La prohibición de palabras que intenta el INTA, que se agrega al ocultamiento del informe internacional SPRINT, que detectó 100% de casos estudiados en el país con decenas de pesticidas en sangre, orina y materia fecal. La denuncia del gremio con respecto al “adoctrinamiento” propiciado por la Vocería del actual gobierno. La agroecología como posibilidad que se intenta invisibilizar para favorecer a las corporaciones. (Foto de portada: grupos de productores recorriendo campos agroecológicos en Guaminí, provincia de Buenos Aires).

La principal organización gremial dentro del INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) denunció entre otras cosas: “La censura impuesta sobre la divulgación de conceptos relacionados al Plan Estratégico Institucional 2015-2030, por ejemplo: cambio climático, sustentabilidad, agroecología, género, biodiversidad, huella de carbono y prohuerta, entre otros”.

APINTA (Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) lanzó en junio el documento (que reproducimos aquí en su totalidad) con la firma de todas sus autoridades. Desde el gremio aclararon a lavaca que la censura no responde a una circular escrita, sino a una orden verbal surgida del presidente de la institución, un reconocido impulsor de los agronegocios: Juan Cruz Molina Hafford.

La prohibición busca anular actividades del propio INTA (el programa Prohuerta, por ejemplo) y avanza además sobre emprendimientos como la REDAE (Red Agroecológica del INTA). Pero fundamentalmente se inscribe en lo que el gobierno en curso llama “batalla cultural” que busca censurar, agredir y cancelar a quienes no actúen con obediencia debida, como intento, de paso, de distraer la atención sobre sus propias fallas, ineptitudes y escándalos.

El ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá plantea a lavaca una pregunta que resulta una curiosidad de época: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?” en referencia al crecimiento de la agroecología como producción sana y sustentable de alimentos, que combate naturalmente el cambio climático, y favorece la biodiversidad.      

La prohibición parece una declaración de principios: el INTA busca censurar en el lenguaje interno y hacia la sociedad términos como agroecología, biodiversidad, cambio climático, huella de carbono o sustentabilidad. Una especie de fumigación de palabras que evidencia una mirada –o no mirada– de las autoridades de la institución respecto de lo que el ambiente científico internacional alerta frente a la crisis a la que están siendo sometidos el planeta y la humanidad por modelos de producción fundamentados en la destrucción de la naturaleza y la ceguera frente a sus efectos.

No se privaron de incluir “género” entre lo que no se debe decir. O “cambio climático” o “biodiversidad. El trasfondo mental de esa actitud se basa en la idea de que lo que no se nombra, o no aparece, no existe. En el país se aplicó durante décadas en el siglo pasado. No se podían nombrar ni escribir palabras como Perón o Evita. La dictadura de 1976 prohibió no solo palabras sino escritores, artistas, canciones, manuales de matemáticas, películas libros infantiles y hasta El Principito.  

El documento gremial fue firmado por el secretario general de la organización Mario Alberto Romero, el adjunto Luis Ceballos y unos 140 representantes del INTA de todo el país.

Adoctrinamiento oficialista

El gremio denuncia –además de la censura– la utilización de bots y trolls oficiales que descalifican las publicaciones institucionales en redes sociales, y además las agresiones, insultos y difamaciones contra el INTA y otros organismos científicos “por parte de personajes que posteriormente pasan a ser funcionarios del gobierno actual”.

Repudia también la recepción de correos de “propaganda política / adoctrinamiento desde la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno (Secretaría General de la Presidencia) utilizando las cuentas de correo electrónico institucionales”. Esas áreas son encabezadas por Manuel Adorni (SVC) y Karina Milei (SGP).

El Plan Estratégico Institucional 2015-2030 que APINTA da a entender que es el blanco de esta censura, está destinado a un desarrollo sostenible del sistema agropecuario, agroalimentario y agroindustrial, “inclusivo, equitativo y cuidadoso del ambiente”. El Plan resalta la intención de contribuir a la  “soberanía científico-tecnológica, a la seguridad y soberanía alimentaria”.

Juan Kiehr, fallecido en junio, durante una producción para la revista MU en su campo La Aurora, de Benito Juárez, catalogado por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como establecimiento emblemático de la agroecología, la palabra que el INTA busca desterrar.

