El Gobierno exhibió este miércoles un nuevo signo de debilidad al reprimir otra pacífica marcha de jubiladas y jubilados. Hubo cuatro personas detenidas, 35 heridas y dos debieron ser hospitalizadas. (En la imagen de portada se ve una de las dos detenciones que sufrió el cura Paco Olveira). La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra

A una semana de la sesión en el Senado que discutirá la aprobación de la reforma laboral, la violencia desplegada contra personas mayores, con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de prensa se entendió como el despliegue de un show destinado a disuadir una protesta cuyos alcances no prevé.

Foto: lavaca.org

De lo contrario, no puede entenderse el absurdo de cómo el sacerdote Paco Olveira fue detenido dos veces.

O la forma en la que se llevaron en un camión del Servicio Penitenciario Federal a Miguel Ángel, un jubilado con problemas en el corazón.

O la manera en la que dos oficiales federales se llevaban a Fernando Quintero, un jubilado con muletas, al que soltaron porque empezó a convulsionar.

La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra quienes se manifestaban puede ser leída como un síntoma de la fuerza y lo genuino del reclamo.

El temor estatal al registro de esos hechos también llevó a las fuerzas a pegar y gasear a periodistas y fotógrafxs que, durante la mañana, se habían movilizado al Senado para hacer una conferencia como acción en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.

Luego de la escenificación de la violencia, la marcha se hizo como cada miércoles, y algunos siguieron para acompañar el cabildo realizado en el Hospital Garrahan en contra del despido y persecución a las y los profesionales que lucharon por la mejora de sus condiciones laborales. Como cada jornada, también cantaron contra la CGT («a dónde está que no se ve»), cuyo Consejo Directivo se reunirá este viernes para definir si realizará alguna acción de cara al miércoles que viene.

Foto: lavaca.org

Los datos de la violencia

La Comisión por la Memoria informó que cuatro personas fueron detenidas, más de 35 resultaron heridas y dos debieron ser hospitalizadas. Los principales párrafos del informe:

“Jubilados, personas con discapacidad y manifestantes fueron víctimas de un desproporcionado dispositivo de seguridad que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de detención y motorizada de la Ciudad de Buenos Aires (GAM)”.

“La Policía Federal acorraló a los manifestantes en la esquina de Callao y Rivadavia y con empujones, golpes con escudos y gas pimienta, logró desalojarlos hacia el centro de la plaza. Posteriormente, la Policía Federal armó sucesivos cordones policiales que fueron apostados sobre Av. Rivadavia hasta Avenida de Mayo y San José, donde además ubicaron un camión hidrante, que evitaba totalmente el paso de personas hacia la zona de Congreso o 9 de Julio”.

“Cuatro personas resultaron detenidas: Miguel Ángel Caly, Ivo Enríquez, Francisco “Paco” Olveira y Fidel Tomas Bravo. Más de 35 personas resultaron golpeadas o heridas por gas pimienta, padeciendo irritación en los ojos y la piel; dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por crisis convulsivas, previamente atendidas por CEPA y el equipo de monitoreo de la CPM”.

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“En nuestra calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitoreamos el despliegue de las fuerzas represivas y junto al @argentinacepa asistimos a las víctimas de la represión. Esta tarea de control forma parte de las actividades desarrolladas con el @cnpt_argentina y el @mlptcaba”.  

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El gobierno amenazó con nuevos despidos en el Garrahan, que el año pasado había conseguido una histórica actualización salarial del 61%. La explicación de la situación, lo que dicen las madres de los niños internados, la importación de material de descarte como si fuese una gran noticia. Las acciones, el cabildo abierto, y cómo se organiza la posibilidad de poner límites frente a los atropellos.

Por Francisco Pandolfi

El Jefe de Gabinete del gobierno nacional –y también vocero–, Manuel Adorni, lanzó este martes un tweet como nueva avanzada contra el Hospital Garrahan. Amenazó con el despido de 10 trabajadores y sancionar a otros 29, muchos de los cuales estuvieron al frente de los reclamos en 2025. 

En las peleas de ayer, se sustenta la amenaza de hoy: el año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial –histórico, inusual– del 61% en el salario básico luego de meses de protestas, asambleas y 32 huelgas. 

Como respuesta al (nuevo) amedrentamiento protagonizado por Adorni se convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía: “Nos castigan por defender al Hospital”, denunciaron en la explanada del Garrahan, símbolo de la salud pública argentina: se atienden anualmente más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil.

