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La censura avanza: el INTA prohíbe las palabras ag̶r̶o̶e̶c̶o̶l̶o̶g̶í̶a̶, b̶i̶o̶d̶i̶v̶e̶r̶s̶i̶d̶a̶d̶, g̶é̶n̶e̶r̶o̶ y c̶a̶m̶b̶i̶o̶ c̶l̶i̶m̶á̶t̶i̶c̶o̶
La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).
La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.
APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.
La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.
El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.
La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.
No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O «cambio climático» o «biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.
El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.
Adoctrinamiento oficialista
El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.
Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).
El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, «inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente». El Plan resalta la intención de contribuir a la «soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria».
Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.
Pesticidas hasta en la sangre
La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.
Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.
Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.
Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.
Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.
Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.
La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.
En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.
Eduardo Cerdá en MU.
Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.
Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.
Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.
La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.
Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.
Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.
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Córdoba contra la reforma laboral
Córdoba amaneció este jueves paralizada y movilizada desde la madrugada y hasta después del mediodía. Cortes simultáneos y coordinados bloquearon los accesos a la ciudad desde las 6 de la mañana mientras se nutrían las columnas gremiales que marcharon hacia el centro cívico, que un cordón policial mantuvo aislado para impedir la concentración.
Se improvisó entonces un escenario desde un camión desde el cual Mariana Mandakovic, representante de Cispren –sindicato de prensa cordobés– y secretaria adjunta de la CTA, leyó uno de los dos documentos que sintetizan las exigencias de cuarenta organizaciones sindicales de todo el país. “El único antecedente similar a la reforma laboral propuesta por el gobierno de Milei tuvo lugar en 1976, con la dictadura cívico militar”, denunciaron.
El palco del acto en Córdoba. (Fotos: prensa del sindicato de Aceiteros).
Entre los puntos conflictivos que la reforma laboral propone, destacaron: ruptura del sistema de negociaciones colectivas, restricciones al derecho de huelga, financiamiento de despidos con recursos del sistema de seguridad social y la institucionalización del techo salarial y los límites a las paritarias.
El otro documento estuvo dirigido al gobernador Martín Llaryora. “Las provincias están quebradas por culpa del programa económico de Milei y no por los trabajadores. No tiene que ser cobarde. Anímense a enfrentarlo”, exigieron.
El plan de acción contra la reforma laboral tendrá continuidad la próxima semana en Rosario con una movilización convocada a las 11 de la mañana del 10 de febrero. Para el día siguiente, miércoles 11, los gremios anunciaron un paro general, ya que el Senado votará el controvertido proyecto.
La movilización cordobesa fue convocada por la CGT y las dos CTA de la provincia y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) nacional. “No hay otra alternativa que la lucha y demostrar el descontento ante esta mal llamada reforma laboral que es totalmente regresiva. No tiene ningún artículo que beneficie a los trabajadores”, sintetizó Rubén Urbano, secretario general de la UOM de Córdoba.
El cerco policial frente a la movilización.
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Represión contra jubilados: La debilidad de la fuerza
El Gobierno exhibió este miércoles un nuevo signo de debilidad al reprimir otra pacífica marcha de jubiladas y jubilados. Hubo cuatro personas detenidas, 35 heridas y dos debieron ser hospitalizadas. (En la imagen de portada se ve una de las dos detenciones que sufrió el cura Paco Olveira).
A una semana de la sesión en el Senado que discutirá la aprobación de la reforma laboral, la violencia desplegada contra personas mayores, con discapacidad y trabajadores y trabajadoras de prensa se entendió como el despliegue de un show destinado a disuadir una protesta cuyos alcances no prevé.
Foto: lavaca.org
De lo contrario, no puede entenderse el absurdo de cómo el sacerdote Paco Olveira fue detenido dos veces.
O la forma en la que se llevaron en un camión del Servicio Penitenciario Federal a Miguel Ángel, un jubilado con problemas en el corazón.
O la manera en la que dos oficiales federales se llevaban a Fernando Quintero, un jubilado con muletas, al que soltaron porque empezó a convulsionar.
La violencia y la arbitrariedad de cientos de efectivos (?) contra quienes se manifestaban puede ser leída como un síntoma de la fuerza y lo genuino del reclamo.
