Sigamos en contacto

Mu159

Andalgalá no se vende

Publicada

el

Mu en Catamarca. El contraataque pro minero en el lugar en el que la actividad ya había sido rechazada: camiones ocultos, represión ensañada y detenciones absurdas, que incluyeron graves atropellos que lxs detenidxs describen a MU. Por qué los proyectos nuevos son una falsa y vieja solución. La emergencia y el agua. Las nuevas generaciones siguen marchando para defender el cerro Aconquija contra gobiernos y empresas. Lo que hace una comunidad en defensa de la vida y del futuro. Por Lucas Pedulla.

La belleza del Aconquija, asediado por mineras y funcionarios. Fotos: Susi Maresca

Esta nota forma parte de la edición 159 de MU que hicimos gracias a nuestrxs suscriptorxs. #HaceteCómplice acá para seguir bancando el periodismo sin patrón.

Gabriel porta 8 años, lentes con patillas de color rojo y un cartel que cuelga sobre su espalda con dibujos de gotas de agua que tienen ojos, brazos musculosos, sonrisas enormes, y riegan un jardín verde con una bella flor.

El cartel también tiene un mensaje: “El agua no se vende. Se defiende”.

Camina junto a su primo Nicanor, de 10, y a su mamá Neves Ramos. Están en la plaza de Andalgalá –20 mil habitantes, a 240 km de San Fernando del Valle de Catamarca y a casi 1300 km de Buenos Aires– cercada con lonas verdes por obras, que se convirtieron en un mural donde se pueden leer algunos títulos informativos: “El Nevado no se toca”, “Sr. Gobernador, el pueblo es el que manda” , “Agua Rica ilegal”.

Es sábado y eso significa que Andalgalá está por caminar, como cada sábado hace 11 años. En la primera de esas caminatas, donde un pueblo empezó a salir de forma sistemática y pacífica en defensa de su territorio, de su agua, de su democracia, de sus vidas, y de su Aconquija, que hoy resplandece nevado bajo el primer sol de mayo, Gabriel no había nacido. Y por eso a Neves –45 años, docente de Lengua y Literatura– se le humedecen los ojos: “Caminamos con el corazón, con el alma, estuve el 15 de febrero de 2010 cuando nos reprimieron de forma cruel, y sigo resistiendo. Ellos son mis semillas. Este pueblo sale todos los sábados y eso significa su esencia, la autodeterminación de todos los pueblos que tendrían que estar de pie”.

Y Andalgalá está de pie.

Otra vez.

Esa es la noticia: ni más ni menos. 

Nuevas generaciones marchan pidiendo la libertad de los detenidos. La política del presente: la defensa de la vida. Fotos: Susi Maresca

Cómo golpear asambleístas

El preceptor Walter Mansilla se había levantado temprano para limpiar su casa como cada mañana. Mientras preparaba el riego para sus limoneros y pomelos, hablaba por WhatsApp con el grupo de su escuela para un seguimiento de alumnos y alumnas. Había algunas ausencias en las clases virtuales y tenía claro que las condiciones de conectividad varían según las posibilidades de cada familia. 

Era lunes 12 de abril, entre las 9:30 y las 10, cuando lo sobresaltó un estruendo.

Las dos puertas de su casa se abrieron de un golpe. Sintió un tropel. Corrió a su habitación y se metió debajo de la cama para ganar tiempo. Llamó a su hermano. Sin saber si lo atendió o no, habló bajo: “Está la policía en casa”. Cortó. Con la respiración contenida, el corazón latiendo contra el suelo, sólo veía ocho pares de botas alrededor de la cama. Mandó mensajes. Sus más íntimos estaban advertidos: sabía que podían haber operativos luego de los incidentes en la caminata del sábado. La noche anterior había visto dos camionetas negras, con vidrios polarizados, con la leyenda del Gobierno de Catamarca, en la estación de servicio frente a su casa. Por eso, cuando las botas salieron, llamó a su hija: “Está la policía acá. Quedate tranquila que estoy bien”. 

