Delgada línea. Cómo funcionan las líneas de prevención de la violencia machista

¿Qué pasa cuando se llama al 144, qué se activa y qué no? ¿Quién atiende? ¿Atienden? Investigación de MU sobre las dificultades de comunicación, la precarización de lxs trabajadorxs y el rol de los sistemas de prevención y denuncia estatal de la violencia machista. Radiografía, números y casos de lo que pasa de un y otro lado del teléfono. Por Inés Haves, Mellisa Zenobi y Anabella Arrascaeta.

Mientras escribíamos esta nota María Dolores Barceló fue asesinada en Garín; Norma Alicia Miller, en Castelar; Fabiola Andrea Echenique, en Cafayate; y Flavia Ortiz en Rosario. 

Ahora mismo, en el día de su cumpleaños, una marcha nocturna y con velas recorre Alejandro Korn preguntándose dónde está Tehuel de la Torre, desaparecide desde hace quince días. 

Días atrás, en Palpalá se marchó por Iaria Rueda, el día que debería haber cumplido 17 años. 

Mientras escribimos esta nota trabajadoras de la Dirección de Defensoría Municipal que depende de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad del Municipio de Río Grande, Tierra del Fuego, difunden un comunicado para visibilizar la violencia laboral e institucional que sufren. 

Mientras escribimos esta nota se cumple un mes desde que el nuevo Sistema Acusatorio Penal comenzó a funcionar en la provincia de San Juan: en ese tiempo ingresaron 357 denuncias de mujeres que sufrieron algún tipo de violencia.

Y mientras tanto, en Villa La Angostura, se informa que después del femicidio de Guadalupe Carual se entregaron siete botones antipánico activados y se espera la asignación de otros seis más. Todo en el marco del aumento de denuncias. 

El Estado es responsable de pensar y llevar adelante las políticas que permitan prevenir, sancionar y erradicar la violencia femicida. Fue en Jujuy donde familiares de víctimas dijeron a MU que la mejor forma de mirar se hace cargo de esa responsabilidad indelegable es poner foco en cómo trabajan quienes atajan esa violencia. 

Fuimos entonces –y mientras tanto- a investigar las condiciones de quienes están trabajando en el primer eslabón de la violencia machista: el de la prevención. 

NACIÓN

El número se lee en diarios, revistas, portales, en carteles en la calle, banners en redes sociales, se ve en la televisión. Es la herramienta estatal de prevención que más se difunde por parte del Estado: la línea 144, creada en 2013, que brinda “atención, contención y asesoramiento” para prevenir la violencia machista. 

Según datos oficiales de enero a diciembre de 2020, la línea 144 recibió 108.403 comunicaciones. En ese mismo periodo informaron que 29.706 comunicaciones fueron derivadas a distintos canales de asistencia para su seguimiento.

La línea es gratuita y está bajo la órbita del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Cuenta con tres sedes: Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todas tienen idéntico propósito, pero difieren en cuanto a modalidades de contratación, condiciones de trabajo y dinámicas internas.

La sede de Nación está dirigida -desde mayo del año pasado- por un hombre: el abogado Esteban Buzzalino. Las 143 personas que trabajan bajo su órbita desarrollan diferentes tareas: hay quienes atienden llamadas, quienes atienden el WhatsApp que se implementó en el aislamiento, quienes contestan vía mail y quienes hacen seguimiento de casos. También hay un área que monitorea redes sociales. 

La mayoría están vinculadas a tres disciplinas (trabajo social, psicología y abogacía)  y trabajan en cuatro turnos diarios que incluyen semana, feriados y fin de semana. Los turnos no son rotativos, y cada uno es de seis horas. 

Por la pandemia se implementaron grupos cada quince días, separados entre quienes atienden de manera presencial y virtual. MU insistió en saber cuántas trabajadoras hay por turno pero la respuesta fue que depende del turno dado, ya que no todos tienen la misma cantidad de operadoras. 

En la sede de Nación todas las personas fueron contratadas recientemente como planta temporaria, poniendo fin a una historia monotributista y sello a una lucha sindical. 

PROVINCIA 

En la sede de Provincia de Buenos Aires hay 88 personas trabajando. El último 8 de marzo desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense se anunció la estatización de la línea de esa sede. Es que las trabajadoras se encontraban reguladas por el ente privado ProvinciaNet y figuraban como trabajadoras de comercio. Ahora pasarán a ser planta transitoria del Estado provincial. Desde el Ministerio informaron que se cree que se va a terminar de efectivizar el pase para mitad de año.

“Como delegadas nos reunimos para pedir la re estatización varias veces, no sólo por la situación de precarización, sino también porque creemos que es el Estado quien debe responder por la violencia”, dice a MU Leticia Kelly, técnica en estadísticas de la línea 144 de Provincia de Buenos Aires, delegada de ATE. “Es el Estado quien debe dar respuestas y hacerse cargo si hay fallas. Estábamos anotadas como empleadas de comercio. Durante todo el período de Vidal no tuvimos licencia”. 

Las trabajadoras denuncian que los sueldos estatales en la Provincia de Buenos Aires son bajos, y no llegan a cubrir la canasta básica: “Tenemos cuatro años de paritarias atrasadas”. Los salarios de quienes atienden la línea bonaerense están entre $30.000 y $34.000. 

Aun en pandemia se continuó trabajando de manera presencial aunque con guardia mínima; por protocolo, cada turno es con menos trabajadoras. Los turnos son de seis horas y hay seis trabajadoras en cada uno.  Desde la dirección se planteó en relación al trabajo una “rotación de tareas para que se puedan airear”. 

Ante la consulta de si es necesario incorporar más trabajadoras, Flavia Delmas, Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género del Ministerio bonaerense, contesta: “La necesidad es salir de la pandemia porque no tenés el equipo completo todo el tiempo y en cuanto violencia siempre hay necesidad de más porque se va instalando como problema cada vez más extendido, y no es que creció: es que ahora se visibiliza”. La mayor cantidad de comunicaciones se da entre las 12 y las 18 horas, horario en el cual la línea se congestiona y la demora, aumenta. 

CIUDAD

En la sede de Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 38 personas trabajando. Los salarios varían según la forma de contratación, aunque las trabajadoras realicen la misma tarea: van de $30.000 a $48.000, dependiendo tipo de contrato, títulos y antigüedad. 

En una carta que difundieron en diciembre de 2020 y acompañaron con un paro, denunciaron que la forma de contratación conocida como “asistencia técnica” es fraudulenta: “Asistencia técnica es la forma más precaria: se factura a través de la Universidad de Buenos Aires, una forma de contratación terciarizada. En el caso de contrato de locación hay un contrato que se renueva por año y, al igual que asistencia técnica, las trabajadoras pagan su monotributo. Las otras dos formas de contratación son planta transitoria y planta permanente”. 

“Las precarias condiciones de trabajo tienen un costo subjetivo muy alto para quienes la sufrimos, y afecta directamente las políticas públicas que llevamos adelante”, describieron sin vueltas las trabajadoras de esta línea -bajo la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad- en el comunicado. Urgidas por la pandemia enviaron la carta a legisladores y legisladoras porteñas, sindicatos, organizaciones sociales y periodistas explicando no solo que el salario es insuficiente: “Detrás de cada llamado de la línea 144, de la atención y sostén de los refugios para mujeres y sus hijes en situación de violencia estamos nosotras, las trabajadoras AT (asistencia técnica). Trabajamos con un alto compromiso, profesionalismo y responsabilidad y en el caso de las trabajadoras de la línea 144, utilizamos nuestros recursos: computadoras, internet, luz y celulares”.

TERRITORIOS

Además de la línea 144, del 911 ante emergencias, y del 137, hay provincias o municipios que tienen líneas telefónicas propias, ya sea un 0800, el teléfono de la Secretaría de género local o de la comisaría de la mujer, o un teléfono particular. Varias de esas líneas informan sus propias estadísticas sin quedar claro si esas llamadas son contempladas en los números informados por el 144. 

Mientras escribíamos esta nota, por ejemplo, se presentó en La Matanza el 0800-999-7272 (PARÁ), para dar asistencia y contención a quienes están en situación de violencia en ese territorio. 

Otro ejemplo: el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba tiene una propia línea telefónica (0800-888-9898) que de enero del 2020 al 9 de diciembre de ese año recibió 63.174 llamadas, además 8.426 consultas fueron recibidas al whatsapp. MU se comunicó con el responsable de prensa de dicho Ministerio para pedir datos sobre la cantidad de personas trabajando en la línea y sus condiciones laborales: la respuesta fue que la responsable de brindar esos datos tenía a un familiar con problemas de salud y no podría brindarlos.

Otro: desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Tierra del Fuego se difunde un número vigente para toda la provincia (296-469-8620) que recibe llamadas, mensajes y whastapp “para asesorar, contener y acompañar a mujeres que sufren violencia de género”. Una trabajadora de la provincia explica a MU que la línea está vigente desde marzo del año pasado por haber tenido que cerrar las oficinas al público a causa del aislamiento. Y que se trata de un celular que se van pasando quienes acompañan en los territorios. “Es un teléfono que bimestralmente es atendido por el equipo técnico de la ciudad de Ushuaia y de la ciudad de Río Grande”. 

