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Piden de 16 a 22 años de prisión por abuso sexual contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich

Publicada

hace 3 meses

09/06/2024

En la primera audiencia de alegatos, la fiscalía que acusa a José Alperovich reclamó 16 años y 6 meses de prisión para el ex gobernador tucumano, por abuso sexual, y la querella 22 años. En caso de una condena, ambas partes solicitaron la detención preventiva inmediata hasta que la sentencia quede firme. Tras 11 horas de exposición de las acusaciones, José Alperovich salió de Tribunales de CABA a las 21:30 con una custodia policial que debe vigilarlo hasta el veredicto. Esta medida fue implementada a pedido de ambas partes acusadoras.

El miércoles 12 de junio -día que el Senado tratará la Ley Bases, la cual el actual gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se espera que apoye con sus senadores – alegará la defensa y podría saberse la fecha del veredicto contra el ex senador y tres veces gobernador por abuso sexual gravemente ultrajante contra su sobrina y asistente personal durante la campaña electoral de 2019 en la que Alperovich buscó un cuarto mandato al frente de la provincia de Tucumán.

El jucio se sustancia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, y deberá definir si el ex gobernador de Tucumán y senador José Alperovich cumplirá o no una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante. Los detalles de la denuncia, los argumentos de la defensa, lo que plantean testigos y peritos, detrás de un caso que vuelve a poner el foco en la actitud de figuras de poder, y en la posibilidad de entrar a una nueva etapa, en la que se haga justicia.

Por Lucrecia Raimondi.

A José Jorge Alperovich, tres veces gobernador de Tucumán y ex senador nacional por esa provincia, su sobrina lo denunció ante la justicia de haberla abusado sexual y psicológicamente entre 2017 y 2018 cuando trabajó como su asistente personal, durante la campaña para postularse a un cuarto mandato para la gobernación en las elecciones de 2019. La joven y su círculo íntimo prefirió reservar su identidad para evitar la exposición que implica denunciar a alguien con tanto poder.

En febrero de 2024 el caso llegó a juicio oral. Durante cuatro meses pasaron decenas de testigos, en audiencias extensas. El último 3 de junio, cuando se cumplieron 9 años de la masiva movilización en todo el país para denunciar la sistemática violencia machista, concluyó la etapa de producción de prueba y Alperovich prestó indagatoria. Mañana, 10 de junio, comenzará la etapa de alegatos, primero expondrán la querella y el fiscal Sandro Abraldes; por último se escucharán los argumentos de la defensa particular de Alperovich a cargo de Augusto Garrido, del estudio Cúneo Libarona, firma del actual Ministro de Justicia de la Nación.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 de CABA, presidido por Juan María Ramos Padilla, al concluir el tramo final, definirá si Alperovich cumplirá una posible pena de entre 6 y 50 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal gravemente ultrajante.

El abogado querellante, Pablo Rovatti, Defensor Público Coadyuvante a cargo del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico a Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, aseveró que los hechos ocurrieron tal como la joven los contó cuatro veces ante la justicia: en la denuncia, en su declaración testimonial, ante los peritos forenses y en el juicio oral. En todos los casos el relato fue coherente y contundente. “Toda la prueba que se produjo después solo vino a fortalecer y enriquecer su testimonio, desde los familiares y amigas a quienes con el tiempo les pudo ir contando el calvario que había vivido. También declaró personal de la empresa contratada para la propaganda de campaña, que contaron el machismo constante y el acoso verbal a muchas personas del equipo, como en el caso de la periodista (Carolina) Servetto de La Gaceta –acosada por Alperovich durante una entrevista. Hasta las expertas del Cuerpo Médico Forense ratificaron sus conclusiones sobre el daño psíquico compatible con la victimización sexual encontrada en la víctima”, explicó Rovatti a lavaca.

Biografía de un abuso

Piden de 16 a 22 años de prisión por abuso sexual contra el ex gobernador de Tucumán José Alperovich

El banquillo de los acusados esa vez es una silla deslizable. Alperovich frente al presidente del Tribunal, Juan María Ramos Padilla.

La joven tucumana trabajó como administrativa desde el año 2011 en el Archivo Histórico del Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia de Tucumán. En 2016 quiso formarse para crecer profesionalmente y estudió “Ceremonial y Protocolo”. Por esa experiencia conoció al ministro Regino Amado –alineado con el entonces gobernador Juan Manzur, opositor de José Alperovich– y la contrató como responsable del área de ceremonial y protocolo del Ministerio de Gobierno.

El 11 de octubre de 2017 la denunciante y Alperovich se cruzaron en un acto de campaña de Osvaldo Jaldo, vicegobernador de Tucumán, que ese año se postuló a diputado nacional en las elecciones legislativas y luego de ganar renunció para continuar en su cargo provincial.