Pesticidas hasta en la sangre

La maniobra tiene antecedentes en la institución. A fines de 2022 el INTA de córdoba, entonces regenteado por Molina Hafford, apercibió al ingeniero agrónomo de la institución, César Gramaglia, por haber planteado en un programa radial algo evidente: que la agroecología permite producir cultivos sin aplicación de pesticidas agroquímicos.

Tal vez esa sea la clave del intento censor. la agroecología no perjudica en nada al modelo basado en insumos químicos y transgénicos (en realidad ocurre al revés, ya que la deriva contaminante en aire, agua y tierra sí puede dañar a los cultivos agroecológicos). Pero en lo que sí perjudica la agroecología al modelo que defiende el señor Molina Hartford es en que desnuda lo innecesario y lo insano del uso de esos insumos, más todavía en un país agobiado por la falta de dólares.

Más recientemente, en junio de 2023, la institución ordenó a la ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, investigadora de la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce omitir toda información pública sobre el proyecto SPRINT de la Agencia Ejecutiva de Investigación de la Unión Europea. La rama argentina tuvo al INTA como referente y además intervinieron 28 universidades e instituciones del exterior.

Los resultados completos del proyecto Sprint, también ocultados por el INTA en 2023.

Tal vez el resultado explique la mordaza: el total (100%) de 73 participantes argentinos en la investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El estudio incluyó a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como “omnipresentes”. Se encontraron además los venenos en los alimentos (contaminados con hasta 22 agrotóxicos), el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

Tapa de uno de los dos volúmenes que conforman un libro editado por lavaca.

La información que el INTA pretendía ocultar agregaba que los agrotóxicos encontrados fueron glifosato, su metabolito AMPA, Atrazina, Metolacloro, 2,4-D (Free), Clorpirifos (prohibido en el país). Insecticidas como Fipronil, Imidacloprid, Cipermetrina. Funguicidas como el Tebuconazol, entre otras peligrosas sustancias que representan un riesgo para la salud y el ambiente.

En declaraciones recientes el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá, ex director nacional de Agroecología, planteó que la situación es muy triste y se preguntó: “¿Cómo una institución científica censura una parte de los conocimientos que permiten una mayor y mejor producción?”. Recordó también ante el medio Todo provincial, que “hay más de 100 municipios que fomentan la agroecología y más de 2 mil productores que encuentran en ella una alternativa a una forma de producir que está trayendo muchos problemas y está contaminando el aire, el agua y el suelo”.

Eduardo Cerdá en MU.

Esos municipios están reunidos en la RENAMA (Red Nacional de municipios y comunidades que fomentan la agroecología). “Se ha producido una notable pérdida de biodiversidad. El 70% de la tierra del país están sembrados con soja y maíz. Está demostrado que hemos perdido el 50% de la fertilidad”, explicó Cerdá. “Las malezas son cada vez más resistentes por lo que aumentan cada vez más las dosis de agroquímicos generando problemas sanitarios y de contaminación a todo nivel”.

Remo Vénica, de la granja Naturaleza Viva, de Santa Fe, uno de los pioneros de la agroecología, que el INTA busca ocultar.

Eso lo ha llevado a plantear en la revista MU que los campos fertilizados y fumigados con pesticidas son “drogadictos”, ya que se precisa cada vez más veneno para lograr el mismo efecto.

La agroecología implica otro enfoque: “El que se lanza por este camino, no vuelve a lo anterior”. El argumento de Cerdá apunta a que quien produce agroecológicamente deja de invertir en la compra de agroquímicos valorizados, para colmo, según el dólar, y organiza por lo tanto un esquema productivo que además de la salud y el ambiente, implica también mejor rentabilidad.

Las autoridades del INTA siguen ejerciendo el silencio ante los temas de interés público aquí planteados.

Tapa del segundo volumen del libro que mejor no nombrar en el INTA.

El experimento nacional con el RIGI y la Ley Bases tuvo una escala previa en Jujuy. La mirada hoy sobre lo que ocurrió hace un año con el trasfondo previsible: abuso de la violencia, de la trampa política, de las facultades delegadas al Ejecutivo y de la voracidad para el remate de bienes comunes y recursos naturales. Por Francisco Pandolfi

Junio de 2023 quedará guardado en la memoria y en las retinas de todas y todos los jujeños.

Se aprobó una reforma constitucional de manera exprés y a espaldas del pueblo.

El pueblo salió a la calle a reclamar al gobierno.