En el municipio de Río Grande, en este momento, trabajadoras de la Dirección de Defensoría Municipal que depende de la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad difunden que la mayoría son monotributistas que carecen de estabilidad laboral, de aguinaldo, de horas extras, y de presentismo; que las condiciones de trabajo no son adecuadas; y que se encuentran expuestas a situaciones de violencia por parte de los agresores de las personas que acompañan. En el comunicado elevaron una nota formal a la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad. Al resultado lo describen así: “Ello resultó en situaciones de violencia institucional y laboral contra nuestras compañeras y, consecuentemente, en el despido de una de ellas, el cual fue sin previo aviso, sin causal justificada, de forma totalmente injusta y arbitraria, sumado a que se suscitó en pleno contexto de pandemia. A su vez se ordenó la reubicación de una de las compañeras como medida disciplinaria, y finalmente se solicitó la renuncia de una de las compañeras, que se encuentra con licencia médica”. 

EL 137

En ninguna de sus sedes la línea 144 es una línea de emergencia. Es por eso que en noviembre del año pasado, en pandemia, se firmó una resolución entre el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, para que en el 911 se reciban llamadas de emergencia y casos de riesgo por violencia machista. 

Si en el 144 se recibe una llamada de emergencia se deriva al 911, articulación que ejecuta la propia trabajadora de la línea. 

En algunos lugares del país desde la línea se suele llamar directamente al 911. Por ejemplo en Salta, entre enero y septiembre de 2020, el 911 recibió 58.363 llamadas por “violencia familiar en curso”, definida como violencia física, psicológica, verbal que ocurre en el momento de la comunicación, según un informe del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres de esa provincia.   

Pero no solo existen las líneas 144 y  911. También está la línea 137, que  depende del Programa “Víctimas contra las violencias” del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue creada en 2006 y coordinada por la psicóloga Eva Giberti para dar “atención a víctimas de violencia familiar y sexual” con la particularidad de que cuenta con brigadas móviles que se movilizan hasta donde está quien necesita asistencia si la víctima se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires, en Chaco (Resistencia) o en Misiones (Posadas, Oberá, Eldorado). 

Según datos oficiales, sólo en enero de 2021, la línea 137 recibió un total de 855 llamados por casos de violencia familiar, que registraron 1.160 víctimas de abusos o malos tratos, de explotación, pornografía y/o prostitución infantil, y de grooming. En ese mismo mes  del año anterior, la línea había recibido un total de 492 llamados y 659 víctimas.

En 2018 y 2019, la cantidad de llamados recibidos por mes registrados fueron entre 500 y 700 mensuales. En ese momento las brigadas de la línea 137 realizaban un total de 40 a 50 intervenciones mensuales. Con la pandemia, el número de denuncias aumentó –mostrando un pico en septiembre de 2020, con la recepción de 1032 llamados-, pero las intervenciones en territorio de ese mes fueron sólo 3.

Marcela Losardo, quien hasta hace días fue ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, dijo a este medio en el inicio de la pandemia (MU 146) que uno de los objetivos de su gestión era “la progresiva federalización de la intervención de la Línea 137”. No lo hizo. 

Escuchamos un ejemplo claro de las consecuencias de la no federalización y de la no articulación: una mujer en un barrio popular porteño, en una situación de violencia y riesgo, necesitaba ayuda para salir de su casa y llegar a lo de una amiga en el conurbano. Llamaron al 137 para pedir asistencia en ese traslado, pero la respuesta que recibieron fue que la podían llevar hasta el límite con General Paz porque las guardias funcionan solamente en la ciudad.

Resta saber si la federalización es objetivo también de quien ahora ocupa la silla de ministro. 

Lo común

Según pudo saber MU todxs quienes trabajan en las diferentes líneas de manera remota no recibieron computadoras, ni sillas, ni el pago de servicios como luz o internet. Tampoco gastan en línea telefónica propia porque las llamadas son transferidas; y se desarrolló un programa para llamar desde la computadora, pero sin computadora, claro, eso no es posible. Están también quienes cuentan con equipos propios pero tienen que repartirlos con hijos en edad escolar y alta temporada de zooms, lo que estira y dificulta las jornadas laborales, acaso como en cualquier otro trabajo. Pero en emergencia.  