Cortó. “Fue la tranquilidad más grande que tuve en todos los tiempos”, dice Walter, 46 años. “Cuando me encontraron, ya no tenía motivos por los que resistirme”. 

El primero que lo vio dio vuelta la cama. “Quedé ahí limpito, en el piso. Me empezaron a patear. Uno me pisó los talones para que no me mueva. Otro me saltaba arriba. Otros, por los costados, me inflaban a patadas. Me estiraron los brazos en cruz. Me seguían pateando. Me tiran las manos para atrás y alguien me agarra del cuello, me estrangula. Me pedían que me levante. No podía, estaba todo molido. Me levantan de los pelos, hice pie, y me sacan a los empujones hasta el patio. Me ponen de rodillas”.

De reojo, en un lado, vio unos 30 policías.

De reojo, en el otro, 15 más.

“Se metían a las piezas, buscando no sé qué. Me trajeron un cartel. ‘Mire, jefe, las evidencias’, dijo uno. Eran carteles de la marcha, nada más”. Walter también es fotógrafo de la asamblea, artista y uno de los encargados de los carteles. “Afuera ya estaba mi hermana, también le habían pegado. El testigo del allanamiento ni estuvo, apareció recién cuando estaba arrodillado. Rompieron todo. Uno me decía: ‘No te voy a tener compasión como los otros’. Ese me golpeaba, me daba bollos, puntinazos. Y seguía: ‘Ahí afuera hay un montón de gente. Depende de vos que no lo reprimamos. ¿Te gustaría, no?’. Tenían todas las intenciones”.

Con la misma violencia lo levantaron por los aires y lo trasladaron a la comisaría. “Me hicieron que me desvista, que hiciera cuclillas. El médico de la revisación nunca levantó la cabeza para mirarme. Yo no sentía nada: estaba totalmente entumecido”.

Así lo empujaron hasta el calabozo: “Mi sorpresa fue que no estaba solo”. 

La realidad efectiva

La Asamblea El Algarrobo nació el 14 de diciembre de 2009 cuando el profesor de polimodal Aldo Flores y el instructor judicial Sergio Martínez cruzaron una bandera argentina y cortaron el camino comunero de Potrero que llevaba hacia el campamento de la mina Agua Rica. Eran las ocho de de la mañana y a la noche ya eran 10. A los pocos días, ya intervenían 200, número que se multiplicaría a 2.000 en caminatas y encuentros. Aldo, ya jubilado, cumplió sus 73 años este 2021 en prisión domiciliaria: “Lo que pasó podría haber pasado cualquier día desde febrero de 2010”. 

Esa fecha está grabada a sangre en el cuerpo del pueblo. Ese día una retroexcavadora llegó al corte con camionetas de Agua Rica escoltadas por la policía de Andalgalá, la Infantería y el Grupo Kuntur, nombre que en quechua significa “cóndor”, aunque en el pueblo refleja lo peor: esa misma fuerza, encargada de perseguir narcotraficantes, fue la que entró en las casas de vecinos y vecinas a golpearlos, estrangularlos y detenerlos. Ese 14 de febrero, la represión fue brutal: hubo cientos de heridxs, 40 detenciones, y balazos de goma al rostro. “No hubo muertos de casualidad”, recuerda Aldo, once años después.

El lunes 12 de abril, a la misma hora que Walter Mansilla estaba siendo golpeado y esposado, Aldo leía cuando escuchó los primeros estruendos. “Entraron como en esas películas de Rambo, con tiros, balazos y una parafernalia de humo. Me destruyeron la habitación. No sé qué buscaban”. Enumera sus tenencias peligrosas:

Una guitarra criolla con la que enseña a chicos del pueblo.

Cajitas bagualeras.

Dulce de arrope, que elabora él mismo. 

Ocho camas en dos habitaciones para albergar amigos de visita.

