CABA
Monte adentro. Seis años sin Katherine Moscoso

A seis años del femicidio de Katherine Moscoso, 17 años, aun no hay ni un imputado. La familia denunció a más de 21 personas entre fiscales, comisarios y particulares como parte de una red de encubrimiento. En plena pandemia, su tío hizo una caminata de 600 kilómetros hasta la Casa Rosada, pero no lo dejaron entrar a la Ciudad porque no tenía permiso de circulación. El caso sigue vivo por la actitud de la familia, interpelando la máquina femicida. Por Lucas Pedulla.

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El mueble es una repisa transformada en santuario.
Marta Mesa detiene el mate, se para, acomoda las fotos, los carteles y corre las cortinas para que entre el sol a esta casa del monoblock número 9 en el barrio FONAVI –como se denomina a los barrios construidos bajo el Fondo Nacional de Viviendas– en el municipio bonaerense de Monte Hermoso, un pueblo de 8.000 habitantes, con picos en temporada de 100 mil personas en sus balnearios, a 89 km de Bahía Blanca, a 657 de la ciudad de Buenos Aires, y con un femicidio impune hace seis años.
Su nieta, Katherine Moscoso, fue enterrada viva en un médano a dos cuadras de esta misma casa: su cuerpo apareció el 23 de mayo de 2015, luego de una semana de búsqueda.
Marta acomoda las fotos del santuario, como cada día desde entonces. Al lado está su sobrino, Ezequiel Moscoso, tío de la joven de 17 años, y ambos son los principales motores que no descansan un minuto en su pedido de justicia.
Afuera de la casa, un mural recuerda a Katherine con auriculares y sentada en una hamaca, como le gustaba pasar las tardes en la plaza de Monte.
Y con esa mirada, la misma que desde las fotos, carteles y banderas, interpela los resquicios de la máquina femicida.
Así, desde esa hamaca, hace seis años.
Enterrada viva
Katherine Moscoso desapareció el 17 de mayo de 2015. La noche anterior había avisado que iba a quedarse a dormir a la casa de su amiga Daiana, a pocas cuadras de su hogar, pero se fue a bailar al boliche Arenas, en el centro del pueblo, propiedad de Martín Fernández, hermano del entonces intendente y actual concejal Marcos Fernández.
Cuando Marta fue a buscarla a la casa de la amiga, se enteró de que su nieta había salido y no había regresado. Su familia comenzó la búsqueda, pero en la comisaría no le quisieron tomar la denuncia: le dijeron que tenían que esperar 72 horas.
“Ella tenía un leve retraso madurativo e iba a una escuela especial. Era una nena muy inocente, no tenía maldad”, dice María Marta, su tía.
“Si ella decía que se quedaba en la plaza, la podía dejar sola que a las dos horas iba y estaba en la plaza”, agrega su abuela Marta, que crió a Katherine y a su media hermana Macarena tras el abandono de su mamá. Durante mucho tiempo Katherine llamó “papá” a su abuelo. Su verdadero padre nunca la reconoció.
Ese núcleo familiar –abuela, tío y tía– movió todo Monte Hermoso en la búsqueda. “Es un pueblo de 8.000 habitantes pero de extensiones grandes. Juro por lo que quieras que no nos quedó sitio por recorrer”.
Cada día se involucraban más vecinxs. Todas las noches se juntaban en la plaza principal o en la comisaría, donde escuchaban las novedades de la jornada, para luego volver a los rastrillajes comunitarios. “Para el miércoles ya no quedaban lugares donde seguir buscando”, dice Ezequiel.
El sábado al mediodía, el fiscal Sebastián Foglia, a cargo de la investigación por “averiguación de paradero”, reveló un dato esperanzador.
“Dijo que el míércoles Kathy se había comunicado por Facebook con una amiga diciendo que no quería volver a Monte, que estaba con su novio en Neuquén, y mandaba saludos”.
Foglia viajó a Monte al mando del comité de crisis del Ministerio de Seguridad bonaerense y declaró a medios locales: “Creemos que en Monte Hermoso no está: el balneario fue dado vuelta”. Pero también subrayó un detalle que para la familia cobraría un significado crucial: “También creemos que esto no tiene nada que ver con la nocturnidad”.
Pero ese mismo sábado a la noche el cuerpo sin vida de Katherine apareció semienterrado en un médano de un baldío a dos cuadras de su casa. María Marta había rastrillado ese mismo lugar dos días atrás: “Yo pasé caminando por ahí. Te puedo asegurar que estuve parada en ese mismo lugar y no estaba”.
Ezequiel agrega: “El cuerpo fue plantado”. La autopsia reveló que la joven tenía golpes en el cráneo, pero no fueron la causa de la muerte. Ezequiel: “Katherine fue enterrada viva”.
La bomba explotó. “Se desató una pueblada”, dice Ezequiel. Esa noche ardieron la Municipalidad, el Centro Cívico, la fiscalía, la comisaría y la casa del entonces secretario de Seguridad de Monte Hermoso, Ricardo Triches, un ex comisario y ex Jefe Departamental de Mar del Plata que había sido exonerado por encubrimiento en la violación y el femicidio de Natalia Mellman, en 2001, en Miramar.
