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Lucía Pérez: nuevo juicio, nueva tortura para la familia y otra vez el foco en la víctima

Publicada

hace 2 años

07/02/2023

La primera jornada marplatense del nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez (16 años) volvió a mostrar a las defensas de los acusados intentando hurgar en la vida y costumbres de la víctima (preguntaron hasta por sus sueños, su alimentación y si se llevaba materias en la escuela) como argumento para lograr la impunidad de Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Ambos fueron excusados de participar de la audiencia, incluso a distancia desde la cárcel. “Pueden seguir su día normalmente” les dijeron desde el tribunal a ambos imputados por “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio”. Es llamativa la diferencia con el caso de los acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, quienes tuvieron que presenciar la audiencias ya que los jueces señalaron la importancia sobre su futuro de lo que se estaba debatiendo.

La paradoja: el hecho de haber hecho foco en Lucía para exculpar a los victimarios (que solo habían sido acusados por vender drogas en la puerta de la escuela, y no por el femicidio) es lo que hizo que la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires ordenara anular el fallo de 2018 y hacer este nuevo proceso. Marta Montero, la mamá de Lucía, dijo a lavaca a la salida: “Fue un calvario”. Detalles de las preguntas capciosas. Marta y sus argumentos, dentro y fuera de la sala, sobre la trama narco que se busca esconder en el caso. El atrapasueños como símbolo. Cómo fue la mañana del crimen. Cómo se enteraron. El acompañamiento conmovedor de otras familias víctimas de femicidios. La movilización de las mujeres en la calle buscando justicia, en un proceso que recién empieza.

Por Anabella Arrascaeta.

Lucía Pérez: nuevo juicio, nueva tortura para la familia y otra vez el foco en la víctima — Matías, Guillermo y Marta: nuevamente el foco de las preguntas hacia ellos fue sobre la vida y hábitos de Lucía. Por hacer ese foco misógino y prejuicioso sobre la víctima, la Cámara de Casación anuló la sentencia anterior. (Fotos: Lina Etchesuri para lavaca)

“¿Quiénes mataron a Lucía? Eso vinimos a preguntar”, dice Marta Montero, mamá de Lucía, antes de entrar al Palacio de Tribunales marplatense. Minutos después lo vuelve a repetir en el sexto piso del edificio, cuando le toca declarar como la primera testigo del nuevo juicio que investiga el femicidio de su hija: ¿quiénes mataron a Lucía?

Con ese eje inició hoy un juicio crucial e histórico, que busca verdad y justicia después de 7 años del crimen, a 4 de un juicio que consagró la impunidad con un fallo misógino y machista, cuya reacción familiar y social motivó el primer Paro de Mujeres en la Argentina, entre otra serie de movilizaciones que continúan hoy.

Marta llegó a Tribunales junto a Guillermo Pérez, papá de Lucía, a las 8 de la mañana. Matías, el hermano mayor de la joven asesinada, los esperaba bajo la lluvia. Los alrededores del edificio de Tribunales ya estaban vallados desde el día anterior: cuatro uniformadas habilitaban quién podía pasar y quién no. Antes de pasar ese control Guillermo ayudó a acomodar el escenario que se terminaba de armar en la esquina de Tucumán y Falucho, desde donde organizaciones sociales, sindicales y políticas y otras familias de víctimas de femicidios, y funcionarias y funcionarios acompañaron toda la jornada del juicio.

La familia de Lucía ingresó a los Tribunales finalmente a las 9 de la mañana. Fue directamente al 6to piso, donde se encuentra la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, una sala pequeña que hizo que los únicos presentes fueran los siguientes:

Los jueces a cargo del Tribunal Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz.
La familia de Lucía Pérez (su mamá, su papá, su hermano) junto a sus abogadas, Verónica Heredia y Florencia Piermarini.
La abogada oficial María Laura Solari, que defiende a Matías Farias, junto a una asesora.
El abogado particular César Sivo y la abogada particular Romina Merino que defienden a Juan Pablo Offidani.
El fiscal Leonardo Arévalo, junto a una asesora.
La perito Virginia Creimer, junto a asesora.
Y el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla.

Los acusados Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años) no estuvieron en la sala: el Tribunal los habilitó a seguir la audiencia de manera virtual. Pero cuando se conectaron desde la Unidad Penal n° 44 de Batán y a la Unidad Penal n° 42 de Florencio Varela –donde cumplen condena por venta de estupefacientes– dijeron que no querían presenciar las testimoniales siquiera de forma remota. “Pueden seguir con su día normalmente”, les respondió uno de los jueces, con una liviandad sorprendente. Y ellos, acusados de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio en este nuevo juicio, se desconectaron sin más de la audiencia.

En el segundo piso el Tribunal dispuso otra sala, también pequeña, para que algunos amicus (personas y organizaciones que piden participar del juicio), familias y periodistas puedan seguir mediante transmisión la audiencia completa. Desde allí la jornada estuvo acompañada además por el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino; la Ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz; Flavia Delmas, del mismo organismo; Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación; y la diputada Romina Del Pla.

La mañana del crimen

La declaración de Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, duró casi dos horas. Todo ese tiempo Guillermo y Matías, que eran los testigos que seguían, tuvieron que esperar en otra sala, pequeña, sin ni siquiera baño. El Ministerio de Mujeres de Nación envió una psicóloga para que los acompañe.

Marta, 58 años, enfermera, con la foto de su hija sobre su pecho, comenzó contestando las preguntas de su abogada Verónica Heredia. Relató: “Lucía iba a la escuela todos los días, estudiaba; era muy buena alumna, se preocupaba mucho por la escuela. El día anterior me había dicho que le había ido mal en Física, le dije: tranquila, tendrás otra chance de darla, vas a poder. Mi función era ayudarlos, acompañarlos, estar con ella siempre. Con mi esposo lo mismo, siempre los acompañé en la escuela”.

