Nota
Campana suena: agrotóxicos en aguas y cuerpos de Pioneros
Glifosato en el agua y en la gente; pesticidas en campos, escuelas, jardines. Con evidencias científicas que certifican sospechas históricas, vecinas y vecinos del barrio Pioneros, de Campana, se organizaron, lograron una ordenanza y están rompiendo el pacto de silencio que une a productores y políticos. Las preguntas, las incertidumbres, las enfermedades, la niñez. El sueño de una vida alejada de la ciudad y cuál es el objetivo vecinal. La “inquietud” oficial ante la presencia de MU y las no-respuestas de los funcionarios. La voz de un médico y de quienes buscan cambiar el modelo contaminante. Por Francisco Pandolfi.
Viernes 4 de junio de 2021. Se enciende la alarma en el partido bonaerense de Campana. Suena. Suena. Y ya no para. Un consultorio. Una pediatra. Una nena de 2 años con todo el cuerpo brotado. Llena de granos. Una madre que vaticina alergia al trigo o al chocolate. Se equivoca. Ni se imagina el proceso que está iniciándose. “Es la reacción a un tóxico. ¿Dónde vivís?”, asevera y pregunta la médica. Al conocer la geografía rodeada de soja, sentencia: “Puede ser glifosato en el agua”.
La cabeza de Verónica Betti explota. No sabe qué hacer. Piensa, repiensa. Y dos días después escribe un mensaje de WhatsApp contando la situación al grupo de vecinas y vecinos de los barrios Pioneros y Jardín de los Pioneros. Ambos están emplazados en zona rural, a 12 km del centro de Campana. En total viven aproximadamente 1.500 personas. Lucía Orlando asimila la información y la gravedad. Ambas toman la posta. Leen y leen a toda hora. Agrotóxicos, venenos, contaminación. Palabras que empiezan a ser cotidianas. Sin buscarlo se convierten en referentes de una lucha que jamás presagiaron.
Cranean los pasos a seguir. Juntan plata para analizar muestras de agua en la Facultad de Agronomía de la UBA, que solo determina la presencia del herbicida glifosato y uno de sus productos degradados: AMPA (ácido aminometilfosfónico). El 24 de junio resuena la segunda alarma. Llegan los resultados: de los seis pozos de los que se extrajo, en todos da positivo de glifosato y cinco en AMPA. Fundan la organización Pioneros por el Agua. La pelea recién comienza.
GLIFOSATO EN EL CUERPO
Mientras, se tejen lazos con otros pueblos fumigados; se hacen dos notas para que los reciba el intendente y exigen información pública sobre las fumigaciones; se hacen rifas y colectas para enviar pruebas de agua y suelo al INTA Balcarce; una decena de vecinos lleva al laboratorio Fares Taie de Mar del Plata muestras de orina. El 7 de septiembre suena la tercera alarma: tres casos positivos con presencia de glifosato en el cuerpo humano. Entre ellos, Carmela, una nena de 4 años recién cumplidos.
“Lo que me pasa a mí lo relativizo. Me da miedo lo que le puede pasar a mi hija porque su sistema inmunológico se formó con glifosato. Nos mudamos acá cuando ella tenía tres meses y todo el líquido que tomó contiene veneno”, descarga Esteban Sánchez, una de las personas con glifosato. Lucía es su pareja y la mamá de Carmela: “Así como están las cosas ni en pedo tendría otro hijo”. Viven a 500 metros del campo fumigado más cercano. Cada verano se brotan y el aire se torna irrespirable. Pensaban que podía ser la alergia. O el estrés. O las flores de los árboles. Pero no.
Carmela tiene pelo corto, rubio y está llena de vitalidad. Lleva un short blanco con dibujos de sandías y una remera gris con un corazón dorado en el pecho. Su casa está repleta de colores. De plantas. De verde esperanza, pese a todo. Corretea descalza sobre el porcelanato simil madera. “Cuando llegaron los primeros resultados estaba comprando el piso que estamos pisando ahora, tras cobrar un crédito Procrear. Pensé en ese momento: ‘¿para qué comprar el piso si nos tenemos que ir ya de acá?’”, rememora Lucía. Agrega su compañero de ruta: “Al enterarme estuve desolado, como si nada tuviera sentido. Vinimos acá para proponerle a Carme una vida de producción y cuidado, no de consumo. Y el agua era la clave en la producción y el cuidado. Ahora, hasta para darle una manzana me pregunto, ‘la lavo o no la lavo’”.
A Carmela, su mamá y su papá le contaron lo que sucede en esta localidad a 80 km al noroeste de la ciudad de Buenos Aires, para que no tome más agua de la canilla. “La otra vez la enganché regando las plantas con agua mineral, ‘y sí, ma, no podemos regar las plantas con veneno’, me dijo”, cuenta ella. “El otro día me preguntó: ‘¿En Córdoba hay veneno también?’, luego de escuchar una conversación. Sí, le respondí, y me tiró: ‘Entonces mami va a tener que ir a hacer las reuniones’. La tiene re clara”, cuenta él.
