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Daño genético y glifosato en sangre de niños y niñas: lo que revela el estudio en un pueblo fumigado de Córdoba

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Por Anabel Pomar

Un estudio científico realizado por la doctora en Ciencias Biológicas, genetista e investigadora Delia Aiassa junto a su equipo, encontró daños genéticos en las 20 muestras realizadas en niñas y niños de entre 5 y 13 años de Dique Chico, localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa. Las 20 muestras fueron recolectadas en febrero de 2020, en momentos de alta exposición de la comunidad a plaguicidas genotóxicos. El resultado en el 100% de las muestras revela un daño genético con un valor promedio que triplica a aquellos índices considerados “de referencia” (o “aceptables” si es que hay algo que pueda ser llamado “aceptable” en torno al daño genético) en la bibliografía científica nacional e internacional. La investigación se realizó por impulso de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico, conformada en buena medida por madres y padres que no han encontrado en la justicia cordobesa respuesta a semejante problema, en tiempos en que tanta importancia se da, supuestamente, a los cuidados.

El daño genético es efecto de un ataque a nivel cromosómico que potencia el riesgo de padecer cáncer a mediano y largo plazo, así como enfermedades cardiovasculares, malformaciones en la descendencia y abortos, entre otras consecuencias.   

El estudio también detectó la presencia en orina de glifosato y AMPA (su metabolito, o sea una degradación del glifosato) en 7 de los 20 niñxs analizadxs: un 35%. La doctora Aiassa es docente e investigadora en la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero realizó la investigación de modo privado, a solicitud del grupo asambleario vecinal, solventada con apoyo de la comuna encabezada por Nilo Pérez.      

Daño genético y glifosato en sangre de niños y niñas: lo que revela el estudio en un pueblo fumigado de Córdoba
La portada del estudio de 2018.

Las evidencias confirman y refuerzan los estudios que el equipo de la doctora Aiassa viene efectuando con datos que demuestran cómo varios componentes de los agroquímicos producen genotoxicidad y alteraciones en el material genético humano.    

Esta investigación complementa lo registrado en una anterior de 2018,  de similares características, que arrojó que 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo y el Jardín de Infantes Mariano Moreno (ubicados en Bajo Chico) presentaban daño genético.

Tras esos primeros resultados, gracias a la organización vecinal y pese al continuo embate del lobby del agronegocio, se logró una medida cautelar que impide la aplicación o fumigación con agrotóxicos, pero solo en un radio de 500 metros alrededor de la escuela, y no para toda la comuna como pedían las y los vecinos.

La asamblea Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico denuncia que sigue siendo pulverizada en sus hogares. La consecuencia de eso vuelve a evidenciarse en daños en la salud tras estos nuevos estudios.

El pozo judicial

Esteban José es el papá de una de las niñas que integró el grupo estudiado y cuyos resultados arrojaron que tiene daño genético. Dice a lavaca: “No esperábamos otros resultados. Tristemente. Porque sabemos lo que pasa. Lo vivimos. Estos estudios nos permiten visibilizar la situación y esperamos que además sirvan para que todos estos daños no caigan en esa especie de pozo que tiene la justicia, donde todo parece que se pierde para que nada cambie”.

Tuvo que mudarse a otra pequeña localidad a 10 kilómetros para evitar las constantes pulverizaciones a 200 metros de su casa. Dejó ese hogar construido con esfuerzo, sus sueños, sus árboles, sus frutales. La familia dejó todo. “La casa que le hice a mi hija en un árbol está ahí. Todo lo nuestro sigue ahí, y esperamos volver”. El punto límite para Esteban fue conocer los resultados de 2018. Al enterarse de que dos niños vecinos de su cuadra tenían daño en el ADN, entendió que los tiempos judiciales no garantizaban la vida y la salud a su hija de ahora 8 años. Pese a ese alejamiento, según este nuevo estudio el ADN de la niña sigue dañado.

Esteban lo cuenta con tristeza y desagarro aclarando, una y otra vez, que la solución no es mudarse sino que se deje de fumigar y de usar agrotóxicos comprobadamente peligrosos. “El estudio detecta daños en el cuerpo, se le está rompiendo el ADN por algo externo. Además del estudio de cometa –que detecta eso– también se realizaron estudios de agrotóxicos en orina. Al detectar en la orina glifosato y AMPA queda claro que el factor ambiental externo que está “rompiendo” el ADN es el herbicida”, explica este hombre que integra la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico.

¿Qué piensan los que fumigan?

