Sigamos en contacto

Nota

Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Con pruebas colectadas por el Proyecto X, la justicia de San Martín – célebre por validar la obediencia debida y la ley de punto final en 2004- avanza contra seis trabajadores y delegados de las multinacionales Kraft y Pepsico en dos causas elaboradas alrededor de acciones de protesta en reclamo de reincorporación de despedidos y mejoras salariales.
Según pudo confirmar lavaca están imputados del delito de  corte de ruta, usualmente usado para criminalizar las manifestaciones, Javier Hermosilla (de la comisión interna de Kraft, por 10 hechos), Leonardo Norniella (despedido en el conflicto de 2009 de Pepsico, 3 hechos), Lorena Gentile (comisión interna de Kraft, 2 hechos), Ramón Bogado (de Kraft y ex integrante de la comisión interna, imputado en 5 hechos), Jorge Penayo (de Kraft, integrante de la anterior comisión interna, 2 hechos) y María Rosario (actual trabajadora e integrante de la anterior comisión, 2 hechos).
De cada uno, Gendarmería hace una detallada descripción de sus movimientos, influencias y acciones durante manifestaciones en 2009 y algunas del 2010 y 2011, en distintos informes pertenecientes al Proyecto X. Las causas contra los trabajadores (n° 481/2009 y n° 620/2010) fueron elevadas recientemente a juicio oral mientras que la denuncia contra el espionaje ilegal de Gendarmería está en plena etapa probatoria.

Botones de muestra

El Proyecto X, así revelado por el propio ex jefe de Gendarmería Héctor Schenone, es un software de Gendarmería Nacional que reúne informes de todo el país desde, al menos, 2004 hasta 2012, referidos a movimientos sociales, gremios, partidos políticos, madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos, padres y madres de las víctimas de Cromañón, referentes villeros y centros de estudiantes. Contiene desde perfiles de líderes sindicales –detallando la dirección, el estado civil y la capacidad de convocatoria- hasta crónicas sobre reuniones preparatorias de marchas en reclamo de la desaparición de Julio López. En casos como el del sacerdote José María Dipalola, el Padre Pepe, lo cataloga como simpatizante del Partido Obrero, lo cual indicaría que debe moderarse el flujo de alucinógenos entre gendarmes y agentes curiosamente llamados de “inteligencia”. El alcance total del Proyecto X es indeterminado ya que sólo se conoce la información de las personas denunciantes, la cual basta para constatar su ilegalidad.
Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechosCriminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos
En Argentina, las tareas de inteligencia se encuentran reguladas por la Ley 25.520, que define en su artículo 2 como “inteligencia” a “la actividad consistente en la obtención, reunión, sistematización y análisis de la información específica referida a los hechos, amenazas, riesgos y conflictos que afecten la seguridad exterior e interior de la Nación”.

No espiarás a tu prójimo

En el artículo 4 de dicha ley se establecen límites precisos e imperativos a lo que está vedado en ese ámbito:
“Ningún organismo de inteligencia podrá:

  1. (…) cumplir, por sí, funciones policiales ni de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
  2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
  3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
  4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial”.

 
Por último, en materia legislativa, en la causa n° 12.144/200 la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala IV, detectó que la Policía realizaba informes sobre organizaciones sociales y políticas y determinó en la Resolución 38/2003 “Organismos de inteligencia de las Fuerzas de Seguridad Policial” prohibir esas tareas por considerarlas “ilegales”.

A quién investigan

El Proyecto X viola todas estas normas. No existe ningún aval judicial que motive y justifique la infiltración de la Gendarmería Nacional en organizaciones sociales de cualquier tipo. Al contrario: la información recaudada de ese modo ilegal y clandestino se va “blanqueando” en diversos expedientes judiciales, “unas veces de un modo velado, y otras en forma absolutamente burda”, precisa la abogada Myriam Bergman, quien descubrió junto a colegas del CeProDH (Centro de Profesionales por los Derechs Humanos) la utilización de esos informes en causas contra sus representados.
Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

Más info

Un ejemplo revelador es el de Javier Hermosilla, de quien la Gendarmería Nacional informa de manera especial en la “situación 200645AG009 160/170” perteneciente al Proyecto X:
“Datos de interés: se observó que Hermosilla (miembro de la comisión interna de Kraft Foods Argentina Ex-Terrabusi, y quien estaría alienado al partido obrero (po), proyecta su incidencia sobre el resto de los trabajadores que se refleja en:

  • de coordinación de las medidas de fuerza (aceptó liberar un carril sobre la Panamericana en sentido hacia Capital Federal) .
  • fue quien mejor explicó el conflicto a los MM CC SS” (se refiere a los medios de comunicación).

Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

La gendarme Calisaya

Esta información era almacenada y analizada en lo que la Gendarmería Nacional llama Centros de Reunión de Información, cuyo software principal tenía base en el edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro. Allí llegaban los informes provenientes de distintas partes del país y se reunían según “archivos”. Los datos almacenados se usaban entonces como fuente de consulta, seguimiento y desarrollo de las actividades de las organizaciones y de los líderes sindicales, tal cual comprobaron los abogados del CeProDH que lo plantearon en su denuncia del siguiente modo:
“La Gendarme Calisaya declara que: “luego lo aclaró a través de la base de datos con que cuenta la fuerza en la cual se desempeña, dado que no era la primera vez que el nombrado encabezaba un corte.
(…) Lo que nos permite concluir que las identificaciones no son llevadas a cabo por un gendarme en particular, sino que son llevadas adelante a partir de las “bases de datos” ilegales con que cuenta la fuerza”.

Te estamos filmando

En este sentido el proceso de uso de la información concluía con una “selección” del material para un objetivo concreto: “de la causa 481/09 surgen fotografías y videos aportados por la Gendarmería Nacional, en las que se le realizan primeros planos a militantes de derechos humanos reconocidas como Elia Espen (Madre de Plaza de Mayo) y María Victoria Moyano Artigas (hija de desaparecidos y nieta restituida por Abuelas de Plaza de Mayo y miembro del Centro de los Profesionales por los Derechos Humanos) como participantes de la manifestación. Ellas jamás han sido citadas en una de las tantas causas en curso lo cual también indica que no solo se reúne la información obtenida de las manifestaciones sino que se la clasifica y selecciona”.
El factor común en esa clasificación se centra en la “pertenencia política” de los perseguidos: “Parece que más que la acción concreta, lo que procuran describir a la perfección es la pertenencia política de cada uno”, denuncia la causa presentada por CeProDH y otros organismos.

Personal “de civil”

¿Cómo recaudaba la Gendarmería estos datos para elaborar los informes?
En 2007 la Dra. Marcela Perelman del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) elaboró un informe llamado La regulación de los operativos de seguridad en el marco de las manifestaciones públicas que indicaba la presencia sistemática – no sólo frecuente- de personal vestido “de civil” en las manifestaciones públicas: “Resulta paradigmático el ejemplo de la presencia de personal de seguridad sin uniforme en la zona controlada por un operativo. El hecho de que estos funcionarios pertenezcan o no funcionalmente a áreas de inteligencia no despeja la ambigüedad respecto del tipo de tareas que desarrollan (…). La presencia de personal vestido “de civil” en las manifestaciones es una práctica frecuente, sino sistemática, de los operativos. Esto se desprende de diferentes expedientes judiciales y de las observaciones presenciales del equipo participante del proyecto “Derechos Humanos e intervenciones de instituciones de seguridad en el contexto de manifestaciones públicas”.