Dos días después de ese encuentro, un tío de la joven y colaborador de Alperovich le envió un mensaje para consultar su situación laboral e invitarla a formar parte de la campaña a la gobernación. Ese mismo día, además del mensaje, se vieron en un acto en la localidad de Alderetes, Alperovich aprovechó la oportunidad, se acercó, la abrazó y “le reiteró la propuesta para sumarse a su equipo, destacando el cariño que le tenía a su padre y por su desempeño laboral actual en el Ministerio”. Pasadas las elecciones, en Casa de Gobierno de la provincia, la denunciante se encontró con el secretario privado del acusado, reconsideró la propuesta de meses atrás y le manifestó su interés en conocer la oferta laboral. Minutos más tarde Alperovich la citó a su casa en horas de la siesta.

Tenía 27 años cuando se incorporó a la campaña política de su tío, primo hermano de su papá. Entre ellos tenían una relación fraternal y afectuosa desde chicos, que continuó toda su vida en un vínculo personal. Alperovich fue el testigo del segundo matrimonio de su primo y la denunciante junto a su padre acompañó el velorio del padre del ex gobernador, que buscaría en las elecciones de 2019 un cuarto mandato. Ese equipo estaba integrado por funcionarios y familiares, que a su vez son familiares de la víctima. Las múltiples casas de José Alperovich eran las bases de operaciones en las que se programaba la agenda de actividades políticas de la campaña. La primera entrevista de trabajo con el ex senador nacional fue a solas en el quincho de su casa en la calle Martín Fierro. Ese mismo día lo acompañó a un acto.

En diciembre de 2017 el ministro de Gobierno le informa que “por cuestiones políticas” la joven no podía mantener los dos trabajos. Hizo una apuesta a su carrera y su formación en un entorno de confianza familiar: decidió continuar con Alperovich. A las pocas semanas el candidato desplaza a quien era su asistente personal y le asigna a su sobrina la totalidad de las funciones: manejar su agenda y atender su salud, coordinar reuniones, participar de eventos sociales y políticos, entre muchas otras tareas, como las finanzas de la campaña. Sus días y horarios de trabajo comenzaron a ser flexibles y más aún en un contexto de campaña electoral, que demandaba su tiempo completo.

En la elevación a juicio consta que a los pocos días ocurrió el primero de los nueve abusos sexuales que sufrió de su jefe y poderoso tío. La violencia fue perpetrada siempre en lugares seguros para Alperovich, luego de una jornada laboral, a solas o con testigos que hicieron la vista gorda al ver a la denunciante después de un ataque. Dos veces la abusó en su departamento en el Edificio Zencity de Puerto Madero, Ciudad de Buenos Aires. Dos veces lo intentó en el auto presuntamente particular del acusado, durante traslados después de actos en la provincia. En San Miguel de Tucumán, una vez más, volvió a intentar tocarla con intenciones sexuales en la casa de una tía de la víctima. La ultrajó cuatro veces en dos casas de la localidad tucumana Yerba Buena, una de su propiedad en la calle Martín Fierro, que cuenta con un decreto ejecutivo de la provincia para usarla en actos oficiales de gobierno, y en la finca de alquiler conocida por el círculo íntimo como “la casa de los Andjel”, familia socia en los negocios de Alperovich.

La violación

La denunciante, en todo momento, le pidió expresamente que no lo hiciera, le dijo que no quería ese trato con él, que no le parecía bien, que la hacía sentir mal. Pero la escena se repitió y en cada episodio creció la gravedad: en un sillón o en el auto empezaba a halagar su forma de trabajar, alardeaba sobre la supuesta protección y el éxito profesional que él le proveía, bufaba comentarios misóginos y degradantes de su cuerpo o actitud afectiva para con él, la manoseaba y le hacía notar “mirá cómo me ponés” como según Thelma Fardín le dijo Juan Dhartés, que el 10 de junio fue condenado en Brasil a 6 años de prisión por abuso sexual contra la actriz. El entonces senador nacional forzó a su sobrina y asistente a tocar sus genitales y en Tucumán, contra su voluntad, la llevó a una habitación y la violó produciéndole severas lesiones físicas y psíquicas.

En el expediente judicial, además de las declaraciones y las pruebas de chats con el imputado y testigos que confirmaro el deterioro en el ánimo y la salud de la joven, se detallan las pericias psicológicas. La licenciada Mónica Herrán, coordinadora del Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense de la Justicia Nacional, fue terminante al ratificar que “los indicadores observados en F.L. mediante la administración de las técnicas proyectivas y en la entrevista clínico semiológica, eran propios de haber cursado situaciones de victimización en la esfera de la sexualidad, agravados por haberse desarrollado en un contexto de relación familiar, laboral y de confianza”.

En poco más de un año la joven había perdido 10 kilos de peso, se le caía el pelo, se le quebraban las uñas, le temblaban las manos y los brazos, le faltaba el apetito, no podía dormir ni concentrarse, tenía ataques de angustia y de llanto incontrolables.