Marta contó también que Lucía estaba haciendo un curso en la telefónica: “Ella tenía un promedio alto en la escuela, se le daba una capacitación para que cuando terminara la escuela pudiese tener ese trabajo”. Lucía cursaba el quinto año de la Escuela Secundaria N°3 de Mar del Plata, en la Avenida Juan B. Justo al 700. Siguió Marta: “Para mí era una gran promesa, hoy hubiese sido una joven de 23 años. Seguramente hubiese terminado la escuela, una carrera, era una persona que se ocupaba mucho de ella. Era muy compañera, una hija amorosa”.

Relató también cómo fue el último día que vio con vida a Lucía: fue el 8 de octubre de 2016, antes de que se fuera a trabajar a las 5.15 de la mañana. “Cuando me fui la despedí, le di un beso y le dije te quiero mucho. Le di 100 pesos que me había pedido. Me dijo: yo también te quiero mucho. Es el último contacto de amor, de madre que tuve con ella”.

Fue entonces cuando por primera vez se puso a llorar, mientras recordaba que habían quedado en hacer un plan juntas cuando ese sábado Marta volviera de trabajar. “Me había pedido que le comprara un pantalón y un buzo, le dije: lo que me alcance te voy a dar, espera que venga de trabajar, vamos ahí a Juan B. Justo. Le dije: te voy a llevar, veo cuando cobre cuánto tengo, una de las dos cosas te voy a comprar. Eso era lo que íbamos a hacer ese sábado”.

Marta tomó un sorbo de agua y respondió que no sabía si Lucía consumía drogas. “Yo nunca la vi consumir nada. No era un tema distante que no se pudiese hablar. Nunca la vi, nunca supe que ella había fumado algo”.

Levantó un atrapasueños que tenía en sus manos mostrándoselo a los jueces: “Lucía era esto, este trabajo hacia Lucía, eso era ella. Yo nunca vi nada que me llamara la atención, soy una persona abierta. Siempre que pasó algo los llevé al médico, nunca los descuidé. Así como trabajo de enfermera para lo demás, de la misma manera lo hacía con mis hijos. Si hubiese tenido sospecha de algo hubiese averiguado, hubiese hecho algo”.

Aquel 8 de octubre Marta volvió a su casa después de trabajar, cerca de las 3 de la tarde; Lucía no estaba: “Yo me había comprado un celular usado, con las letras chiquitas, no era fácil mandar mensajes, entonces yo solamente llamaba. Antes de salir de trabajar la empecé a llamar, y no contestaba. Lucía siempre me contestó. Insistía, insistía. Cuando llegué a mi casa me llamó la atención que estaba en silencio, no había nada, la perra no había salido. Abro la persiana, la saco, la empiezo a llamar, no me contestaba. Recorro mi casa, digo: qué pasa. Estaba la computadora en la mesa, había quedado el Facebook abierto. Estaba la pava y el mate que había tomado con su padre antes de salir. Ella no era de salir, no era una persona que salía. Voy al garaje, veo el lavarropa prendido, yo nunca dejo el lavarropa prendido. Dije: no puede estar lejos. Me acuerdo que la llamé muchísimas veces”.

Después llegó Matias, su hijo mayor, a quien lo habían llamado de la comisaría para decirle que Lucía había tenido un accidente y le pedían que vaya con un mayor. Como Guillermo, su papá, tiene problemas de corazón, Matías fue a buscar a Marta. “Él se fija, y el celular de Lucía y había dejado de funcionar a las 10 de la mañana. Era raro, Lucía siempre estaba conectada con su celular. Le digo: bueno vamos, agarré la cartera, mi teléfono y nos fuimos. Cuando íbamos llegando le dijeron: tu hermana está muerta, tenés que venir con un mayor”.

Las uñas, el olor, la zapatilla

Cuando llegaron los recibió el comisario del barrio Alfar, y una mujer policía. “Me dijeron que Lucía había muerto de sobredosis. Le dije: ¿cómo me dice eso? Me contesta que la trajo su novio. Le dije: Lucia no tenía novio, ¿dónde está mi hija?. Después me tomó una declaración. Me quedé ahí. No sabía, no podía entender lo que me estaba diciendo”.

Marta se seca las lágrimas que le llenan la cara. “No podía entender que Lucía estaba muerta, yo la dejé viva a las 5.15 de la mañana, le di 100 pesos, le dije te quiero mucho, y fue lo último. No podía entender que ese tipo me dijera que estaba muerta”. En ese momento pidió ver el cuerpo. ¿Qué vio? “Ahí la vi con una ropa, con un buzo que a ella le encantaba, un pantaloncito. Sé que Lucia si hubiese ido a un encuentro con alguien, no se hubiese ido de esa manera. Siempre iba arregladita. No hubiese ido con el buzo que tenía de entrecasa. La miré, la acaricié, le di un beso. Le miré las manos, le noté las uñas cortitas, ella no usaba las uñas cortitas, usaba largas, le gustaba usar largas. Las tenía al ras, muy cortitas. Le miré los ojos, le abrí los ojos, tenía los ojos llenos de petequias, son células muertas cuando falta el oxígeno en la sangre. Tenía toda la parte blanca con esas petequias. Estaba vestida. No tenía olor a nada, tenía olor a limpio. Ella era de usar un perfume de 47 Street, siempre se perfumaba mucho, y se ponía desodorante con olor. Siempre tenía un olor lindo. La gente joven, los niños, tienen olor lindo, olor agradable, y no tenía olor a nada. Absolutamente a nada. Su cuerpo estaba limpio. Estaba vestida, y le faltaba una zapatilla”.