A la marcha con el cabo

Los informes del Proyecto X explicitan esta práctica alertada por Perelman y el CELS en boca de los propios gendarmes. En la causa 481/09 (fs. 441/443) el gendarme Raúl Ernesto Sheurman, relata que fue designado con otro miembro de la fuerza, el Cabo Sanabria, para ir a una manifestación y transcribe: “nuestra función allí es solamente observar quiénes están en el lugar, hablar con la gente para saber el motivo del corte, mientras que todo lo referente al restablecimiento del tránsito se encarga el Escuadrón de Seguridad Vial… que vamos al lugar vestidos de civil para mezclarnos entre la gente y determinar quiénes son los que hablan por los altoparlantes, ver quiénes son los organizadores”.

Fotos con celu

En la causa 620/2010 otra gendarme describe el mismo tipo de infiltración: “pudo observar que había tres personas, claramente identificables que evidenciaban ser los cabecillas, dando indicaciones a los manifestantes y siendo entrevistados por medios periodísticos que allí se manifestaban. Por tal motivo, encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud, de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando entre las personas que se manifestaban, el nombre de los cabecillas, obteniendo los datos de los imputados, Gentile, Norniella y Coria”.
Además de esta caza de datos sobre los líderes sindicales, sus movimientos, la descripción de la marcha, la Gendarmería incluía en los informes fotos y videos de los asistentes. En otro expediente se revela que “la baja calidad de las tomas fotográficas se debe a que se hacen por medio de teléfonos celulares”, para no ser descubiertos.

“Prensa independiente”

¿Cómo se presentaban los gendarmes para entablar conversaciones en la manifestación y acercarse a los delegados?
En la causa 481/09 que tramita en el juzgado de Tres de Febrero, en uno de los videos aportados como prueba y filmados por la Gendarmería Nacional se escucha la siguiente conversación:
Persona 1: Yo soy delegado de la fábrica, quería saber de qué medio sos, porque los compañeros tienen dudas.
Persona 2: Prensa independiente amigo.
Persona 1: No, decime donde porque si no te sacamos a la mierda.
Persona 2: Yo me voy solo, no te hagas drama.
Persona 1: Bueno, ándate.
La careta del “periodista” para acercarse a los manifestantes merece un debate profundo sobre la manipulación de la profesión como excusa de la inteligencia estatal, en la dimensión que merece la infiltración durante 10 años del oficial Américo Alejandro Balbuena en la agencia Rodolfo Walsh.
Muchos de los informes reportan de esta manera informativa el desarrollo de situaciones gremiales como seguimiento de un tema. Así se lee en el Expte. 481/09 del Juzgado Federal de Tres de Febrero: “Señora Juez: Informo a V.S. que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 11:50 hs., utilizando el aparato de telefonía celular nro. 011-154-971-9606 me comuniqué con el Comandante de la Gendarmería Nacional Cristin Rodríguez (tel. 15-3-210-0184), a efectos de verificar cualquier tipo de novedad que pudo producirse desde la última comunicación mantenida en el día de ayer, ante lo cual refirió que si bien mediante las negociaciones desarrolladas ante el Ministerio de Trabajo no se arribó a un acuerdo entre las partes, pudo saber que el gremio se encuentra dividido en dos sectores, uno “radicalizado” y otro “más componedor”. Que este último sector mantuvo conversaciones hasta últimas horas de la tarde de ayer, llegándose a un principio de solución producto de la aceptación de reincorporación del 50% del personal despedido por la Empresa en cuestión”.

6 megabytes

Del edificio Centinela de Campo de Mayo se extrajeron 6 megabytes de documentos del mismo tipo, con información sensible de movimientos sociales, partidos políticos de izquierda, gremios, organizaciones estudiantiles.
Se estima que el alcance de la inteligencia – confirmado desde 2004 hasta 2012 y a nivel nacional- es mucho mayor y mucho peor. Irregularidades en los peritos a cargo de Oyarbide y extraños movimientos de “backup” informativos aumentan la sospecha, y la paranoia.
La historia que cuenta Myriam Bregman a lavaca acerca de cómo se destapó esta olla lo demuestra.

La lluvia de causas judiciales

“Desde el CeProDH veníamos representando a los trabajadores de Kraft y Pepsico y empezamos a notar que de un momento a otro, año 2009 en adelante, empiezan a llover causas judiciales”.
“Primero empezamos haciendo planteos a la justicia federal de San Martín y de San Isidro para ver de dónde venían las causas, porque nos preguntábamos de dónde salía la información que ellos incluían en el proceso. Trabajadores como Lorena Gentile – de la comisión interna de Kraft- iban a solidarizarse con los compañeros del frigorífico Rioplatense y aparecía ella procesada. Era evidente que había un ensañamiento y sabían dónde estaba y qué estaba haciendo cierta gente”.

El modus operandi

Bregman agrega: “Cuando ya se empiezan a acumular varias causas – en el caso de Javier Hermosilla de Kraft llega a tener 16 causas penales- pudimos trazar un modus operandi de cómo se armaban estas causas, empezar a ver patrones comunes. Y en el 90% de los casos todos los informes en los cuales se basaban los jueces provenían de la Gendarmería Nacional”.
“Esos informes eran informes escritos y en los cuales la terminología era claramente de inteligencia: para referirse a los dirigentes sindicales hablaban de ‘cabecillas’, terminología propia de la dictadura militar que los que hemos actuado en causas de lesa humanidad conocemos muy bien. Incluso el organismo que proveía esto se llamaba Centro de Reunión de Información, que es el mismo nombre que usaba el Batallón 601 para las unidades de espionaje que tenía la Bonaerense en la dictadura”.
“Además se incluían fotos y videos, que mostraban a otra gente que estaba en el corte pero no era procesada. No había una cosa objetiva, había una selección y una decisión de escritorio sobre a quién se iba a imputar y a quién no”, dice la abogada.

La denuncia

Con los datos que pudieron reunirse y el acompañamiento de muchos organismos de derechos humanos (La Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Nora Cortiñas y Lidia Espen de Línea Fundadora, CORREPI) el CEPRODH presentó una denuncia el 22 de noviembre de 2011. Bregman: “Decíamos que para nosotros había una red de espionaje, que temíamos que se extendiera al resto del país. Y que había un claro objetivo de perseguir a las comisiones internas combativas – opositoras a los gremios oficialistas y oficiales-. Pedimos también que se allane Campo de Mayo (el Centro de Reunión de Información) y que se tomen medidas urgentes sobre el edificio Centinela para recabar toda la información y los videos que aparecían en las causas”.