La perito de la defensa cuestionó en su informe la verosimilitud del relato de la víctima con sustento en el informe pericial del Cuerpo Médico Forense, sin haber hecho preguntas en las tres horas de entrevista que presenció durante el peritaje a la denunciante. La perito de parte de Alperovich “pudiendo haber formulado preguntas y elaborar un informe a partir de sus observaciones, efectuó una valoración posterior de una pericia, a la que por falta de rigor científico solo le caben apreciaciones plagadas de prejuicios y estereotipos”, indicó la perito oficial del Poder Judicial, Mónica Herrán, en un informe ampliatorio del año 2022, donde manifestó que “nunca se perita una pericia” porque constituye un error grave de procedimiento que podría considerarse falso testimonio.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta –fiscalía que recibió la denuncia en CABA y presentó su requerimiento de elevación a juicio– rechazó el argumento de “relato inverosímil” sobre el que se sustenta la defensa de Alperovich: “No obstante, la cantidad de elementos de prueba detallados en el presente requerimiento permiten controvertir esa afirmación en torno a la falta de repercusión emocional o sustrato afectivo, como también a la carencia de solidez y coherencia. Por el contrario, su relato se mantuvo coherente, se corresponde con lo referido por los numerosos testigos que brindaron declaración y encuentra también sustento profesional y pericial a raíz de las conclusiones de los peritajes realizados y los testimonios de las profesionales de la salud que tuvieron contacto y entrevistas con F.”.

El enfrentamiento

“El vencimiento de su licencia en el Senado se celebra el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”. Ese día le dijo “nunca más” y decidió renunciar a su trabajo como asistente personal Le mandó un mensaje a Alperovich y le dijo que quería hablar con él.

Fue a su casa en la calle Martín Fierro y en su declaración contó: “Al verlo, le dije que no podía más, que no seguía trabajando y al decirle que era responsable de todo lo malo que me había hecho en este tiempo yo sentía que estaba matando a mi monstruo, mientras temblaba y lloraba, vi que ni le importaba”. Alperovich le respondió: “Yo nunca te hice nada que no hayas querido”, y se retiró del lugar dejándola devastada. Meses más tarde, en noviembre, decidió acusarlo ante la justicia de CABA y de la provincia de Tucumán.

En su declaración testimonial detalló los abusos vividos y cómo afectó su vida: “Me parece importante destacar lo que nombro en mi carta abierta cuando digo que ni siquiera podía ponerlo en palabras, para mí era una pesadilla y veía como él se movía cómodamente en los tres escenarios en los que me posicionaba, cosa que me afectó muchísimo porque yo no podía hacer como si nada en lo familiar o laboral, aunque lo laboral me liberaba de él. Me perturbaba mucho cambiar de escenario, me sentía sucia, con culpa, con vergüenza y devastada porque yo no quería vivir eso, a la vez era una presa de la intimidad que me forzaba a tener con él, lo cual grafico como una pesadilla pero de la que no me podía despertar, sólo la podía tapar porque era real. […] Cuando me fui del espacio comenzó una etapa de sincericidio, yo necesitaba contar, tenía mucha necesidad de hablar”.

El camino para sanar

A un año de enfrentarlo, con la denuncia penal en proceso, la joven escribió una carta abierta de desahogo en la que contó su pesadilla. Esa fue la única vez que se pronunció públicamente:

“Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que fuera verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante. Puse toda mi fuerza en el trabajo, me desafié para demostrar a través de mi desempeño profesional que era una mujer íntegra y respetable por mi labor exhaustiva, útil y sólida. Me encargué de absolutamente todo lo relativo a sus actividades diarias y a su salud. Creí experimentar la resiliencia de ese modo, creí que así podría “olvidar” y recuperar mi dignidad. Sentí culpa, vergüenza. Mucha vergüenza. Eso significó además de un trauma, una tarea con la que tenía que lidiar porque no podía dar cuenta a nadie de lo que me pasaba. Para afuera todo estaba bien, no podía ni decírmelo a mí misma. La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”.

“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga. Creo que legal y socialmente es el lugar en el que le corresponde estar y ser tratado. A nivel personal, trabajo mi recuperación tanto en terapia formal como en otros espacios de ayuda. No le estoy haciendo esto a nadie, ni mucho menos soy una mujer instrumentalizada por nadie, me estoy curando a mí. Arribo una vez más al fin de todo este profundo y doloroso camino: SANAR. Celebro mis avances y continúo para despojarme de este daño que me arrolló y del cual lamentablemente fui víctima, pero con la absoluta convicción de que se puede sanar”.

“Y más que sentir vergüenza por estar vivas podíamos decidir levantarnos y recuperarnos lo mejor posible (…) ya no se trataba de negar o de morir, se trataba de vivir con”, leí en un libro –Teoría King Kong de Virginie Despentes–. Honrar nuestros dolores nos enseña a suprimir la vergüenza, el miedo o la pura ignorancia de cómo enfrentarlos; a tomar la responsabilidad de mi herida y de mi bienestar. No siempre superamos los traumas, pero cuando los honramos reconociendo que existen, dejamos de ser consumidos por ellos. Hoy valoro la capacidad de reponerme de esta situación no siendo más condescendiente con el trauma: vivo y siento, como, duermo, me río, me ocupo y estoy presente, me capacito, me divierto, trabajo, me cuido, me rodeo de amor, me elijo”.

