Criminalización de la protesta. Pueblos originarios de Santiago del Estero y campesinos reprimidos por defender sus tierras; vecinos encarcelados en Catamarca tras rechazar la explotación minera; militantes presos sin pruebas por disturbios en Congreso contra el acuerdo con el FMI. El poder judicial y el político se alinean para ocultar y disuadir los conflictos, fisurar la organización y hacer avanzar negocios sin licencia social. Voces de los detenidos y miradas cuado la calle no calla. Por Facundo Lo Duca.

El 2 de mayo, un grupo de familias campesinas de la comunidad Tonokoté, ubicada en la localidad de Bajada de Bandera, Santiago del Estero, marchaba por la ruta provincial 5 junto a integrantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT). La protesta exigía la liberación del productor Felipe Suárez, detenido tras resistir el loteo ilegal de tierras pertenecientes a la comunidad por parte del empresario terrateniente Jorge Simón Karam. También pedían que se levantara la imputación por el mismo hecho a otros tres de sus compañeros que no fueron apresados. La jornada se desarrollaba en paz. Los manifestantes no eran muchos y solo impedían el paso de camiones identificados con el agronegocio y la explotación maderera. Hasta que apareció la policía. Sin mediar razón, y con una escueta advertencia, empezaron a reprimirlos. “Nos cagaron a palazos”, dice Lucas Tedesco, integrante de la UTT y detenido ese día. “Hubo muchos compañeros y compañeras heridas”, explica. 

Tras la liberación de Tedesco en una comisaría de La Banda, las organizaciones no bajaron los brazos. Marcharon hacia la dependencia en donde estaba detenido Suárez. “La represión hizo que hoy se visibilizara el conflicto de tierras que atraviesa la comunidad de Tonokoté, pero que existe y se mantiene desde hace más de seis años”, detalla el integrante de la UTT. 

Desde que el empresario Karam comenzó a levantar alambrados en su territorio, los vecinos de Bajada de Agua sufrieron consecuencias cada vez que protestaban. Encontraban a sus animales muertos. Los aljibes y pozos de recolección de agua destrozados. Las casas dañadas. “Nos cansamos de denunciar todo esto pero la Justicia no lo citó ni una sola vez”, cuenta Tedesco. 

La comunidad está registrada en el Instituto Nacional de Tierras Indígenas (INAI) y articula diferentes iniciativas con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), así como también con diferentes ONG. Pedro Orieta, abogado representante de la comunidad, explica que la imputación hacia Suarez es “por el delito de usurpación, amenazas y robo simple”. “Vamos a pedir la liberación de Felipe en estos días porque no consideramos que haya usurpado, ni robado nada”, puntualiza Orieta. “Karam aduce tener título de propiedad de esas tierras, pero a nosotros eso no nos consta. La única certeza es que buscan criminalizar al pueblo Tonokoté través de la justicia penal”, sostiene el abogado. En febrero, Ezequiel Orquera, referente campesino de la UTT en la provincia Chaco, fue detenido en similares condiciones en medio de un acampe que defendía a la fauna nativa frente al avance de topadoras y maquinaria pesada. 

“No son hechos al aislados”, vuelve Tedesco. “Esta situación se viene repitiendo en todo el país con el avance de empresarios terratenientes que muchas veces son parte del entramado político y judicial local”, detalla. 

Represión minera

“Estoy imputada por defenderme de la Policía”, dice Rita Costelo, vecina de Choya, en el departamento de Andalgalá, Catamarca. El 3 de mayo, Costelo y otros integrantes de La Asamblea Aguas Claras dedicada a la defensa del medio ambiente, marchaban pacíficamente por la Ruta Provincial N° 47, una explanada rodeada de cerros. 

La protesta, que había comenzado a fines de abril con un bloqueo de maquinarias en el acceso vial, era contra la explotación minera que las empresas Yamana Gold, Glencore y Newmon quieren impulsar a quince kilómetros de su pueblo. 

“El agua, el río, los cerros. Nos están dañando mucho”, dice Costelo. “Y todavía no empezaron a explotar la mina”, agrega. Ese día en la ruta, 24 horas después del conflicto en Santiago del Estero, siete patrulleros aparecieron en el otro extremo. Lo único que escuchó Rita fue un grito de guerra: “¡Escudos arriba!”, dijo el comandante de los uniformados. “Fueron al choque directamente. Fue muy feo. Nosotros con carteles y ellos disparando”, explica la asambleísta de 53 años. El despliegue policial incluyó una feroz represión que dejó un saldo de asambleístas hospitalizados y una detenida, Karina Orquera, liberada tras dos días de protestas en la comisaría de Andalgalá. 

“Se está militarizado todo el distrito”, explica Costelo. “Hay policías y gendarmes en todos lados. Nos quieren callar a toda costa. A golpes, a balazos. Con tal de que ellos suban a la mina y hagan sus negocios”. Desde el 5 de abril los asambleístas vienen pidiendo la presencia del Gobernador, Raúl Jalil, para hacerle conocer la verdadera problemática con respecto al Río Choya y la disconformidad de la población con el emprendimiento minero en la región. Sin embargo, hasta el momento, solo han recibido garrotazos por parte de las fuerzas de seguridad. 