El temor estatal al registro de esos hechos también llevó a las fuerzas a pegar y gasear a periodistas y fotógrafxs que, durante la mañana, se habían movilizado al Senado para hacer una conferencia como acción en contra de la derogación del Estatuto del Periodista.
Luego de la escenificación de la violencia, la marcha se hizo como cada miércoles, y algunos siguieron para acompañar el cabildo realizado en el Hospital Garrahan en contra del despido y persecución a las y los profesionales que lucharon por la mejora de sus condiciones laborales. Como cada jornada, también cantaron contra la CGT («a dónde está que no se ve»), cuyo Consejo Directivo se reunirá este viernes para definir si realizará alguna acción de cara al miércoles que viene.
Foto: lavaca.org
Los datos de la violencia
La Comisión por la Memoria informó que cuatro personas fueron detenidas, más de 35 resultaron heridas y dos debieron ser hospitalizadas. Los principales párrafos del informe:
“Jubilados, personas con discapacidad y manifestantes fueron víctimas de un desproporcionado dispositivo de seguridad que contó con la presencia de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Policía de detención y motorizada de la Ciudad de Buenos Aires (GAM)”.
“La Policía Federal acorraló a los manifestantes en la esquina de Callao y Rivadavia y con empujones, golpes con escudos y gas pimienta, logró desalojarlos hacia el centro de la plaza. Posteriormente, la Policía Federal armó sucesivos cordones policiales que fueron apostados sobre Av. Rivadavia hasta Avenida de Mayo y San José, donde además ubicaron un camión hidrante, que evitaba totalmente el paso de personas hacia la zona de Congreso o 9 de Julio”.
“Cuatro personas resultaron detenidas: Miguel Ángel Caly, Ivo Enríquez, Francisco “Paco” Olveira y Fidel Tomas Bravo. Más de 35 personas resultaron golpeadas o heridas por gas pimienta, padeciendo irritación en los ojos y la piel; dos de ellas tuvieron que ser hospitalizadas por crisis convulsivas, previamente atendidas por CEPA y el equipo de monitoreo de la CPM”.
Foto: lavaca.org
“En nuestra calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura monitoreamos el despliegue de las fuerzas represivas y junto al @argentinacepa asistimos a las víctimas de la represión. Esta tarea de control forma parte de las actividades desarrolladas con el @cnpt_argentina y el @mlptcaba”.
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El Garrahan movilizado frente a las amenazas oficiales: «¿qué miedo vamos a tener?»
El gobierno amenazó con nuevos despidos en el Garrahan, que el año pasado había conseguido una histórica actualización salarial del 61%. La explicación de la situación, lo que dicen las madres de los niños internados, la importación de material de descarte como si fuese una gran noticia. Las acciones, el cabildo abierto, y cómo se organiza la posibilidad de poner límites frente a los atropellos.
Por Francisco Pandolfi
El Jefe de Gabinete del gobierno nacional –y también vocero–, Manuel Adorni, lanzó este martes un tweet como nueva avanzada contra el Hospital Garrahan. Amenazó con el despido de 10 trabajadores y sancionar a otros 29, muchos de los cuales estuvieron al frente de los reclamos en 2025.
En las peleas de ayer, se sustenta la amenaza de hoy: el año pasado los trabajadores lograron un aumento salarial –histórico, inusual– del 61% en el salario básico luego de meses de protestas, asambleas y 32 huelgas.
Como respuesta al (nuevo) amedrentamiento protagonizado por Adorni se convocó a una conferencia de prensa para este miércoles al mediodía: “Nos castigan por defender al Hospital”, denunciaron en la explanada del Garrahan, símbolo de la salud pública argentina: se atienden anualmente más de 660.000 niños de todo el país, se realizan 12.000 cirugías complejas y se trata el 40% de los casos de cáncer infantil.
El sumario
En la conferencia, distintos delegados se pasan el micrófono, la palabra, las ideas, y la bronca.
Alejandro Lipcovich, administrativo y representante de ATE. Dice que el ataque es 100% político y decidido por la Casa Rosada. Y dice también que las autoridades del hospital son meros apéndices, “chirolitas” (por el antiguo muñeco de un ventrílocuo) de este poder de turno.