La trama narco

El fiscal Leandro Arévalo fue quien continuó con las preguntas: le preguntó por su relación con Lucía, si le contaba cosas. “A esa edad los adolescentes no le confían a los padres muchas cosas. Lo que sí estoy segura es que nunca se hubiese fijado, sin discriminar a nadie, en este tipo de gente. Nunca hubiese ido con estas personas con interés de tener una relación. Este tipo de personas pertenecen a bandas que venden drogas, que drogan a las jóvenes; esa es la única manera que pueden tener el cuerpo de esas jóvenes, drogándolas, sometiéndolas. Hablamos del sometimiento de una jovencita de 16 años, que captan en la escuela; ellos saben que es una menor, porque si fuera mayor iría a nocturna. Ahí hacen ese pasaje con otras personas que son los captadores. Hay uno que capta a la víctima, otro que la seduce, otro que pone la droga. Entre todos terminan abusando y haciendo lo que hicieron con Lucía”.

Acto seguido Marta hizo algunas preguntas retóricas, que espera puedan develarse durante el juicio: “¿Por qué el celular quedó apagado? ¿Alguien sabe si subió por su voluntad al vehículo? ¿Y si le secuestraron el celular? ¿Nadie se pregunta eso? ¿Todo es tan normal? Siempre me hice esas preguntas”.

El fiscal indagó sobre la profesión de Marta, que explicó que es enfermera desde hace diez años aproximadamente. “Cuando era joven trabajaba en la remachadora, trabajé muchos años en costura, en tejido, me la ponía en la teta mientras hacía eso. Siempre estuvieron conmigo. En salud debe hacer más de 10 años que trabajo”. Preguntó el fiscal si cuando alguien fallece en una sala de salud se debe llevar registro. “Hay un certificado, con un número. Hay un médico que constata, firma. Pone los datos de la persona fallecida, la edad, si es varón o mujer y la firma del médico. No es solo un registro: es un documento”.

La pregunta del fiscal y la respuesta de Marta, apuntaban a contrastar la realidad del certificado defunción de Lucía, plagado de irregularidades que este juicio también deberá revisar.

Las preguntas de la defensa

A Matías Farías lo defiende la abogada oficial María Laura Solari, la misma que en 2018 defendió también al imputado Offidani en el proceso en el que se indagó de manera misógina y machista sobre la vida, intereses, deseos, de Lucía, sin tener en cuenta que era una menor de edad, entre otras cosas. Es por ello que el 12 de julio de 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anular el fallo confirmando la condena que recibieron Farias y Offidani por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio. Los jueces de Casación apuntaron: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Sin embargo, en el inicio del nuevo juicio las recomendaciones que Casación hizo de no juzgar a la víctima parecieron no ser tenidas en cuenta. Como si fuera un mal chiste, la abogada Solari empezó preguntando justamente cómo era la personalidad de Lucía. “Compañera, buena, solidaria, buena persona, compañera mía, de sus amigas, buena persona, en el barrio siguen llorándola”, respondió con paciencia Marta. Pero Solari siguió preguntando por su carácter. Las abogadas de la familia de Lucía se opusieron: “No es relevante hablar sobre la vida personal”, recordaron, pero el Tribunal permitió la pregunta.

Tercera pregunta: “¿cuáles eran sus sueños?” La abogada Heredia se volvió a oponer.

“¿Qué tipo de relación tenía usted con Lucía?” le preguntaron. “Bellísima”, contestó Marta.

Después Solari indagó a Marta cuánto ganaban ella y su marido. Sobre la rutina de Lucía, sobre sus amigos. Y siguió una pregunta tras otra: ¿se llevaba materias?, ¿faltaba a la escuela?, ¿era de estar mucho tiempo sola en su casa?, ¿tenía trastorno alimenticio?, ¿comía bien?, ¿respetaba las cuatro comidas?, ¿tenía buena salud? ¿nunca ingresó a su habitación y encontró algo de estupefacientes?, ¿restos de marihuana?, ¿olor?

Todas estas preguntas fueron avaladas por los jueces Falcone, Fissore y Semaz.

El intercambio con la abogada Solari terminó así:

-Cuando se entrevistó con la fiscal, ¿de qué le dijo la doctora Sanchez que había muerto Lucia?

-¿Tengo que contestar eso?

-¿La fiscal dijo que había sido empalada?

-No recuerdo

-¿Dijo que habían lavado el cuerpo?

-No recuerdo

-¿Cómo piensa que murió?

El Tribunal no permitió la última pregunta. Pero aún faltaban las preguntas del abogado defensor particular César Sivo, a cargo de la defensa de Juan Pablo Offidani.

Empezó así: “¿Usted hablaba de sexualidad con su hija?”

El Tribunal no le dio lugar.

Del taller a la comisaría

Las declaraciones de Guillermo y Matías Pérez fueron más breves. El papá de Lucía empezó respondiendo las preguntas de su abogada; al igual que su esposa ratificó que nunca había visto a Lucía consumir estupefacientes. Habló sobre las amigas y amigos de Lucía, sobre cómo era y cómo fue el último día que estuvo con ella. “Fue como siempre: nos levantamos temprano. La llevé a Marta a trabajar, vine, me recosté otro rato, me levanté, tomé unos mates con ella. Me fui a trabajar. Lucía estaba en la mesa, con su computadora abierta. ‘Hola pa’, tomamos unos mates, tomate la pastilla. Después me fui a trabajar, a las 9 y algo. Los sábados siempre me quedaba un cachito más”.

Más tarde, cuando estaba en su taller (Guillermo es chapista), se enteró de la muerte de su hija: “Me vinieron a buscar mi señora y mi hijo. Me enteré ahí. Fuimos a la comisaría. No se pudo solucionar nada. Ya la habían asesinado a mi hija”.

El fiscal Leandro Arévalo no le hizo preguntas, tampoco el abogado César Sivo.

La que preguntó fue la abogada Solari. Insistió: ¿qué tipo de personalidad tenía Lucía?, ¿Cómo la veía?, ¿La llevaba siempre al colegio?, ¿Regresaba sola?, ¿Era de pasar tiempo sola en la casa?, ¿Tenía un buen vínculo con Lucía?, ¿Ttenía algún trastorno alimenticio o algún problema de salud?, ¿Nunca la había visto con estupefacientes?, ¿La salud era buena?, ¿notó en el último tiempo algún cambio de conducta?”.

