Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

Un paro este lunes 4 de agosto será la primera respuesta de los metrodelegados ante el fallecimiento de Walter Berhovet, la quinta muerte sufrida por los trabajadores como consecuencia de la exposición al asbesto (o amianto) presente en vagones comprados a países como España durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad. Walter falleció tras un cáncer de pulmón. Además de los cinco fallecidos hay actualmente 114 afectados, cuatro con cáncer, y 2.179 bajo control médico. Cada uno, bajo la angustia de no poder saber si la enfermedad se desencadenará también en su caso.  

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP-Metrodelegados) informó que el paro del lunes abarcará a todas las líneas de subte y premetro, de 13 a 15, en repudio al fallecimiento, por cáncer de pulmón, de Walter Berhovet, uno de los trabajadores que se vio letalmente afectado por la exposición al asbesto presente en determinados vagones de los trenes subterráneos.  

La situación de Walter y los demás trabajadores ha sido monitoreada y confirmada por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Los metrodelegados plantean: “La muerte de nuestro compañero nos llena de tristeza e indignación porque pudo haberse evitado: el asbesto está prohibido en Argentina desde el año 2003.  A pesar de ello, durante muchos años trabajamos sin ser informados de la presencia de asbesto en nuestro ámbito laboral″.

Agrega el documento gremial: “La empresa y las autoridades lo negaron hasta que nuestro sindicato demostró que los trenes CAF 5000 contenían ese mineral cancerígeno usado como aislante” y que más tarde “se comprobaría su presencia en otras flotas e instalaciones de la red”.

Los metrodelegados explican: “A las autoridades, que miran para otro lado, les exigimos máxima celeridad en los procesos para garantizar el urgente cambio de las flotas que contienen asbesto. Necesitamos que se aceleren las tareas de descontaminación en base a un plan integral de desasbestización” y reclaman que todas las personas que trabajan en ese ámbito deben ser puestas bajo vigilancia médica”.

Aquí, una de las investigaciones previas realizadas por lavaca y la revista MU con respecto a este tema.

El presidente Javier Milei vetó este sábado las leyes de aumento a las jubilaciones y de emergencia en discapacidad que había aprobado el Senado el 10 de julio. Ahora es el turno de la oposición que deberá conseguir dos tercios de la Cámara para ratificar los proyectos, en un contexto de negociaciones cruzadas marcadas por la agenda electoral de septiembre en la provincia de Buenos Aires y octubre a nivel nacional.

El proyecto de jubilaciones –aprobado en el Senado con 52 votos afirmativos, 4 abstenciones y ninguno negativo– aumentaba 7,2% los haberes y el bono de $70.000 a $110.000, que se actualizaría por inflación. También habían aprobado la restitución de la moratoria previsional. En tanto, la ley de Emergencia en Discapacidad –56 votos afirmativos, sin abstenciones ni negativos– proponía regularizar pagos, actualizar aranceles para prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad, entre otros.

Diversas organizaciones que luchan por los derechos de personas con discapacidad (Asociación Civil Creando Huellas, NeuroCEA y el especialista Eduardo Sotelo, entre otros) lanzaron un video en redes denunciando la situación crítica con números concretos:

• $270.000 las terapias domiciliarias.
• $600.000 un centro terapéutico media jornada o el acompañamiento escolar.
• $70.000 la consulta con un psiquiatra para la medicación.
• $825.000 el cannabidiol para pacientes con epilepsia refractaria.

“Los apoyos para nuestros hijos con discapacidad son un derecho, no un privilegio. El acceso a los apoyos y recursos que necesita una persona con discapacidad es un derecho universal”. El video puede verse aquí

Héctor, jubilado, tiene 75 años y se acaba de enterar de un veto que ya sabía que iba a llegar antes del lunes, cuando terminaba el plazo. Le dice a lavaca: “Me siento impotente, si tengo que decir algo ahora, lo tengo que mandar a …ya sabés dónde. Pero no merece decirle nada”. 

Al ratificarse el veto a los jubilados, la actualización de agosto será del 1,62% en base al último índice de inflación de junio de 2025, por lo que la jubilación mínima será de $ 314.243,51 en lugar de los 441.600 que establecía la ley.

Patricia tiene 68 años y vive en el barrio porteño de Flores. “Es repugnante que justo una semana después de bajarle las retenciones al campo, vete subir nuestras jubilaciones. Da mucho dolor Tengo una mezcla de sentimientos, bronca, indignación, ira, tristeza, dolor”. 

Toda esa combinación de sentires se le hacen eco en su voz. “Nos ha costado añares y muchas vidas la conquista ciertos derechos, ver que ahora se aniquilan de un plumazo es terrible. Milei no tiene idea de la realidad que estamos pasando. Es la peor época que estoy viviendo, desde lo económico, pero también desde lo social, por el impacto que nos genera en nuestra salud, psíquica y emocional. Estoy jubilada con la mínima y debo seguir trabajando (de abogada) porque si no, no podría subsistir. Pareciera que tengo un privilegio por continuar trabajando, pero tendría que estar descansando y disfrutando de mis nietos después de tantos años de esfuerzo”. 

Ahora será el turno del palacio y la calle. Mientras el Gobierno negocia con la llamada “oposición dialoguista” buscando conseguir los 87 votos que ratifiquen el veto, tal como sucedió en septiembre del año pasado con la ley de movilidad jubilatoria, el movimiento de jubiladas y jubilados –el más activo en Argentina contra las políticas de ajuste– saldrá a las calles este miércoles, como cada semana.