La flamante Ley de Trata se estrenó en un prostíbulo de la cordobesa localidad de Morteros. Esta nota cuenta ese procedimiento desde varios puntos de vista. El de la fiscal, que se quedó con las manos vacías. El de la funcionaria del Inadi, que supuestamente tenía que proteger y obtener la colaboración de las víctimas. Y el de dos mujeres dominicanas, allí explotadas. El resultado quizá sirva para reflexionar sobre la brutal distancia que sigue existiendo entre la letra de la ley y lo que dicta la calle. Qué consecuencias tiene accionar el sistema judicial y no el social. Cuál es el abismo entre los discursos de las instituciones y sus prácticas. La escribimos, también, con voluntad de debatir las campañas que dictan las y los burócratas de género.

A la una y cuarto de la mañana del sábado 22 de junio la fiscal de instrucción Bettina Croppi tuvo el extraño privilegio de estrenar una ley. Se lo digo con ironía y ella deja escapar un suspiro, impotente.
–Y sí… Me tocó a mí.
Un brevísimo silencio deja en claro la densidad del símbolo. Como si ya no quedaran más palabras o no hicieran falta. Acaba de leerme el expediente, citar los artículos de la ley, detallarme el procedimiento y analizar los hechos. Al escucharla, queda claro que puso en juego algo más que un trámite judicial y que ese suspiro y ese breve silencio lo confiesan. Las mujeres que la vieron entrar al prostíbulo esa madrugada me lo confirman:
Parecía una buena mujer.
¿Por qué?
Porque era la única que cuando hablaba te miraba a los ojos.
 
La ley que condena el delito de “trata de personas” lleva el número 26.364 y fue sancionada el 9 de abril, promulgada el 29 y publicada en el Boletín Oficial el 30. Fue el resultado de una fuerte presión que se ejerció hacia el poder político desde diferentes y muy diversos frentes. Por un lado, el gobierno de Estados Unidos, cuyo interés en el tema fue y sigue siendo tan notorio, como oscuros son sus objetivos. Su aliada civil es la organización que recibe su financiación para convertir ese objetivo misterioso en campaña: la oim (Organización Internacional para las Migraciones). Por el otro, el diverso universo de movimientos y personas que conforman una red informal, pero persistente, sostenida con la fuerza y convicción del feminismo y los derechos humanos y aprovechado con subsidiado fervor por las oenegés. El resultado fue único: por primera vez el tema de la explotación sexual se impuso en la agenda de los medios con una gramática tan precisa que debería dar miedo. Diarios, revistas, radios y tevé comenzaron a dictar cátedra sobre “la trata”. Es lógico que, entonces, “la trata” se convirtiera en ley. Pero, ¿qué ley?
 
 
Artículo 1º
 
La presente ley tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.
 
Ubiquémonos: Morteros es una ciudad cordobesa y sojera, enclavada en el noreste de la provincia. Tiene cerca de 20.000 habitantes y un asiento estratégico: la separan apenas 155 kilómetros de la capital de Santa Fe. No estamos hablando entonces de un pueblito, aunque sí de una miserable wiskería ubicada en la ruta provincial Nº 1. Su nombre no admite más metáforas: Resistiré.
Hasta allí llegó la fiscal aquella madrugada, impulsada por una denuncia anónima que le aportó un dato: en ese burdel explotaban a una adolescente. Cuando la fiscal irrumpió con la policía, en el local había unos treinta hombres, seis dominicanas y tres argentinas, dos de ellas en plena faena con sus “clientes”.
Naty y Paula son dos de las mujeres dominicanas que vieron entrar esa madrugada a la fiscal.
La policía gritó: contra la pared. Y así nos quedamos, mirando de reojo el operativo. La fiscal se puso a hablar con la chica más joven. Seguro buscaba a la que llamaban Sofía y tiene un niño bastante grande por lo que pude ver en la foto que tiene en el celular, a pesar de que ella cumplió 16 años. A ella la trajo ahí el marido, obligada.
¿No podía irse?
¡Ni sabía!
¿Qué no sabía?
Nada. Era un carajito, bonita y tonta. Estaba con él desde los 13. Él pasaba a cobrar todas la semanas la plata que ella hacía.
¿No tenía familia?
La madre. Trabajaban juntas.
Y esa madrugada, ¿dónde estaba Sofía?
Nosotras creíamos que estaba con un cliente y pensamos: justito. Pero después no la vimos.
 
