Las audiencias del juicio por usurpación en Villa Mascardi (Bariloche) contra una comunidad mapuche no se emiten por YouTube como suele ocurrir y estaba previsto. Inesperadamente aparecen testigos con «machetes» que leen lo que tienen que declarar (aunque no se conoce su contenido). La ausencia de razones para la medida del juez Alejandro Silva, de General Roca, lo que dicen la comunidad y quienes la defienden. El punto de contacto del caso con el crimen de Rafael Nahuel cuando la ministra era, como ahora, Patricia Bullrich.

Por Francisco Pandolfi

El juicio oral y público a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación en Villa Mascardi, Bariloche, Río Negro tiene una curiosidad: en la práctica dejó de ser público. Las audiencias comenzaron el martes, pero en las del miércoles y este jueves en el Tribunal Oral Federal de General Roca, el juez Alejandro Silva barrió lo público. El juicio es absolutamente virtual: el juez en General Roca, y abogados, testigos, los propios acusados, intervienen conectados, cada uno desde su lugar. En un proceso que previamente se acordó se hiciera de esta manera virtual, el juez definió este miércoles –sin dar ningún argumento– imposibilitar a la prensa y a cualquier persona que no sea parte (acusados, defensores, querella, fiscalía) conocer el desarrollo de la causa.

En la foto de portada puede verse a cuatro de los acusados en la mañana de este jueves, a punto de participar de las audiencias virtuales desde un sindicato de Bariloche que les abrió las puertas porque allí tienen Internet.

De izquierda a derecha Romina Rosas, la machi Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo y Matías Santana, de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.

Problemas informáticos

El juicio tendrá 132 testigos que, de continuar la decisión del juez, no serán escuchados por la opinión pública. Entre el miércoles y el jueves declararon vecinos de Villa Mascardi y agentes de las fuerzas de seguridad. No se sabe qué dijeron.

El secretario del Tribunal Oral Federal de General Roca, Luis Pérez García, dijo a lavaca sobre el porqué de la decisión y se produjo este diálogo:

–Sigue siendo público, no sé qué problema informático puede estar habiendo.

–No hay ningún problema informático. El juez prohibió su emisión desde la segunda audiencia. ¿Por qué tomó esa decisión?

–Desconozco la información. Ni sé las causas. Sabrá el juez por qué lo hace.

Imagen del juicio obtenida por integrantes de la comunidad acusada que sí pueden participar de las audiencias virtuales. El juez Alejandro Silva no explicó por qué impidió el acceso del periodismo y el público a las audiencias.

El caso

En 2017 la comunidad mapuche inició la recuperación de su territorio y como respuesta, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que ahora vuelve a ser ministra mercede a su salto del macrismo al mileísmo) ordenó el desalojo en el que el grupo Albatros de Prefectura asesinó el 25 de noviembre a Rafael Nahuel.

El juez Alejandro Silva es el mismo que presidió el juicio por su crimen y condenó a sus responsables con penas ínfimas, entre 4 y 5 años, tras haber matado al joven por la espalda.

Testigos con machete

Gustavo Franquet es uno de los abogados de la lof, que intenta explicar lo inexplicable. “El juez decidió todo sin avisar, de improviso, a pesar de que desde el mismo Tribunal nos habían dado los enlaces de YouTube con los que se deberían poder ver todas las audiencias, incluso las que seguirán en marzo y abril. Determinó que donde haya declaración de testigos no van a ser transmitidas. Pero no explicó la causa. Así son las cosas en este juicio. No permitir la transmisión es propio de las prácticas judiciales de varias democracias de América Latina, con el argumento de combatir a lo que ellos consideran terrorismo. Pero en este caso no hay ninguna razón para que no sean públicos los testimonios”.

Agrega este profesional que integra la Gremial de Abogados: “Hay un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que le permite al juez hacer algunas excepciones para que no sea público. Pero acá hay dos problemas. El primero es que el juez no explicó las razones cuando su deber es hacerlo. El segundo es que no existen esas razones. Está claro que buscan dibujar una situación en donde supuestamente la seguridad de los testigos se vería afectada si sus testimonios son públicos, lo cual es un delirio, pero apunta a seguir sembrando la idea del peligro mapuche. Es una cosa increíble”.