El acusado

En sus manos gruesas sostenía un dije amarillo con letras borrosas en hebreo, desgastadas de tanto apretarlo y frotarlo. “Es del Rebe, me da fuerzas. Su palabra es muy importante para mí. Es el rabino que Milei visitó su tumba en Nueva York –Menachem Mendel Schneerson, conocido como rebe de Lubavitch, líder religioso del hasidismo–. Sabés que soy judío, ¿no?”, arremete con la mirada fija a los ojos y una sonrisa fría, ensayada para esas ocasiones con la prensa, al cruzarse en el juzgado con lavaca, antes de los alegatos.

Encantador y con fe, José Alperovich se había sentado ante un tribunal de justicia primero el 3 de junio –fecha emblema de la lucha feminista contra los femicidios y la violencia machista– en la última audiencia de testimoniales del juicio oral en su contra. Podría haberse llamado a silencio pero decidió defenderse sin perder el temple de una persona con mucho poder. Aferrado a su amuleto reconoció haberse preparado para enfrentar al juez y comenzó su declaración con una teoría: “Este es un juicio armado con un móvil económico y político, yo no abusé de F. Me cambió la vida que por todos lados me digan Alperovich violador. Soy un hombre muerto en vida”.

Su abogado defensor le preguntó aquel 3 de junio por cada uno de los días que la denunciante relató las nueve agresiones sexuales que lo tienen sentado en el banquillo de los acusados. En todas sus respuestas reforzó la idea del sin sentido y la inverosimilitud, que será el argumento fuerte de su defensa: “Es incomprensible para mí esta acusación, ¿por qué volvería si había sido abusada? No tiene sentido. Un día soy abusador y otro día no, ¿Cómo es? Ella quiere instalar que yo quiero prostituir a las secretarias. Si me hubiera pedido un favor yo se lo hubiera dado. Pero estos son títulos de una causa armada para que durante cinco años la prensa me diga violín”. En uno de los abusos que denuncia la joven, Alperovich le expresó que “era un violinista famoso –André Rieu -por su habilidad para mover los dedos”, según consta en el expediente judicial.

“Me tengo que defender y demostrar cosas que no he hecho” dijo el ex senador nacional por Tucumán ante el tribunal, y desde su perspectiva, la responsabilidad parece caer sobre la denunciante: por qué siguió trabajando, por qué volvió a quedarse en el departamento de Puerto Madero, por qué estuvo cerca suyo si la había abusado. Cuestionó cómo empezó a trabajar con él: según Alperovich ella buscó a su hija Sara. Cuestionó el vínculo familiar: dijo que la conoció en 2017, no antes, y que no sabía que eran familiares. Cuestionó la relación de poder: “En la primera reunión le conté mi rutina y le dije que hice crecer a muchas personas en la política, pero va a depender de vos”, declaró ante Ramos Padilla.

“Alperovich se rodeaba de personal de seguridad, asesores y asistentes a quienes también degradaba y nadie se animaba a cuestionar su trato inapropiado”, explicó la querella. Tanto en la elevación a juicio como en las declaraciones testimoniales ante el TOC Nº29 constan relatos de personas que se sintieron incómodas y presenciaron tratos misóginos, comentarios fuera de lugar, chistes sexistas y actitudes degradantes para con las mujeres que trabajaban en su equipo. La naturalización y complicidad ante una figura de tanto poder llevó a que tres testigos de parte de Alperovich fueran acusados durante el juicio por falso testimonio: Manuel Frías, cocinero personal; Víctor Hugo Decataldo, empresario de transporte y pareja de Sara Alperovich, hija del acusado; David Cayeta, ex policía, custodio y chofer de Alperovich. Todos negaron ante el Tribunal haber visto o sabido del padecimiento de la denunciante.

Sin embargo, constan pruebas de conversaciones por chat en las que intercambian sobre el malestar de la joven o reconocen que la vieron minutos después de que sufriera un episodio de abuso.

Asimetría de poder

“José Jorge Alperovich sacó provecho de ese contexto de confianza, afecto familiar, dependencia laboral y asimetría de poder para perpetrar los hechos de abuso sexual que se le endilgan”, sostiene la querella. “Durante la indagatoria el acusado ha negado todo, como era esperable. Y ha querido atacar la credibilidad de la víctima sobre la base de la idea de que todas las víctimas deben comportarse según un modelo único, Deben gritar y resistirse con uñas y dientes a la violación, debe denunciar de inmediato, etc. Estos estereotipos, que distorsionan la averiguación de la verdad y dañan terriblemente a las víctimas, están ya desterrados de nuestras prácticas judiciales y de nuestra manera de pensar. Sabemos que las cosas no funcionan así, sabemos que hay asimetrías de poder, que las víctimas de abuso muchas veces no saben cómo actuar, tienen miedo, se culpabilizan, que el comportamiento de las personas no se puede reducir a un patrón idéntico para todas. Y esto lo explicaron con mucha solvencia las mujeres profesionales del Cuerpo Médico Forense, cuyo trabajo imparcial y dedicado merece ser reconocido”, explicó el abogado querellante Pablo Rovatti a lavaca y aseveró: “Tenemos confianza en el trabajo de la justicia”.

Este lunes la querella pidió 22 años de prisión para el acusado.