Paula llegó al país el 6 de mayo. Naty ya lleva un año “en las provincias”. Para ella, lugares tan diversos como la bonaerense San Martín o la santiagueña Selva son “provincias” porque, en realidad, nunca sabe dónde está. Su único punto de referencia es su Dominicana natal, un país de apenas 48 mil kilómetros cuadrados dividido en 31 provincias: cualquier ciudad es allí una provincia. Naty dirá entonces que llegó a la provincia de Morteros junto a Paula, veinte días antes del operativo. El dato es clave para entender cómo asimilaron desde el primer momento la intervención judicial: ninguna de las dos había recibido el dinero prometido por esos 20 días soportados entre las cuatros paredes de Resistiré. Naty informa las cuentas: “A mí me debían 4.720 pesos y a ella, 2.900”. De todas las cosas por las que tenían que preocuparse aquella madrugada, ésa era la única que realmente les importaba. “Es plata que nosotras tenemos que mandar a nuestras familias, para pagar las deudas”, dirá Naty. “Allá dejé tres hijos. Si no pago, ¿qué les pasa?”, pregunta Paula.
Ubicados ya en la cabeza de estas mujeres, por una vez al menos miremos a través de sus ojos cómo se ve la ley:
La policía entró al cuarto donde dormíamos y revolvió todo. Nos rompió las valijas, nos sacaron los documentos, el celular, todo. Así, tal como estábamos, nos subieron a un auto y sentadas una arriba de la otra, nos llevaron a la comisaría de San Francisco (77 kilómetros). De ahí, nos llevaron al departamento de policía de Córdoba (280 kilómetros). Nos dejaron en el patio, a la intemperie… No sé si de los nervios o del frío, empecé a vomitar. Recién a las 10 de la mañana nos llevaron al hotel El Sol. Ahí nos estaban esperando.
¿Quiénes?
Una mujer de la oim y otra del Inadi.
 
 
Artículo 2º
 
Se entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas mayores de 18 años de edad, con fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun cuando existiere asentimiento de ésta.
 
La fiscal me lee el artículo, poniendo especial énfasis en dos frases: “trata de mayores” y “transporte y/o traslado”. Me explica que por eso tuvo que separar las actuaciones en dos partes. Por un lado, las argentinas. Por el otro, las dominicanas. En el caso de las locales, aplicó la ley 12.331, genéricamente llamada “de profilaxis”, cuya pena sólo prevé la aplicación de multas. En el caso de las dominicanas consideró que podía tratarse de un delito de trata y con ese acto dio por inaugurada la ley, en la que debe intervenir un tribunal federal. Ésa es la explicación formal del traslado que narran Naty y Paula.
A la hora de enfrentarse con esa realidad, ¿considera que contó con las herramientas legales suficientes?
La verdad es que las herramientas legales pueden ser suficientes, pero si no se implementa mejor la cuestión operativa con respecto a las víctimas, cualquiera sea la letra de la ley, fracasa. La herramienta legal, concretamente, me sirvió para hacer el operativo. El problema vino después.
¿A qué se refiere?
A algo muy simple: tiene que haber un sistema oficial que prevea un lugar para albergar a las víctimas. Yo esa madrugada me la pasé preguntándome como una loca ¿a dónde llevo a estas chicas? Y que no tuviese una respuesta en tiempo y forma tuvo sus consecuencias.
¿Encontró a la menor que buscaba?
Las mujeres que identifiqué era todas mayores.
Incluso las argentinas…
Déjeme ver el expediente: las argentinas tenían 34, 25 y 18 años. Todas eran solteras.
¿Alguna tenía hijos?
Yo no les puedo preguntar nada más que el nombre, la edad y el número de documento, porque no están imputadas: son testigos.
Pero son víctimas…
¿De qué delito? No de trata. Para que exista delito de trata la ley dice que debe haber traslado de personas con fines de explotación. Y estas tres chicas eran de la zona. Distinto es el caso de las dominicanas y por eso di intervención a la justicia federal.
¿Qué pasó con los prostituyentes?
Son considerados testigos. Y en ese caso la única sanción que se llevaron fue la de sentir mucha vergüenza.
¿Eran camioneros?
No. La mayoría era gente de acá, de la zona.
 