Lo esposaron. “Me dolió una semana y durante 10 días tuve una electricidad en la espalda, que me la pisotearon entera. Me encarcelaron solo en una habitación”. Cuatro días después le dieron domiciliaria: “Los policías pasaban por el frente de mi casa, presionando. Pero me sentí muy acompañado. No me siento culpable de nada. Lo que pasó es que la policía, la minera y los gobiernos nos tendieron una trampa”.

La semana anterior, la asamblea había alertado que la minera había ingresado de forma ilegal maquinarias en dirección al cerro. Desde el 22 de marzo, Día Internacional del Agua, habían dispuesto cortes en los caminos de Potrero y de Choya –dos de los accesos a Agua Rica– pero la empresa ingresó por los pueblos vecinos. La Caminata de ese sábado, la 584, fue masiva, pero terminó con incidentes e incendios en la sede de la minera y del PJ local. La asamblea comunicó: “Denunciamos públicamente a la policía por liberar la zona y enviar infiltrados que comenzaron los incendios y los ataques contra el inmueble donde Agua Rica tiene sus oficinas. ¿Dónde estaban los 60 policías que vinieron de la ciudad capital, que hasta esta tarde militarizaron la ciudad y a la hora de los disturbios desaparecieron? Al mismo tiempo, señalamos que operadores políticos aprovecharon la situación incitando a lxs manifestantes a desplazar la violencia hacia otros puntos, acción en la que integrantes de la Asamblea actuamos para disuadirlos”.

Ese mismo sábado una periodista de Catamarca llamó a Gabriela Marsilli, 36 años, para una entrevista. “Dijo que la justicia ya se estaba juntando para empezar con las detenciones. Sabíamos que iba a haber consecuencias”. 

La cacería fue ordenada por el juez Rodolfo Cecenarro y la fiscal subrogante Soledad Rodríguez. Fueron 12 detenciones entre el lunes y el miércoles: Walter, Aldo, Sara Fernández, Jorge Ramos, Matías Paz, Augusto y Enzo Brizuela, Eduardo Villagra, Ailén Saracho, Damián Abel, Rubén Sachetti (ni siquiera estuvo en la movilización) y Oscar Martiarene, quien se desempeñaba como secretario de Seguridad Ciudadana del municipio, cargo al que renunció mediante una carta pública dirigida al intendente Eduardo Córdoba: “Asistí como ciudadano comprometido con la salud y la vida de mi comunidad; en forma pacífica”, escribió, y remarcó que no participó ni fue instigador de los incidentes. Otro detenido fue Franco Fernández, hermano de Sara, no por la caminata, sino por “resistencia a la autoridad” durante el operativo en su casa.

Gabriela: “Las detenciones no sólo fueron arbitrarias sino que fueron elegidas para aleccionar a todo el pueblo. Había gente que hacía mucho no participaba de las caminatas o que directamente ni había estado. El mensaje es este: ‘No te metás’”.

Aldo razona: “El gobernador de Catamarca es peronista. El Presidente es peronista. Ganaron las elecciones cantando la Marcha, que dice ‘Combatiendo al capital’, pero vos después querés combatir al capital y se te vienen encima. Uno se queda entonces así, como estafado. ¿Dónde está la coherencia para llevar una política adelante?”.

Contaminación política

Sergio Martínez tiene 58 años, nació y vivió siempre en Andalgalá, y es uno de los vecinos que se puso a estudiar para entender la megaminería a cielo abierto: “Todos acá somos un poco biólogos, un poco geólogos, un poco químicos”.

Ubica dónde estamos: “En 200 años Andalgalá nunca vivió de la minería. Es zona de productores agrícolas, ganaderos, de pequeñas y medianas empresas, a escala amigable con la naturaleza. La población siempre ha tenido fincas, plantaciones de membrillos, frutas de carozo como duraznos, ciruelos. Hay industria vitivinícola y aceite de oliva de muy buena calidad. Nunca vivimos de la minería, y menos de la megaminería, que son multinacionales que se instalan y te pretenden hacer ver que es la única salida laboral”.