Papeles que sí y papeles que no

La no emisión de las audiencias de los testigos es una puerta abierta a que se multipliquen los despropósitos. Los abogados defensores cuentan que el juez les está posibilitando a los testigos leer apuntes.

“Esto es absolutamente irregular. Esos machetes tranquilamente pueden ser instrucciones de cómo declarar. Se lo hicimos notar al juez y dijo que él lo permitía. Si alguien va y declara de memoria, sin ningún papel en la mano, uno puede sospechar, pero una cosa es sospechar y otra es tener la evidencia como en este caso”.

En paralelo a este juicio, la Administración de Parques Nacionales solicitó ayer ante el Juzgado Federal de Bariloche remover el Rewe del territorio del que fue desalojado la comunidad. El Rewe es un sitio sagrado del pueblo mapuche que permanece erigido en el lugar, por decisión de la ex jueza federal Silvina Domínguez. En la audiencia de este jueves, los integrantes de la Lafken Winkul Mapu mostraron un escrito con la leyenda “Devuelvan el Rewe”, hasta que el juez lo vio y exigió retirar “las hojas de papel”. 

Desde la comunidad explican a lavaca: “Es muy grave este nuevo atropello. Todo nuestro ser, nuestra existencia y devenir están conectados con el Rewe. Frente a esta adversidad, en la que los poderes políticos, económicos y judiciales criminalizan a nuestro pueblo con mentiras y engaños, provocando odio y violencia contra nosotros, aprendimos del fortalecimiento propio, del regreso a los territorios y de nuestra resistencia en comunidad. Nuestro Rewe es parte fundamental de esos procesos: en él encontramos entendimiento, y lo que hacemos allí se transforma en acciones profundamente sentidas. Nos devuelve nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestra memoria”.

Y cierran: “Exigimos que se haga efectivo el derecho a la salud que nos reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo XII de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de esas legislaciones se establece que los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestros propios sistemas y prácticas de salud”.

Un símbolo de la época. Como ocurre en Buenos Aires con las marchas de jubiladas y jubilados, entre tantas, las mujeres mapuche enfrentan el mismo panorama de violencia.

Vecines de la Comuna 12 de la ciudad de Buenos Aires organizaron el domingo un cacerolazo en la puerta del Club Pinocho, en el barrio de Villa Urquiza, donde la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, una de las principales apuntadas en el escándalo de la criptoestafa, encabezó un acto de La Libertad Avanza. “Yo sabía que a los corruptos los cuida la policía”, fue una de las canciones de protesta, mientras la hermana del Presidente llegaba al club franqueada por un operativo de seguridad que no podía calmar el estribillo ni tampoco esconder uno de los carteles que más se viralizaron: “La estafa avanza”.

A continuación compartimos las fotos de la Asamblea de Parque Saavedra, una de las convocantes al repudio, nacida el 20 de diciembre de 2023, el día que Javier Milei anunció el Decreto de Necesidad y Urgencia de desregulación de la economía.

“No queremos estafadores en nuestros barrios” fue el título del comunicado que lanzaron ayer: “Es una acción puntual en línea con lo que venimos buscando desde el 20 de diciembre de 2023: dar respuestas colectivas contundentes frente a un gobierno nacimiento corrupto, saqueador e incompatible con la vida”. La asamblea, como tantas otras que nacieron o resurgieron a partir de la asunción de Milei, ha estado participando en las diversas protestas que se dieron desde entonces, como los tratamientos de Ley Ómnibus y la Ley Bases, así como el repudio del protocolo represivo que coordina la ministra Patricia Bullrich.

Sus integrantes se enteraron de la visita de Milei y por grupos de WhatsApp organizaron los pasos a seguir. “No podíamos permitir que pasee libremente sin que nadie vaya y les diga las cosas en la cara”, explican a lavaca. Hicieron circular un flyer que rápidamente se expandió por otros grupos de asambleas y de vecinos.