La confesión de Schenone

La abogada explica que la denuncia original recayó en el juzgado federal n° 7 de Norberto Oyarbide: “Nos tomó como querellantes rápidamente pero tardó nueve meses en allanar Campo de Mayo. Ya en febrero, cuando se levantó la feria, el jefe de Gendarmería Héctor Schenone levanta un oficio que le había mandado el juez diciendo que no tienen ningún sistema de espionaje y que sí tienen tres sistemas de datos. Uno se llamaba Sistema de Gestión Operativa, otro SAG, que fundamentalmente eran dos bases que compilan la información de los pasos fronterizos y un registro de autos con pedido de secuestro. Y dice que hay un tercero que es “Project X”, dando explicaciones muy dudosas sobre en qué consistía, por lo que todas nuestras miradas se dirigieron a eso”.
Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

El perito de la SIDE

“En el medio, el Oyarbide pidió que se incorpore un perito de la SIDE de identidad reservada en todas las pericias –relata Bregman-. Esto es algo inexplicable, absolutamente ilegal, porque lo que estaba haciendo es hacernos contra-inteligencia para monitorearnos. Yo hasta que los informes de los peritos no está en el expediente judicial, no me entero de nada. Pero la SIDE tiene inmediato conocimiento”.

Allanamiento secreto en helicóptero

La abogada Bregman destaca otro aspecto: “La manera en que Oyarbide realizó las pericias hizo que gran parte de la información tuviera que volver a ser peritada (por el ahora juez Cassanello). La primera vez que fue a Campo de Mayo lo hizo en helicóptero, una forma llamativa de llegar a un lugar para un allanamiento que nadie debe conocer de antemano. Además, tres días antes salió en Ámbito Financiero que Oyarbide iba a allanar esa sede por Proyecto X. Cuando llegaron a Campo de Mayo lo que hizo la Federal fue solamente copiar los títulos de los archivos que había en las computadoras del Centro de Información. Esto parece un chiste de mal gusto, pero es la realidad. Ni siquiera le llamó la atención un archivo que se llamaba ‘operativos hechos sin orden judicial’, aunque parezca mentira”.
Criminalización: con el Proyecto X reúnen pruebas para acusar a seis trabajadores por reclamar sus derechos

El precinto de Garré y la desmentida de Cristina

“A partir de esto la ministra Garré hace una conferencia diciendo que el sistema era obsoleto y que sólo se trataba de un software –detalla Myriam Bregman-. Y manda a precintar el lugar donde estaba el sistema, es decir el edificio Centinela. Al poco tiempo hay una conferencia de la Presidenta donde desmiente a Garré: dice que el Proyecto X se está usando y es sumamente útil, y que se acababa de encontrar a un camionero que traficaba drogas gracias al Proyecto. Esto tiene un problema, porque si estaba precintado – nosotros vimos las fotografías- no se podía usar. Además, si se usaba para detener camioneros, ¿por qué aparece Norta Cortiñas en el Proyecto X? Fue claramente una arenga política de defensa de la fuerza, un mensaje de aval ridiculizando lo que había dicho Garré”.
“En septiembre de 2012 descabezan a la cúpula de la Gendarmería Nacional”.

Trabajadores a juicio

Sobre la causa contra los trabajadores, dice Bregman: “En este momento están todos los peritos trabajando, la causa está en completa etapa probatoria y va a seguir avanzando. Pero al mismo tiempo el viernes 28 de junio la justicia federal de San Martín citó a varios trabajadores de Kraft para que se notifiquen de la constitución del tribunal que los va a juzgar. O sea que estamos próximos a juicio oral por causas basadas en el Proyecto X, del cual todavía no se sabe su alcance y la justicia no sentenció”.
“Lo que estamos seguros es que ya con lo que está en la causa, se confirma que hay un sistema instalado a nivel país. Tenemos la información de todas aquellas personas que fuimos las que denunciamos. Con ese poquito se encontró muchísimo: informes de distintos lugares del país que abarcan desde Salta hasta Chubut, Comodoro Rivadavia, Córdoba, Neuquén, distintos gremios, partidos políticos, organizaciones sociales. Todavía no tenemos dimensión real del alcance”.
“Queremos hasta la última prueba que la Gendarmería tiene y por supuesto la destrucción, no queremos que esa información siga estando en manos del Estado”.

La designación de Milani

El nombramiento de César Milani al frente del Ejército Nacional ha motivado el repudio y denuncias de distintos organismos que plantean su actuación turbia en la última dictadura militar.
Fue el propio Arturo Puricelli, actual ministro de Seguridad, quien desde el frente de la cartera de Defensa remitió el legajo de Milani a un fiscal de Tucumán que investiga los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en el Operativo Independencia. En el legajo de Milani se constató que era subteniente especializado en inteligencia en el Batallón 601 de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja, pero en comisión en Tucumán.
La causa – que fue archivada en marzo – investiga entre otras la desaparición del soldado Alberto Ledo, quien es señalado como el “asistente personal” de Milani en 1976. Ledo militaba por su parte en agrupaciones de izquierda. Uno de sus compañeros, Enrique Vergara, militante del peronismo de La Rioja y ex preso político, declaró: “Ledo desaparece en una de las tantas rondas que hacía el operativo, al mando del capitán de apellido Sanguinetti, también con destino en La Rioja pero trasladado a Tucumán (…) Nunca Milani ni el Ejército dieron explicaciones de cuál ha sido el destino de Ledo. Han querido esconder el crimen, diciendo que Ledo había desertado de las filas” (Fuente: La Prensa).
Por otra parte el ex soldado Álvaro Illanes declaró que en 1976 Milani “hacía interrogatorios de inteligencia” a los conscriptos en La Rioja, y confirmó a Ledo como el “asistente personal de Milani”. Sin embargo explica otras circunstancias en su desaparición: el 16 de junio: “Me contaron que salió al monte a patrullar solo con suboficiales y oficiales. Al día siguiente, a las 7 de la mañana al hacer la formación de tropa y Molina anuncia que Ledo había desertado con todo su armamento” (Fuente: Clarín).
Myryam Bergman suma otra cuestión sobre Milani: “En la causa sobre el Batallón 601 que incluye a Gerardo Martínez, el juez le pregunta al Ejército cuál es el legajo de Martínez y si tuvo participación. El que contesta es Milani, diciendo que se tenga mucho cuidado, que es un expediente reservado y que no se dé a conocer ese legajo. Es decir que planteó toda una política de protección hacia Martínez”.

El espionaje federal: caso Balbuena

Myriam Bregman también es abogada patrocinante de la Agencia Walsh por el caso de Américo Balbuena, el oficial infiltrado durante diez años en la agencia de noticias.
Su caso ha quedado aislado de todo sistema de inteligencia o infiltración, como si Balbuena hubiese actuado por cuenta propia. Lo cierto es que su causa avanza a demostrar una red similar al Proyecto X en la Policía Federal. “Está en plena etapa de pericias”, cuenta Bregman. “El juez Torres actuó con gran celeridad y allanó rápidamente el lugar donde Balbuena supuestamente reportaba”.
Por qué no es un hecho aislado: “Balbuena se mostraba públicamente, tenía contacto con todas las organizaciones, todos lo conocemos, siempre intentaba ir a la casa de las personas que entrevistaba, se movía de una manera que ahora nos damos cuenta… eso que parecía casi tonto e ingenuo era parte de su trabajo”.