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Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas

Publicada

hace 4 días

16/09/2024

La facultad de Derecho de la UBA fue la sede de presentación de un informe inédito en el rubro llamado “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura” que contextualiza los ataques a periodistas mujeres vía redes sociales y reclama al Estado y a las empresas de medios medidas urgentes para parar la espiral de violencia. El 80% de las periodistas censadas se ve inhibida de manifestarse en redes y el mismo porcentaje temió o teme por su integridad física. Cómo funciona el trolling, y su objetivo: silenciar. El carácter sistemático, y los casos paradigmáticos. Lo más grave: que sea agitado (si no financiado) desde el Estado.

Por Anabella Arrascaeta. Fotos de Cleo Bouza.

La colectiva Periodistas Argentinas presentó hoy en el Salón Azul de la Facultad de Derecho de la UBA el documento “Ciberacoso a periodistas mujeres: la tecnocensura”, un informe que contextualiza los ataques que soportan actualmente las profesionales, resume casos paradigmáticos y formula pedidos concretos al Estado y a las empresas de medios.

El informe enciende una alerta: “El ciberacoso se ha convertido en una práctica sistemática que afecta gravemente a las mujeres periodistas”, explicitan. Durante la presentación las periodistas Nancy Pazos, Noelia Barral Grigera, Romina Manguel y María O’Donnell dieron cuenta de cómo funciona la industria de los ataques “impulsados por actores institucionales que diseñan campañas en distintas plataformas –aunque con especial intensidad en la red X– para coordinar intimidaciones y descalificaciones con el propósito de silenciar a comunicadoras críticas. “Estos ataques desinforman, intimidan y restringen la participación de periodistas en el debate público y, como consecuencia, socavan la democracia”, sintetiza la investigación presentada por Periodistas Argentinas.

Entre quienes acompañaron la presentación se encontraban la diputada Mónica Macha, presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados; la especialista en derecho Marisa Herrera; Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN); y Agustín Lecchi, Secretario General del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).

“Se tienen que abrir los ojos: esto es un problema, y tiene consecuencias”, dijo a lavaca la periodista Nancy Pazos, y siguió: “Se puede generar estadísticas, legislación, y hasta protección, no solo del Estado sino de las empresas periodísticas. Hay que abrir los ojos para que las empresas periodísticas se den cuenta que están atentando no contra la libertad de prensa de una periodista sino del conjunto”.

La periodista Noelia Barral Grigera explicó a lavaca que “la diferencia que encontramos en el último tiempo en el comportamiento de este tipo de cuentas es que ya no son usuarios anónimos aislados, sino que efectivamente son comunidades organizadas, rentadas, que se coordinan para atacar y hostigar a comunicadoras críticas, a personas que tienen influencia en las redes, y que opinan críticamente”.

El informe, además del diagnóstico, recomendaciones y pedidos concretos para salir de esta grave situación, da cuenta de 16 casos paradigmáticos, entre ellos los de Nancy Pazos, Romina Manguel y María O Donnell, que pusieron su voz en la presentación.

La periodista Cynthia García, en diálogo con lavaca, hace foco en que “lo que se establece es una trama sistemática” y considera que esa trama “es estatal, entonces el acoso es grave, porque es una violencia en redes sociales en un momento donde tenemos un gobierno que cree que la democracia se legitima en las redes sociales, y un Presidente que retuitea y ejerce esa violencia”. Y agrega: “El informe establece que el objetivo es el silenciamiento, que no es personal, que tiene un sesgo de género, y sobre todo que es sobre periodistas que se expresan política, socialmente en la esfera pública”.

De lo que hablamos entonces es de un ataque a la libertad de expresión entendida como un pilar de la democracia.

Informe Final CiberAcoso Descarga

Trolling para silenciar

El informe da cuenta de que el término troll cambió en los últimos años. “En la actualidad, su uso está industrializado y tiene como finalidad aquello que el periodista mexicano Alberto Escorcia denomina ‘tecnocensura’: no se trata ya de alguien oculto detrás de un falso perfil, sino de un mecanismo financiado para producir desinformación. Este financiamiento puede provenir de grupos de poder o de gobiernos, tal como advierte Reporteros Sin Fronteras (RSF)”, explican y agregan que en los últimos años “la industria del ciberacoso ha tenido, además, un incentivo: las nuevas tecnologías son manipuladas para que los mensajes de odio adquieran mayor magnitud”.

En ese contexto plantean que “la relación de las campañas de trolling y el periodismo es estratégica porque representa el campo difusor de los temas de actualidad: es blanco de los ataques para forzar la agenda de la conversación social”. La red social que identifican como más agresiva es X -ex twitter- y encuentran como explicación que es la red donde se disputa el control de la conversación política.

A esto se suma que “en términos generales, la cultura digital tiende a invisibilizar a las mujeres o desplazarlas hacia la periferia. Esto quiere decir que todas aquellas acciones orientadas a reivindicar una posición de mayor centralidad en la sociedad (como las que realiza históricamente el feminismo) han tenido una violenta contestación en Internet”.

Las mujeres con voz pública se vuelven así especial foco de ataque. El informe de Periodistas Argentinas retoma un material realizado por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información que luego de estudiar ataques a periodistas señala:

La visibilidad las expone a la violencia en línea por el solo hecho de ser mujeres con voz pública.
Hay sesgos de género en los ataques que reciben.
La violencia sistemática en línea tiene por objeto silenciarlas.