Ya lo saben: en octubre de 1994 el gobernador Arnoldo Castillo, el secretario de Minería Ángel Maza, y el presidente Carlos Menem, firmaron el lanzamiento de las obras del yacimiento Bajo La Alumbrera, que empezó a explotarse en 1997. Según la empresa, se ubicó entre los 10 emprendimientos de cobre más grandes del mundo, y entre los 15 de oro. Sergio: “Creíamos que era una actividad que venía a reparar la deuda histórica con los pueblos del interior. Dijeron que íbamos a ser como la ciudad de Denver en Estados Unidos, con progreso y desarrollo. Pero en tres o cuatro años no vimos ningún progreso, además del alto costo ambiental: la minera consume 100 millones de litros de agua por día (1.100 por segundo). Hablamos de zonas desérticas, donde el agua falta”. En diciembre, el Senado provincial convirtió en ley la emergencia hídrica en Catamarca.

Entre cráteres gigantes de seis cuadras por dos, la utilización en un solo mes de la cantidad de explosivos que el país usa en un año, cuatro derrames tóxicos comprobados, y el nulo impacto laboral (el propio intendente durante la represión del 2010, Jorge Perea, aliado a la empresa, había admitido 40 andalgalenses activos), en noviembre de 2020 se sumó una noticia judicial: la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó el procesamiento del gerente general de Alumbrera, Raúl Mentz, por contaminación. Los camaristas tucumanos acreditaron que el daño supera todos los niveles permitidos: la contaminación se desparrama a su vez a Córdoba y Santiago del Estero.

Lejos quedaron las promesas de la minera de 6.000 puestos de trabajo, un hospital de alta complejidad y un barrio para 5.000 personas. Sergio: “Esa gran riqueza se fue en parte contrabandeada por los puertos de Rosario. Nadie controla”. Lo extraído –el barro con los minerales– es enviado por un mineraloducto de 317 km a Tucumán. De allí, parte en tren al puerto de Rosario, y de allí a Europa para su refinación. A partir del análisis de ese barro de exportación que realizaron geólogos de la Universidad Nacional de Tucumán, la socióloga, investigadora del Conicet y ex diputada Alcira Argumedo –recientemente fallecida– denunció en febrero de este año que el “contrabando” asciende a 8.267 millones de dólares por año.

Agua Rica llegó con similares promesas. Luego de la represión de 2010 la asamblea presentó un amparo que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. En 2014 los vecinos acamparon frente a los Tribunales porteños (a 1.280 km de Andalgalá) exigiendo que se pronunciara la procuradora Alejandra Gils Carbó. En 2016 volvieron para exigir el pronunciamiento de la Corte. Rosa Farías –57 años, docente jubilada– fue una de las viajeras (20 horas en un gasolero), con asma y convicciones: “No tenemos más logística que nuestros cuerpos y nuestras cabezas”. El fallo sobre el amparo llegó seis años después de presentado, y fue taxativo: “Es importante señalar que en cuestiones de medio ambiente, cuando se persigue la tutela del bien colectivo, tiene prioridad absoluta la prevención del daño futuro”.

La causa volvió a la justicia catamarqueña y los siete concejales del Consejo Deliberante local aprobaron por unanimidad la ordenanza 029/16, que prohibe la actividad minera en la Alta Cuenta Hídrica del Río Andalgalá. Sergio: “Por supuesto fue atacada todo este tiempo. El año pasado, como sorpresa de Navidad, la Corte de la provincia la declaró inconstitucional”. Rosa: “El fallo llegó después de que el gobierno de Raúl Jalil ampliara la Corte de cinco a siete miembros”. 