El gobierno lo reprimió ferozmente.

Alicia Chalabe, abogada que asesora a las comunidades originarias de Salinas Grandes, epicentro donde las multinacionales y los gobiernos se relamen para la extracción del litio, recuerda el fondo de la cuestión: “La reforma incorporó artículos de exclusiva facultad del Poder Ejecutivo, con conformidad de la Legislatura donde el oficialismo jujeño tiene mayoría, como la regulación del agua, la atribución de las tierras fiscales, la decisión de cuál es productiva o no. La regulación de los bienes naturales queda sujeta a lo que disponga la provincia. La reforma no cumple los tratados y la legislación internacional a la cual adhiere el país”.

Noche de corte de ruta en Jujuy. La pueblada que salió a responderle al gobierno de la prepotencia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Las comunidades originarias, uno de los sectores más damnificados con la enmienda de la carta magna provincial, gestó el Tercer Malón de la Paz, que primero caminó desde la localidad de Abra Pampa hasta San Salvador de Jujuy, para intentar frenar la reforma. Al no ser escuchados y ser recibidos a los tiros, viajaron a Buenos Aires para visibilizar la situación ante el gobierno nacional. Llegaron el 1º de agosto, Día de la Pachamama, y se fueron el 16 de diciembre.

Acamparon 137 días frente a la Corte Suprema de Justicia. Exigieron tres puntos:

1) Que la Corte se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la Constitución.

2) Solicitar al Ejecutivo y al Congreso de la Nación la intervención de Jujuy.

3) Que el Poder Legislativo elabore y sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena.

El Malón de la Paz en Buenos Aires. No los recibió la Corte, los ignoraron, volvieron a cada territorio para resistir cara a cara con el extractivismo.

Hicieron huelga de hambre, se encadenaron al Palacio Judicial y al Congreso; realizaron decenas de movilizaciones; tuvieron una reunión con el entonces presidente Alberto Fernández y con un puñado de legisladores que, en concreto, no sirvieron para nada.

Se volvieron a su tierra con toda la dignidad y sin ninguna respuesta de los tres poderes, más que el destrato.

Un año después, la reforma de la Constitución continúa vigente.

Un año después, el pueblo jujeño no olvida.

Laboratorio experimental

Mercedes Sosa es profesora y la secretaria general del CEDEMS, gremio docente de secundarios y terciarios. No olvida: “A un año del jujeñazo, a un año de una represión atroz, a un año de las mutilaciones, a un año de las detenciones arbitrarias y sospechadas, a un año de prácticas de montaje y de infiltración para justificar la represión brutal; a un año, la única reflexión posible es que Jujuy fue el laboratorio, la antesala de lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Recuerda, cuando se ve por fuera y por dentro: “Todavía persisten los moretones, productos de la brutal golpiza a la que fue sometido el pueblo jujeño el año pasado; persisten los traumas, persiste el miedo a hablar. Todavía no terminamos de entender todo el aparato y el dispositivo con el que descargaron su furia represiva”.

La política del protocolo y la violencia, anticipada en Jujuy. Foto: Telam.

Enlaza lo que pasó, con lo que pasa: “Qué contradictorio que quienes defienden el territorio, que quienes defienden las formas ancestrales de la vida, el patrimonio natural y cultural, que quienes abogan por el derecho a la salud, a una vivienda, a la soberanía alimentaria, a un trabajo bien remunerado, sean en este momento considerados terroristas, mientras que el presidente, de manera jocosa y risueña, manifiesta en medios de comunicación internacionales que es un topo que viene a destruir al Estado… Qué contradictorio”.

Y sentencia: “La reforma constitucional de Jujuy fue la antesala de la Ley Bases, porque el RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) sólo viene a devastarnos. A darle un marco jurídico a una política de saqueo. Acá estamos abatidos porque hace un año denunciamos lo que hoy está pasando en nuestro país”.

Mercedes Sosa, en su sindicato docente. De fondo, maestros desaparecidos por la dictadura y Carlos Fuentealba, asesinado en democracia. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Argentina es el cuarto productor mundial de litio, mineral no renovable que se extrae de rocas y salares de altura. Su demanda se caracteriza como un “boom mundial” al ser insumo para baterías de celulares y computadoras, así como para autos eléctricos. Por allí merodea el verdadero contenido de la flamante supuesta amistad del megamillonario norteamericano Elon Musk con Javier Milei.