El efecto se vio en la convocatoria: “Afortunadamente pudimos confluir en esta manifestación con muchos otros vecinos para gritar que los barrios son de quienes vivimos y trabajamos en ellos, de quienes recorremos sus plazas, parques y clubes todos los días, y por eso en nuestros barrios los estafadores no son bienvenidos -expresaron en el comunicado-. Desde el escándalo de la criptoestafa nadie puede desconocer que el gobierno de los hermanos Milei es una banda que miente y se beneficia a costa de otros, incluso de los que lo apoyan”.

Si bien subrayan que el gobierno “tiene la complicidad de casi toda la dirigencia política y sindical”, también destacan que va a encontrarse cada vez más con respuestas así, “de gente común comprometida, que como en tantas otras asambleas y espacios de base pone sus energías en construir compañerismo, formas variadas de luchar y de vivir juntos”.

Desde la asamblea explican a lavaca: “Para que no parezca que nadie enfrenta a este gobierno”.

El vecindario de Villa Lugano realiza asambleas y guardias para evitar que el gobierno porteño comience a talar árboles en lo que consideran un ecocidio, cerrar accesos de la autopista Dellepiane y modificar al barrio sin consulta a los vecinos, cosa que sí hacen en los barrios del norte, como Belgrano y Palermo.

El mismo mecanismo obligó en 2024 a que la la comunidad frenase obras que Jorge Macri intentaba imponer, incluso con mujeres atándose a los árboles y gente atrincherándose contra las máquinas. Detalles de un negocio de más de 7 mil millones de pesos que la comunidad rechaza (tala de 437 árboles que califican como ecocidio y un nuevo peaje, entre otras cosas). El mismo vecindario hizo un relevamiento casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane: más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan.

Presentaron por escrito pedidos de información pública a AUSA (Autopistas), APRA (Agencia de Protección Ambiental), Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Cero respuesta a ese reclamo de ser tenidos en cuenta como parte de la conviviencia democrática. Los guardianes de los árboles, y las escenas de la organización barrial para rechazar el proyecto.

Por Francisco Pandolfi

La gente de Lugano se reúne en el centro. No están de paseo, ni de compras, ni miran vidrieras. Las y los vecinos autoconvocados se vuelven a juntar, una vez más, para defender a la sureña comuna 8. Vuelven a ver el barrio en peligro.

Es la misma comunidad organizada, sin bandera partidaria, que el año pasado se formó con el nombre No dividan Lugano, y evitó que el gobierno porteño hiciera una serie de pasos bajo a nível, que no tenían ningún beneficio vecinal y sí un amplio abanico de perjuicios: encajonaban al barrio, lo fragmentaban con murallas, lo hacían intransitable para los vecinos, en pro de un negocio poco claro de 4.500 millones de pesos (de un año atrás).

Cuando empezaron a llegar las máquinas demoledoras y excavadoras, y luego se agregaron las topadoras, el vecindario salió a la calle. Mujeres y hombres se atrincheraron para defender árboles de más de 100 años. Las mujeres, sobre todo, decidieron atarse a los árboles para defenderlos, mientras muchos vecinos –profesionales y arquitectos del barrio incluidos– mostraban los errores de ese plan y formas mucho más sensatas de hacer las cosas.  

En esta crónica contamos todo lo que fue ese proceso, una especie manual de organización comunitaria: https://lavaca.org/mu198/la-comunidad-organizada-triunfo-vecinal-en-villa-lugano/

Sin embargo, no hubo tiempo para festejar el freno puesto a Jorge Macri, porque tan sólo un par de semanas después empezó otra embestida, otra vez a espaldas de la gente. 

En esta oportunidad, a través de una obra denominada Máster Plan Autopista Dellepiane, con un costo de más de 7.000 millones de pesos, tala de 437 árboles, cierre de 14 ingresos y egresos a la autopista, y (lo que tal vez sea el fondo recaudatorio de todo) otro peaje.   