Dice Periodistas Argentinas: “Trolls para dirigir ataques contra algún actor específico, bots para viralizar rápidamente un hashtag, difusión de datos personales o creación de fake news son algunas de las estrategias visibles que se usan en las redes sociales para dañar la reputación de una persona, atemorizarla y desplazarla del debate”. Y señalan las particularidades que encuentran en los casos que analizaron de violencia dirigida hacia mujeres con voz pública:

Son ataques sistemáticos. No se trata de hechos aislados.
Hay ataques reactivos –a un posteo, una cobertura, una nota– y hay otros que se perciben como azarosos, “porque sí”, que pueden llegar en cualquier momento y que las entrevistadas relacionan con el ensañamiento y la intención de correrlas del debate público.
A menudo, se sospecha, y en ocasiones, se comprueba que existe una coordinación.

Esta violencia tiene consecuencias, todas las periodistas entrevistadas para el informe elaborado manifestaron impactos en su participación en la conversación pública. Los datos:

El 80% limitó su participación en las redes: ha omitido opinar o manifestarse sobre determinados temas.
El 40% manifestó haberse autocensurado, evitando escribir o hablar sobre un tema de su pertinencia en el medio o ámbito en el que se desempeña.
Un tercio cambió de puesto laboral.
Una cuarta parte experimentó despidos o la no renovación de sus contratos. Y la mitad tiene miedo de perderlo.
Un 80% temió o teme por su integridad física.

Otros datos que retoma el informe de Periodistas Argentinas:

El informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, publicado por Reporteros Sin Fronteras muestra que, entre las principales víctimas de los ataques digitales, se encuentran las periodistas.
Una investigación realizada en el Reino Unido por el think tank Demos, tras estudiar miles de tuits, reveló que las reporteras reciben en promedio tres veces más comentarios inapropiados o insultantes que sus colegas varones. “Mentirosa” y “prostituta” son algunos de los insultos más comunes, también la amenaza de violación.
La amenaza de agresión sexual, también fue detectado como algo recurrente por ONU Mujeres y la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.
Reporteros Sin Fronteras también informa que el trauma sufrido conduce al silencio y reduce el pluralismo de la información.
En todos estos informes se identifica un mismo mecanismo: a partir de un mensaje posteado o retuiteado por una persona “real” –generalmente, funcionarios de gobierno o personalidades que forman parte de la red de comunicación y propaganda oficialista– se desata el ataque.

Casos paradigmáticos

Sobre la situación en nuestro país Periodistas Argentinas detalla que “en los últimos meses, se ha observado una escalada significativa de trolling contra mujeres periodistas, pero con una particularidad: las agresiones ya no solo provienen de usuarios no verificados o bots, sino también y principalmente de cuentas verificadas y de integrantes del dispositivo de comunicación oficial, quienes utilizan sus cuentas personales en las redes sociales (especialmente las de X) para multiplicar mensajes que descalifican y desacreditan la credibilidad de estas comunicadoras”.

La colectiva relevó y da detalles de 16 casos de periodistas que han sufrido ciberacoso, y encontró características en común:

Son comunicadoras que informan, comentan y opinan sobre política y economía.
Generalmente, los ataques no los originan sus opiniones personales sino la información que producen en sus medios y comparten en sus redes sociales.
En la mayoría de los casos que citamos en este informe, el ataque ha sido iniciado o replicado por el Presidente de la Nación, Javier Milei, desde la red X, lo cual ha derivado en una campaña de trolling muy agresiva en el día del posteo, que se mantiene a lo largo del tiempo con menor intensidad.
En muchos de los casos, el ataque ha afectado también la relación periodística de estas profesionales con funcionarios y fuentes oficiales.
La violencia escala tanto y tan rápido que deciden alejarse de las redes o no responder.
Algunas decidieron usar sus redes sociales de manera unidireccional, solo para informar a su comunidad, pero sin mantener interacciones.
No creen que sea personal, aunque sí disciplinador.
Coinciden en que hay un impacto sobre la libertad de expresión.

Los casos paradigmáticos que detallan son los de Luciana Peker, periodista y escritora feminista; Ivy Cángaro, periodista de investigación; Paula Moreno Román, presidenta de Fopea; Marina Abiuso, exeditora de género de TN; Nancy Pazos, presidenta de Periodistas Argentinas; María O´Donnell, conductora de radio y televisión; Romina Manguel, conductora de radio y televisión; Luisa Corradini, corresponsal del diario La Nación; Silvia Mercado, periodista del diario El Cronista; Sofía Diamante, periodista del diario La Nación y columnista del canal LN+; Jesica Bossi, periodista de TN; Ángela Lerena, periodista especializada en deportes; Cecilia Boufflet, periodista de TN y Radio Mitre; Julia Mengolini, periodista y fundadora de FutuRöck; Mónica Gutiérrez, periodista, conductora de radio y televisión; y Delfina Celichini, periodista del diario La Nación.