El sistema

Tantas casualidades indican una sistematicidad, desde los distintos ámbitos, aparatos y carteras de seguridad del gobierno: Gendarmería Nacional, policías municipales, SIDE, Ejército. Y desde las propias palabras de los funcionarios avalando estas prácticas: Cristina Fernández, Aníbal Fernández, Nilda Garré, Sergio Berni.
El régimen de vigilancia de Argentina tiene un Estado cada vez más agresivo, no solamente por el solapamiento de estos graves casos de infiltraciones, control y criminalización, sino revelado también por sistemas informáticos recientemente aplicados de identificación de personas: desde la tarjeta SUBE hasta el nuevo sistema biométrico de identificación (Sibios), un programa que permite incorporar a los pasaportes un chip electrónico con datos personales, huellas dactilares e imágenes faciales.
Los progresos técnicos facilitan así lo que parece ser una tendencia a nivel global, pero que en Argentina se dio en los últimos años de manera particular, no sólo desde el estado nacional sino también desde gobiernos municipales (el jefe de gobierno Mauricio Macri procesado por escuchas telefónicas, Ciro James, el “Fino” Palacios, etc.).

Nota

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases

Publicada

el

ley bases
Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

Detenciones ilegales y acusaciones falsas. Patadas, palazos y balas de goma. Mujeres esposadas 15 horas en camionetas y pasillos, humilladas al ser desnudadas en celdas abiertas. Carceleros que tiran gas pimienta a los varones estando presos. Estas son algunas de las denuncias que exdetenidxs en la Ley Bases comunicaron en conferencia de prensa en el Serpaj, donde pidieron por la liberación de las cuatro personas detenidas, el rechazo a las apelaciones del fiscal federal Carlos Stornelli y el pedido de cierre de todas las causas. Además convocaron para este viernes una concentración con un festival en Plaza de Mayo, a un mes de la cacería, de 15 a 19.30 horas. Cómo viven hoy quienes estuvieron presos y qué dicen los abogados: “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad”. Y la voz de Emilia, pareja de Daniela, detenida: “Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

Por Lucas Pedulla

Gabriel Famulari tiene 41 años y está sin documentos. Saca de su bolsillo el papel que le dieron en los tribunales federales de Comodoro Py para su reemplazo: una hoja A4 doblada en cuatro partes que dice “Acta de excarcelación”. Hace casi un mes fue detenido en la cacería que el Gobierno desplegó con cinco fuerzas de seguridad distintas durante las protestas de la Ley Bases, y fue liberado por falta de mérito -es decir, por falta de pruebas- cinco días después por decisión de la jueza María Servini. Sin embargo, es una de las siete personas a quien el fiscal federal Carlos Stornelli apeló la excarcelación. No se enteró por su abogado -un letrado de la Defensoría oficial- sino por un mensaje de WhatsApp. 

“Stornelli apeló mi libertad”, dice Gabriel a lavaca una vez concluida la conferencia que la Coordinadora Por La Libertad de lxs Presxs de la Ley Bases convocó en el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), para exigir la liberación de las cuatro personas que siguen detenidas: Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Cristian Valiente y Roberto de la Cruz Gómez. Piensa Gabriel sobre esa apelación, que pesa sobre otras seis personas exdetenidas: “Somos nosotros como podría ser cualquiera, pero puntualmente somos gente que no está enrolada en organizaciones. Así hay más saña y por ahí piensan que, quizá, no tengas gente que salga a defenderte”.

Cuenta que, cuando lo llevaron al penal, en uno de los “interrogatorios ilegales” le preguntaron si estaba en alguna “orga”, de dónde era, en qué partido militaba. “Me rodearon un montón. Ese maltrato fue sistemático, porque te preguntaban siempre que podían. Y les dije: ‘Sabés que soy un perejil, porque si militara en algún lado ahora habría 500 personas afuera’”. Gabriel no milita en ninguna organización o partido, y el 12 de junio había ido tarde porque sabía que la ley se votaría de madrugada. “No estuve ni cuando tiraron los piedrazos. Sólo filmé una persona que estaban deteniendo en situación de calle. De hecho me subo a la vereda, tal como ordenaron los policías que estaban por la zona, y cuando me doy vuelta, sobre Callao, a media cuadra del Molino, escucho que dicen ‘ahora, ahora’, y me agarran por la espalda”. 

Desde entonces no recuperó su DNI. En el penal le dijeron que estaba en la comisaría 28 y en la comisaría 28 le dijeron que estaba en el penal. “En la 28 protesté y, a los 10 minutos, vino alguien que me dio mi tarjeta de débito y mi SUBE, que estaba todo junto en la billetera junto con el documento. Ya no sé qué pensar”, dice, y es tan sólo una de las historias cuyas vidas cambiaron para siempre hace un mes, tras 33 detenciones al voleo.

Cuatro de ellas todavía siguen detenidas. 

Detenciones injustificadas, golpes, humillaciones y persecución: la grave denuncia de las personas detenidas en la cacería de la Ley Bases
El flyer de convocatoria para el festival del viernes.

La barbaridad jurídica

La última persona liberada fue Facundo Gómez, el vendedor de cafés de Plaza Serrano (Palermo), a quien detuvieron mientras estaba hablando con su mamá. La noticia se conoció el jueves pasado, minutos antes de que comenzara la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, que fue masiva. Al mismo tiempo las partes se notificaron de los rechazos de las otras cuatro excarcelaciones. La decisión la tomó la Cámara de Apelaciones con los votos en contra de Martín Irurzun y Eduardo Farah. “Los votos tienen nulo fundamento técnico-jurídico”, dice a lavaca Daniel Vázquez, abogado de Daniela. “El fallo dice, en líneas generales, que tanto ella como los que quedan presos podrían entorpecer la investigación estando libres. Planteamos que es una barbaridad. Los detenidos están en un penal, la totalidad de la prueba instrumental y documental son de cámaras del Gobierno de la Ciudad y medios masivos. No hay ningún elemento de prueba que pueda ser entorpecido por los detenidos”. El único juez que votó a favor fue Roberto José Boico.

Las partes tienen 10 días para apelar ante la Cámara de Casación Federal. “No hay elementos jurídicos para sostener esta barbaridad -sostiene Vázquez-. Es la expresión de un gobierno ultraderechista con prácticas violatorias de la Constitución y los tratados internacionales. Lo estamos afrontando en las calles y, jurídicamente, en los tribunales”. El abogado también defiende a Sofía Ottogali, la primera de las liberadas, otra de las apeladas por Stornelli. “La fiscalía no fundamentó absolutamente nada. No hubo ningún planteo nuevo, ni siquiera un adorno”. Todos los abogados ya presentaron los memoriales por sus represantados y representadas, que fueron elevados a la Cámara. “Podría y tendría que resolver hoy, pero tiene la potestad de tomarse cinco días”, dice Claudia Leaños, abogada de Sasha Lyardet, la joven estudiante de la UNSAM, otra de las apeladas. 

