Expropiaciones, desalojos, negociaciones, tomas y resistencia. Las fábricas sin patrón siguen dando batalla por la autogestión, desafiando todos los pronósticos.

Muchas nueces y poco ruido. El mundo de las fábricas recuperadas continúa girando, lenta pero sistemáticamente. Los obreros siguen cortando calles, tomando empresas vaciadas, recorriendo despachos oficiales y haciendo funcionar las máquinas para construir con sus manos su propio destino. Un ejemplo: el martes 5 de diciembre los operarios de la tradicional fábrica de tapas para empanadas y pascualinas La Mocita trasladan sus máquinas y muebles a Ghelco, la planta elaboradora de materia prima para helados recuperada por sus trabajadores. La Legislatura porteña expropió todos los bienes a favor de los trabajadores de La Mocita, a excepción del inmueble, ya que no pertenecía a los antiguos propietarios de la firma. Gracias al gesto solidario de Ghelco –la primera fábrica recuperada de la Ciudad de Buenos Aires– 16 trabajadores comenzarán a producir allí hasta que puedan proveerse de un nuevo edificio.
La empresa La Mocita quebró en noviembre de 2005 y el juez Roberto Garibotto rechazó la posibilidad de otorgar la continuidad laboral a los trabajadores. Como forma de protesta, los operarios acamparon durante más de un mes frente a la planta ubicada en Campana al 4900, Capital Federal, y el Día de Reyes decidieron ingresar para custodiar las instalaciones, ante la sospecha de que las maquinarias terminarían desapareciendo. El juez Garibotto también desconoció el millón y medio de pesos que los trabajadores reclamaban como créditos laborales: argumentó que la empresa carecía de libros contables y por lo tanto no había registros de las deudas. Los antiguos empleados, agrupados ya en cooperativa, apelaron la medida y lograron que la Cámara les otorgara la planta en alquiler durante cuatro meses. Comenzaron a producir, tras recibir la ayuda económica de varias fábricas del movimiento para adquirir materias primas. Pero cinco días antes de que se venciera el plazo, Garibotto dictaminó que no se renovería el contrato de locación y ordenó liquidar los bienes. Finalmente, lograron superar la intransigencia judicial, obtener la expropiación y, no menos importante, la solidaridad de Ghelco para hacer lo que quieren: trabajar.
Ghelco, a su vez, también festejó una buena nueva. El gobierno porteño depositó en el juzgado que lleva su quiebra los 3.200.000 pesos correspondientes a la compensación por la expropiación sancionada por la Legislatura porteña en noviembre de 2005. Se constituyó así el primer caso de la Ciudad de Buenos Aires donde el Poder Ejecutivo cancela su compromiso y cierra de manera definitiva el proceso de traspaso de una empresa a sus trabajadores.

El Hotel Bauen también obtuvo señales alentadoras. El pasado 28 de noviembre los trabajadores fueron recibidos por segunda vez por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Telerman. El funcionario se comprometió a impulsar la norma correctiva a la llamada “Ley Morando” que proponía crear una comisión de seguimiento, que en los hechos terminaría reconociendo la propiedad del inmueble a los antiguos propietarios. En un principio, Telerman no había vetado esa norma, pero ahora aseguró que va a involucrarse para que la Legislatura trate un nuevo proyecto que ya fue aprobado en comisión. Según informan los trabajadores, el hotel hoy funciona al 90 por ciento de su capacidad y da trabajo a 160 personas.
El Bauen, precisamente, está impulsando una nueva federación nacional de fábricas recuperadas que defienda en distintos estamentos los intereses del sector y, de alguna manera, reemplace al Movimiento Nacional de Empresas (mner) que quedó virtualmente desarticulado por sus rencillas internas. El 4 de noviembre participaron 80 cooperativas en la reunión de lanzamiento, donde confluyeron todos los sectores autogestivos, a excepción del movimiento que encabeza Luis Caro y las fábricas que responden a Eduardo Murúa.
impa, una de las abanderadas del mner, ahora atraviesa un momento difícil, tanto en lo económico como en la convivencia interna. Recientemente, los trabajadores lograron levantar la clausura que pesaba sobre la planta baja del edificio y pudieron producir nuevamente. Aún están clausurados el primer y segundo piso. Además, la cooperativa deberá saldar pasivos de 60.000 pesos cada seis meses durante los próximos seis años.

Otra empresa sin patrón que no la está pasando bien es el Hotel City, de Mar del Plata. El juzgado que lleva la quiebra –cuyo principal acreedor es el Banco Provincia– ordenó el desalojo para el próximo 19 de diciembre. La misma violencia sufrió la estación de Servicio Punta Arenas el pasado 25 de octubre. La Policía Federal los desalojó a fuerza de palazos y gas pimienta. Dos trabajadores terminaron detenidos y cuatro fueron internados en el Hospital Israelita, también autogestionado. Al día siguiente, la justicia ordenó retirar la custodia policial y los operarios reabrieron el servishop y el servicio de lavado de automóviles.
na de las últimas empresas en comenzar el proceso de recuperación es Capicuer, perteneciente al polémico Grupo Yoma. Situada en Avellaneda, su especialidad es la exportación de tapizados de cuero para autos. Entraron en conflicto en enero, después de que se acumulara una deuda salarial por 3.200.000 pesos. En noviembre, 25 operarios decidieron conformarse como cooperativa. Otra planta que fue recientemente tomada es San Sebastián, la tradicional firma de pollos: 168 empleados formaron la cooperativa.
Entre las empresas que comienzan a regularizar su situación está el Frigorífico Paloni, de Bahía Blanca. Tras casi un año de ocupación, los 31 trabajadores lograron que la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires votara la expropiación sin cargo de inmuebles, marca comercial y demás bienes de la firma en quiebra, a favor de la cooperativa. Otra expropiación reciente fue la dictada por la Legislatura de Santa Fe sobre la Jabonera Sagyd, en conflicto desde el 15 de marzo pasado.
Uno de los casos más emblemáticos tal vez sea el de Cerámicas Zanón. En marzo de 2002 sus trabajadores comenzaron a autogestionarla y desde entonces padecieron persecuciones policiales, judiciales y políticas. Pudieron sobreponerse gracias al enorme apoyo de la comunidad neuquina. Desde octubre respiran un poco más aliviados: la justicia les prorrogó por tres años el permiso de explotación de la planta.
No obstante, el objetivo final de los obreros continúa siendo la estatización de la fábrica bajo control obrero. Para lograrlo, presentaron un petitorio de iniciativa popular acompañado de 17.000 firmas, más del doble de lo que requiere la Constitución provincial para dar tratamiento legislativo a la cuestión. Aún no recibieron respuesta. Zanón ya suma 470 trabajadores -casi doscientos más que cuando tomaron las instalaciones- y cada uno retira unos 1.800 pesos mensuales.
Otro capítulo es el de las mineras que proveían a la planta de Neuquén la materia prima, también pertenecientes al Grupo Zanón. Ahora conforman uno de los mayores ejemplos del desarrollo federal de las empresas recuperadas: la ex Cantera Zafiro y Barda Negra poseían minas en San Juan, Santa Cruz, Neuquén, y oficinas en Buenos Aires, y los 23 trabajadores que resistieron la agonía empresarial decidieron conformar una única cooperativa interprovincial. El juzgado que lleva la quiebra les concedió la gestión provisoria de los yacimientos. Los trabajadores confían en que el juzgado les otorgará en los próximos días el alquiler de la mina de Santa Cruz, desplazando a la empresa de sanitarios Ferrum, interesada en quedarse con el emprendimiento.