Tanto Guillermo Pérez como Marta Montero dijeron que, previo al femicidio de su hija, nunca habían escuchado nombrar a Matias Farías ni a Juan Pablo Offidani.

El interrogatorio a su hermano

Matías Pérez, hoy 26 años, 19 cuando murió su hermana menor, fue convocado a declarar por parte de la defensa.

La abogada Solari comenzó a interrogarlo sobre cómo veía a Lucía, cómo era su rutina, qué hacía, si compartía tiempo con ella, si eran confidentes, si tenía problemas de salud, si pasaba mucho tiempo sola en la casa. Le preguntó por el supuesto consumo de drogas de su hermana, en línea con esa idea de indagar y estigmatizar a la víctima.

El abogado particular Sivo le preguntó a Matías por “el carácter de su hermana”, si gritaba. También cuánto ganaba él en ese momento. Y terminó con una pregunta insólita: si el propio Matías le vendió alguna vez drogas a su hermana.

Al finalizar su declaración Matias pidió respetuosamente al Tribunal un certificado para poder justificar que había faltado al trabajo para asistir al juicio.

El resto de la audiencia

La jornada se completó con dos testigos amigas de Lucía: Sol Adura y Noelia Flores. Sol, que iba a la misma escuela que Lucía, en su relato nombró reiteradamente a Belén Mella. Belén era compañera de la escuela, una testigo clave sindicada como quien presentó a Lucía con Matías Farías y Juan Pablo Offidani. Ahora está viviendo en España. Dada la distancia, la Fiscalía pidió que sea incorporada su declaración del juicio anterior, pero las defensas se opusieron y pidieron que declarara de manera virtual. El Tribunal tendrá que determinar cómo se resuelve el tema en los próximos días.

El juicio continúa este miércoles 8 de febrero y se estima que va a durar hasta los primeros días de marzo. Son 49 los testigos previstos, todos partícipes del juicio de 2018 dado que este nuevo proceso no tuvo una nueva instrucción: las pruebas son las mismas; lo que está en juego es si está vez serán analizadas con una perspectiva de derechos humanos.

¿El Poder Judicial es privado?

Durante toda la audiencia, cientos de personas acompañaron a la familia de Lucía Pérez desde la calle, en una jornada que pasó de la lluvia al sol. Entre tantas: Cintia Rodrigo de la CTA Autónoma de Mar del Plata, Rocío García del Plenario de Trabajadoras de la misma ciudad, Paloma Badillos del Movimiento Evita marplatense, además de la Campaña Somos Lucía en pleno. Hubo representantes del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo de la Nación y de organismos de la provincia de Buenos Aires como los Ministerios de Mujeres, Justicia y Salud, el Instituto Cultural, IOMA, Organismo Provincial de Integración Urbana, entre otros.

Las primeras personas llegaron a las 6 de la mañana, con lluvia, para empezar a montar el escenario en la esquina de Tucumán y Falucho, uno de los límites de los cuatro vallados que impuso la policía para evitar que la movilización se pegara a los Tribunales. Desde distintos puntos del país fueron llegando madres y padres que también buscan justicia por sus hijas, en una combi. Desde la ciudad de Buenos Aires llegó un micro con 60 personas que viajaron durante la madrugada para presenciar el inicio del juicio.

A las ocho y media Marta y Guillermo subieron para agradecer el acompañamiento a decenas de organizaciones, sindicatos, partidos y, especialmente, a los familiares de víctimas, a quienes también les pidieron disculpas al no poder lograr que entrasen todos a los Tribunales, tal cual estaba previsto.

Dijo Marta: “Nos ponen en una sala de 2×2 a un montón de personas. Una familia vino de Jujuy, no le permiten pasar; a la mamá de Wanda Tadei, no la dejan pasar. ¿El Poder Judicial es privado? Esto es una audiencia oral y pública, todas las personas tenemos derecho a escuchar y ser parte y ver lo que está pasando en el proceso: ellos son nuestra garantía”.

Ante la imposibilidad de seguir lo que pasaba adentro –escaseaban mensajes de whatsapp sobre el tenor de la audiencia– las familias de víctimas que no pudieron ingresar a Tribunales tomaron el micrófono y se explayaron sobre cada caso, marcando las similitudes con el proceso que atraviesa la familia de Lucía. Luego, distintas mujeres entonaron la canción Creo de la banda Eruca Sativa (cuyo estribillo reza “no seamos invisibles nunca más”), tocó una cuerda de tambores, una murga, se transmitió una radio abierta con la palabra de distintas representantes de las organizaciones, mientras cada 15 minutos el evento se paraba para que, al revés, el afuera se oyera adentro con un lema:

-Lucía Pérez, ¡presente!

La primera en salir de la audiencia, minutos antes de las 14 horas, fue la ministra de las Mujeres bonaerense, Estela Díaz. Contó a lavaca: “Cunando una está en el juicio se entiende el dolor, el sufrimiento y la revictimización que es cuando no se hace justicia, no se respeta la ley. Porque es como lo señala la Corte: no hubo perspectiva de género, no se ajustaron a derecho, y pusieron el centro en la víctima. Acá parece que ella se hubiera matado a sí misma”. Otra percepción sobre la audiencia: “Todo el tiempo la defensa de los acusados trató de indagar nuevamente respecto a la conducta, el modo de ser, la alimentación de Lucía, como si esos fuesen factores que explican que una joven hoy esté muerta, revictimizándola. Fue muy tenso, y muy duro para la familia tener que volver otra vez a 7 años atrás”. La ministra agregó: “La defensa hace esta estrategia porque si analizan los hechos que hay que analizar, está clarísimo la responsabilidad de quien era proveedor de estupefacientes y el abusador sexual que se llevan la vida de Lucía. Ellos quieren volver a colocar en el tema de la audiencia aquellas cuestiones que hicieron que este juicio se anule. Pero es muy doloroso, y muestra cuanto sufrimiento se repite cuando no tenemos un poder judicial como el que tenemos que imparta justicia, sino que sigue revictimizando”.

