El Sindicato de Prensa de Córdoba reclama un aumento del salario básico. Como respuesta, un fiscal procesa a cuatro gremialistas. La ley del más fuerte.

“Reclamar no es una acción delictiva” se ve obligado a aclarar Javier De Pascuale cuando explica la situación por la que está pasando el Círculo del Sindicato de Prensa de Córdoba (Cispren). “Es nuevo que a los periodistas nos imputen por piqueteros, pero lo cierto es que tenemos a cuatro compañeros procesados por el artículo 194 del Código Penal. Nos acusan de reclamar en el espacio público por nuestros derechos, algo que nos vimos obligados a hacer frente al boicot del diario La Voz del Interior a todo intento de negociación salarial. Además, el diario solicitó a la justicia que se les quiten las garantías gremiales a los procesados para poder despedirlos.”
El artículo 194 por el que están procesados los gremialistas es el que reprime con prisión de tres meses a dos años a quien ”impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”.
Los detalles del caso:
El fiscal Javier Praddaude -desmintiendo que la justicia es lenta, al menos cuando de estos monopolios se trata- imputó a Guido Dreizik (secretario general del Cispren), Esteban Liendo (prosecretario gremial de ese sindicato), Walter Moyano (delegado del diario La Voz del Interior) y Daniel Klorcker (editor de Prensared, la agencia de noticias del Cispren) por este artículo del Código Penal. Luego, el diario pidió a la justicia que excluyera a tres de ellos (Dreizik, Liendo y Moyano, que trabajan en La Voz del Interior) de la tutela sindical que protege la organización gremial de los trabajadores, impidiendo el despido de sus delegados.
El fondo del problema, según lo plantea el Cispren, es lo que consideran “un nuevo e ilegítimo intento de judicializar un reclamo salarial y las medidas de acción que el sindicato formula para obtenerlo, en ejercicio de la libertad sindical y en abierta violación a las garantías constitucionales”.
 
Operaciones y silencios
En marzo el Cispren había comenzado las negociaciones con la Cámara de Empresas Periodísticas, “un grupo liderado por el diario La Voz del Interior, la empresa más grande de la provincia”, explica De Pascuale. “De siete empresas, cinco querían cerrar un acuerdo con el Cispren, pero La Voz del Interior empezó a operar para frenarlo.” “Operar” significa, en este caso, que ese diario no aceptó negociación salarial alguna, e impidió que las otras empresas acordaran.
Los trabajadores decidieron llevar a cabo algunas medidas, como asambleas y paros parciales de dos horas. Finalmente, el viernes 29 de junio organizaron una protesta frente a la sede del diario. “Lo hicimos muy premeditadamente, de 1 a 3 de la mañana. Cortamos la calle totalmente durante media hora, a lo sumo, y apenas llegó la policía el corte se hizo parcial y siguió habiendo flujo de tránsito. Para nosotros fue suficiente, porque la protesta atrasó la salida de las camionetas a otras provincias y puntos del interior de Córdoba. Lo impedimos, y boicoteamos la posibilidad de que llegaran a horario”.¿Por qué? “Porque consideramos injusto que una empresa estuviera boicoteando todas las discusiones. Evaluamos la medida y pensamos que es parte de la protesta social y gremial. El espacio público es el único con el que cuentan los trabajadores para exigir sus derechos.”
Ese mismo día, el Grupo Clarín consiguió que el Ministerio de Trabajo de la Nación dictara la conciliación obligatoria, y que el fiscal Praddaude imputara penalmente a los trabajadores. La Voz del Interior, debe recordarse, ha quedado en manos del grupo conformado por Clarín en un 85% y La Nación, 15%.
Los trabajadores reclamaban 2.200 pesos como salario básico, pero había un preacuerdo con las otras empresas de 2.000. “Las únicas dos que se negaron son las monopólicas”, explica Javier De Pascuale.
El gremio decidió entonces impulsar asambleas en cada empresa para debatir los pasos a seguir, pero tanto en La Voz del Interior como en el diario Día a día -también propiedad del Grupo Clarín- se impidió la realización de la reunión.
El contexto de esta batalla es, según De Pascuale, el siguiente: “Nosotros venimos desde hace dos años reconstruyendo la fuerza gremial, que había sido destruida en los 90. Lo hacemos con un estilo nuevo. A las paritarias no van sólo los dirigentes del gremio, sino todos los compañeros. Discutimos con los empresarios en grupos de 30 ó 35 trabajadores. Hacemos asambleas de todo el gremio prácticamente cada 15 días. Vamos al paso del más lento, para ir todos juntos”.
Una de las decisiones tomadas de ese modo fue reconocer la caída salarial y. también, los límites del esquema nacional en el cual “el virtual ministro de Trabajo Hugo Moyano pone un techo del 19% a las negociaciones”. En Córdoba decidieron ignorar ese corsé y respetar las necesidades expresadas por los trabajadores en la asamblea del gremio. El resultado es, por el momento, el procesamiento de los principales referentes..
Las empresas ahora siguen impidiendo la realización de asambleas, amenazan con descuentos salariales y consideran que cualquier reunión de los trabajadores constituye, en sí misma, una medida de fuerza. De Pascuale: “No somos un gremio loco, tenemos una acción bien democrática y un reclamo serio, que expresa una necesidad real y concreta. Queremos que se garantice la libertad sindical. Pero también queremos, como periodistas, defender la libertad de expresión, porque además este conflicto ha sido absolutamente silenciado por los medios. Nuestro principal objetivo es recuperar el salario que baja día a día. Pero también denunciar este tipo de atropellos. Ahora estamos discutiendo qué medidas tomar. Van a ser las que decidamos entre todos”.