Estos atropellos fueron presentados por familiares y exdetenidxs en el Serpaj, acompañados por organismos, legisladores y diputados de la izquierda y del peronismo. Otra de las que habló fue Emilia, pareja de Daniela y compañera en el MTR-Votemos Luchar (Movimiento Teresa Rodríguez): “Tuvimos la posibilidad de verla, y a pesar del contexto de mierda, la compañera está fuerte, entera, pero lo que principalmente la sostiene es que está organizada. Luchar no es un delito y estar organizados, tampoco”. 

A Daniela la acusan de quemar bicicletas del gobierno de la Ciudad, aunque Emilia explicó a lavaca que esta acusación es falsa y dio su versión de los hechos. David Sica está en situación de calle, y lo acusan de pegarle a una policía, cargos que él negó. Roberto de la Cruz Gómez es empleado de una panadería, lo acusan de tirar piedras, delito que también negó. El último es Cristian Valiente, trabajador de una verdulería, a quien denunciaron por tener una granada de mano, pero en realidad era un aerosol químico de los que usan las fuerzas para gasear manifestantes. Su hermano Jonathan dijo a lavaca: “Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

Las familias convocaron a una concentración con festival este viernes 12 de julio, a cumplirse un mes de las detenciones, en Plaza de Mayo. La cita es a las 15 horas y se extenderá hasta las 19.30. Habrá música en vivo con Sudor Marika, Paula Maffia, El príncipe idiota, La piba berreta, Saga.hfk, Flopa Lestani, Julio y Agosto (banda de Santiago Adano, uno de los exdetenidos) y La perra que los parió.

Compartimos el comunicado redactado por exdetenidxs y familiares, leído este miércoles en el Serpaj. 

Somos un grupo de liberadxs de los 33 detenidxs el 12 de junio en la movilización en contra de la votación de la Ley Bases.

Nos detuvieron ilegalmente, mediante acusaciones falsas y violencia brutal de la policía, con patadas, palazos y balas de goma en algunos casos. Nos llevaron a distintas comisarías y alcaldías sin decir en ningún momento cuál era la causa de detención, sin poder hablar con un abogado/a, sin poder usar los celulares, sin ver a ningún familiar, mucho menos a un médico. Desoyendo pedidos de Habeas Corpus, vulnerando nuestros derechos más básicos.

Las mujeres estuvieron/estuvimos 15 horas en una camioneta y pasaron/pasamos la noche ahí esposadas, para luego pasar el segundo día en el pasillo de una comisaría sin agua y donde la policía no les/nos dio ni un plato de comida. Cuando la causa pasó a fuero federal, las/nos trasladaron a la Unidad 29 en el edificio de Comodoro Py, las/nos desnudaron una por una en una celda a puertas abiertas donde había tránsito de gente, en lo que fue una situación de humillación más para ellas/nosotras. Las que no fueron/fuimos excarceladas el viernes 14, terminamos en el Complejo Penitenciario de Mujeres de Ezeiza.

Los varones fuimos/fueron a tres cárceles de máxima seguridad: Devoto, Ezeiza y Marcos Paz. Algunos fueron puestos contra una pared y les tiraron gas pimienta en la cara. Convivimos con ratas, cables de electricidad sueltos en habitaciones inundadas habiendo riesgo de quedar electrocutados.

Cabe destacar que en todo momento, tanto en las comisarias como en los penales, se nos preguntaba insistentemente si formábamos parte de alguna agrupación política, que habíamos hecho o si tirábamos piedras, lo que constituye interrogatorios extrajudiciales que las fuerzas de seguridad tienen prohibido por ley hacer.

Queremos remarcar la situación de ilegalidad de todas las detenciones y el contexto de violencia institucional por el que pasamos porque creemos que tiene que ver directamente con una estrategia política de este gobierno, que no somos lxs primerxs ni vamos a ser lxs últimos, pero nos preocupa ver como la criminalizacion de la protesta está en escalada. Y al mismo tiempo que aumenta la represión, nos entristece ver como vacían los espacios de memoria y de DDHH tan necesarios para nuestra historia y el fortalecimiento de la democracia.

2)

Desde que nos detuvieron sufrimos incontables delitos llevados a cabo por las fuerzas policiales y el personal del Servicio Penitenciario Federal pero ello no es nada comparado con el sentimiento indefensión que genera las irregularidades procesales de la causa por que:

No son peores las lesiones y amenazas, que los procesamientos que aún sufren David Sica, Cristian Valiente, Daniela Arredondo y Roberto De la Cruz Gomez, que siguen detenides después de casi un mes, y Facundo Gómez, excarcelado el pasado jueves.

No es peor ver las actas de detención ser llenadas horas después de las mismas y firmadas por el propio personal policial en lugar de ser firmadas por testigos, que las apelaciones de Fiscalía de las faltas de mérito de 7 personas de las que no hay ni una sola prueba.

No son peores los apremios ilegales, que la confirmación por parte de la sala del rechazo de las excarcelaciones de nuestros 4 compañeres. Todo este despliegue ilegal y antijurídico tiene un solo fin: amedrentarnos, hacernos creer que pueden hacer con nosotrxs lo que quieren.

Hoy en día toda esta estigmatización por parte del poder, desde que nos llamen terroristas que queríamos hacer un golpe de Estado hasta la privación de la libertad que aún continua en 4 casos, nos ha dejado secuelas. Muchxs de nosotrxs sufrimos persecución policial, política, laboral y mediática. Nos han amenazado y hostigado por redes sociales. Nos ha parado la policía para verdugearnos y hacernos requisa solo por mostrar el dni. Muchxs estamos con estrés post traumático que nos impide hacer nuestra vida normal, por lo que les pedimos que nos sigan acompañando hasta que se cierre este armado judicial.

Creemos que somos un ejemplo para mostrarle al pueblo que seas quien seas, hagas lo que hagas, si vas a protestar contra las políticas de hambre de este gobierno, sos un terrorista que puede terminar en un penal de máxima seguridad sin siquiera estar procesado. Tenemos claro que no fue contra nosotres, sino contra todes los que quieren seguir viviendo en libertad y democracia.

3)

Por último, queremos agradecer la solidaridad de las redes humanas tejidas por distintas personas y organizaciones de todo el arco político, que se nuclearon en la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases. Aprovechamos para que se amplíe la convocatoria y se sumen más organizaciones porque entendemos, ahora más que nunca, que la unión hace la fuerza.

Vamos a seguir con solidaridad, amor, lucha y trabajo, mucho trabajo, teniendo el objetivo principal de la Liberación de Cristián, David, Roberto y Daniela y el sobreseimiento de lxs 33 imputadxs.

Como dijo nuestro compañero Facundo: nuestras convicciones están intactas y seguimos defendiendo el derecho a la protesta y luchando por nuestro lugar en las calles.

Para ello, queremos invitarlos el próximo viernes 12 de julio, a un mes de las detenciones, a concentrarnos en Plaza de Mayo a partir de las 15 y compartir el Festival Solidario #Faltan 4, organizado por la Coordinadora por la libertad de los presxs de la Ley Bases.

¡Libertad a todos lxs presxs politicxs!

¡Cierre de todas las causas !