¿El origen del ensañamiento?: “Pocos días después de conseguir el aumento salarial se inició el proceso sumarial, que institucionalmente se supone es interno, que debe seguir una serie de pasos, que todavía no concluyó porque las personas acusadas de hechos ridículos ni siquiera habíamos sido notificadas”.
Los hechos ridículos: “Fuimos a protestar frente a la Dirección por algo tan elemental como nuestro derecho a huelga y que no nos descuenten el salario por ejercer un derecho constitucional. Atacan a los sindicatos y a los compañeros que estuvimos al frente porque el vaciamiento no cesa en el hospital, desamparando los tratamientos de los niños”.
Norma Lezana, nutricionista y Secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos, hace 39 años trabaja acá: “Fuimos a la Dirección para pedir una mesa de diálogo, que alguien nos escuche; eso exigimos el 31 de octubre tras un año y cuatro meses sin respuesta. Lo que respondieron fue descontarle, a sueldos de un millón de pesos, hasta 600 mil. ¿Por qué? Por luchar ante una dirección sorda”.
¿Qué miedo vamos a tener?
Además de a Adorni, se apunta a Milei –Javier, presidente–. A Lugones –Mario, ministro de Salud–. A Pirozzo –Mariano, el interventor–. “Nosotros estamos en un proceso sumarial y el informe lo hace la sumariante Fernanda Marino, que depende del Consejo de Administración y del Poder Ejecutivo. Es escandalosa y grave esta terrible intervención del gobierno y el tweet de Adorni refleja que el proceso sumarial está totalmente viciado”, denuncia Lezana.
Agrega lo actual: “Presentamos un amparo sindical sobre el cual la justicia no se expidió, pero el Poder Ejecutivo ya determina que estamos cesanteados y deberían sacarnos los fueros, entonces no tenemos ninguna garantía. Nosotros todavía ni pudimos ejercer nuestro derecho a la defensa. Es pura arbitrariedad”.
Sentencia: “Lo que quieren hacer es privatizar nuestro hospital. Pirozzo viene acá a hacer su trabajo, lo mismo que hizo al despedir a más de 200 trabajadores del Bonaparte y más de 100 en el Sommer”.
Bárbara Acevedo es enfermera focalizada en la adolescencia. Lleva en la mano un cartel: “Abajo los sumarios, arriba el Garrahan”.
Dice: “Qué miedo vamos a tener contra las sanciones si sostenemos el hospital junto a las madres que todos los días enfrentan la enfermedad y la muerte de sus hijos; qué miedo vamos a tener si sostenemos esta realidad sobre nuestros hombros”.
Una de esas madres está acá y se llama Florencia, es de Tierra del Fuego y es la mamá de Simón. Simón está internado desde hace varios meses, tiene leucemia y acaba de recibir un trasplante de médula. Florencia dice, entre lágrimas: “Gracias a estos profesionales Simón está vivo, ellos le salvaron la vida en un momento en que el hospital se está quedando sin médicos, enfermeros, farmacéuticos”.
Importando lo que no funciona
Una de las enfermeras que conoce a Simón es Mercedes “Meche” Méndez, enfermera de Cuidados Paliativos del Garrahan. Pone el foco en otro tweet de Adorni, publicado este lunes: “A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin”.
Meche dice a lavaca: “Es aberrante, criminal y ya lo vivimos en los noventa. Te mandan lo que en otros países del supuesto primer mundo está en desuso y no funciona bien. Implica una falta de seguridad absoluta, tanto para el profesional como para el paciente. No es una mejor calidad en la salud, al contrario. Nosotros debemos aspirar a un hospital con los mejores equipos, no el descarte. Esto es muy peligroso”.
Por la tarde, las y los trabajadores hicieron un cabildo abierto junto a distintas organizaciones para compartir distintas miradas sobre la reforma laboral que el gobierno aspira a que se apruebe en el Congreso.
Definieron hacer una asamblea interna el lunes y ahí determinar los pasos a seguir. Explica Norma Lezana: “No estamos cesanteados, ni suspendidos. Acá estamos, fuertes, en la lucha y en alerta. Ayer temblé cuando recibí la notificación y hoy, con esta convocatoria masiva, tengo la certeza de que acá hay valentía para pelear y seguir defendiendo el hospital”.
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