Sergio Maldonado, hermano de Santiago, siguió la audiencia desde el 2º piso: “Fue chocante y provocador el destrato a la familia, todo el tiempo revictimizando y estigmatizando a Lucía, una chica de16 años que no está para defenderse. Y que la familia deba defenderse del horror, mientras a los imputados se los cuida. Por eso apagaron la cámara, les dieron la posibilidad de continuar con su vida, pero ¿cómo continúan la vida los familiares de Lucía?”. “El Poder Judicial debe tener clases de derechos humanos. Valorar a las personas. Empezando por la policía de la entrada, que mostraron desprecio y destrato. Debe haber un personal capacitado, que entienda a víctimas y tenga otro tipo de trato con las familias de las víctimas”. Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de Nación: “La estrategia de la defensa es canalla, indigna, pero sabemos el objetivo. Lo que rompe con esa estrategia es estar acá. Y la Secretaría de Derechos Humanos acompaña porque creemos que Lucía fue víctima de un grupo de individuos que sabemos en qué se transforma cuando creen que una mujer puede ser utilizada como objeto. Este juicio es troncal porque generó indignación al declararse la impunidad en el primer juicio”.

Luego salieron Guillermo, Matías y Marta, que se volvieron a subir al escenario como un desahogo: “Es una vergüenza. A nosotros vienen a investigarnos, a ver cuánto ganamos, de qué vivimos. Vivo de ser enfermera y antes era costurera. Eso hicimos toda la vida. No hemos hecho otra cosa. Pero a nosotros nos investigan. Quiénes somos, qué hacemos, qué comemos. ¿Por qué no investigan a los narcos, a quienes mataron a Lucía? ¿Qué nos quieren venir a mentir? Esto es lo que hace el poder judicial con las víctimas. Es terrible. No les puedo decir lo que pasé ahí adentro. Revictimizarnos de nuevo, con Lucía muerta. Todavía hoy dando detalles y explicaciones. Esta lucha entre todos se debe cambiar”.

Por eso sobre el final la familia de Lucía volvió a rodearse de los y las familias de víctimas, a quienes convocó a subirse al escenario especialmente y les volvió a dar la palabra una por una. Cerró Marta: “Agradezco a todos por acompañarnos. ¿Sin ustedes, cómo haríamos nosotros? Todo a pulmón lo hacemos. Esto es maravilloso, porque lo hacemos entre todos. Y entre todos lograremos una justicia feminista, integradora, con perspectiva de género, de derechos humanos. Vamos por ese cambio, vamos a cambiarla. Mañana continúa este calvario, y les pedimos que nos acompañen”.

Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 4

Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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Jury a los jueces Gómez Urso y Viñas: sin culpa y con cargo

Publicada

hace 2 días

19/11/2024

Absolvieron a los jueces responsables del fallo del primer juicio (2018) por el femicidio de Lucía Pérez, que fue luego anulado por el Tribunal de Casación por la falta de perspectiva de género y la re victimización de Lucía (16 años) y obligó a un segundo juicio realizado en 2023. Ese nuevo proceso, con otros magistrados, sí condenó por el femicidio ocurrido en octubre de 2016 a Matías Farías y Juan Pablo Offidani, quienes además vendían droga en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía. Detalles de lo ocurrido hoy y la voz de Guillermo Pérez, el padre de la víctima: “Mensaje más mafioso que este no se me ocurre”.

Por Anabella Arrascaeta

Terminó hoy el juicio político a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas quienes fueron absueltos de la acusación de “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta” por su actuación en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. En esa oportunidad ambos –junto al juez Aldo Carnevale que evitó el proceso al jubilarse anticipadamente– firmaron un fallo vergonzoso en 2018 que, en resumen, victimizó a Lucía de su propio femicidio, y absolvió a los acusados. Esa sentencia fue anulada por el Tribunal de Casación, que ordenó un nuevo juicio realizado en 2023 en el que finalmente se condenó a los autores del femicidio.

La llegada a este jury (más allá de su resultado) sienta un precedente histórico sobre el control social y político al Poder Judicial.

El Tribunal que analizó el caso fue encabezado por el presidente de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Soria, y conformado por integrantes del Poder Legislativo.

No hubo audiencia sino un comunicado leído por el secretario del jury Ulises Giménez de modo virtual, y en contacto con las partes.

La familia de Lucía Pérez tuvo que ver la lectura de la sentencia por YouTube, al igual que los abogados de la querella. No se difundieron tampoco los fundamentos, que se darán a conocer mañana y se enviarán por mail a las partes.

Solo se informó la decisión unánime de absolver a los jueces y de solicitar a su vez a la Suprema Corte “la posibilidad de optimizar la capacitación en materia de género”.

El voto de absolución incluye al propio Daniel Soria y a los legisladores:

Senador Gustavo Soos (Unión por la Patria).
Senadora Gabriela Demaría (Unión por la Patria).
Diputada Maite Milagros Alvado (Unión por la Patria).
Senador Ariel Martínez Bordaisco (UCR).
Diputada Susana Haydee González (Unión por la Patria).

Hacia el final, antes de que desconectaran la transmisión, la ex diputada Araceli Ferreyra, una de las impulsoras del juicio político, hizo oír su voz de repudio: “Lucía Pérez, presente, ahora y siempre”.

La familia: “Mensaje mafioso”

Guillermo Pérez, el padre de Lucía, habló desde Mar del Plata con lavaca:

Su primera reflexión: “Estamos asumiendo el cachetazo. Esto no es un mensaje para nosotros, es para la sociedad. Lo veo así. Ahora vamos a aclarar la cabeza, apagar los celulares, intentar dormir un poco. Todavía no hablamos con nuestro abogado”.

Sobre la absolución: “Pienso que los legisladores tienen que pagar el precio político. Los legisladores tanto como el presidente de la Corte estuvieron cuando a los jueces se los suspendió, ahí también fue por unanimidad, y ahora dicen otra cosa. Todavía no sabemos los fundamentos. Pero mensaje más mafioso que este, no se me ocurre”.

La contradicción: “Los legisladores tienen que pagar un costo. ¿Qué tengo que hacer, ir a verlo a Milei? ¿Qué tenemos que hacer? Es una contradicción este fallo, dice que tienen que hacer capacitación sobre violencia y los absuelven. Todavía no alcanzo a entender, quisiera saber los fundamentos de la sentencia”.

Otra reflexión: “Podemos tomar la sentencia, pero políticamente todo tiene un costo porque traicionaron a una sociedad. No nos traicionaron solo a nosotros. Ahora ¿quién les va a creer?”

El fallo

El fallo se dictó de manera virtual –dado que hoy se conmemora aniversario de la ciudad de La Plata y se dispuso asueto administrativo– y se siguió colectivamente en distintos puntos de Mar del Plata, La Plata, y CABA.

La familia de Lucía escuchó la sentencia rodeada de quienes la acompañan en la búsqueda de justicia en La Casa de Lucía, un espacio de encuentro y aprendizaje destinado a prevenir las violencias.

El fallo se dio a conocer un día antes de que se cumplan 35 años de la Convención sobre los Derechos de los Niños, y a menos de una semana del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“Narcofemicidio“

El jury había comenzado el pasado lunes 11 de noviembre (https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/).

Durante dos días hubo audiencias presenciales en el salón “Nunca Más” del Senado bonaerense donde desfilaron testigos convocados tanto por la acusación como por la defensa.

Los primeros argumentaron sobre el mal desempeño de los jueces Gómez Urso y Viñas, detallando momentos del juicio en los que atacaron a la familia y a sus testigos, así como los extractos del fallo que, según el representante del Ministerio Público Fiscal, Marcelo Lapargo, “desobedecieron leyes y normativas nacional e internacionales”.

Expusieron también Guillermo Pérez y Marta Montero, los padres de Lucía, quienes describieron el calvario en el que convirtió su vida tras la muerte de su hija y también tras la primera sentencia: “El primer juicio fue una tortura”, resumió Guillermo. Luego declaró Matías Pérez, hermano de Lucía, quien dijo con lágrimas en los ojos: “Lo único que sigo viendo es como se nos sigue pasando la vida pidiendo justicia”.

Luego fue el turno de Gustavo Melmann, papá de Natalia, asesinada, violada y torturada cuando era una niña de 14 años; María Elena Naddeo, ex presidenta del Consejo de los Derechos de lxs Niñxs; Laureana Malacalza que en el momento del juicio era Coordinadora del Observatorio de Género de la Defensoría de la Provincia de Buenos Aires; Natalia Gauna que en el momento del juicio trabajaba en la Defensoría y fue veedora de todas las audiencias; Fernando Fernández y Alejandro Agote, ambos trabajadores judiciales de Mar del Plata.

En esta crónica, la descripción de sus aportes e intervenciones en el jury: https://lavaca.org/ni-una-mas/lucia-perez-asi-comenzo-el-juicio-politico-a-los-jueces-que-buscaron-dejar-impune-el-femicidio/

Flavia Delmas, ex Secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género de la Provincia de Buenos Aires, sintetizó en una nota su responsabilidad en el proceso: “Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018. Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO”. Y concluyó: “Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima”.

Por su parte, la defensa convocó a tres abogados: al ex abogado de la familia de Lucía, al abogado Esteban Viñas, primo de uno de los jueces imputados e integrante de la Red de Jueces Penales; y a la abogada de Matías Farías, condenado por el femicidio de Lucía Pérez.

El proceso

El jury político que culminó hoy representa un hito de cómo luchar frente a las injusticias. La familia de Lucía Pérez, tras su femicidio, logró la anulación del primer juicio (2018) y realizar un nuevo proceso a cargo de otro Tribunal, en el que Matías Farías fue condenado a cadena perpetua por el femicidio y Juan Pablo Offidani a 15 años de prisión, considerado “partícipe secundario”. Este fallo contrastaba con el primero, que los había condenado solo a 8 años de prisión por la venta de drogas en la puerta de la escuela a la que concurría Lucía.

En el segundo juicio, llevado a cabo en 2023, los jueces Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone determinaron por unanimidad que estaba acreditado el abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes del que fue víctima Lucía Pérez. Y en el fallo ponderaron a su vez su doble rol de víctima mujer y niña amparado por normativa internacional y nacional y por los parámetros de perspectiva de género.

Nada de esto había sido considerado en el primer juicio. Por eso, el 22 de mayo de 2019 en la Cámara de Diputados de la Nación se anunció la presentación del pedido de destitución a los jueces del Tribunal en lo Criminal N°1 de Mar del Plata: Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnevale, quien finalmente pidió la jubilación anticipada.

Dos años más tarde, en abril de 2021, la Comisión Bicameral de Normas de Procedimiento para el Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses resolvió acusar a los jueces Viñas y Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento de deberes inherentes del cargo y parcialidad manifiesta”. Desde ese momento fueron preventivamente destituidos y dejaron de cobrar el 40% de sus honorarios.

En paralelo, la Corte Suprema bonaerense aprobó este mismo año una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género que justamente cita ese fallo. La guía señala: “La estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional”.

Los argumentos para la destitución de los jueces eran varios. Por parte del Ministerio Público Fiscal, el fiscal Marcelo Lapargo sostuvo en su pedido de destitución: “Si en vez de discriminar por la conducta sexual previa de Lucía, lo hubieran hecho porque Lucía era negra, judía o evangélica, estaría clarísimo, no estaríamos ni discutiendo. El tema es que la conducta sexual parece algo en lo que estamos autorizados a meternos (…) Discriminar no es un hecho menor. Discriminar a una niña, a una menor de edad, no es un hecho menor. Tratar de entender que su valía se ser amparada por las leyes se define por los hallazgos de una autopsia, no es un hecho menor”. Y dijo después a modo de conclusión: “En definitiva los magistrados causaron una grave ofensa a la familia y un grave desprestigio al poder judicial”.

Nada de esto fue tenido en cuenta para la absolución de hoy, que además reintegra a ambos jueces a sus cargos y les restituye la totalidad de sus salarios.

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Nota

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

Publicada

hace 5 días

16/11/2024

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:

Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.

En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.

Por Lucrecia Raimondi

Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.

Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:

El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.

En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.

Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.

En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.

Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:

la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.

La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.

Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Tres audiencias ante la CIDH que cuestionaron las políticas de Milei sobre mujeres, derechos humanos y economía popular

La economía popular y el avance narco

La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).

La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.

Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.

Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.

En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.

Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.

Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.

La voz de los marginados

Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.

Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.

“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”

En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.

Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.

Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.

Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.

En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.

La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.

Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.

Proyectos de vida y niñas violadas

Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.

Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.

En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.

El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.

Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.

En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.

En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.

Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”

Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.

El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.

En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.

“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.

Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.

El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.

En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.

La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.

El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.

Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.

Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.

Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.

Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.

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#NiUnaMás

La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía

Publicada

hace 5 días

16/11/2024

Por Flavia Delmas

Este lunes y martes se desarrollaron las audiencias en el marco del jury que se le lleva adelante a los jueces Facundo Gómez Urso y Pablo Viñas –suspendidos desde hace tres años– acusados de mal desempeño en el primer juicio por el femicidio de Lucía Pérez. Uno de los principales interrogantes del debate fue acerca de la perspectiva de género y por qué es una obligación de los jueces aplicarla.

Comencemos por desglosar los términos:

Perspectiva refiere a un punto de vista que debe tener el magistrado para evaluar las pruebas del caso.

Género refiere a las relaciones de poder entre personas de diferente sexo.

La noción de perspectiva de género nos habla de la vida cotidiana, ya que somos seres que se relacionan en un determinado contexto sociohistórico. Es por ello, por su cotidianidad y su raigambre histórica, que las llevamos adelante con naturalidad, sin advertir cómo operan las diferencias y desigualdades. Naturalizamos estereotipos que pre-juzgan: las personas debemos ser de tal o cual manera y ajustarnos a determinadas normas. Corrernos de esas reglas implica castigos sociales. Así se instalan mitos, como por ejemplo el del amor romántico por el cual el sapo se transforma en el príncipe azul o el de la pollerita corta que justifica la violencia. Un mecanismo que tiene consecuencias concretas: transitar de noche para un varón no es lo mismo que para una mujer, tampoco tienen las mismas oportunidades de acceso a trabajos y mucho menos a los niveles de poder.

La perspectiva del pre-juicio al banquillo: por qué el Poder Judicial debe mirar las causas de femicidio con los ojos de Lucía

Momento de la declaración del lunes pasado: Guillermo, el padre de Lucía Pérez, habla ante el jury de enjuiciamiento. Lo observan los jueces acusados. A la izquierda de la imagen, Pablo Viñas, y a la derecha, Facundo Gómez Urso. El fallo que dictaron en 2018 fue anulado por su falta de perspectiva de género. En la foto principal, Marta Montero, la madre de Lucía, habla frente a jury convocado en la ciudad de La Plata.

En nuestra sociedad no son las mismas expectativas y oportunidades para un varón que para una mujer. Estas diferencias desigualadoras, al decir de Ana María Fernández, se tornan trágicas en algunas circunstancias porque alimentan el sistema patriarcal cuya forma de supervivencia es la violencia.

Ahora bien, ¿pueden los jueces omitir diferencias como el sexo, la edad, la posición que ocupan las personas en la relación que entablan y que llevan, en este caso, a Lucía Pérez Montero a perder la vida?

La respuesta es la ley: no pueden.

Los narco femicidios

Estos jueces, Viñas y Gómez Urso, tuvieron que discernir qué había sucedido entre una niña adolescente de 16 años, estudiante secundaria, y dos personas mayores –uno de 23 años y otro de 41 años– que vendían estupefacientes en la puerta de su escuela. Es decir, dos hombres pertenecientes a una banda criminal que buscaba captar niñas adolescentes para el consumo. La invisibilidad de lo evidente, el afán de extirpar las jerarquías y los estatus que se desplegaron en esas apenas 24 horas previas al femicidio, es una de las principales operaciones de poder que se han producido en el juicio acontecido en Mar del Plata en 2018.

Sin lugar a dudas este caso es paradigmático ya que devela un tipo de femicidios que nada tienen que ver con los más extendidos en nuestro país: los de violencia doméstica. Esto implicaba un desafío para los jueces: producir la distinción de un fenómeno creciente, que es el NARCO FEMICIDIO. A partir de este caso, pudimos dar cuenta de otras situaciones en las que bandas criminales captan a niñas, adolescentes y jóvenes a través de la venta de estupefacientes, generando relaciones de poder y deudas que obligan a pagar con dádivas sexuales, violencia sexual o explotación sexual.

Ante este desafío, los jueces acusados en el jury tomaron el atajo corto: culpar a la víctima.

La ignorancia

Comencemos a repasar algunos de los tramos significativos en las audiencias del juicio a los jueces Viñas y Gómez Urso, acerca del entendimiento de la perspectiva de género.

María Elena Naddeo, en su intervención experta durante el jury acerca de los derechos de niñas, niños y adolescentes, dirá que la presentación del amicus que realizaron desde la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) se debió al “bochorno que implicaba la sentencia (…) que desconocía totalmente la Convención de los Derechos del Niño, que desconocía el plus de protección especial que requería”. Es decir: la perspectiva de los jueces debía ser la que dictan los tratados internacionales con jerarquía constitucional: tutelar a Lucía. También aseveró que en este caso“lo grave que vimos es un proceder que niega la existencia de las violaciones al poner el consentimiento como si fuera parte de la aceptación de la violencia (…). Fue una sentencia absolutamente parcial”.