Detrás de Agua Rica siempre estuvo la empresa Yamana Gold (propietaria del proyecto de Esquel, en Chubut, rechazado desde 2003), y en 2020 anunció el Proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera) que integra ambos yacimientos, dirigido por Yamana Gold (56,25%), Glencore International AG (25%) y Newmont Corp (18,75%).

La asamblea apeló el fallo, y también lo hizo la propia Municipalidad. El intendente es Eduardo Córdoba (Juntos por el Cambio) y se ha manifestado públicamente en contra del proyecto. Rosa: “Después de la represión de 2010 nunca volvió a ganar un intendente peronista. Siempre radicales que asumieron el discurso en defensa del territorio”. Sea o no por los votos –además de su postura pública, vecinxs remarcan que el intendente tiene la facultad de actuar como Policía Ambiental, acción que no ejerce–, también existió el proceso de apelación, motivo por el cual lxs vecinxs precisan que no hay sentencia firme sobre la ordenanza. “Las actividades  de la minera son ilegales”, dice Rosa. 

Sergio lo ubica como un efecto más del proceso: “Es contaminación política”.

La movilización de la comunidad busca preservar tanto la Ley General de Ambiente (que plantea el “principio precautorio” como forma de frenar proyectos que puedan dañar el ambiente de forma irreversible) y la Ley de Glaciares, ya que Agua Rica está proyectada en territorios protegidos por dicha legislación. Los reprimidos por el Estado son quienes defienden la ley.

Pensar desde el calabozo 

Graciela Chayle terminaba de trabajar en la computadora cuando oyó que su perrita lloraba. Se agachó para calmarla y sintió el estruendo. Una patada abrió de un golpe la puerta de algarrobo. “De repente vi 20 tipos adentro de mi casa”, dice esta docente de Ciencias de la Educación, 57 años. “El atropello fue impactante. Pero no tuve miedo. Yo estuve el 15 de febrero de 2010, cuando me arrastraron por la ruta. Y terminé detenida. No puedo tener miedo, menos cuando todo lo que vivimos es por defender nuestra agua”. Cuando miró hacia afuera de la casa en este lunes del 2021, su hijo Franco ya estaba reducido. El resto de los policías siguió hasta la habitación de su hija Sara. 

Sara Fernández, 32 años, había terminado una clase de inglés por Meet cuando la llamaron por teléfono. Se fue a su cuarto. “Escucho voces fuertes y de la nada veo un policía varón que me toma del brazo. ‘Te voy a llevar detenida’, me dijo. Le digo que muestre la orden. No quiso saber nada y me forcejeó. Le dije que no me podía tocar. Llamaron a mujeres policías. Entraron tres. Yo sólo pedía la orden: les pregunté dónde estaba el testigo porque no tenía confianza de dejarlos solos en mi habitación. Seguía forcejeando cuando una oficial se pone atrás mío y con un brazo me envuelve el cuello y me empieza a asfixiar. Me caigo y golpeo contra el ropero. Otra me agarra de las piernas, les digo que se me estaban durmiendo los brazos y me empiezo a desvanecer. Otra me sostenía la cabeza contra el piso, me pisan la mano, tenía un dedo reventado. Me sacan de los pelos y me llevan a la camioneta. Recién ahí estaba el testigo”. 

Sara es electricista, hace trabajos de herrería y artesanía, y estudia inglés porque con amigos armó un grupo de senderistas para hacer caminatas turísticas hacia el Aconquija  (5.500 metros de altura). “No podés defender ni cuidar lo que no conocés”, dice Sara. De su casa sólo se llevaron un cartel y también querían incautar un alcohol en gel, como si pudiera así fabricarse una molotov. Graciela: “Les dije que eran unos inoperantes”.

Dentro de la camioneta, uno de los policías pregunta dónde estaba la comisaría. “Le dije que yo lo direccionaba”, dice Sara, pero una oficial la golpeó en la boca. “Le dije que nunca me iba a olvidar su rostro”. Otro golpe. “Le digo que no tenía barbijo, que no me podía pegar”. La policía, que era andalgalense, le tapó la nariz y la empezó a asfixiar. Sara logró zafarse. En la comisaría, esa misma la agarró de los pelos y la puso contra la pared. “Estaba muy violenta. Acá nos conocemos todos. El resto de las chicas me trataron bien. Sé que muchas están en la lucha, pero el trabajo que eligieron las lleva a responder no a la necesidad del pueblo, sino de los poderes más grandes”. 

Sara estuvo sola en el calabozo por casi tres días. “Pensás de todo, bueno y malo. Lo bueno es que afuera se sentía el sonido de la asamblea, la certeza de saber que no estás haciendo nada malo. Es una lucha buena. Acá hay una realidad y es que no tenemos opción: son las mineras o somos nosotros”.

El embudo social

Cuando ocurrió la represión del 15 de febrero de 2010, Ailén Saracho tenía 11 años. Hoy tiene 21. El miércoles, dos días después de las detenciones, estaba preparando una clase para el profesorado en Educación Primaria en el Instituto de Estudios Superiores (IES). “En mi casa somos cinco mujeres: mi mamá, mis dos hermanas, mi sobrinita y yo. Eran las 17:30 cuando entraron 10 kuntur. Así, de la nada, me llevaron esposada”. Damaris, su hermana de 23 años: “No mostraron ni una orden de allanamiento”.  

La encarcelaron con Sara, a quien le dieron domiciliaria el jueves. Ailén estuvo hasta el viernes: “Es duro, pero lo bueno es abrazarte con los que acompañan afuera. Pienso y sostengo que debemos seguir de la misma forma, uniendo luchas, porque lo que hacen es un atropello y es la demostración de que la minería, para Catamarca y para la Argentina, es política. No importa lo que planteen los pueblos, la defensa de la tierra y el agua, ni tampoco que después de 20 años sigamos en las mismas condiciones”. 

Enzo Brizuela tiene 32 años, es músico y luthier, y el lunes a las 10 de la mañana lo interceptó una camioneta blanca con vidrios polarizados: “Se bajaron un montón de oficiales. Ni intenté resistirme”. Enzo estudió Geología en la Univesidad Nacional de Catamarca (UNCA) durante siete años, hasta que dejó. “No veía futuro y entré en un cuello de botella. Las mineras la financian y a uno sólo le queda recibirse para sentarse en una oficina de alguna empresa para garantizar proyectos con su firma. Fuera del tema minero, acá mucha gente trabaja en el sistema público (Estado, educación, salud) y también en cuidado de fincas, pero al agricultor se lo ha desmoralizado mucho, sin políticas que lo acompañen. Se empezó a imponer la minera como la única opción”.

En sus años de estudio, entendió que hay dos formas de medir un proyecto: “Viable o inviable. Pero dentro de esa ‘viabilidad’ se sacrifican pueblos. En La Alumbrera había poblaciones cercanas que fueron desapareciendo. A algunas se las indemnizó. El río Vis Vis y el Amanao están contaminados. Y Agua Rica pone en jaque tres cuencas distintas que afectan al Río Andalgalá. Es inviable por donde lo mires. Y todas estas condiciones llevan a un embudo social: no se tiene dimensión del peligro de condenar a diez generaciones por la destrucción de nuestro ecosistema”.

Dictadura minera

Minutos antes de la entrada de los Kuntur a la casa de Ailén, el profesor de Historia Jorge Ramos, 39 años, estaba terminando su clase virtual con sus alumnos y alumnas de 12 y 13 cuando sintió la frenada de un vehículo en la puerta de su casa. “No tenía la certeza, pero sí imaginaba lo que iba a pasar. Eran las 17.10. Fue muy violento cómo abrieron la puerta y me pusieron de rodillas apuntándome con armas largas. Por suerte la clase no era por Meet, porque los chicos hubieran visto todo. Veía que seguían escribiendo por WhatsApp, pero ya no podía responder. Me pusieron pecho al piso, me precintaron las manos y me engancharon un pie con los brazos, como a los animales salvajes”.

Jorge, por su conocimiento en Historia, es cuidadoso con las palabras: “Me cuesta hablar de dictadura, como concepto, por fuera de los contextos históricos, pero esta vez se pasaron: sentí miedo, sentí desprotección, sentí soledad, y sentí mucha persecución por parte del Estado. Fue la primera vez que empecé a asociar el término y hablamos de dictadura minera. La militarización de Andalgalá, con la excusa del aumento de casos de Covid, se dio justo cuando subían las máquinas perforadoras a Agua Rica. Eso está muy lejos de ser una democracia y de ser institucionalmente serio y responsable”.

Walter Mansilla describe que el calabozo también estaba lejos de cualquier pretensión. “Una celda húmeda, fría. Los caños del baño rotos: tirabas agua por el inodoro y salía por todos lados. En el baño había larvas, materia fecal. No nos dieron agua hasta la noche. Nos dieron colchones recién cuando llegó Ana Raduzky (delegada de la Secretaría de Derechos Humanos en Catamarca). Adentro nos seguían provocando: con el mismo proceder de antes, sacaron a algunos para interrogarlos, mostraban fotos de sus familias, cómo los espiaban. Amenazaban con pegarles. Justo en ese momento llegó nuestro abogado defensor. Si no, la historia era otra”.

Estuvieron presos entre 12 y 14 días. Walter: “Te podés sentir amargado por la injusticia, feliz por escuchar cómo afuera nos apoyaban, pero sobre todo con calma porque somos inocentes de pies a cabeza”. La fiscal Marta Nieva les fijó cauciones de $150.000 (eran de $300.000, pero aceptó un planteo de los abogados de la asamblea). Las familias tuvieron que garantizar el monto a través de sus propiedades –casas, autos– para recuperar la libertad.

La asamblea tiene claro lo que está en juego. Sergio Martínez: “Agua Rica es el gran emprendimiento, pero sería un pequeño apéndice de todo lo que tienen planificado. Andalgalá tiene todo su departamento, hasta el límite con La Rioja, con proyectos declarados. Uno de ellos, Pilciao 16, está ubicado exactamente en la ciudad”. Un informe de la Secretaría de Minería provincial del 2009 ya hablaba de contemplar una “indemnización” en caso de explotación, “para la prioridad de Desarrollo”. Sergio: “Hay otros dos que se llaman Propano 1 y 2, donde nos dicen indirectamente que también van a hacer fracking, porque está vinculado al petróleo. Si ves el mapa, casi el 80% del territorio está concedido a las mineras. Y con las indemnizaciones, nos consideran pueblos sacrificados”.

Por eso, Sergio dimensiona: “Más que reconocernos como defensores territoriales, somos defensores de derechos humanos”.

Cambiar la forma de vivir

Sobre el camino de Choya, el corte continúa. Es sábado, y eso significa que las tres mujeres que en este momento están sentadas afuera de la carpa, con banderas y carteles que atraviesan el paso comunero, estarán en una horas en el centro del pueblo, en la Caminata 586. María Zoi (66), Azucena Araya (32) y Roxana Porras (30) recuperan la memoria de las Mujeres del Silencio, que se remonta a los inicios de esta lucha. Cuentan: “Comenzaron las hermanas Aguero, en Andalgalá, saliendo con una cinta en la boca a la Municipalidad, a la empresa, a la fiscalía, al Consejo Deliberante. Fue después de la represión de 2010, cuando teníamos 57 judicializados en el territorio. Luego se sumaron más mujeres, familias y niñas: personas comunes, sin violencia”.

Azucena y Roxana son parte de otra generación: “La nuestra vivió casi siempre con la megaminería”. Azucena tenía 9 cuando Alumbrera se instaló y 14, cuando fue a verla por primera vez: “Las ruedas de los camiones eran más grandes que los colectivos en los que viajábamos”.