Seguir leyendo

Nota

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

420 trabajadoras y trabajadores (de 700 al inicio del conflicto; alrededor de 300 tomaron retiros voluntarios) volverán a trabajar en una agencia dividida: el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., específicamente para el tema de la pauta oficial; y creó RTA Noticias bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina. “Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”, dice a lavaca una de las delegadas del sindicato SiPreBA, que repasa la situación. El desgaste, las presiones, las y los compañeros que no están; la histórica agencia, que tampoco. Lo que se logró con la lucha: reconocimiento de antigüedad, del estatuto del periodista profesional, de los convenios colectivos y de la representación sindical. Y volver a trabajar. Lo que falta, y lo que empieza a partir de hoy.

Por Francisco Pandolfi

“Si se calla el periodismo, también se calla la vida”.

Esa inscripción pintada en un corazón de madera estuvo colgada durante cuatro meses en una de las carpas montadas en la puerta de la Agencia de Noticias Télam. Un medio público fundado el 14 de abril de 1945, que en sus 79 años intentó ser cerrado, privatizado y vaciado por gobiernos variopintos: peronistas, radicales, macristas y militares. Una agencia que se encargaba de dos actividades: por un lado la pata publicitaria, que distribuía la pauta oficial; por el otro la pata informativa, a través de una agencia de noticias federal con un alcance de punta a punta del país.

En la apertura de sesiones legislativas, el viernes 1º de marzo pasado, el presidente Javier Milei anunció por cadena nacional la promesa de “cerrar la agencia Télam”. Y cumplió, en un pestañear: el lunes 4, las dos sedes porteñas amanecieron valladas. Los trabajadores desde entonces no pudieron entrar a sus edificios y fueron “dispensados” de cumplir tareas.

Télam: tras 130 días de acampe y lucha, los trabajadores vuelven a la agencia
La postal del conflicto: la sede de Bolívar, vallada por la Policía. Al lado, los trabajadores montaron uno de los acampes. Foto: somostelam

Un paso importantísimo

La resistencia estuvo a la altura de los acontecimientos: ese mismo día, las y los trabajadores junto al Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), instalaron dos carpas en las puertas de los edificios de las calles Bolívar 531 y avenida Belgrano 347. La lucha colectiva se mantuvo, indeclinable. E instó a que cuatro meses después, el 1 de julio, el gobierno decretara la reconversión de Télam en APE S.A.U. (la Agencia de Publicidad Estatal Sociedad Anónima Unipersonal), que se encargará del eje publicitario. Las funciones periodísticas continuarán dentro de Radio y Televisión Argentina (RTA), en una agencia de noticias pública. Anteayer se sacaron las vallas y se levantó el acampe. El corazón de madera fue descolgado, cuidadosamente. 

Hoy, 130 días después, los trabajadores de Télam vuelven a trabajar.

Un empleado de la agencia desde hace más de 15 años cuenta que el lunes, ni bien quitaron el vallado, entró al baño del edificio de Bolívar y se le “explotaron los ojos de tanto llorar”. Dice que prefiere no dar su nombre hasta firmar el nuevo contrato. 

Andrea Delfino es una de las delegadas de Télam e integrante del SiPreBA. Le cuenta a lavaca que hace 34 años trabaja en la agencia, que es periodista en la sección economía. Ella fue una de las que anteayer ya firmó el nuevo contrato que la une a RTA Noticias. Detalla la situación: “Con la vigencia del DNU 70/2023, el gobierno reconvirtió a Télam Sociedad del Estado en APE S.A.U., que va a funcionar en el edificio de la calle Bolívar específicamente para el tema de la pauta oficial. Allí irán un centenar de compañeros, que ya trabajan en ese rubro. Cambia el nombre de la empresa, pero las condiciones laborales no se modifican”. 

Sobre el eje informativo, explica: “Todos los demás, o sea periodistas, camarógrafos, reporteros gráficos, infografistas, empleados de administración, recursos humanos, comercialización, pasamos a formar parte de RTA Noticias, una nueva unidad de negocio que funcionará bajo el paraguas de Radio y Televisión Argentina, igual que Radio Nacional y la Televisión Pública. Nosotros trabajaremos en el edificio de Belgrano”. Al margen de los datos, abre el corazón: “Estamos dando un paso muy importante al volver a trabajar. Muy importante –remarca Andrea, con la u del “muy” extendiéndose en el aire por un par de segundos–. Claro que no es la empresa que queríamos, que no estamos de acuerdo con la división, pero volvemos a trabajar y eso se logró por la lucha colectiva y organizada”. 

Radiografía de un vaciamiento

Como la relación de dependencia es con una nueva empresa, el lunes pasado se inició la firma de contratos, que continuará hoy y los próximos días. “Las condiciones son las mismas que teníamos hasta el 3 de marzo: se nos reconoce la antigüedad, el estatuto del periodista profesional, los convenios colectivos y la representación sindical de la Comisión Interna del SiPreBA para quienes somos delegados”.

Sin embargo, cambiaron muchos otros aspectos. Dice Andrea: “Dieron de baja el portal, la cablera y nos achicaron un montón en lo periodístico. En total éramos más de 700 trabajadores y quedamos 420 entre las dos empresas. O sea, hay 300 personas menos. Por lo tanto, habrá que hacer todo un reordenamiento de secciones, porque hay algunas que quedaron desmanteladas”.

Sergio Arboleya hace 30 años que trabaja en Télam, donde empezó como colaborador. Hace 15 que es editor de la sección Espectáculos. “Vengo usando la idea del milagro, porque en este contexto de ajuste salvaje, de recorte, de persecución en todo lo estatal, es una alegría haber sostenido el trabajo y en breve ya arrancaremos a producir noticias para la cablera de RTA. El aspecto milagroso se dio a partir de la resistencia, con tantos días de acampe, con una organización que realmente funcionó muy bien, con un manejo del SiPreBA que ha sido eficaz para lograr lo que parecía imposible: conservar los puestos de trabajo de aquellos que finalmente decidimos quedarnos”.

Respira profundo: “Esto resulta muy impresionante, pero no disimula la pérdida de un montón de colegas de enorme valor que se fueron un poco asustados por la política expulsiva de los retiros y que dejan un hueco enorme en la estructura periodística. Y también entender que la marca Télam, con esa simbología, con esa carga, ya no existe más. Hablábamos el otro día con un compañero sobre si podremos recuperar un poco el sentido de la agencia, en este nuevo lugar. Aún con las críticas que podía tener a sus gestiones y a nuestra propia falencia para plantarnos como colectivo de trabajadores a hacer realmente la agencia federal, plural, sabíamos que Télam funcionaba en una dimensión, con sus abonados en todo el país, con su red de corresponsalías que ahora han quedado prácticamente todas afuera”.

La gente que se fue lo hizo mediante retiros voluntarios que, semana tras semana, el gobierno nacional renovaba por decisión del ahora ex interventor de los medios públicos Diego Chaher (la semana pasada tomó su lugar el ingeniero aeronáutico y espacial Eduardo González). La delegada Delfino retoma: “Este conflicto tuvo mucho de psicológico, porque no hay nada peor que tener a la gente sin tareas; fue destructivo. Nos jugaron en contra muchas presiones, tanto externas como internas. En cuanto a las externas, la empresa extendió cada semana el programa de retiro voluntario, a la par que algunos medios publicaban notas que buscaban generar miedo: si no agarrabas el retiro, parecía que se venía el apocalipsis”.