Dique Chico tiene unos 300 habitantes. Esa escala permite que todos se conozcan y todo se sepa: las dos pobladoras que murieron de cáncer en este último tiempo; la vecina que tiene cáncer de útero; también el nombre de los productores que aplican venenos. “Nosotros acá conocemos a quiénes nos fumigan. Hemos podido charlar con ellos, y parecen convencidos de que no hacen mal, ni creen que provocan daños. Tienen el discurso incorporado de que los venenos no hacen mal bien aplicados. Algo que en la ley 9.164 también la propia provincia sostiene, pero que estos estudios desmienten totalmente”.

Descartan otras hipótesis: «Acá no hay otra contaminación ambiental, ni industrias ni basurales. Pero sí mucho glifosato, que sabemos provoca esos daños”.

Cómo se esconden

Emilio Saavedra se mudó en 2016 a la comuna con su señora y su hija, desde Córdoba capital: «Me vine a vivir a un lugar más natural y tranquilo», bromea. “Es común despertarse por el olor a agrotóxicos. A 300 metros de mi casa hay cultivos transgénicos, rotan soja y maíz. Antes las aplicaciones se hacían en horarios diurnos, ahora se esconden para pulverizar durante la noche. Los mismos productores que usan esos venenos viven acá e inclusive fueron a ese colegio pulverizado. Muchos tienen familiares fallecidos por cáncer, pero dicen que lo que ellos hacen no tiene nada que ver”. Nuevamente, los estudios de la doctora Aiassa desmienten esa percepción.

“Desde el 2017 estamos trabajando con este tema. Intentando frenar las pulverizaciones. Los mismos productores rurales que se encadenaron ante la primera ordenanza que limitaba las pulverizaciones a 1.000 metros de toda la comuna y la apelaron, ahora tienen pruebas concretas de los daños” cuenta a lavaca Emilio quien también integra la asamblea vecinal que motorizó el monitoreo de salud. “Es común escucharles afirmar a quienes utilizan agrotóxicos que lo hacen porque “en su propiedad privada pueden hacer lo que quieran”.

En este caso, la actividad está poniendo en riesgo, además, un recurso vital. “Por aquí pasa Canal Los Molinos-Córdoba (a unos 2 kilómetros al este de Dique), el agua que lleva ese canal es el agua potable de la ciudad de Córdoba. Como no es considerado vía fluvial no tiene ninguna restricción de metros y atraviesa zonas rurales hasta la planta de toma de agua en Bower, fumigada en todo el trayecto” ilustra Emilio que conoce la situación de la zona productiva y la exposición constante en cada poblado. “Yo era docente en Educación Tecnológica y fiscalizaba las ferias que se hacían en los pueblos. Me tocaba viajar mucho por todas las escuelas rurales. Un día se me ocurrió preguntar, en una escuela que estaba pegada a un campo fumigado, por qué no hacían trabajos en la feria sobre la aplicación de agrotóxicos, impactos en el agua, y demás. La respuesta fue: de ese tema no se habla porque de eso vivimos”.

“Estas investigaciones y nuestra causa judicial les golpea el negocio económico a personas que valoran más los negocios que la propia vida. Así viven”, agrega Esteban en línea con el comunicado de lxs vecinxs atoconvocadxs de Dique Chico hecho público este 26 de abril. 

Informe para entender el presente

El informe de la Asamblea de Vecinxs Autoconvocadxs de Dique Chico es mucho más que un comunicado de prensa. Es un informe del presente. Su texto completo:

Glifosato y daño genético en niños/as de Dique Chico

Después de más de 5 años de resistencia y lucha colectiva en nuestro pueblo, hoy queremos manifestar ante la sociedad toda la grave situación que nos encontramos atravesando. A inicios de 2020, profundamente preocupados por la continuidad de las fumigaciones y sus efectos sobre la salud humana, solicitamos a la Dra. Delia Aiassa y su equipo de profesionales comprometides con la ciencia digna, la realización de Estudios de Genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar daño genético y presencia de uno de los componentes más frecuentemente utilizados en la producción agroindustrial en nuestro país: Glifosato y su metabolito -AMPA- . Los resultados son contundentes: una vez más, lo que antes fue considerado por la justicia como una probabilidad, hoy es una certeza que nos enfrenta a una verdad dolorosa. Las 20 muestras recolectadas el día 07/02/2020 -en momentos de alta frecuencia de exposición a agentes genotóxicos- evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células, niveles que triplican en la mayor parte de los casos aquellos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica, tanto nacional como internacional. Nuevamente, altos niveles de rotura en el material hereditario de las células de nuestros hijos («daño genético») dan cuenta de la exposición a agentes genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y sus efectos concretos en quienes habitamos este pueblo del Sur de Córdoba. A esto se suma la detección, con indicadores realmente alarmantes, de Glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras requeridas para la primera fase del estudio durante 2020.

Este estudio fue llevado a cabo en niñxs de entre 5 y 13 años de edad, habitantes de la Comuna de Dique Chico, localidad ubicada en la provincia de Córdoba a 50 km de la capital, en el Valle de Paravachasca. Realizado en dos etapas de muestreo, en momentos de alta y baja frecuencia de pulverizaciones con agrotóxicos en zonas aledañas al pueblo. La iniciativa se sumó a un estudio de similares características realizado también por los vecinos en 2018, con 6 niñxs asistentes a la escuela Bernardo de Monteagudo (Bajo Chico), ubicada a 1,5Km de nuestra localidad y domiciliados en Dique Chico.

Cabe recordar que, tal como lo sostiene la Dra. Aiassa en su Informe de 2018, que “un agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de los organismos causándole alteraciones / daño / rupturas”. Ese “daño genético” se advierte -aunque con diferencias- en ambos muestreos, en Febrero y en Noviembre. “Los mayores valores individuales de MN se observan en la primera toma de muestras y se corresponden con los niños con valores detectables de glifosato y AMPA en orina”.

El agronegocio y el Poder Judicial deben explicar entonces: ¿Qué hace un agrotóxico -categorizado por la IARC-OMS como probable cancerígeno- en el cuerpo de nuestros niños? ¿Cómo explicar que hace más de 4 años la Justicia de Córdoba tuvo entre sus manos la posibilidad de proteger sus derechos y los nuestros; y para no alterar el statu quo del poder, mantuvo el secreto a voces suspendiendo la única herramienta de protección que velaba por nuestra vida y nuestra integridad como seres humanos? ¿Cómo vamos a explicar al mundo entero lo que significa para nosotras y nosotros perder vecinxs, amigxs y saber que quienes pudieron hacer algo no hicieron NADA para cambiar este orden de cosas que nos cuesta la vida y la salud cada día?

Denunciamos la completa desprotección de nuestros derechos colectivos desde el momento en que la Cámara 2° en lo contencioso-administrativo dispusiera en 2017 -a pedido de productores locales-, la suspensión de la Resolución 242/17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) de 1000 m a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de la ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.

Las medidas tomadas por la Cámara en su auto resolutorio n° 109 en 2018, a raíz de aquel primer informe de la Dra. Aiassa (2018), y confirmadas por el Tribunal Superior de Justicia el pasado 13 de abril, SOLAMENTE limitó las pulverizaciones en las cercanías de la escuela ubicada distante del pueblo, dejando desprotegidos a nuestros niñxs en sus casas, en las cuales obviamente pasan la mayor parte del tiempo.

Por lo tanto, el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, confirmando esa resolución de la Cámara y dando a entender que fue dictado en protección de nuestros niños, niñas y adolescentes, ES ENGAÑOSO. A la fecha nada cambió, nuestros derechos no han sido protegidos y seguimos siendo fumigados alrededor de nuestras casas en la misma forma de siempre.

En estos años, hemos perdido vecines, asistido a luchas personales y colectivas por resguardar la salud, construido datos, realizado cientos de denuncias, gestado redes y alianzas, participado de charlas y muestras de solidaridad hacia quienes como nosotros resisten este modelo extractivista de despojo. Hemos lidiado con la presencia permanente de la policía y del Ministerio de agricultura y ganadería de la provincia en nuestro territorio, velando por cada pulverización ante las quejas y denuncias de vecinos y vecinas. Llevamos más de 5 años de lucha sostenida, intentando romper con la estigmatización y la desinformación. No es sencilla la tarea, pero es mucho lo que hemos avanzado en estos años de compromiso inclaudicable y resistencia colectiva. Hoy podemos decir que, al menos -y aún ante los oídos sordos de la justicia, del Ministerio de Agricultura, de los poderes de turno- nuestro pueblo es conciente de lo que implica la convivencia forzada con un modelo de explotación y producción que nos despoja de lo más valioso: la posibilidad de vivir en un ambiente sano, de construir proyectos de vida sin temer perderla por los beneficios que puedan percibir unos pocos.

Aquí estamos madres, padres, familias enteras para dar esta batalla, poniendo la vida en el centro por sobre los intereses económicos y la naturalización de un modelo que pone a la humanidad toda en riesgo.

Exigimos a la Justicia de Córdoba la inmediata protección de todos los habitantes del pueblo con la puesta en vigencia de la Resolución 242/2017 de la Comuna de Dique Chico.

Denunciamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos.

Por ellos, por todos, les decimos: Jamás tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Dique Chico, 26 de abril de 2021

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Más allá de tu vereda: un documental sobre personas en situación de calle en CABA

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Más allá de tu vereda.

Así, a secas, es el nombre del documental que acaba de estrenarse. 

No es un documental más. Así se llama el programa de radio de y para personas que viven o vivieron en la calle, que se realiza semanalmente en la organización Sopa de Letras. Esta cobija y aborda la problemática así como la salud mental, desde hace más de 10 años en el barrio porteño de Parque Patricios.