El sumario

En la conferencia, distintos delegados se pasan el micrófono, la palabra, las ideas, y la bronca.

Alejandro Lipcovich, administrativo y representante de ATE. Dice que el ataque es 100% político y decidido por la Casa Rosada. Y dice también que las autoridades del hospital son meros apéndices, “chirolitas” (por el antiguo muñeco de un ventrílocuo) de este poder de turno.

¿El origen del ensañamiento?: “Pocos días después de conseguir el aumento salarial se inició el proceso sumarial, que institucionalmente se supone es interno, que debe seguir una serie de pasos, que todavía no concluyó porque las personas acusadas de hechos ridículos ni siquiera habíamos sido notificadas”.

Los hechos ridículos: “Fuimos a protestar frente a la Dirección por algo tan elemental como nuestro derecho a huelga y que no nos descuenten el salario por ejercer un derecho constitucional. Atacan a los sindicatos y a los compañeros que estuvimos al frente porque el vaciamiento no cesa en el hospital, desamparando los tratamientos de los niños”.

Norma Lezana, nutricionista y Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, hace 39 años trabaja acá: “Fuimos a la Dirección para pedir una mesa de diálogo, que alguien nos escuche; eso exigimos el 31 de octubre tras un año y cuatro meses sin respuesta. Lo que respondieron fue descontarle, a sueldos de un millón de pesos, hasta 600 mil. ¿Por qué? Por luchar ante una dirección sorda”.

¿Qué miedo vamos a tener?

Además de a Adorni, se apunta a Milei –Javier, presidente–. A Lugones –Mario, ministro de Salud–. A Pirozzo –Mariano, el interventor–. “Nosotros estamos en un proceso sumarial y el informe lo hace la sumariante Fernanda Marino, que depende del Consejo de Administración y del Poder Ejecutivo. Es escandalosa y grave esta terrible intervención del gobierno y el tweet de Adorni refleja que el proceso sumarial está totalmente viciado”, denuncia Lezana.

Agrega lo actual: “Presentamos un amparo sindical sobre el cual la justicia no se expidió, pero el Poder Ejecutivo ya determina que estamos cesanteados y deberían sacarnos los fueros, entonces no tenemos ninguna garantía. Nosotros todavía ni pudimos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es pura arbitrariedad”.

Sentencia: “Lo que quieren hacer es privatizar nuestro hospital. Pirozzo viene acá a hacer su trabajo, lo mismo que hizo al despedir a más de 200 trabajadores del Bonaparte y más de 100 en el Sommer”.

Bárbara Acevedo es enfermera focalizada en la adolescencia. Lleva en la mano un cartel: “Abajo los sumarios, arriba el Garrahan”.

Dice: “Qué miedo vamos a tener contra las sanciones si sostenemos el hospital junto a las madres que todos los días enfrentan la enfermedad y la muerte de sus hijos; qué miedo vamos a tener si sostenemos esta realidad sobre nuestros hombros”.

Una de esas madres está acá y se llama Florencia, es de Tierra del Fuego y es la mamá de Simón. Simón está internado desde hace varios meses, tiene leucemia y acaba de recibir un trasplante de médula. Florencia dice, entre lágrimas: “Gracias a estos profesionales Simón está vivo, ellos le salvaron la vida en un momento en que el hospital se está quedando sin médicos, enfermeros, farmacéuticos”.

Importando lo que no funciona

Una de las enfermeras que conoce a Simón es Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Garrahan. Pone el foco en otro tweet de Adorni, publicado este lunes: “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin”.

Meche dice a lavaca: “Es aberrante, criminal y ya lo vivimos en los noventa. Te mandan lo que en otros países del supuesto primer mundo está en desuso y no funciona bien. Implica una falta de seguridad absoluta, tanto para el profesional como para el paciente. No es una mejor calidad en la salud, al contrario. Nosotros debemos aspirar a un hospital con los mejores equipos, no el descarte. Esto es muy peligroso”. 

Por la tarde, las y los trabajadores hicieron un cabildo abierto junto a distintas organizaciones para compartir distintas miradas sobre la reforma laboral que el gobierno aspira a que se apruebe en el Congreso.

Definieron hacer una asamblea interna el lunes y ahí determinar los pasos a seguir. Explica Norma Lezana: “No estamos cesanteados, ni suspendidos. Acá estamos, fuertes, en la lucha y en alerta. Ayer temblé cuando recibí la notificación y hoy, con esta convocatoria masiva, tengo la certeza de que acá hay valentía para pelear y seguir defendiendo el hospital”.