Los pedidos

Como conclusión del informe desde Periodistas Argentinas solicitan:

-Al Estado:

Refuerce el marco legal para que restrinja el acoso en línea a periodistas y que la legislación se aplique estrictamente.
Imponga obligaciones a las plataformas en lo relativo a la transparencia de los algoritmos y el uso de ejércitos de robots que amplifican los ataques para que respeten los principios de la libertad de expresión y de información, sin que esto implique controlar los contenidos ni censurarlos.
Instaure dispositivos de resarcimiento de daños y perjuicios para las víctimas de ciberacoso (indemnización financiera, ayuda médica y psicológica, etc).
Prohíba financiar este tipo de agresiones para intentar influir en la opinión pública o para atacar a personas en línea; en otras palabras, que no se permita ni al Estado ni a los partidos políticos pagar ejércitos de robots para manipular a los usuarios ni para acosar a periodistas.

-A las empresas de medios:

Asuman la amenaza de ciberacoso y la prevengan. Los medios de comunicación deben capacitar, tanto a los periodistas como al resto de sus empleados, para que enfrenten este tipo de amenazas, y crear dispositivos de urgencia internos para garantizar que los y las periodistas víctimas de acoso cuenten con apoyo y protección. No deben tomarlo como un ataque personal que debe enfrentar la o el periodista en forma individual, sino como un daño a la libertad de expresión, al periodismo y a los medios y, por tanto, asumir la responsabilidad de contener, responder, litigar si fuera el caso, capacitar y prevenir.
Aborden el tema del acoso en línea que sufren las y los periodistas: que realicen más reportajes e investigaciones que informen y sensibilicen a la población en general, al gremio periodístico y a las autoridades, sobre este desafío que aún no se reconoce como un ataque a la libertad de expresión ni como un serio riesgo del ejercicio de la profesión.

-A su vez dan recomendaciones de cómo responder a un ataque:

El primer paso es guardar pruebas: hacer capturas o fotos de pantalla con las muestras del acoso.
Reporteros Sin Fronteras aconseja denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas que participan del ataque; hacerlo todas las veces que se requiera.
La guía Acoso y violencia digital. Herramientas de acción para periodistas –una iniciativa de UNICEF, UNFPA, PNUD y ONU Mujeres–, advierte que al denunciar ante la red social ”el cierre de la cuenta puede interpretarse como la pérdida de evidencia”, por eso “el primer paso es ubicar las pruebas y preservarlas (por ejemplo, hacer capturas de pantalla de los mensajes recibidos)”. Recomienda también diseñar un plan de acción, que incluya el resguardo de la seguridad, realizar la denuncia judicial y poner en conocimiento a organismos de derechos humanos y defensores de la libertad de expresión.
Informar del ataque a jefes, compañeras/os de trabajo y organizaciones periodísticas y sindicales.
Recurrir a la solidaridad periodística. Colegas que han sido víctimas de acoso en redes pueden emprender una contraofensiva manifestando su apoyo a través de sus redes.
Dice la guía Acoso y violencia digital: “Muchas veces se considera que responder a un ataque es transformarlo en una noticia, un hecho que se agranda al darle entidad. Las soluciones no son universales, pero frente a las estrategias de desinformación es importante considerar el alcance de no tomar acciones para aclarar los hechos que generan el hostigamiento y la violencia. El periodismo tiene un compromiso con la verdad y corresponde también frenar y rectificar las fake news (noticias falsas). Dar cuenta del hostigamiento desde el propio medio es una forma de respaldar a las periodistas agredidas”.
Por lo general, los ataques son violentos, pero de duración limitada. Desconectarse algunas horas si se considera necesario.

Ciberacoso a periodistas mujeres: nuevo informe de Periodistas Argentinas — Integrantes de Periodistas Argentinas después de la presentación.

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#NiUnaMás

Tras diez años de impunidad, hubo condena por el femicidio de Nancy Fernández

Publicada

hace 1 semana

10/09/2024

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro condenó a Juan Carlos Corvalán como autor del asesinato de Nancy Fernández, perteneciente a la comunidad qom del Tigre. El hecho ocurrió hace diez años. Nancy reclamaba por el crimen de su hija Micaela, que aún sigue impune. Por Anabella Arrascaeta.

Hubo un gesto de justicia, diez años después. El Tribunal Oral de San Isidro anunció la condena de Juan Carlos Corvalán por el crimen de Nancy Fernández. El 1°de octubre se conocerá la resolución final, el tiempo de la condena, y los fundamentos. El fallo fue unánime, y los magistrados señalaron que para tomar la decisión tuvieron en cuenta la perspectiva de género y el derecho internacional. En la calle estaba Lisette, la hija de Nancy, quien agradeció el apoyo con el que contó y anunció que continuará la lucha por esclarecer el crimen de su hermana Micaela.

Nancy y su hija Micaela. La madre comenzó su lucha buscando esclarecer la verdad sobre el crimen de la niña de 14 años (caratulado como suicidio), y también fue asesinada.