Al cierre de esta edición, la Justicia imputó a Rita y otros dos de los manifestantes por los delitos de lesiones leves, daños y atentado a la autoridad. “Nos está costando encontrar un abogado, la minera acá los va comprando a todos”, cuenta Costelo. “Pero no hay vuelta atrás. Queremos que se vayan. Vamos a defender el agua siempre. No nos van a frenar”.

El preso del Fondo

Jaru Rodriguéz nunca pensó que un día iba a ser imputado por la Justicia por atentar contra la vicepresidenta de un país. El 11 de marzo había asistido a la marcha en el Congreso de la Nación en contra de las nuevas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las organizaciones y partidos políticos cortaron las inmediaciones del parlamento sin desmanes hasta que un grupo se desprendió y comenzó a arrojar piedras al edificio. 

La policía intervino en una razia que terminó en enfrentamientos con los manifestantes. Jaru, de 29 años y nacionalidad venezolana, logró escapar del desmadre, pero no de lo que vino después. Las fuerzas de seguridad lo siguieron durante días. La justicia porteña lo señalaba –sin pruebas concluyentes– como uno de los responsables del ataque al despacho de Cristina Fernández de Kirchner. 

El 16 de marzo fue detenido en su casa de Acassuso, provincia de Buenos Aires, tras un allanamiento policial y trasladado a una dependencia de Lugano. Otras dos personas que marchaban ese día, Julián Lazarte y Oscar Santillán –liberados en los últimos días– también fueron arrestados en condiciones similares. Las pruebas presentadas por la Justicia contra Jaru, explica su abogado Martín Alderete, carecían de sustento legal: no había cámaras, ni testigos que lo ubiquen en alguno de los momentos donde se produce la pedrada al Congreso y, como se supo después, al despacho de la vicepresidenta. Tampoco había razones para el allanamiento, dado que no presentaba riesgo de fuga. Para Alderete el encierro de Jaru solo contribuye a “criminalizar la protesta” a través de una causa con “alto contenido xenófobo”. 

“En las imágenes que hay en la causa no se lo ve haciendo o llevando adelante ninguna de las acciones violentas que se le imputan en la causa”, detalla el letrado. “Hay un informe de la propia División Antiterrorista de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que dice que lo único que se lo ve haciendo es deambular a lo largo de la manifestación. En algún momento se lo ve con una piedra en la mano, pero lo  real es que en ningún momento se lo ve arrojándola por los aires”.      

Tras permanecer más de 50 días detenido, la Justicia determinó su inocencia en este caso, pero igualmente continúa detenido por otra causa. El día del allanamiento, los efectivos encontraron diez plantas de marihuana, con lo que detuvieron a las personas que esa noche estaban en la casa de Acassuso: la pareja de Jaru, su compañero de vivienda y la novia de este. Las fuerzas seguridad no encontraron pruebas que determinaran que Rodriguéz y el resto se dedicara al contrabando ilegal de estupefacientes, pero igualmente la justicia provincial abrió un expediente por ese delito en su contra. “Eran cuatro personas y encontraron diez plantas. El autocultivo es perfectamente compatible con esa cantidad”, agrega Alderete. En resumen, Jaru pasó de ser un preso político sin ningún sostén legal para que lo acusara la justicia porteña a ser un perseguido por la criminalización del consumo en la provincia. 

Romper  la organización

Manuel Trufó es doctor en Ciencias Sociales e investigador del equipo de políticas de seguridad y violencia institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). En cuanto a las recientes detenciones por marchar en las calles, el especialista advierte que la represión policial “es lo que más se visibiliza cuando sucede”, pero que a su vez le quita protagonismo a otras consecuencias. “La gravedad de la criminalización a la protesta en general es que apunta a desmantelar las estructuras de las organizaciones sociales en sí”, puntualiza el especialista. 

“Los militantes tienen que empezar a invertir tiempo y recursos dedicados a luchar por la liberación de esas personas que fueron encarceladas sin pruebas certeras, en vez de dedicarse a las demandas por las que venían reclamando originalmente”, explica. Y agrega: “eso un mensaje disciplinador”. La organización legal ha planteado sobre la situación en Congreso: “La sobrecriminalización de manifestantes es un mensaje de intimidación. La investigación judicial está orientada como si se tratara de un atentado organizado por una asociación ilícita, lo cual habilita precedentes judiciales contrarios al derecho a la protesta”.

En los últimos meses el CELS viene osbservando con preocupación el aumento de estos hechos. “Vemos conflictos en la ciudad de Buenos Aires, donde claramente el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal tienen una política de criminalización sumamente consensuada. Lo mismo en el interior del país. Hay sectores económicos, como la minería, que presionan a la justicia provincial para actuar en favor de ellos”.       

La problemática de las fuerzas de seguridad para trabajar en contextos de manifestaciones callejeras es un “denominador común”. Sin embargo, para el integrante del CELS, hay acciones que se pueden aplicar para frenar la violencia institucional. “Una es privilegiar canales de negociación durante la protesta. Regular la actuación de los efectivos en esos entornos a través del diálogo y alcanzar una disuasión más pacífica”. Otra alternativa que sugiere es la elaboración de un estatuto federal que consigne de forma clara la actuación policial en todo el país y no que sea un dispositivo elaborado de forma independiente por cada provincia o distrito. “Deben existir criterios mínimos a nivel país, respondiendo a tratados internacionales de derechos humanos que Argentina está obligada a cumplir. Sobre todo en contextos actuales en donde las protestas aumentan en relación con la crisis social y económica”.