Por eso el vecindario se vuelve a juntar en el centro de Villa Lugano. Ya han demostrado su capacidad de resistencia, y aquí empiezan a levantar la guardia para informar lo que está pasando, seguir acumulando fuerzas y a planificar los pasos a seguir.

El encuentro es en la Plaza Unidad Nacional. 

Nada menos.

Primero proyectaron un documental sobre la lucha del colectivo No Dividan Lugano, que frenó la construcción de los túneles. Luego, con el recuerdo a flor de piel, se habla de esta nueva pelea, que también tiene su historia: los primeros días de noviembre de 2024 se llevó a cabo una audiencia pública donde más de 100 vecinos exigieron una mesa de trabajo conjunta con el gobierno de la Ciudad, así como la información pública y detallada. Hasta el día de hoy, denuncia la comunidad, solo recibieron un amenazante silencio como respuesta.

¿Qué dice el gobierno porteño?

El proyecto abarca una traza de 4.6 kilómetros en la autopista Dellepiane (que une la Ricchieri con la 25 de Mayo), desde avenida General Paz hasta avenida Lacarra. La empresa a cargo de la obra es Eleprint S. A. y el monto adjudicado para su realización es de más de 7 mil millones de pesos ($7.682.057.632, 70). La gestión del PRO en la ciudad de Buenos Aires informó en un documento de 1.200 páginas estos puntos principales con el fin de “incrementar la seguridad vial en la autopista y disminuir la siniestralidad” y “mejorar el uso del transporte público”:

-Incorporación dos carriles centrales para el transporte público, en el medio de la autopista (Un metrobús, aunque no lo mencionen con ese nombre).

-Ensanchamiento de las colectoras. 

-Y el punto neurálgico de esta obra, como parte del sistema recaudatorio del gobierno porteño: la instalación de un nuevo peaje a la altura de Lacarra, a tan sólo 4 kilómetros del que ya está emplazado. 

Otra arista a tener en cuenta: el proyecto menciona a la ley 104 de acceso a la información pública. Para eso no hay colectoras ni carriles: el acceso a la información pública sigue bloqueado.  

Fuera árboles, adentro el peaje

El micrófono va pasando de mano en mano en el encuentro. Vecinos de cualquier edad, trabajo y de distintos niveles económicos, comparten lo que los une, lo que es público. El micrófono amplifica los argumentos. 

• “Este proyecto solo traerá más cemento y más tránsito. Y va a afectar sustancialmente la vida de quienes vivimos acá. Es una mega obra a escala metropolitana y ni siquiera tenemos toda la información concreta de cómo son los pasos a seguir. Desde noviembre exigimos una mesa de trabajo conjunta y solo hubo oídos sordos”. 

• “Para lo que buscan hacer deberán talar muchísimos árboles añosos y frondosos. Los mismos vecinos hicimos un relevamiento que demostró que buscan sacar una cantidad muy superior a la que informaron la Dirección de Arbolado del gobierno y AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, empresa que tiene la concesión de la autopista). Son 176 árboles de Dellepiane Sur y 261 de Dellepiane Norte. O sea, 437, un bosque urbano, con su fauna nativa. Es un ecocidio lo que intentan hacer”.

• “Y encima nos mienten sin parar. Para convencernos prometen que al lado de la autopista harán dos parques lineales, y nos muestran los planos con árboles enormes, que dan una sombra espectacular. Esos mismos árboles que planifican derribar. ¿Tan loco es exigir la verdad”.

• “Con el paso del tiempo van modificando la obra al planteo original, y no lo comunican. La semana pasada hicimos una recorrida con AUSA. En una primera instancia habían dicho que dos carriles que ampliarían de la colectora tendrían 3.5 metros cada uno, o sea 7 en total, y ahora hablan de 10 y de 12. Por un lado cada vez más cemento, por el otro ni saben cómo va a ser la obra definitiva cuando ya la empezaron. ¿Cómo podemos actuar si no hay información precisa, y si ni ellos saben cómo será?”.