En el territorio argentino actualmente existen 40 proyectos. Solo tres se encuentran en producción: uno en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y dos en la puna jujeña, en el Salar de Olaroz. Varios de los 37 proyectos restantes están en las Salinas Grandes, que comparten Jujuy y Salta. Allí, en abril de este año ya empezó la exploración del litio en la Mina Agonic por parte de la empresa Lithos Minerales del Norte. La autorización la había firmado el ex gobernador Gerardo Morales, que sigue manejando los hilos de la provincia a través de su delfín Carlos Sadir.

Resistencia en el territorio y en la ruta, contra la reforma inconstitucional y el ninguneo a los pueblos indígenas. Foto Susy Maresca/Cítrica

¿Hay algún saldo positivo de todo esto para el pueblo jujeño? Plantea Mercedes: “A pesar del dolor, a pesar de darnos cuenta que cuando decíamos que lo que se venía para el futuro de nuestro país era este modelo extractivista, quedó una red solidaria consolidada y la certeza de que la soberanía hay que defenderla”.

¿Qué queda? “Seguir apostando por la reflexión, por la solidaridad, por el encuentro, por ayudarnos mutuamente, por sostenernos”.

Las calles jujeñas como anticipo de lo que se vendría. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Un arma letal

Octavio Colina es uno de los voceros de Potrero de la Puna, en la localidad Abra Pampa, al norte de la provincia. Con un frío extremo en el campo donde cría a sus animales, no olvida: “Además de que la reforma no se hizo mediante la consulta libre, previa e informada hacia las comunidades como exige el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, su inconstitucionalidad también queda manifiesta porque los constituyentes que elaboraron los cambios fueron funcionarios del mismo poder Ejecutivo, algo que lógicamente está prohibido, porque vulnera la división de poderes. Uno de ellos fue el mismo gobernador de ese entonces, Gerardo Morales. La caradurez llegó a puntos extremos y una reforma ilegal, aprobada entre gallos y medianoche que debería haberse declarado nula, sigue vigente”.

¿Qué significa en concreto esa vigencia?

Que tenemos menos derechos; hoy por cualquier cosa nos hacen contravenciones. Le da más poder al poder del gobierno y de las corporaciones. Las constituciones deben servir para que el pueblo controle al gobierno, no al revés, para que el gobierno controle, humille y desaloje como está sucediendo hoy. La reforma constituye un arma letal, porque ya no reconoce los títulos comunitarios y deja a merced de intereses privados nuestros bienes, como el agua, ahora manejado por un ente controlador. Esto no es el futuro, ya es el presente: el gobierno provincial acaba de firmar un contrato con Mekorot, una empresa de Israel que dice que nos viene a enseñar cómo administrar el agua”.

Octavio Colina, comunero de la puna jujeña. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Colina plantea una mirada por fuera de las voces más radicales: “Nosotros no estamos en contra de que trabajen las mineras, pero sí que lo hagan responsablemente y que le quede al país lo que necesite, no lo que le conviene a las multinacionales como ahora, que pagan regalías de como máximo un 3%”. Agrega: “La reforma vino a profundizar un sistema: el gobierno provincial, junto al nacional y las multinacionales, entregan las riquezas minerales a cambio de nada. Es un saqueo que sólo deja pobreza y contaminación. Si verdaderamente pagaran lo que valen nuestros minerales, Argentina sería uno de los mejores países, sin deudas de ningún tipo, por ser tan rica en minerales, en agricultura, en ganadería. Somos un país empobrecido, con funcionarios y empresas que se llenan los bolsillos y un pueblo que recibe migajas”.

Las bases y la guerra

José Sajama es el presidente de la comunidad aborigen de Queta, del pueblo kolla. Es comunicador indígena y nieto de descendiente de abuela malonera. No olvida: “A un año de ser violentados jurídica y físicamente, se ha profundizado el accionar violento, represivo y anti derechos en nuestra provincia. Lo que querían lograr se simboliza en el acuerdo con Mekorot, en un convenio que hasta hoy se desconoce la letra chica. Sí sabemos que vienen por el agua; pero pese a los múltiples pedidos de información, el Gobierno se llama a silencio”.

Cierra: “De esta manera, van de la mano provincia y nación, que con la Ley Bases puede lograr en la práctica modificar puntos centrales de la Constitución Nacional. Se le ha declarado la guerra al pueblo; nos quieren ver pobres, sin derechos y de rodillas. Y eso no se lo vamos a permitir”.