 
Artículo 4º
A los efectos de la presente ley, existe explotación:

1. c) Cuando se promoviere, facilitare, desarrollare o se obtuviere provecho de cualquier forma de comercio sexual;

 
 
La vida en un prostíbulo es cara. Naty y Paula me cuentan que por cada comida –cada almuerzo y cada cena– tenían que pagar 17 pesos con cincuenta centavos. Cada día, ellas debían turnarse para hacer esa comida, así como para limpiar, tanto las habitaciones como el local. Lo peor –me dicen– eran las multas. “Te multaban si salías sola al locutorio o si discutías con la preferida del dueño o si no hacías a gusto de él la limpieza. Y las multas eran lo más caro: la menor era de 100 pesos y la más grande de 500”. Quinientos, justamente, fue lo que les descontaron el día que se escaparon para ir al casino. “Los empleados y la policía del casino eran nuestros clientes y siempre nos hablaban de lo lindo que se la pasaba ahí. Una tarde, aprovechamos que no estaba el dueño y nos escapamos. No nos dejaron pasar a la sala de juego, por eso del derecho…”
¿Qué derecho?
De que tienen derecho a dejarte pasar o no. Nos quedamos entonces en la confitería, pero como ahí no hay baño, cuando necesité ir el empleado me indicó uno que estaba afuera. Ahí el policía nos empezó a gritar y llamó al patrullero. La cuestión es que terminamos detenidas y el dueño tuvo que ir a sacarnos. Nos dijo que tuvo que pagar 1.000 pesos y que por eso nos multaba con 500 a cada una: para recuperar ese dinero.
 
Las multas se descuentan de lo que ellas producen en el local. “Ahí vamos todo al 50 por ciento”. Es decir, de cada trago o cada “pase” (palabra que en la jerga prostibular alude al sexo pago) ellas reciben la mitad. El “cliente” entrega el dinero al encargado del lugar y ellas van anotando en una libreta lo que van acumulando. Lo pactado es que ese dinero se les entrega semanalmente, pero en el caso de Resistiré la liquidación se fue demorando hasta convertirse en eso que ellas llaman “la deuda” y que esa misma madrugada del operativo le reclamaron a Mansilla, el encargado. “La fiscal me acompañó a reclamar, porque me vio desesperada, pero Mansilla me dijo que no podía hacer nada. Y yo entendí al pobre hombre: si se lo llevaban esposado. Antes de subir al auto, la fiscal me dio su teléfono y me dijo que la llamara si la necesitaba. La verdad es que nos trató bien, pero con ella pudimos hablar poco y nada”.
Les pregunto si le hubiesen contado algo a la fiscal. “Es difícil hablar porque nosotras no entendemos. No sabemos qué parte de lo que estamos haciendo está mal”.
¿En qué sentido decís “qué parte”?
En el sentido de defendernos. Por un lado, hacen estos procedimientos como si lo que pasara fuera clandestino, estuviera mal, prohibido. Y por el otro, todo los viernes vamos al hospital y nos hacen los exámenes para que el médico nos firme la tarjeta y podamos trabajar en regla.
¿Qué tarjeta?
La sanitaria. Nosotros tenemos que pagarla: 68 pesos. Y 17 más por año. Si un análisis te sale mal, el médico no la firma y no podés trabajar. La tarjeta es oficial y el hospital es…
¿Público?
Así es. Entonces, a mí me gustaría que alguien me explique esto. Me explique mis derechos.
 
 
Artículo 6º
 
Las víctimas de la trata de personas tienen derecho a:

1. a) Recibir información sobre sus derechos en un idioma que comprendan, y en forma accesible a su edad y madurez;
2. b) Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente e higiene personal adecuada;
3. c) Contar con asistencia psicológica, médica y jurídica gratuitas;
4. d) Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado;
5. e) La protección frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, pudiéndose incorporar al programa nacional de protección de testigos
6. f) La adopción de las medidas necesarias para garantizar su integridad física y psicológica;
7. g) Ser informadas del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso;
8. h) Ser oídas en todas las etapas del proceso;
9. i) La protección de su identidad e intimidad;
10. j) Permanecer en el país, de conformidad con la legislación vigente, y a recibir la documentación o constancia que acredite tal circunstancia.

 
 
Ubiquémonos: las seis mujeres dominicanas ya están en el hotel El Sol. En una habitación, conversan con una mujer que les ofrece comida. Acaban de llegar y todavía se están acomodando cuando suena el teléfono: desde la recepción avisan que un hombre pregunta por las chicas dominicanas. “La mujer se asustó, mal. No sé qué pensó, pero por teléfono y a los gritos pidió protección policial urgente. Estaba pálida, nerviosa. Decía algo sobre la mafia. En pocos minutos, la policía rodeó el hotel. No te exagero: eran más de 70. Parecía una película. Al final, nos dijeron que el hombre era un abogado. Pero fue tanto el revuelo que armó la policía que nos echaron del hotel. Nos tuvimos que ir a otro, con custodia policial. Y así la pasamos durante cuatro días, con esta mujer haciéndonos preguntas y preguntas. Llenó más de veinte planillas, nos la hizo firmar a todas y nos largó sin un peso ni para el pasaje. Nosotras no sabíamos ni dónde estábamos.
¿Quién era la mujer?
Se llamaba Adriana.
¿Y qué les preguntaba?
Nos preguntó si queríamos un ginecólogo y dijimos: no. Si queríamos un psicólogo y dijimos: no. Si queríamos charlar con alguien de su organización y dijimos: no. Si queríamos volver a nuestro país y dijimos: no. A todo le decíamos que no.
¿Por qué?
Al principio, un poco por desconfianza, pero más porque preguntamos qué pasaba con la causa y nos dijeron que se habían llevado detenido a Mansilla, el encargado del local y a Negra, la señora que era nuestra encargada. Era muy buena con nosotras esa señora. A mí me daba lástima perjudicarla, porque ella no era la responsable. Me parecía una injusticia que ella estuviera pasando cárcel y el dueño local estuviera suelto.
¿Y quién era el dueño?
Lo llaman Jorgito Machado, pero creo que el local lo tenía a nombre de su mujer, Juana. Él tiene también otro boliche en Selva, pero como ahí se ve que le avisaron del procedimiento, cuando llegó la justicia las chicas ya no estaban. Nada de eso le dijimos a Adriana.
¿Por qué?
Porque yo no soy, como se dice acá, boluda. Yo estudié cuatro semestres de Derecho y sé muy bien a qué me pueden obligar y a qué no. Lo primero que le dije a Adriana fue eso: “No me pueden obligar a lo que yo no quiero”. Y ella se sorprendió. Me dijo: “Pero vos sabés defenderte muy bien”. No me gustó ni lo que dijo ni cómo me lo dijo.
¿Por qué?
Porque además de saber Derecho, sé leer los ojos.
¿Y qué leíste en los ojos de Adriana?
Que me estaba hablando mentiras. No creo que de verdad nos quisiera ayudar. Ella quería que agarrásemos un pasaje para volver a Dominicana, pero yo llegué hace menos de un mes: ¿cómo voy a volver si todavía tengo que pagar la deuda del viaje? Se lo digo y me contesta: “Agarralo, si igual te vas a tener que volver”. Y eso no es verdad: nadie me puede obligar a volver si yo no quiero.
Quizás interpretaste mal y obligarte no era la intención de ese ofrecimiento…
Puede ser, porque la verdad es que empecé a tomarme todo para el peor lado cuando Adriana nos preguntó si queríamos confesarnos y trajo a un cura.
¿Un sacerdote?
Sí, un cura que ni sabía persignarse, con el pantalón todo apretadito, de unos cuarenta y pico de años. Apenas lo vi me dije: es un policía. Y a partir de ahí cualquier cosa que hiciera o dijera Adriana me daba desconfianza.
 
Adriana Domínguez es la responsable del Inadi en Córdoba y éstas son las explicaciones que no dio sobre su actuación en el estreno de la ley de trata: “La fiscal nos avisó unos días antes del allanamiento, pero la misma noche del procedimiento, como había seis jóvenes dominicanas, nos pidió que nos encargáramos de la asistencia. Las llevamos a Córdoba, a un hotel, y estuvimos a cargo de ellas desde el día sábado hasta el martes, cuando les tomaron declaración y pudieron regresar todas a Buenos Aires”.
¿En qué situación quedaron las chicas?
Ninguna está imputada. Es más: ninguna quiso declarar en contra de los tratantes. Tampoco aceptaron la ayuda de la oim. Nosotros trabajamos en forma conjunta con ese organismo.
¿Esto qué significa?
En este caso, la ayuda que brindó oim fue el pago del hotel por razones de seguridad, debido a que los tratantes estaban presos. También ropa, alimentos y medicamentos, porque una de ellas estaba enferma. Toda esa asistencia, los cuatro días, la hizo oim.
¿El procedimiento se realizó porque pensaron que había una menor?
Pensamos que había una menor, pero se revisaron los papeles y se demostró que no: tenía 21 años y los cumplió en el mes de marzo. Esta chica era la que más defendía al dueño porque, en realidad, es la pareja.
¿Bajo qué figura actúan el Inadi y la OIM?
Nosotros tenemos un convenio a través del 0800 donde cualquier persona puede denunciar anónimamente y de forma gratuita. A partir de allí, damos intervención a la justicia.
 
La fiscal cree que me anticipa el final de esta historia: los dos detenidos de la causa ya están libres y el local podrá reabrir en tanto pague las multas. “Ahora es el municipio el que puede hacer algo porque la habilitación del local no es para una casa de tolerancia”. Realmente lamento aceptar hasta qué punto está en lo cierto al usar esas palabras.
Repito para ubicarnos: casa de tolerancia.
Acabo de hablar con Naty. Llamó para despedirse porque está viajando “a la provincia de Comodoro”. De Paula, en cambio, no sé nada.