Periodistas de distintos medios de comunicación de todo el país convocaron para mañana a las 10 una conferencia de prensa en el Congreso de la Nación en defensa de la herramienta legal que protege el oficio periodístico y busca ser derogado con la reforma laboral del Gobierno. Esta nota cuenta cómo se lo logró construir este instrumento para resguardar no sólo el trabajo sino también la calidad y la diversidad de la información.

Por Claudia Acuña

La primera vez que los periodistas argentinos decidieron tener un día en el calendario tuvo una clara intención: señalar un parto. Lo que así nacía era una visión del rol político y social de la comunicación y sus actores, que hoy conviene recordar porque las circunstancias se repiten burdamente. Por entonces, lo que aquellos periodistas pretendían era un marco legal acorde con las transformaciones que habían convertido la producción de la noticia es un negocio monumental e impune, amparado en protecciones y prebendas que se justificaban con el escudo de la libertad de expresión. Aquellos periodistas se hicieron entonces una pregunta clave: ¿son las empresas las que garantizan ese derecho social? ¿O se amparan en él para defender sus privilegios?  Para responder este dilema, el Círculo de la Prensa de Córdoba organizó un Congreso Nacional de Periodistas que se llevó a cabo en la capital mediterránea el 25 de mayo de 1938. La invitación tenía objetivos concretos: evitar “las formulaciones líricas” y obtener “resultados prácticos”. El trabajo de los delegados dio como resultado el borrador del Estatuto del Periodista –que lograron imponer seis años después- y la consagración del 7 de junio como la fecha marcada en el calendario para pensar qué representa “la libertad de pensamiento”, tal como definió uno de los principales impulsores del encuentro, el periodista Octavio Palazzolo. Las dos cosas fueron resultado del cambio de paradigma con el que aquel Congreso enfrentó la cuestión: el Estado garantiza la libertad de expresión cuando protege la labor de los periodistas y no a las empresas.

El cambio que representa esta mirada es producto de dos cuestiones centrales: una definición clara sobre la identidad del periodista profesional y una coyuntura histórica tan excepcional como la de hoy.

Por eso mismo, conviene recordarla.

Ser o no ser

En Rosario y en 2007 fue publicado el libro Prensa y peronismo[1] que dedica su primer capítulo a recordar esta historia. Su autor es James Cane. Se trata de una investigación sobre el contexto, sanción y consecuencia del Estatuto del Periodista, a quien Palazzolo –uno de sus principales redactores- presentó entonces con una frase que no pierde vigencia: “Ha resultado superior a la conciencia gremial, y hasta me atrevería a decirlo, al término medio de la mentalidad de los hombres que constituyen nuestro gremio”.

¿Por qué un Estatuto que fija las condiciones laborales de los periodistas profesionales tuvo y tiene una importancia estratégica en el análisis de la historia política de los medios de comunicación comerciales en la Argentina? En principio, tal como recuerda Cane en su capítulo, porque fue resultado de un proceso de transformación de la producción de la noticia, en particular y del periodismo mismo, en general. Una síntesis gruesa:

• Hasta comienzos del siglo XX, el periodismo argentino mantenía las características que le dieron origen: una forma de expresión de ideas de sectores sociales que intentaban, por medio de la prensa, defenderlas, difundirlas e imponerlas. Medio y periodistas estaban unidos en esas tareas. Los periodistas se consideraban a sí mismos y eran considerados por los demás como intelectuales cuyo único interés era el triunfo de sus ideas.
• En 1910 comienza otra historia: la del espectacular desarrollo de la prensa escrita. Señala Cane: “Esta transformación había convertido a la capital argentina en el mercado periodístico más grande de América Latina. A mediados de la Década Infame, cinco medios impresos –Crítica, Noticias Gráficas, La Prensa, La Nación y El Mundo– mantenían una circulación que superaba con exceso los 2 millones de ejemplares diarios. Hasta un diario de baja circulación para el contexto porteño, como el socialista La Vanguardia, equiparaba su tiraje con el de los diarios comerciales más vendidos en Chile y en Colombia”.
• Esta transformación alcanzó, por supuesto, a las relaciones de producción. Semejante crecimiento no podía sostenerse con camaradas de ideas y amigos de la causa.
• El periodismo se transformó en industria, pero sin reconocerlo. “Los dueños de los diarios insistían, en forma unánime, en que el carácter económico de un periódico seguía siendo accesorio a la función normativa de la prensa como vehículo de la opinión pública fiscalizadora de los actos del Estado. Hasta en las páginas de Crítica, un órgano que tanto hacía para cambiar las características de estos medios, se negaba que el diario fuera una entidad comercial. Esto era sostenido como una posición de principios, pero también como una forma de desmentir que la relación diario-lector estuviera basada en un intercambio mercantil antes que en una relación de afinidad espiritual”, apunta Cane.
• La diferencia entre ser y no ser una empresa comercial no era un mera cuestión filosófica, sino fundamentalmente legal. La actividad entera quedaba amparada por la Constitución, pero fuera de cualquier otra ley y sus trabajadores, sin derechos.
• Los trabajadores de la industria periodística comenzaron a exigirlos, acompañando la tendencia a la sindicalización que caracterizó esa etapa del país. Los gráficos y canillitas fundaron sus sindicatos. No así los periodistas, que no aceptaban reconocerse en un espejo proletario. En palabras de Palazzolo: “Por un lado estaban los que hinchados de una enorme vanidad seguían alimentando la leyenda del periodista […] quijotesco, heroico, que sólo vivía para difundir ideas; por otra parte estábamos los que habíamos superado ese magnífico pretexto, destinado a pagar sueldos de hambre, a enriquecer a las empresas o a solventar los lujos de algún director-propietario”.
• La innovación jurídica más temida vino sorpresivamente desde el Poder Judicial. Dos jueces federales dictaminaron a favor de los periodistas Manuel Sofovich y Oscar di Leo en las demandas por despido sin indemnización que habían entablado contra los dueños de Noticias Gráficas y La Prensa, respectivamente. El juez Eduardo Broquén fue particularmente claro en su rechazo de los argumentos de los abogados de La Prensa, quienes habían declarado que su cliente no podía ser clasificado como “comerciante” precisamente porque el diario del que era propietario se ocupaba exclusivamente de la difusión de noticias. Al contrario, para el juez, se trataba de “un establecimiento eminentemente mercantil” y los periodistas, por lo tanto, debían legalmente considerarse como trabajadores cuyos derechos estaban protegidos. Conviene aclarar que en esa época el diario La Prensa contaba con 1.698 empleados “invisibilizados” por la magia del argumento de la excepción, hijo ilegítimo de la libertad de expresión.
• “Esta situación de ambigüedad y conflicto daba nueva urgencia a dos cuestiones: ¿los periodistas eran realmente trabajadores? La necesidad de respuestas llegó a ser aún más perentoria luego de una serie de contradictorias decisiones judiciales frente a las demandas de los periodistas de la ciudad de Córdoba”, consigna Cane en su investigación. Ese fue el contexto que dio origen al Congreso Nacional.
•  El 24 de mayo de 1938 –día anterior a la reunión– el Círculo de la Prensa cordobés dio un comunicado donde se buscó dejar en claro que el propósito de los delegados era, nada menos, que rearticular las concepciones hasta el momento dominantes sobre el significado de la profesión. «Sin razón que lo justifique”, declaraban los periodistas cordobeses, “se habla todavía de la ‘bella bohemia periodística’”, una noción que no hace otra cosa que inferir “un agravio a los más respetables trabajadores intelectuales con que cuenta la sociedad” en una negación anacrónica de las transformaciones que habían creado la prensa industrial moderna. El Congreso Nacional de Periodistas, en cambio, “rompe con estos conceptos novecentistas […] para colocar al gremio en primer plano, resuelto a ganar […] las garantías morales y materiales que considera justas para hacer posible su convivencia dentro del núcleo social”.

Así se proclamó el Día del Periodista y se redactó el Estatuto profesional. Cómo se logró que se convierta en ley es otra historia que también se parece a la de hoy.