El abogado Esteban Viñas –primo hermano de uno de los jueces imputados e integrante y miembro honorario de la Red de Jueces Penales– al ser interrogado por los abogados de la acusación, respondió:

¿La vida sexual de una niña es un elemento decisivo a la hora de resolver un delito sexual?
Entiendo que no (…).
¿Usted entiende que las garantías y los estándares internacionales en materia de los derechos de las mujeres y de los niños deben ser aplicadas, son obligatorias?
Desde luego que sí (…).

Luego deviene una pregunta llamativa de la abogada defensora de Viñas y Gómez Urso

Si el tribunal consideró que no se verificaba violencia de género ¿debe aplicar perspectiva de género?

Radica en esta formulación la cuestión nodal, ya que es un gravísimo error considerar que la perspectiva de género puede ser posterior a decidir si hubo violencia de género. ¿Por qué? Porque para delimitar qué pasó es necesario indagar los hechos con esa herramienta conceptual, algo que los jueces Viñas y Gómez Urso evitaron por completo.

Durante las audiencias de ese primer juicio que hoy está en el banquillo quedó claro que los jueces escucharon a testigos y evaluaron las pruebas sin esa obligatoria perspectiva. Así lo testimonió en el jury la experta Laurana Malacalza:

“En el momento de la declaración (…) recuerdo una vehemencia muy particular de parte del Tribunal mientras exponía el concepto de perspectiva de género. Me preguntaron si esos conceptos que estaba emitiendo los había inventado yo o los había sacado de algún lugar. Por supuesto esto me llamó muchísimo la atención, porque suponer que yo había inventado el concepto daba cuenta de un gran desconocimiento (…). Fue el doctor Viñas, específicamente, quien le preguntó a la secretaria si ella se sentía así, subordinada, dominada. La secretaria estaba justo sirviéndole un café. Respondió: ‘no, para nada’. Y él me dice entonces ‘en esa sociedad que usted describe las mujeres no se sienten identificadas. De hecho, tenemos una gobernadora y una presidenta mujer”.

La culpabilidad de la víctima

En ese primer fallo que hoy está en el banquillo el nombre de Lucía Pérez aparece 164 veces,en tantoPablo Offidaniapenas 33. Para llegar a la conclusión de la ausencia de abuso o violación sexual seguida de muerte, debieron realizar una operación de inversión de sentido: crear lo que conocemos como la figura de “la mala víctima”: una mujer dominante, no dócil. También tuvieron que “lavarle la cara a los victimarios”: crear la ilusión de una situación idílica que unió a la víctima con sus victimarios.

La defensora de Farías, María Laura Solari, declaró durante el jury que Lucía era: “Una persona muy alegre, muy dedicada a su estudio, prácticamente con una asistencia perfecta al colegio, muy cuidada inclusive muy contenida por su familia, con mucho diálogo con su hermano, una joven con proyectos, con muchas ganas de vivir (…) No tenía un consumo problemático”.

Sin embargo, en la sentencia los jueces la describirán de la siguiente manera:

“Lucía distaba mucho de ser sumisa. Tenía relaciones sexuales con quien y cuando quería (…) Soberbia y orgullosa”.

Durante la segunda jornada del jury se produce este diálogo en el interrogatorio del abogado de la acusación a Laura Solari, defensora de Matías Farías:

Abogado: ¿Usted recuerda haber preguntado sobre la vida sexual de Lucia?

Dra. Solari: Si, si

Abogado: ¿Esas preguntas fueron objetadas por el tribunal?

Dra. Solari: No, porque no las objetó la parte.

El mito del amor romántico

El conocimiento de Farías con Lucía fue de 24 horas, “una relación de conocimiento incipiente”, dirá el juez Viñas. Según surge en el primer juicio, Farías tenía al menos dos relaciones anteriores en Mar del Plata. La primera, con una mujer con 5 hijos. El sexto es de Farías y nació con una discapacidad. Offidani declaró que era su padrino. Ahora está a cargo de su tía. Los otros cinco quedaron a disposición del juez de menores, dado el contexto de abandono familiar en el que se hallaban. La segunda pareja es una joven que fue recordada en las audiencias por la enfermera que estaba a cargo de la sala de salud el día que llevaron ahí el cuerpo de Lucía. La recordó al preguntarle los jueces, como es rutina, si conocía a alguno de los imputados. La enfermera señaló a Farías: “Lo conocí cuando llevó a la salita a una chica a parir. No somos una sala preparada para eso. La chica además llegó al parto sin ningún control durante el embarazo”.

A los jueces esos antecedentes de relaciones marcadas por el abandono, el consumo problemático y las consecuencias en la salud y la vida de las mujeres y niños implicados no les pareció un contexto significativo para evaluar la conducta previa de los implicados. ¿Por qué? Porque los jueces tuvieron una perspectiva: la mirada pre-juiciosa de la discriminación.

Es esa perspectiva discriminatoria la que les impidió ver lo evidente: ser una niña-adolescente y sufrir una muerte violenta no constituyó para ellos un delito.

En febrero de este año la Corte Suprema bonaerense aprobó una Guía Práctica para que jueces y juezas apliquen la perspectiva de género. Cita el fallo que anuló la sentencia que dejó impune el femicidio de Lucía Pérez y, entre otras directivas, señala: “la estereotipación debe ser desarticulada” porque “trae como consecuencia la negación de un derecho, la imposición de una carga mayor o degradación, provocando de ese modo la perpetuación de prácticas que entrañan violencia y discriminación desde el Poder Judicial, pudiendo caer en violencia institucional. Por eso, al momento de decidir sobre un caso no sólo deben ser suprimidos, sino que al observarse su utilización esa práctica debe ser señalada y sancionada”.

Que así sea.