Esa noche también fue asesinado a golpes Juan Carlos Canini González, un jubilado acusado en el barrio de proxeneta y que fue implicado por rumores en el crimen. “Todo pasó adelante de los ojos de los policías que debían cuidarlo”, dice Ezequiel.
A seis años de esos hechos, el mapa de impunidad queda claro: hubo cuatro condenas por los incendios; siete condenas por el linchamiento; no hay ni un imputado por el femicidio.
La máquina fiscal
En la edición 154 de MU (Ni una más), la escritora y periodista Claudia Acuña habla de “femicidios territoriales” para ubicar a los crímenes que se producen en un marco de impunidad institucional, con la policía y el Poder Judicial en un lugar central. Ezequiel lo sabe desde hace seis años: “Hace un año, cuando hablamos con el Procurador general, pudimos ver la causa completa. No nos dejaban ver los legajos reservados. Tuvimos que hacer de investigadores: con Leandro Aparicio, nuestro abogado, llevamos 70 personas a declarar. Lo que vimos era terrible: las declaraciones de los patovicas, las contradicciones, el relato de los policías, las escuchas telefónicas”.
En abril de 2020, Ezequiel y Marta presentaron una denuncia de 326 páginas en la que acusan a 21 personas –entre fiscales, instructores judiciales, comisarios, bomberos y particulares– por su participación en el encubrimiento y en el desvío de la investigación. También acusan formalmente a otras cinco por su participación en el crimen: el dueño del boliche Martín Fernández, los patovicas Martín Iribarra, Pedro Rupell y David Kun Kun Tello, y Sergio Sánchez, propietario de una camioneta en la que se encontró ADN de Katherine. El vehículo fue “incendiado intencionalmente”, denuncia la familia, en la quema de la Comisaría de Monte Hermoso, el día de la pueblada.
La familia expresó: “La hipótesis de la querella es que Katherine Moscoso fue asesinada por personas vinculadas al poder político de Monte Hermoso, y que tuvieron la posibilidad de encubrir el crimen, direccionar la investigación por medio de la policía de Monte Hermoso en los primeros tres días, direccionar y encubrir a los verdaderos culpables los días posteriores a través de la Policía Departamental (DDI), borrar la mayoría de las pruebas que pudieran incriminarlos, incluyendo para ello, la planificación de un linchamiento a una persona a quien previamente se sindicó intencionalmente como sospechoso, y al unísono incendiar la Comisaría y distintos lugares públicos, y por sobre todo aquellos donde se encontraban imágenes que pudieran comprometerlos”.
La familia tuvo que diferenciar la conducta de distintos fiscales encargados de una investigación crucial:
- El primer fiscal fue Sebastián Foglia. Intervino siete días, desde la desaparición el 16 de mayo hasta la aparición del cuerpo, el 23 de mayo. Además de su accionar y de sus dichos, la familia también lo denunció por desviar la investigación en el momento clave de la búsqueda.
- El segundo fue Christian Long, fiscal natural de la causa. Es el único funcionario judicial que la familia no denunció. Long remarcó a la fiscalía general de Bahía Blanca que “se ha intentado desde el ámbito policial” (mencionando en particular a los comisarios Gustavo Maldonado y Luis Corbi) “desalentar y obstaculizar” el avance de la investigación. Y concluyó: “Del legajo reservado de la misma surgen claros indicios del personal policial en connivencia con personas del ámbito político participando de actividades vinculadas con la droga y otros hechos delictivos”. Long siguió hasta el 29 de diciembre de 2015, cuando se tomó licencia por enfermedad.
- El tercero fue Mauricio del Cero, que orientó su hipótesis a acusar a la amiga de Katherine Daiana Sánchez, una joven con retraso madurativo. La familia siempre desestimó esa versión: “Daiana no tiene la capacidad para matar a Katherine, lavar su cuerpo, esconderla, hacerla aparecer, organizar y planificar el homicidio de ‘Canini’ y los distintos incedios que ocurrieron para lograr la impunidad”. Ezequiel lo denunció por encubrir a los policías acusados: “Tuvimos que juntar 4.000 firmas pidiendo su apartamiento. Pero terminó diciendo lo mismo que el fiscal Long”. En efecto, Del Cero postula como hipótesis predominante “la participación en el crimen por parte de Martín Esteban Fernández, uno de los dueños del boliche Arenas, así como del personal de custodia o de seguridad nocturna de dicho local (…), así como la intervención o auxilio prestado a tales personas para el posterior encubrimiento en el que, probablemente, tuvieron participación funcionarios públicos en connivencia con otros sujetos del entorno municipal y político de Monte Hermoso”. Dejó la causa el 20 de febrero de 2018, cuando pasó a la Fiscalía de Estupefacientes.