Trabajar para volver a trabajar

Las presiones también las hubo internas y “bien intencionadas”. Describe un aspecto neurálgico de la resistencia: “Los fines de semana eran momentos clave y por eso los lunes o martes hacíamos las asambleas. En el fin de semana es común encontrarse con los seres queridos, que con la mejor intención te decían ‘pero te parece seguir yendo’; ‘hace frío y llueve’; ‘¿por qué estás haciendo una cobertura si en realidad estás dispensado de trabajar?’. Esa presión bien intencionada fue la más difícil de vencer y superar. Con el paso del tiempo, notamos que si nos hubiésemos quedado dispensados y tranquilos en nuestras casas viendo Netflix, esta resolución no hubiese pasado. Me parece importante resaltarlo, porque en una época en que se habla tanto del individualismo y que te hacen creer que solo te salvás por tu mérito, el resultado de esta lucha colectiva muestra lo contrario”.

Desde el 4 de marzo hasta la reconversión de Télam, cada semana se renovaba la dispensa a cada uno de las y los trabajadores. “El presidente que dice que en el Estado somos todos ñoquis, nos está haciendo ñoquis, porque nos está pagando sin trabajar”, solían repetir desde los acampes, como una manera de desarticular el relato oficial. Con la agencia fuera de funcionamiento, decidieron lanzar el sitio web somostelam.com.ar e informar desde ahí. Al frente del portal estuvo Andrea Delfino: “Decidimos arrancarlo con el fin de que la sociedad sepa que nosotros estábamos trabajando para volver a trabajar. Nos enfocamos mucho en cubrir los despidos en el sector público y en el privado. Era difícil mantener esperanza, pese a que en Télam finalmente no hubo despidos. Hubo días muy difíciles y las asambleas parecían terapias de grupo. Las reuniones nos contuvieron y nos organizaron; las conducciones de SiPreBA y de FATPren (Federación Argentina de Trabajadores de Prensa) siempre estuvieron poniendo el cuerpo, al igual que delegados de otros medios de comunicación. Cuando hablo de los lazos de la base, me refiero a los lazos sociales que se fortalecen en estas instancias, al contrario de lo que esperan quienes generan estas acciones para desorganizar a los trabajadores”.

¿Qué no pudo lograr el gobierno?

Andrea: Callarnos, cerrarnos. Nos silenciaron durante cuatro meses y hoy estamos volviendo a laburar. Si logramos un resultado positivo dentro de este contexto es porque fuimos muy tozudos. Y porque tuvimos bien claro lo que queríamos, que se resume en algo hermoso que dijo un compañero en una asamblea: “Yo no quiero ser el último que apague la luz; quiero ser el primero que prenda la computadora cuando volvamos”. Ese es el espíritu del colectivo Télam.

Hoy, algunas luces se volvieron a encender.

Seguir leyendo

Nota

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Publicada

el

Con poquito aportás muchísimo ¡Sumate!

“Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”, dice el hermano de Cristian Valiente. Familias de personas que continúan presas realizaron ayer un encuentro para organizarse y desarmar las mentiras con las que se sostienen sus acusaciones. El caso de Cristian y el de de Facundo Gómez, que hablaba con su mamá cuando lo detuvieron: la justicia no tiene filmado sus supuestos “disturbios”, pero lo encarceló igual. Las causas armadas sobre los más vulnerables, mientras nunca se detuvo a quienes causaron los destrozos, por ejemplo, del auto de Cadena 3. Además, el fiscal Stornelli insiste con meter presas a siete personas que ya fueron liberadas por la jueza Servini por falta de pruebas. El terror que continúa, los ataques de pánico, las condiciones de detención: se puede colaborar económicamente con las personas detenidas (el alias: LIBRESYA) y existen 5 puntos de acopio de mercadería detallados en esta nota. Qué necesitan: abrigo, frazadas, comida. Las familias llaman al 10 de julio a una nueva conferencia y al 12 a una concentración en Plaza de Mayo.

Por Lucas Pedulla

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases

Jonathan dice que está un poco nervioso porque nunca habló en público, y ahora hay un aula llena de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, en el barrio porteño de Constitución, dispuesto a escucharlo. Tiene 34 años y es el hermano de Cristian Valiente, una de las cinco personas -junto a Daniela Calarco Arredondo, David Sica, Facundo Gómez y Roberto María De la Cruz Gómez– que sigue detenida en Ezeiza tras la cacería del Gobierno durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado, hace ya tres semanas.

Todavía no pudo ver a su hermano porque no tenía su documento; espera hacerlo el próximo fin de semana.

Vino con su compañera, su hija y un perrito desde Moreno, oeste profundo del conurbano, a pedir por favor que lo liberen: “No tiene justificación. La gran mayoría están detenidos solamente por protestar. Y mi hermano, mientras estuvo detenido, le hicieron un desalojo en la casa: cuando salga ahora no tiene dónde estar”.

El lugar de donde desalojaron a Cristian era una pieza de un hotel céntrico. Allí había trabajado tres años como portero: “Uno con todos los derechos y dos, en negro”, cuenta el hermano. Denunció la situación y fue a juicio, que determinó que debía vivir allí hasta que le pagaran lo que debían. Casualmente, un derecho que la Ley Bases barrió en su capítulo de reforma laboral.

A Cristian -41 años, dos hijos- lo acusan por provocar “disturbios”, “arrojando piedras y otros objetos contundentes” contra la policía, pero sobre todo por haberle “secuestrado entre sus pertenencias” una granada de mano. En su indagatoria, él aclaró que no se trataba de una granada sino de un aerosol químico de los que usan las fuerzas de seguridad para gasear en las manifestaciones; y que lo encontró en las propias inmediaciones del Congreso, y se lo guardó para mostrarlo a un canal de televisión porque había vencido en 2022. “Decían que lo vendía en el mercado negro -dice Jonathan a lavaca, y no lo puede creer-. Lo acusan de terrorista pero carrea cajones de frutas y verduras 12 horas al día. Es una locura”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808269566549622911

Este encuentro, motorizado por la Comisión de Solidaridad de la coordinadora por la liberación de lxs detenidxs y el cierre de todas las causas, fue el ámbito para que Jonathan pueda, por primera vez, dimensionar esa locura.

También pudo hacerlo Elena, la mamá de Facundo Gómez, 31 años, cuyo trabajo era ir con su carrito por Plaza Serrano, en Palermo, vendiendo cafés: “Lo detuvieron mientras hablaba por teléfono conmigo -dice mientras muestra un cartel con el rostro de su hijo, sonriente-. La causa debería caerse porque lo ponen arriba de una valla, diciendo que arengaba y tiraba piedras, pero la comunicación con mi hijo se detiene en el momento en que lo están deteniendo. Intenté llamarlo, hasta que me atendió una persona que supongo que era un policía, y me dice que le estaban haciendo averiguación de antecedentes. Le pregunto por qué, y me dice porque estaba en un lugar que no debía estar. Mi hijo grita bien fuerte: ‘¡Yo no estaba ahí!’”.

https://twitter.com/Lavacatuitera/status/1808262187380588878

Elena remarca que no hay registro fotográfico ni fílmico de Facundo, y su otra hija, Micaela, dice a lavaca que al fotógrafo que registraba su detención le rompieron la cámara: “Lo presentamos como testigo. Dijo que le pidió a Facundo que gritara su nombre, y cuando iba a hablar le pegaron una piña en el estómago”.