¿Por qué estás acá?

Porque no puedo estar en mi casa. Hay que hacer algo. A veces te dicen que las instancias se agotan, que el bloqueo no funciona porque los camiones pasan por otro lado, pero al menos no están pasando por acá. En Famatina, La Rioja, el pueblo echó a un montón de mineras. Acá tenemos la misma hace un montón, y estoy convencida que algún día se van a ir, pero quizás sean los hijos de nuestros hijos los que tengan que retomar la lucha. El recurso del agua es tan vasto, y esto nos trasciende a nosotros como especie, lleva miles de millones de años de formación para que el cerro nevado esté tal como está ahora de hermoso. Esto va más allá de nuestra generación y de las que vienen. No sólo hay que defender el agua, sino cambiar nuestra forma de vivir. 

Rosa Farías agrega que el pueblo andalgalense aprendió que esa lucha no es fácil. ¿Qué significa entonces que haya otra generación que no sólo lo sabe, sino que está dispuesta? Piensa Rosa: “Ahora todo el mundo habla del cerro. Antes era lo natural, lo que estaba ahí; ahora la gente lo ve como está ahora, nevado y precioso, y se da cuenta de que es su madre, su padre, su todo. Es haber logrado conciencia que de ahí viene tu agua. Esa es la gravedad de la lucha, y por eso es tan encarnizada. Es nuestra agua. Son ellos o somos nosotros. Han comprado todo. Y mi lectura es que somos el único escollo que no les permite avanzar”.

La cacería apuntó a eso, aunque a Sara Fernández no le encarcelaron la sonrisa: “Saben que la única forma de parar la lucha es cortando cabezas. Podrán voltear a tres, pero no al pueblo entero”.

En la plaza, la caminata comienza.

El Aconquija, allá arriba, resplandece.

Y Andalgalá no para.

Mu159

Aguas turbias. Hidrovía: lo que está en juego en el río Paraná

Publicada

el

MU en Rosario. Trabajadores, vecinos, pescadores e investigadores hablan acerca de qué pasa en las aguas donde se juega gran parte del destino económico del país. ¿Qué es el Paraná: hidrovía o río? De las promesas de retomar el control a la continuidad privatista, vigente desde el menemismo. Volúmenes y enigmas que fluyen. La impactante falta de controles. El gran ausente en el debate: el factor socioambiental. La experiencia en el lugar donde se ven al desnudo la pobreza y la concentración económica, lo legal y lo ilegal. Por Francisco Pandolfi.

(más…)
Seguir leyendo

Mu159

Desaparecide: ¿dónde está Tehuel de la Torre?

Publicada

el

La madre de Tehuel habla por primera vez con los medios sobre la desaparición del joven trans. Denuncia que la investigación es lenta, que hay personas que saben qué ocurrió pero callan, y las insta a que se animen a hablar. Retrato de una familia pobre en el conurbano bonaerense, y de la vida de Tehuel en ese contexto. Lo que dicen los grupos autoconvocadxs que sostienen la consigna de aparición con vida. El hermetismo de la fiscal. Y la lupa sobre dos sospechosos que mantienen un pacto de silencio. 

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

(más…)
Seguir leyendo

Mu159

Monte adentro. Seis años sin Katherine Moscoso

Publicada

el

A seis años del femicidio de Katherine Moscoso, 17 años, aun no hay ni un imputado. La familia denunció a más de 21 personas entre fiscales, comisarios y particulares como parte de una red de encubrimiento. En plena pandemia, su tío hizo una caminata de 600 kilómetros hasta la Casa Rosada, pero no lo dejaron entrar a la Ciudad porque no tenía permiso de circulación. El caso sigue vivo por la actitud de la familia, interpelando la máquina femicida. Por Lucas Pedulla.

(más…)
Seguir leyendo

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00