- El cuarto y actual es Jorge Viego, quien hasta ese momento se desempeñaba en la Fiscalía de Estupefacientes, cargo que fue a ocupar el fiscal Del Cero. “Es el último encargado de mantener la impunidad de los reales autores del homicidio de Katherine”, denunció Ezequiel. Viego encaminó la investigación exclusivamente a Josué Fernández, el nieto de “Canini”. Ezequiel: “Todo lo que dijo Long y todas las denuncias que termina presentando Del Cero, a Viego no le importan. Hay filmaciones que muestran que Viego estuvo apretando a menores de edad para que digan que fue Josué. El chico tenía una novia en Misiones y cada vez que la policía lo encontraba haciendo dedo en la ruta lo levantaba y lo recagaba a palos. Lo hostigaban muchísimo. Después, pasó lo que pasó”. El 8 de octubre de 2018, a Josué lo encontraron ahorcado en la casa donde habían linchado a su abuelo tres años atrás. Tenía 21 años.
La larga marcha
En junio del año pasado, y en medio de las restricciones de circulación por la pandemia, Ezequiel tomó una decisión: caminar desde Monte Hermoso hasta la Casa Rosada (634 km) para pedir una audiencia con el Presidente Alberto Fernández.
Lo acompañó un amigo. En una semana caminaron 447 km hasta llegar a Las Flores. Allí hicieron dedo, pero quedaron varados en Ezeiza. “No teníamos los permisos de circulación. No teníamos forma de entrar a la ciudad de Buenos Aires. Nos quedamos por San Miguel del Monte y solo logramos hablar con gente de la cúpula de Sergio Berni, en el Ministerio de Seguridad de la provincia. Fuimos a La Plata”.
Berni no estaba. “Había una señora en su lugar. Pero fue lo mismo de siempre, a lo largo de todos estos años: nadie te da bola. Nadie quiere investigar. Porque saben que si investigan van a llegar a la droga. En las escuchas telefónicas que denunciamos salen los policías diciendo cómo entran la droga a Monte Hermoso. Si hubiese sido yo o cualquier perejil, con el 10 por ciento de las cosas que hay, están en cana”.
Se volvieron a Monte Hermoso.
Ezequiel dice que nada es gratis: “El año pasado me peleé con el intendente y el secretario de Seguridad porque no me dejaban salir de Monte, y me llegó una denuncia por abuso, en un momento en el que yo ni estaba en Monte, estaba con mi hija. Quieren que no tenga credibilidad”.
Así de turbia es la realidad para la familia, desde hace seis años.
La abuela Marta se levanta de la mesa para buscar la bandera que llevan a las movilizaciones.
La acomoda junto al santuario, y dice: “No le encuentro justificación a que escondan el asesino de Kathy. He pasado cosas, pero nunca algo así. Quisiera que se sepa la verdad antes de que yo me vaya para arriba. Es un dolor muy intenso. Solo quiero justicia”.
Marta se pone otra vez de pie y mira, como desde hace seis años, el santuario intacto que recuerda y reclama: ¿qué pasó con Katherine Moscoso?
CABA
Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.
Por María del Carmen Varela
Fotos Lina Etchesuri para lavaca
Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.
Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.
Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.
Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.
El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.
Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.
Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.


Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.
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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.
María del Carmen Varela
Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.
Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.


La historia
A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…
Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.
A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.
Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.
El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .
De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.
El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.
En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.
La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.
Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.
Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.
Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.
Atlas de un mundo imaginado
Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre
Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.
Actualidad
Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».
Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.
Por Tiempo Argentino
Fotos: Antonio Becerra.
En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.
“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.
“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Represión como respuesta
La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.
“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal
La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.
El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.
Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.

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