La diferencia entre medios y opinión pública

Dice Cane en su capítulo:

“Además de reconocer que los periodistas eran trabajadores de empresas comerciales, el borrador del estatuto también introducía una modificación importantísima en una idea clave para la concepción decimonónica de los derechos de prensa, que a su vez servía de base para la jurisprudencia federal. Esto es, que el Estado necesariamente encarnaba la amenaza principal para el buen funcionamiento de los medios impresos de difusión”. El encargado de exponer este argumento fue el periodista Ernesto Barabraham, quien firmaba como Ernesto Maury en el diario La voz del interior. Su razonamiento fue el siguiente: “dada la complejidad de la división de trabajo en la prensa moderna, las relaciones entre periodistas y propietarios habían dejado de ser puramente privadas para convertirse en una cuestión pública. En las disputas cada vez más notorias entre periodistas individuales y propietarios de grandes diarios, sólo el Estado tiene la capacidad de ejercer una mediación y defender a los primeros, que son, al fin de cuentas, los que producen el contenido público de los diarios”. Los delegados no sólo aprobaron el borrador del proyecto presentado por Barabraham, sino que también establecieron la Federación Argentina de Periodistas (FAP), una confederación de las organizaciones de periodistas de todo el país que tendría por misión inmediata lograr la aprobación del proyecto por parte del Congreso nacional.

Pero la situación política de entonces estaba lejos de mostrar la cara de un Estado benefactor. “Si el autoritarismo del presidente Castillo hacía que el Estado pareciera cada vez más amenazador para los intereses de periodistas y propietarios, el Gobierno surgido del golpe militar de junio 1943 estuvo aún más dispuesto a usar la represión como elemento fundamental de sus relaciones con la prensa. El intento del régimen, encabezado por el general Ramírez, de crear un ambiente en el que la prensa quedara esencialmente silenciada, culminó con el decreto 18407, en el que el Gobierno dictó medidas estrictas de censura sistemática y –lo más novedoso– de carácter permanente”, sintetiza Cane.

¿Cómo un decreto de censura permanente fue derogado por otro que consagraba el Estatuto del Periodista Profesional? La respuesta tiene nombre y apellido: Juan Domingo Perón. El joven coronel que, desde el Departamento Nacional del Trabajo, venía gestando un intento de acercamiento a la prensa. El clásico razonamieto peronista de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos abrió la puerta a los periodistas delegados que presentaron el proyecto gestado en aquel Congreso de seis años atrás. “Las razones de la temprana inclusión de los periodistas en esta primera ola de reformas laborales no son difíciles de imaginar. Los periodistas ocupaban una posición clave en la producción y circulación de dos ‘mercancías’ fundamentales para la elaboración de cualquier proyecto político: información e ideología. Así, donde el régimen militar torpemente intentaba pacificar a la prensa a través de una censura férrea y no lograba mucho más que unificar a lectores, periodistas y propietarios en contra de la medida, el reemplazo del decreto 18407 por el Estatuto del Periodista significaba un cambio fundamental en la relación entre las autoridades y los medios de comunicación. Perón, en efecto, buscaba usar las divisiones de clase dentro de las redacciones no sólo para fracturar internamente a cada diario opositor, sino también para ganar la simpatía activa de los productores directos de buena parte de la información y la ideología que vastos sectores del público argentino consumían en forma cotidiana. En lugar de silenciar a la prensa, el Estatuto formaba una parte importante del intento más ambicioso de tener mayor influencia sobre la articulación de la llamada opinión pública”.

Las lecciones de ayer

“Considerar este decreto como una simple jugada por parte de Perón y las autoridades militares para ‘cautivar a los trabajadores de la prensa’ (Sirvén, 1984: 24) deja de lado el rol fundamental y consciente que los propios periodistas desempeñaron en la evolución de las relaciones entre el Estado y los medios impresos” senala Cane.

Se podría inferir algo similar de la tarea que desarrollaron quienes se encargaron de elaborar los 21 puntos para una radiodifusión democrática que sentaron la base legal y social de la Ley de Servicios Audivisuales. Fueron 300 organizaciones sociales que en 2004 redactaron un documento que se convirtió en una herramienta de acción y presión. Y que cuando fueron llamados por los enemigos de sus enemigos, ya sabían qué pedir y cómo.

La casualidad o la historia coloca aquel borrador del Estatuto y ese documento de los 21 puntos a una misma distancia: seis años tardaron en convertirse en ley. Los dos fueron, también, el resultado de un profundo replanteo sobre el rol del periodismo, el Estado y las empresas. Que el de ayer lo pudieran hacer los periodistas de las grandes empresas y el de hoy, los que trabajan en la comunicación social nos indica cuál es hoy la trinchera desde donde se defiende aquello que Octavio Palazzolo nos señaló hace casi 88 años cuando marcó una fecha en el calendario.

La de hoy, cuando nos toca defender ese legado.