Imágenes en San Salvador, Jujuy. Fotos Lina Etchesuri/lavaca.org

Glifosato, atrazina y 2-4,D son los tres venenos cuyos aranceles bajarán a menos de la mitad. Es un intento del gobierno de Javier Milei y su ministro Luis Caputo de beneficiar a las corporaciones de agrotóxicos y a los productores que los utilizan principalmente para productos transgénicos, en dosis cada vez mayores, y más patológicas. Detalles de otra medida regresiva para el medio ambiente, que busca favorece un sistema de producción contaminante, dañino y que beneficia principalmente a las grandes corporaciones del agronegocio.

Texto: Anabel Pomar

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, a través de un mensaje en la red social X, anticipó medidas para “favorecer al agro”. El mensaje publicado éste lunes 8 de abril por la tarde, anunció que se producirá este mes la “baja de aranceles de herbicidas” y una “mejora de aprobaciones de los permisos de Senasa”.

“Los herbicidas a base de atrazina, glifosato y 2-4,D bajarán del 35% al 12.6% (que es el Arancel Común vigente para el Mercosur). A su vez reduciremos el arancel de la Atrazina primaria, desde el 24% actual al 10.8%”, dice textualmente.

La medida, en un contexto de profunda inseguridad alimentaria y hambre, y décadas de afectaciones producto del uso de ese tipo de peligrosos agrotóxicos, pinta un escenario distópico. “El gobierno busca reducir los costos de producción de los productores individuales con el claro objetivo de incrementar la siembra de los cultivos dedicados a la exportación (maíz, soja, trigo), con ello incrementar los saldos exportables para desde allí obtener más ingresos relacionados con las retenciones a la exportación. En términos estrictamente económicos, al bajar el precio de estos herbicidas cambia la relación entre el costo del insumo y su productividad marginal. Lo que producirá un incremento en la utilización de estos insumos. Claro está, todo ello, a costa de la salud socio ambiental”, dijo a lavaca el ingeniero agrónomo Javier Souza Casadinho. El gesto de Caputo parece responder a una realidad: no funciona la liquidación de la cosecha, lo cual es una de las patas, entre tantas, que amenazan desnudar al esquema económico del gobierno. Liberar estos precios, aunque sea a costa de la salud y de menor recaudación para el propio Estado, implica la idea de facilitar la producción de agricultores y pooles de siembra sumergidos en la creencia sobre su propia incapacidad (falsa) de cultivar sin agrotóxicos.

“El herbicida atrazina, muy soluble en el agua, es capaz de contaminar las napas y con ello el agua de bebida de todos los seres vivos. Por su parte el 2, 4 D es capaz de ser arrastrado por el viento (deriva) afectando a los cultivos circundantes de donde es aplicado. El glifosato, utilizado en la mayoría de las actividades agrícolas incluida la producción de frutas y hortalizas, contamina los alimentos, el agua y el aire que respiramos. Los tres herbicidas, parte del listado de plaguicidas altamente peligrosos, pueden producir alteraciones severas en la salud socioambiental, alteraciones endocrinas en los humanos alteraciones en el sistema nervioso, cáncer, linfoma de hodking”, resume a lavaca Souza Casadinho, que además es Coordinador Regional de la Red de Acción en plaguicidas sus Alternativas de América Latina (RAPAL)

Según estadísticas oficiales – últimos datos públicos – de la Dirección de Agroquímicos y Biológicos, Dirección Nacional de Protección Vegetal del SENASA, en 2022, Argentina importó:

ATRAZINA    21.007.820,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

GLIFOSATO   63.099.000,00 (TOTAL DE KG – AÑO) desde China y USA.

2,4 D     16.322.428,70 (TOTAL DE KG – AÑO) desde USA, China, México, Japón e India.

En un informe sectorial sobre Agroquímicos y Bioinsumos elaborado por el Ministerio de Economía de la Nación, de noviembre de 2023, puede leerse: “Si se consideran parámetros internacionales, Argentina se ubica entre los países que más uso intensivo hacen de los agroquímicos 7,4 (Kg/Ha arable) en el año 2020”. El consumo en nuestro país, según esa fuente y para el mismo año, fue por USD 2.920 millones. El 76% de ese dinero, corresponde al rubro Herbicidas.