Se calcula que cada llamada lleva un promedio de 40 minutos, y luego hay que cargar el caso en el sistema para realizar un seguimiento. “Es un trabajo pesado”, resumen. “Llega un momento que es agobiante: es pesado atender y no saber con lo que te vas a encontrar”. 

Sobre el caudal de demanda y la diversificación de canales las trabajadoras aseguran que “falta gente atendiendo”, lo que genera llamadas en espera y que algunas de esas llamadas se lleguen a perder. “A veces escriben al WhastApp y te dicen: no me puedo comunicar”, ejemplifican a MU

El denominador común de los relatos es que la difusión que recibió la línea durante el último tiempo genera una demanda que no se llega a atender, porque la estructura no creció al compás de la publicidad. “Hay mucho anuncio antes de que los mecanismos estén aceitados”, se grafica. Esto, sumado a condiciones de trabajo que no siempre mejoraron.

Como positivo, las trabajadoras identifican que hay más articulación con los distintos organismos del Estado: “Hay más comunicación con otros organismos, como llamar a fiscalías, comisarías, áreas de género municipales”, dicen a MU. Esa articulación, avisan, lleva tiempo y más trabajo, lo cual vuelve aún más necesario que se sume más gente trabajando, mejores condiciones, más recursos, más articulación, más acceso, más derechos.  

LO PENDIENTE

Todas las líneas chocan contra un Poder Judicial que no da respuesta y un Estado que no encuentra cómo prevenir y evitar la violencia de manera urgente y efectiva. 

Leticia Kelly, trabajadora en el área de estadísticas de la línea 144 bonaerense, analiza qué pasa con la cadena que se inicia asesorando y que debería terminar en la prevención de un femicidio. “Hay que hacer modificaciones en las comisarías, en cómo nos atienden, pero principalmente en el Poder Judicial, que es donde están las principales fallas y trabas: necesitamos que se deje de maltratar a las mujeres que van a denunciar. Las principales trabas y fallas son por los tiempos, por las situaciones donde se subestima la realidad de la mujer, porque no hay intervenciones interdisciplinarias. Hemos recibido respuestas del tipo: por qué volvió con el agresor. Las medidas que hay no son suficientes y responsabilizan a la víctima, como la medida de restricción perimetral, que no hay herramientas para que eso cumpla, o el botón antipánico que depende de que la víctima lo active”.

En la Ciudad de Buenos Aires una trabajadora social del barrio 1-11-14 define a las políticas como “escuetas” y narra las consecuencias: “Terminás poniendo el cuerpo vos”. Ella trabaja en uno de los siete centros de salud y acción comunitaria que están en el barrio y en donde cada equipo territorial está a cargo de una manzana con aproximadamente 700 familias. “Nosotras trabajamos con la demanda, que a veces es muy puntual, y en general atendemos en la urgencia”, grafica sobre su día a día.

¿Con qué recursos cuentan frente a esas situaciones? “Primero, la escucha. Y pensar estrategias más territoriales y artesanales, como ver si hay un lugar donde se pueda ir, si hay red, si está sola. Después es evaluar riesgos y la posibilidad de hacer la denuncia”. Ahí se encuentran con una barrera que es geográfica y de accesibilidad: en la Ciudad de Buenos Aires hay que ir a la Oficina de Violencia Doméstica en Tribunales y contar con muchas -realmente muchas- horas de espera para poder hacer la denuncia. Concretarla significa desde tener que  resolver qué hacer con les hijes hasta armar una vaquita para cargar la SUBE. 

“Después en cuanto a recursos está la línea 144 si necesitan hablar. El 911, si es una emergencia. La demora es de alrededor de  7 horas, además de que no todos entran al barrio: en el barrio no entra policía porque está Gendarmería”. 

¿Qué otras herramientas se podrían pensar? “Que no caiga toda la responsabilidad en la mujer. Ella es el centro del control: tiene que avisar de la perimetral, tocar el botón antipánico, se tiene que ir del barrio. Sería bueno también que haya lugares cerca en donde denunciar, más accesibilidad. Y siempre armar redes”.

Las trabajadoras de los centros de salud del barrio marcharon días atrás pidiendo justicia ante los casos de violencia machista. Entre muchas levantaron la foto de Esther Mamani Canaviri, asesinada por Iver Carlos Ibarra Huanca, su ex y padre de dos de sus tres hijes. Esther había ido a uno de los centros de salud del barrio contando la violencia que vivía, también lo había denunciado en la OVD y tenía botón antipánico. La mató en su casa, donde los llamados muchas veces no llegan a tiempo.

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