• “Hasta hoy, en los poco más de cuatro kilómetros de la Dellepiane, el barrio cuenta con 26 entradas y salidas. El gobierno nos va a cerrar 14 ingresos y egresos. ¿En serio piensan en el vecino? No. ¿Qué relación tiene el querer disminuir los choques con disminuir los accesos? No lo informan. Porque lo que les importa es recaudar en los peajes”. Mencionan otro detalle: “Qué podemos esperar si hasta el nombre es en inglés. Por lo menos que le pongan Maestro, no Máster”.

Vecinos de segunda

El proyecto cuenta con un área de Relaciones con la Comunidad, en la que AUSA tiene la obligación por ley de generar canales con los vecinos, reuniones presenciales con material impreso, información permanente y verídica, así como el estar disponible para recibir cualquier consulta o reclamo de los vecinos, sean frentistas o usuarios que tengan alguna implicación con la obra.

¿Hubo relación con la comunidad? “Para nada. Desde la audiencia pública, en noviembre pasado, exigimos una mesa de trabajo con el gobierno porteño y nunca sucedió”. 

Agregan: “El 17 de enero solicitamos por escrito un pedido de información pública a AUSA, a APRA (Agencia de Protección Ambiental), al Ministerio de Infraestructura y a la Secretaría de Gobierno y Vínculo Ciudadano porteño. Lo repetimos el 30 de enero, con la firma de más de 800 personas. No hubo ninguna respuesta”.

Los mismos vecinos autoconvocados y organizados hicieron un relevamiento territorial casa por casa con los frentistas a la autopista Dellepiane. “Más del 70% no tenía idea de la existencia del Máster Plan. Por eso decidimos hacer mesas informativas en distintos barrios de Lugano, como Copello, Samoré, Nágera, Cildañez e INTA. Fue muy fuerte notar que casi nadie sabía nada”. 

En la asamblea no faltaron la bronca y la indignación: “En la Comuna 13, que abarca Belgrano, Núñez y Colegiales, el diseño del espacio público se realizó igualito a lo que hacen con nosotros”, y vuelven a reír irónicamente, mientras muestran unas imágenes en las que el gobierno porteño y los vecinos de la comuna más norteña están reunidos en mesas de trabajo para establecer las políticas públicas a llevar adelante. “Queremos un trato igualitario, que nos respeten como ciudadanos y obras de calidad, las mismas que hacen en Belgrano y Palermo. No merecemos menos. Acá no hacen mesas participativas porque nos tratan como unos negros de mierda”. 

Parte del vecindario autoconvocado de Villa Lugano, que logró frenar el proyecto porteño de 2024 que, como ahora, los ignoraba.

Guardianes de los árboles

Al cierre de la asamblea, alguien que participa por primera vez lanza una pregunta al aire: “¿Cómo sigue el plan de lucha?”. 

La respuesta se construye colectivamente:

“Todos los días, a las 7 de la mañana en Dellepiane norte, para defender nuestros árboles. No nos van a sacar. No los van a sacar. Haremos lo mismo que hicimos el año pasado: Resistir”.

Desde el 17 de febrero, ante la amenaza de que ese día empezarían la tala, la vecindad se organiza y rota para que siempre haya guardianes de los árboles. Ahora existe una nueva amenaza para esta semana y las y los vecinos allí estarán.

Antes de despedirse alguien agrega: “No buscamos que no se haga ningún tipo de obra y no es que estamos en contra del desarrollo, para nada. Pero esto no es desarrollo. Queremos acompañar el proceso, tener un diálogo fluido con los responsables, establecer mecanismos eficientes para nuestros reclamos, recibir información veraz y que sean escuchadas las propuestas de quienes vivimos acá. No debería ser tan difícil en una democracia”.

Y cierran con algo que no muchos políticos y funcionarios tienen en cuenta: “La democracia no es solo un acto eleccionario; es un sistema de vida que entre todos construimos y nutrimos”. Conclusión: “Así que como siempre. A no aflojar”.