Uno x uno

Atrazina

La atrazina es un herbicida disruptor endocrino (químico capaz de dañar nuestras hormonas) que, aun en dosis muy bajas, puede causar defectos de nacimiento y daños reproductivos. También es un posible carcinógeno, con mayor evidencia en cáncer de mama y próstata.

Prohibida en cuarenta países (Fuente Rapal-dato de 2021), la atrazina (ATZ) es uno de los tres plaguicidas más utilizados de Argentina. Según un informe del 25 de septiembre de 2021 del Ministerio de Ambiente, “se han detectado desvíos del uso permitido, como, por ejemplo, su aplicación en barbechos y cultivos de soja, papa, algodón, trigo y girasol”.

En ese informe del Ministerio de Ambiente se resumen hallazgos de atrazina en aguas de lagunas de llanura pampeana, en la lluvia, en suelos, en sedimentos, en aguas de pozo de escuelas rurales y de comunidades. También hay evidencia de que está presente en verduras, frutas, peces y en leche de vaca.

La atrazina es el compuesto detectado con mayor frecuencia en diferentes cuencas hidrográficas argentinas. Esto se debe a la alta presión de su uso, su alta movilidad y persistencia. (Aparicio, De Gerónimo et at., 2015). En el agua de red no se la monitorea.

Por estos días, ese herbicida tomó nuevamente un criminal protagonismo tras el incendio en Atanor de San Nicolás, en el sector de fabricación de atrazina provocando una nube tóxica e inconmensurables daños que se suman a la más de una década de denuncias por contaminación, enfermedades y muertes en los barrios linderos.  

Glifosato

El herbicida glifosato es tal vez uno de los herbicidas más conocidos en nuestro país. La causa es sencilla. Es el más usado y también quizás el más denunciado por provocar afectaciones, no solo aquí sino en el mundo entero.

El glifosato [N-(phosphonomethyl)glycine] (GLY) es un herbicida (como indica la palabra que mata hierbas) no selectivo, de post-emergencia, de amplio espectro, ampliamente utilizado para el control de las “malas hierbas”. Introducido por Monsanto en la década de los 70 como principio activo del formulado Round Up, es posiblemente el herbicida más utilizado en la actualidad en todo el planeta.

En 2015, la IARC (Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer, dependiente de la OMS), reclasificó al glifosato como clase IIA (Probable Cancerígeno en Humanos). El informe añade que hay fuertes evidencias de que la exposición a las formulaciones de base glifosato son genotóxicas; puede haber daños cromosómicos en las células sanguíneas; y que el glifosato y el ácido aminometilfosfónico (AMPA, producto de degradación del glifosato) inducen procesos de estrés oxidativo que pueden provocar muerte celular y disfunción tisular.

En nuestro país es posible encontrar residuos del herbicida con potencial carcinogénico en todo nuestro sistema ambiental. En diferentes concentraciones, en la lluvia que cae (el 80% tiene glifosato y el 34% su metabolito AMPA) en el algodón, gasas, (el 100% de todas las muestras de marcas que se venden en los comercios y supermercados dieron positivos para glifosato y AMPA). En el río Paraná y sus afluentes, tras un monitoreo en 23 puntos aparecen en los sedimentos (glifosato + AMPA) concentraciones de glifosato en proporciones tres veces mayor a la que se encuentra en un campo sembrado por soja, lo que daría a su vez cuenta de la movilidad de los componentes.

El pesticida ataca directamente también a comunidades, escuelas y personas. Por sólo mencionar un ejemplo, el 100% de participantes argentinos en la investigación internacional SPRINT sobre agrotóxicos dio positivo (glifosato en sangre). Todas las personas muestreadas tenían glifosato, aunque no lo usaran, inclusive aun viviendo lejos de los campos fumigados.

Lavaca ha cubierto las condenas y los numerosos juicios que se realizan en contra de Bayer/Monsanto, dueña del Roundup, la marca comercial más conocida del herbicida base de glifosato. Y también ha detallado cómo ese producto, pese a las evidencias que se siguen amontonando de su peligrosidad, continúa en el mercado a fuerza de lobby y fraude científico. Además de lo que representa como pérdida de dólares en un momento de crisis. Los productores quedan atrapados en un sistema presuntamente inevitable, reduciendo cada vez más sus ganancias. El detalle para todo esto: los proyectos agroecológicos han demostrado similar capacidad productiva, sin necesidad de esos gastos que afectan a quienes producen, y al país.

2,4 D

El herbicida 2,4 D, es célebremente famoso por ser uno de los componentes del “Agente Naranja” utilizado durante la Guerra de Vietnam por el ejército estadounidense. Fue clasificado en 2015 por la IARC como clase 2B, es decir, “posiblemente cancerígeno en humanos”. De altísimo riesgo, es neurotóxico, teratogénico (paladar hendido, malformaciones esqueléticas); genotóxico y disruptor endocrino.

Entre otros efectos reproductivos: disminuye el volumen de esperma y su movilidad y aumenta el porcentaje de espermatozoides anormales en trabajadores expuestos.

Asociado a la enfermedad de Parkinson, se señalan entre otros de sus efectos crónicos: bronquitis, peribronquitis, neumoesclerosis, nefrotóxico y hepatotóxico.

Es además altamente persistente. En 2014, en la ciudad santafesina de San José de la Esquina, un camión volcó 18.000 litros de ese herbicida. El Equipo Multidisciplinario de Interacción Ambiental (Emisa) de la Universidad Nacional de La Plata comprobó que los residuos del agrotóxico se registraban incluso a la vera del río Carcarañá y demostró que a casi dos años de ocurrido el derrame, la concentración del producto era hasta 100 veces más fuerte que “la tolerable”. Y aún se olía en el aire, síntoma obvio de su capacidad de seguir intoxicando sin degradarse.

La política del veneno

El biólogo, filósofo e investigador del CONICET, Guillermo Folguera, consultado por lavaca, señaló que este anuncio de reducción de aranceles para la importación tiene que ser comprendido en el contexto del “conjunto de medidas neoliberales que promueve el gobierno nacional actual pero también en cuanto a la genealogía e historia de nuestro país”.  A punto de publicar el libro Veneno en coautoría con la investigadora Paula Blois, en el que indagan sobre las políticas públicas y las relaciones de complicidad con las empresas extractivas, Folguera entiende que las políticas de los que se jactan de despreciar las políticas y el estado, no son nuevas. “En lo personal considero que se muestra un ciclo histórico muy marcado entre lo que ha significado la dictadura militar de la década del 70 y el intento por avanzar hacia el capitalismo en esta fase particular neoliberal, con un actor muy claro y muy evidente que tiene que ver con los grupos de especulación financiera, que se han metido muy fuerte en el agro, cosa que siguen profundizando”.

“Los cambios institucionales que se dieron en el gobierno de Carlos Saúl Menem promovieron los transgénicos pero también alteraron instituciones de control como SENASA. Omitieron cualquier política de prevención y ubicaron en un lugar muy secundario los cuidados ambientales y de salud. Los años siguientes han presentado a mi entender cierto carácter voluntarista en cuanto a la alternativa a los agronegocios sin meterse en el corazón, en el núcleo de este sistema que promueve la mercantilización de todo, de territorios, de cuerpos, de naturaleza, sin otra finalidad que es que cierto sectores del agro, de la especulación financiera y de las corporaciones se vean beneficiados”, concluye.

El gobierno, en el mismo mensaje de Caputo, anuncio una “mejora” en los permisos del SENASA. ¿Que implica esto?, se pregunta Casadinho y agrega: “¿Seremos más severos para aprobar el registro de un plaguicida?”. La respuesta parece obvia.

Además, incluyendo estudios de afectación a la salud donde pueda participar la sociedad civil, ¿la categorización de los plaguicidas será más exhaustiva? ¿Incluirá estudios sobre enfermedades crónicas?. Los representantes del ministerio de salud podrán participar de los estudios y en categorización toxicológica. ¿Esta mejora incluirá la prohibición de los 140 productos químicos prohibidos en otros países? ¿O será más de lo mismo? Es decir: aprobar el registro de plaguicidas sin realizar estudios en el país sobre su efecto tóxico, seguir aprobando plaguicidas altamente peligrosos, seguir aprobando plaguicidas manteniendo criterios de confidencialidad sin que la sociedad pueda conocer a fondo como se aprueban los plaguicidas, las investigaciones realizadas, así como su constitución. No estamos condenados a los plaguicidas. Es posible producir de manera rentable para los productores y generar ingresos para el país a partir de la producción agroecológica”.