Elena dice que su hijo no aparece en los videos: “Ellos (la justicia) dicen que han mirado 100 horas, pero Facundo no aparece”. Y agradece la convocatoria: “Es una causa totalmente ilegal y armada para amedrentar y que no salgamos a protestar para que aceptemos todo lo que ellos quieren. Quiero la libertad de los cinco”.

El aula, llena, la abraza con un aplauso.

Crueldad sin paz

Una mesa afuera del aula junta donaciones (galletitas, paquetes de yerba, azúcar, latas de arvejas, jugos en polvo, lavandina, shampoo, toallitas) mientras otras personas de la coordinadora pasan con una caja de cartón para juntar dinero. Adentro, sobre la pared, una gigantografía de Rodolfo Walsh recuerda su Carta abierta de un escritor a la junta militar.

En bancos de madera, mientras tanto, se van sentando, entre otras personas, exdetenidos como Gonzalo Duro, Fernando Leone, Sofía Ottogali y Santiago Adano -liberadxs en las primeras 17 excarcelaciones, el viernes 14 de junio-, o Juan Spinetto y Camila Juárez Oliva, liberadxs en una segunda tanda de 11 faltas de mérito dictadas por la jueza María Servini, el martes 18.

Es que, además de las causas abiertas y la solidaridad por las cinco personas que aún siguen presas, la alerta continúa, porque el fiscal federal Carlos Stornelli apeló y pidió nuevamente la prisión preventiva sobre siete personas: Ottogali, Spinetto, Juárez Oliva, Sasha Lyardet, Nicolás Mayorga, Gabriel Famulari y Brian Ortiz.

“Nos siguen criminalizando cuando la jueza ya dictó la falta de mérito”, dice Camila a lavaca. La falta de mérito se dicta cuando se considera que no hay elementos suficientes para acreditar el hecho que se imputa. La propia Servini habló de la “orfandad probatoria” en las acusaciones de Stornelli. Camila, junto a Sasha y Nicolás, es una de lxs tres estudiantes de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) detenidxs: “Es una crueldad, porque todos los días me acuesto y miro la ventana porque no sé si un policía va a venir a decirme ‘agarrá tus cosas’, y ya en mi cabeza pienso que no tengo que agarrar ropa oscura para entrar al penal. Así está funcionando mi cabeza. Hasta que la Cámara no se expida, no estoy en paz”.

La sala II de la Cámara de Apelaciones, conformada por Roberto Boico, Eduardo Farah y Martín Irurzun, tiene ahora la palabra.

El docente Spinetto, otro de los “apelados” por Stornelli, dice lavaca: “Es ridículo, porque no aporta nada nuevo para apelar e insiste sobre algo que jurídicamente está zanjado. Básicamente lo que está haciendo Stornelli es continuar con la maquinaria de armado de causa. No tiene ningún sostén jurídico”.

Donaciones, acopio y concentración

La Comisión de Solidaridad abre el encuentro. Sus integrantes recuerdan que hay un alias (LIBRESYA) para contribuir a un fondo solidario común con montos de $500, $1000 o $2000. También subrayan que lxs detenidxs necesitan ropa de abrigo clara (no gris, sin capucha), frazadas de una plaza, y elementos de almacén. Los puntos de acopio:

  • ATE / INCAA: Lima 319, 1er piso, oficina 101.
  • SUTEBA Tigre: Santa Fe 11028, General Pacheco.
  • Mutual Sentimiento: Av. Lacroze 4181.
  • ATE Sur – Lomas de Zamora: Boedo 120.
  • ATE Alte Brown – Pte Perón: Somellera 481.

Luego habla Gonzalo Duro, trabajador judicial, uno de los exdetenidos: “En ese pabellón éramos 15 personas desconocidas y ahora somos amigas. Es una realidad y habla de la transversalidad del problema”. A continuación, Camila recuerda a Daniela Calarco Arredondo: “Le estamos tratando de juntar plata porque tiene que pagar el alquiler. También para pagarles el transporte a sus padres, que viven en Mar del Plata”. Grisel, hermana de Sasha, suma la preocupación por las apelaciones de Stornelli, y pide asistencia psicológica porque muchxs continúan con ataques de pánico. Valora la importancia de estos encuentros y pide, también, monitorear las trabas que les están poniendo los penales a las visitas familiares, para que el Sistema Penitenciario no siga “vulnerando derechos”.

Luego, y por un largo rato, pasan voces de diversos partidos y agrupaciones que hacen caracterizaciones del Gobierno. Algunos traen reclamos urgentes, como los trabajadores despedidos del Hospital Posadas o de la fábrica de neumáticos FATE, pero otros gritan pedidos de paro a la CGT. El músico Santiago Adano, otro de los exdetenidos, agradece con sensibilidad la solidaridad y el acompañamiento, pero sugiere avanzar en lo operativo del encuentro. Algunos no parecen escucharlo, y siguen. Otros sí, y piden acompañar, por ejemplo, la ronda de las Madres de este jueves en Plaza de Mayo para continuar la visibilidad por los detenidos. La propuesta es aceptada.

Las familias y exdetenidos, a su vez, proponen una nueva conferencia de prensa en el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) para informar sobre la situación de las detenciones y las causas. En asamblea votan realizarla el miércoles 10. También votan, para el viernes 12, a un mes de la protesta, realizar una nueva concentración en Plaza de Mayo, con posibilidad de festival, buscando la convocatoria del amplio abanico político que movilizó la última vez, el día de las últimas excarcelaciones. Silvia, la mamá de Camila, recuerda que la urgencia de esos días fue lo que juntó a sindicatos, organismos, referentes de la izquierda y del peronismo: “Vengo a reforzar la idea de unidad, como lo hice desde el día uno”.

Cerca de las diez de la noche, la asamblea concluye.

Los ejes que se refuerzan:

  • Libertad a las cinco personas que siguen detenidas.
  • Pedir el rechazo de la Cámara a las siete apelaciones de Stornelli.
  • Cierre de todas las causas.

Leé la nota de tapa de la nueva MU: Qué es la libertad.
Sasha y su hermana, dos caras de lo que se vivió adentro y afuera tras la cacería policial el día de la votación de la Ley Bases. Sus reflexiones sobre la estigmatización, la persecución, y la vida en ¿libertad? Las redes y la calle. El ego y lo colectivo. Hablan Ramona y Santiago, también detenidos sin pruebas, con torturas. La organización entre familias. Y el reclamo por los que todavía están adentro.

Terrorismo de Estado: siguen detenidas 5 personas tras la represión de la Ley Bases
Seguir leyendo

LA NUEVA MU. No podrán

La nueva Mu
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido