obligatorio para todas las ciudadanas y ciudadanos, conlleva un peligro extra para las víctimas de violencia”. En ese sentido, el proyecto fue impulsado dado que la ley por la que se declarró el estado de emergencia social, económica, productiva y energética en el ámbito bonaerense, no disponía medidas para atender la pandemia de la violencia machista.

Para lograr el consenso se tomó como estructura central un proyecto presentado por la diputada por Juntos por el Cambio, Noelia Ruiz, y se incorporaron artículos de proyectos de otras diputadas, al igual que aportes de distintos bloques. “Así llegamos a un único proyecto que fue votado por unanimidad”, dice Ruiz a lavaca. “Todos coincidimos que esta situación es una emergencia, los números lo dicen por sí solo. Esto venía sucediendo, lo que hace la pandemia es agravar las circunstancias. No tuvimos discrepancias en términos políticos, es una preocupación transversal”.

Según datos relevados por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, desde el 19 de marzo al 22 de mayo se recibieron en la provincia de Buenos Aires cerca de 7000 llamados de los cuales el 40% fueron por situaciones de violencia de género. Durante marzo se atendieron 56 casos críticos, durante abril 199 y durante mayo (hasta el viernes 22) se atendieron 203, entendiendo casos críticos como “casos de alto riesgo”, explicaron desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense.

La ley declara la emergencia por el plazo de un año. Dice Ruiz: “Lo que el proyecto busca es darle más herramientas al Poder Ejecutivo y profundizarlas, que las pueda usar de manera más ágil porque el gran problema de la administración pública son los tiempos de la burocracia. La emergencia lo que te permite es más agilidad y en este caso, como muchos otros, el tiempo salva vidas”.

Los principales puntos del proyecto:

• Fortalecer la Red de Hogares Integrales, articulando las intervenciones entre las distintas jurisdicciones, construyendo procedimientos y protocolos comunes de ingreso, permanencia y salida, adecuando estándares básicos comunes de atención.
• Autorizar la contratación directa, con oportuna rendición de cuentas, de hoteles, hosterías, hostales y todo tipo de establecimiento que brinde servicios de hotelería o alojamiento temporario, a afectos de que transitoriamente cumplan las funciones de refugios temporarios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia y la de sus convivientes.
• Fortalecer las articulaciones con el Poder Judicial para construir alertas tempranas, garantía de medidas de protección, dispositivos para varones violentos en casos críticos y de alto riesgo.
• Coordinar con los gobiernos municipales la asignación de recursos presupuestarios para efectuar contrataciones y capacitaciones en orden a fortalecer y a conformar nuevas unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia.
• Articular en todo el territorio provincial la red de organizaciones sociales especializadas en violencia familiar y por razones de género y diversidad que actúen en coordinación con los organismos gubernamentales de cada jurisdicción.
• Promover campañas de difusión masiva de prevención y asistencia de la violencia, con especial enfoque a la divulgación de los recursos disponibles.

2) Nación: el proyecto de la presidenta de la Banca de la Mujer

El 17 de abril, ingresó en Senadores el proyecto de ley que busca declarar la emergencia pública por violencia machista en todo el país por el término de dos años. Lo presentó la senadora Norma Durango (Frente de Todos), presidenta de la Comisión de la Mujer en esa Cámara. El texto fundamenta: “La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones a los derechos humanos más sistemáticas y extendidas en todo el mundo. Está arraigada en estructuras sociales construidas en base a estereotipos y prejuicios de género; trasciende límites de edad, socioeconómicos, educacionales y geográficos; afecta a todas las sociedades. El femicidio es la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”.

Tras su presentación, la senadora Durango dijo a lavaca: “Queremos que el Poder Ejecutivo tenga mayor presupuesto para poder afrontar esta situación que también es una pandemia. Que se tomen medidas que sé que son difíciles. Queremos que en todo el territorio haya al menos un refugio y que los sistemas de alerta estén mucho más coordinados. Que estén coordinadas las fuerzas de seguridad. Que se tomen las medidas y no lleguemos tarde”.

Aunque el Senado comenzó a sesionar y trabajar de manera remota, el proyecto aún no tuvo tratamiento en las comisiones asignadas: Banca de la Mujer y Presupuesto y hacienda. Desde el recinto informaron a lavaca que se está trabajando en el consenso de varios proyectos y también a la espera de que se conozca el plan que se está elaborando desde el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Los principales puntos del proyecto:

• Facultar a Jefatura de Gabinete de Ministros a disponer y reasignar las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente a la emergencia declarada.
• Coordinar con los gobiernos provinciales y municipales la asignación de recursos presupuestarios y la implementación de capacitaciones para la conformación de las Unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que trabajen en la prevención y asistencia de hechos de violencia por razones de género, según lo previsto por el artículo 10 inciso 2 de la Ley Nº 26.485.
• Crear en todo el territorio nacional al menos UN (1) Hogar de Protección Integral o refugio en cada jurisdicción. 
• Fortalecer todas las estrategias de protección a las personas en situación de violencia por razones de género.
• Fortalecer el sistema de alerta temprana y geolocalización inmediata a utilizar en situaciones de violencia por razones de género en coordinación con las fuerzas de seguridad federales, provinciales, municipales y los poderes judiciales locales en lo que respecta al ámbito territorial de su competencia.
• Reforzar los mecanismos de articulación y coordinación con el Poder Judicial de cada provincia para garantizar el acceso a la justicia de las personas que están en situación de violencia por razones de género.
• Fortalecer los mecanismos de acceso rápido y efectivo a los servicios de salud sexual y reproductiva.
• Fortalecer las capacitaciones obligatorias en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación, de conformidad con las disposiciones de la Ley Nº 27.499.
• Fortalecer las redes territoriales de acompañamiento comunitario que trabajen con situaciones de violencia por razones de género.
• Suscribir convenios de cooperación con organismos nacionales, provinciales e internacionales, que tengan por objeto prevenir la problemática de la violencia de género.
• Establecer para las mujeres que se encuentren en situación de emergencia social por violencia por razones de género, una asignación económica mensual equivalente a un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), durante todo el tiempo que las mismas se encuentren fuera de sus domicilios y/o hasta tanto se reinserten laboralmente según cada caso.

3) Ciudad de Buenos Aires: la creación de un plan de acción  

En la legislatura porteña, fue la legisladora Laura Velasco, del Frente de Todos, presidenta de la Comisión de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, quien presentó el proyecto que busca declarar la emergencia en materia social por violencia de género en todo el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, “con el objetivo primordial de disminuir el número de víctimas por violencia contra las mujeres y mujeres trans y travesties”, fundamenta el texto.

Según datos del Observatorio Lucía Pérez, el fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad atendió 1139 casos de amenazas, lesiones, hostigamiento, maltrato e intimidación, entre otros. Asimismo, los jueces en lo Contencioso, Administrativo  y Tributario tuvieron a su cargo 483 casos, entre los que se destacan amparos de asistencia alimentaria y habilitacionales. 

El proyecto presentado por Velasco, que retoma distintos proyectos presentados, propone la creación del “Plan de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia de Género”, que la legisladora explica: “Lo que plantea es el fortalecimiento de las políticas públicas con presupuesto, por eso el planteo de emergencia”.

Actualmente se está tratando en asesores para pasar a tratarse entre legisladores y legisladoras: “Entendemos que es importante avanzar de cara al 3 de junio, que los derechos de las mujeres se fortalezcan y poder ampliar la asignación presupuestaria para que las políticas sean serias”, sostiene la autora. En ese sentido, en la última semana desde la legislatura dialogaron con la Directora General de la Mujer de la Ciudad luego de que las trabajadoras de la Línea 144 hicieran paro por las condiciones laborales. “Nos parece fundamental que las condiciones laborales sean otras: hoy son trabajadoras esenciales. Distintas legisladoras dimos cuenta de la situación para que institucionalmente se pueda considerar en un grado de prioridad y darle una salida, en este sentido la ampliación presupuestaria seria importantísima”.

Sobre la posibilidad de construir la transversalidad necesaria para que el proyecto se convierta en ley, la legisladora sostuvo que, aunque la construcción es “difícil” en un momento en que la pandemia sanitaria para adentro de cada espacio está generando distintas posturas, “se ha instalado cada vez más fuertemente la necesidad de parar esta barbarie”.

Y agregó: “Tenemos el desafío de ver si efectivamente podemos pensar estas políticas como transversales y poder discutir un proyecto como la emergencia nos da la posibilidad de hacerlo”.

Los principales puntos del proyecto:

• Creación de refugios como instancias de tránsito para la atención y albergue de las personas víctimas de violencia de género para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza para su integridad psicofísica y sexual, y/o para la de sus hijos/as, siempre y cuando no se pueda excluir al agresor del domicilio.
• Creación de un sistema de alerta temprana y localización inmediata para las víctimas de violencia en coordinación con las fuerzas de seguridad y los poderes judiciales.
• Creación el Registro Único de Casos de Violencia de Género a los efectos de contar con estadísticas oficiales para el diseño y elaboración de políticas en la materia.
• Creación de Cuerpo de Abogadas y Abogados de la CABA para Víctimas de Violencia de Género.
• Creación de equipos interdisciplinarios para la atención médica, psicológica y contención integral de víctimas de violencia de género.
• Creación del Cuerpo de Promotoras Territoriales en Prevención de la Violencia de Género para prevenir y erradicar la violencia de género en zonas de alta vulnerabilidad social que tendrá como objetivo conocer y difundir los dispositivos de asistencia y prevención existentes, así como el acompañamiento en la derivación y asistencia a las víctimas de violencia género.
• Creación de la Asignación Especial para las Víctimas de Violencia de Género en Situación de Vulnerabilidad Social, que consistirá en una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual, cuyo importe no podrá ser inferior al valor del Salario Mínimo Vital y Móvil.