Pese a esta condena, el crimen de Micaela sigue impune porque fue caratulado como suicidio. Esta historia, se teje entonces entre muertes e impunidades. Y el entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estuvo presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Esa red garantizó por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organizó que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

La condena marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

“Es gracias al apoyo que ustedes me dan que yo puedo seguir de pie, la lucha sigue; hoy se hizo justicia por mi madre pero todavía falta justicia por mi hermana”, dijo Lisette en la puerta de los Tribunales tras conocerse la sentencia de Nancy, que tal vez sea apenas el primer paso para desentrañar el fondo de esta historia.

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Nota

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Publicada

hace 3 semanas

02/09/2024

Comienza este martes el juicio por el asesinato de Nancy Fernández que se extenderá entre el 3 y el 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Por Anabella Arrascaeta.

Nancy tenía 36 años cuando el 2 de mayo de 2014 fue encontrada en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Venía reclamando justicia por su hija, Micaela Fernández (14), que un año antes había sido secuestrada, violada y asesinada (ambas en la foto de portada). Sin embargo, se caratuló el caso de Micaela como suicidio. El acusado es Juan Carlos Corvalán, conocido narco de la zona. Nancy y Micaela eran parte de la comunidad qom Yecthakay, de Tigre.

Esta historia, situada en el Municipio de Tigre, se teje entre muertes e impunidades. El crimen de Micaela Fernández fue caratulado como suicidio, y sigue impune. Este martes comienza entonces el juicio por el asesinato de su madre, Nancy Fernández, que se extenderá hasta el viernes 6 de septiembre en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7 de San Isidro. Hay un solo imputado por el femicidio: Juan Carlos Corvalán, narco de la zona.

El entramado detrás de estas muertes sigue aún sin visibilizarse.

Diez años después: comienza el juicio por el femicidio de Nancy Fernández

Nancy Fernández, de la comunidad qom del Tigre. La asesinaron porque seguía denunciando que el caso de su hija Micaela no había sido un suicidio, sino un asesinato (Foto de Canal Abierto)

Los crímenes

En 2013, cuando Micaela Fernández desapareció, su madre Nancy fue a la Comisaría 6ª de Talar pero no le quisieron tomar la denuncia; había sido secuestrada y violada por varios hombres. Cuando su hija apareció días después, con golpes, cortes en la cara y el pelo cortado, Nancy insistió en denunciar lo sucedido y otra vez volvieron a negarle ese derecho. En una entrevista con la TV Pública, Nancy reveló que la policía la llevó a la comisaria, donde la ataron y golpearon. Cuenta Nancy en el video: “India de mierda, me dijeron, te callás la boca, no vas a hablar vos”.

El 17 de febrero de 2013 Micaela apareció asesinada en la casa de Dante “Pato” Cenizo. Tenía un tiro en la cabeza. La investigación de su muerte estuvo a cargo del fiscal Diego Molina Pico, de la Fiscalía de El Talar, que a los pocos meses archivó la causa caratulada como suicidio. Dante “Pato” Cenizo solo estuvo preso por venta de drogas.

Un año después, mientras Nancy, reclamaba justicia y denunciaba la complicidad policial en la trama, la encontraron en su casa semidesnuda, violada y asfixiada. Ahora, diez años después, su muerte llega a Tribunales.

El reclamo de justicia

Nancy y su familia son parte de la comunidad Qom Yecthakay del partido de Tigre. Micaela tenía una hermana: Lisette Fernández, que tenía 12 años cuando asesinaron a su hermana, y 13 cuando asesinaron a su mamá. Cuando cumplió la mayoría de edad tomó el reclamo de justicia y se rodeó de las organizaciones que desde el territorio acompañan los reclamos por los femicidios locales.

La misma red que acompaña por ejemplo el reclamo de justicia por Luna Ortiz (asesinada en 2017 cuando tenía 19 años) estará presente en los Tribunales acompañando a Lisette.

“Es importante el acompañamiento porque es una causa fuerte. Esta red de mafia territorial se creía que al matar a Nancy y al morir su abuelo Eugenio de tristeza, Lisette no iba a hacer nada por su corta edad, pero cuando cumplió los 19 años decidió salir como particular damnificada, y es importante levantar junto a ella el pedido de justicia”, dice a lavaca Marisa Rodríguez, mamá de Luna Ortiz y miembro de la red que acompaña el pedido de justicia por Nancy y Micaela.

Marisa Rodríguez, la mamá de Luna Ortiz, junto a Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela que retomó el reclamo de justicia ante la audiencia que comenzará este martes 3.

Esa red garantiza por ejemplo que durante esta semana Lisette tenga cómo trasladarse al juicio, y se quede a dormir cerca de Tribunales. También organiza que la joven tenga la comida para la semana y las actividades de acompañamiento que sucederán en la calle mientras el proceso transcurre, además del claro apoyo y contención.

El juicio marca la posibilidad de empezar a desarmar el entramado de impunidad. Un primer paso en un largo camino que se inicia por juzgar como femicidio el crimen de Nancy, y que después pueda dar lugar a lo que todavía no se hizo increíblemente: vincular la muerte de Nancy con el crimen de su hija Micaela, y poder poner luz en la trama de responsabilidades y complicidades que mantuvieron durante 10 años sus femicidios sin justicia.

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