El documental explicita la importancia de la radio, el valor de la comunicación, la potencia de lo colectivo, la necesidad de comunicarse, y que alguien escuche del otro lado, o mejor aún: al lado. Y también refleja la historia de Víctor Rodríguez Lizama, su director, que tiene 64 años y vivió varios en situación de calle.

El Cuervo, como le dicen a Víctor por su fanatismo por San Lorenzo, visibiliza en primera persona junto a otrxs protagonistas lo que se ve a diario, pero no tanto. Lo que se sabe, pero no tanto. 

En Más allá de tu vereda, Víctor entrevista a muchos de los integrantes del programa que se emite en Radio Parque Vida (105.9) desde hace más de tres años.

Marcela dice que antes sólo escuchaba. Y que ahora se animó a decir.

Luciana dice que perdió un poco la timidez. Y que, quizá, eso la ayudó a crear la sección “la música que nos hizo”. 

Cata dice que encontró un espacio para hacer arte. Para animarse a leer sus poesías.

Alicia dice que antes hablaba “poquito”. Y que ahora “habla un poquito más”. 

Lautaro habla cuando llora, emocionado. Dice que no tenía experiencia. Y que ahora se sorprende de sí mismo.

Juan Bautista dice que es el encargado de informar las noticias. Y que ahora sí, alguien escucha su punto de vista.

Cristian dice que está más atento a su alrededor. Tanto, que ahora se anima a opinar.

Víctor dice que hasta no hace mucho, había personas que no agarraban el micrófono. Y que ahora no lo quieren soltar.

Termina el documental, con una última imagen; pantalla en blanco y una sola línea en letras negras.

«A todos los que estuvieron en situación de calle y ya no están».

Hay aplausos, hay felicidad, hay valoración. 

Hay orgullo.

Luego, se abre el micrófono para que quien quiera diga lo que quiera. 

Jorgelina: “Hagamos más radios”.

Adrián: “Podría estar en cualquier otro lado, haciendo cualquier otra cosa en este momento y gracias a ustedes estoy acá, me ayudaron un montón desde lo emocional”.

Cierra Víctor Rodríguez Lizama, con la remera puesta de su San Lorenzo querido y su pelo repleto de canas:

“La finalidad de este documental es mostrar cómo a través de la salud mental podemos llegar a la gente invisibilizada, que está ignorada. Ojalá que se reproduzca en otros lugares, que sirva de herramienta para salir adelante. Hoy hay mucha más gente viviendo en situación de calle. Además de haber vivido mucho tiempo, participé de los censos populares. Recientemente censamos en la comuna 1 (Retiro, San Nicolás, Puerto Madero, San Telmo, Monserrat y Constitución) y sólo acá contamos 1480 personas, por donde vos camines están. En la olla popular que hacemos en el Parque Lezama se ve algo similar al 2001. Más personas en calle y más hambre”.

Detrás del Cuervo hay un pizarrón donde se completa al nombre de su documental: 

“Más allá de tu vereda,

hay otra realidad,

atrás de tu puerta”.

Al costado, un mural con un puñado de palabras escritas en letra cursiva: 

“Hasta que no quede ni una sola persona en situación de calle, 

allí seguiremos estando”.

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La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

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Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.

Por Franco Ciancaglini

Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:

  • su salud era cada vez más delicada;
  • los medicamentos oncológicos no llegaban;
  • y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.

Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.

Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Mary junto a Nora Cortiñas.

Contaminada

María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.

Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.

La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.

Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.

Contaminada

La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.

Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.

Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
En Plaza de Mayo, con una bandera contra la megaminería contaminente en Chubut.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:

  • “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
  • “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
    También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».

Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”

Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.

En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Lidia y Mary, durante el acampe del Malón de la Paz en Buenos Aires, hace dos años.

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”

Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:

  • “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
  • Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.

Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.

Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.

Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”

El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Carlos Ponce, Mary y Lidia Campos: una amistad atravesada por la lucha ambiental del sur del país.

Abandonada

Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.

Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.

Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».

Sino miren este video.

María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”

El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.

Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.

Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.

Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”

Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”

La respuesta era obvia: mal.

Insurgente

Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.

Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.

El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».

Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.

Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos
Un cartelito que le hicieron tras su muerte, Clarisa y Agus, que lo dice todo: «Se lo hicimos porque ella era doña cartelitos, y lo dejamos con ella».

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.

Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.

Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.

Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.

La muerte es el abandono.

La muerte es el olvido.

Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.

odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.

Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.

Mary: gracias.

Hasta mañana.

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Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

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El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.

Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año. 

El camino de la in-justicia

En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia. 

La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.

Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero. 

Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10. 

Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo. 

Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.

 La pericia tendrá como objetivos precisar:

-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;

-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil; 

-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.

-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.

El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena. 

Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.

Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.

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