Esteban luce rastas finas y palabras fuertes: “Se te va un poco a la mierda la filosofía que encaramos para su crianza. Esto nos pateó el tablero y te vas quedando sin alternativa”. Añade: “Pensé en la posibilidad de irnos a vivir a Italia porque tengo la ciudadanía, pero quiero luchar en mi país. Sin embargo, si tu hija está tomando agua envenenada ese deseo se relativiza, porque, ¿qué hago si en un futuro le salen tumores? Es difícil vivir con eso en la cabeza”. La contaminación interior no le hace perder lucidez ni humanidad: “Dejamos de consumir el agua corriente, así que quiero esperar cómo salen los próximos estudios. Pero supongamos que nos mudamos. Acá no pagamos alquiler y si tuviéramos que pagarlo no llegaríamos a fin de mes. Aunque si es por su salud, lo firmo. ¿Pero qué hacemos con esta casa? ¿La alquilo, para yo poder alquilar en otro lado? ¿Permitís que venga una familia al lugar del que vos te estás yendo para no envenenarte? ¿Qué le decís cuando se la alquilás o se la vendés: ‘disfrutala’?”.
La otra víctima con glifosato en orina se llama Jimena Martínez, tiene 37 años, una hija y un hijo recién nacido. Recibe a MU en su casa que comparte con Jorge Llaguno, su marido mexicano. “Tenía mucho miedo de seguir amamantando, así que lo primero fue llamar al pediatra Medardo Ávila, de Médicos de Pueblos Fumigados. Me dijo que no deje de darle la teta, que es lo menos peor; aunque la leche tenga glifosato”. Se toca la nariz y parece recordar las “memorables” fragancias: “Muchos días no se podía respirar. Horrible, fuertísimo. Olor a zorrino muerto, no sabíamos de qué podía ser. Ahora ya sabemos”. Y plantea una serie de preguntas sin respuestas: “¿Con qué nos bañamos? ¿Meto al bebé en la bañera? Teníamos plantas de tomate y murieron de repente. ¿Sigo haciendo la huerta? ¿Con el agua contaminada? ¿Cuál es la salida?”.
El bebé se llama Fidel y hace una semana tiene un hongo en la papada. “Estoy desesperada porque no mejora”, confiesa Jimena. Y complementa Jorge: “Es una incertidumbre total. No sabemos cuándo nos podemos enfermar. Sabíamos lo que hace el modelo extractivista, también de la existencia de pueblos fumigados, pero no habíamos hecho el clic que sí hicimos ahora”.
EL DESCONTROL
El 19 de octubre retumbó la cuarta alarma: el Laboratorio de Plaguicidas del INTA Balcarce, a cargo de la doctora en Ciencias Agropecuarias Virginia Aparicio, dio a conocer el informe de las siete muestras (5 de agua y 2 de suelo) tomadas de los barrios Pioneros, Jardín de los Pioneros y Alto Los Cardales. ¿Los resultados? 13 pesticidas diferentes a profundidades de 30 a 60 metros. Dos muestras de agua subterránea para beber no aptas para consumo. El patio de una vecina con altos niveles de glifosato y AMPA.
La vecina se llama Carolina Denaday, tiene 30 años y vive, literalmente, frente de un campo donde se ha fumigado ilegalmente en los últimos ocho. “Nunca imaginé lo que pasaba. Veía que sembraban y cosechaban cruzando la calle, pero no asocié que era veneno lo que tiraban ante nuestros ojos. Hace dos años estoy ahí y empecé a sentir olores asquerosos. En verano, con un calor húmedo, se levanta como un vapor y tengo que encerrarme en mi casa”. Continúa: “Siempre viví en la ciudad y me mudé pensando que vendría a un pulmón, pero es todo lo contrario. Después de conocer los resultados tengo miedo, la incertidumbre de no saber si irme de acá, de qué va a pasar con esta gente que al tener plata hace lo que quiere”.
Un poco de historia: en 2011, se aprueba en Campana una ordenanza que prohíbe fumigar a menos de mil metros de la zona urbana. En 2012, tras la apelación de los grandes productores de la zona, Hugo Antonio Zocca y Normando y Tomás Rossiter, la jueza del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1, Mónica Edith Ayerbe, emite una medida cautelar que deja sin efecto la restricción de los mil metros y se vuelve al estado anterior: 30 metros. “Consideró que los productos que se iban a utilizar y las prácticas no afectarían a nadie”, sintetiza Marcela Ramallo, la abogada que representa a las y los vecinos de Pioneros.
En 2013, tras la queja de la comunidad, la jueza anula la cautelar en algunas parcelas cercanas a las casas, y allí vuelve a tomar vigencia la ordenanza. “Pero se siguió fumigando en todos lados. Los predios de la familia Rossiter estaban favorecidos con la medida cautelar, pero no todos los de Zocca. La Municipalidad, que tenía el deber de controlar, lo que hizo fue certificar las fumigaciones y dejar asentado que los productores estaban favorecidos por la medida cautelar, cuando no era así”, precisa la letrada, que completa: “La Municipalidad durmió. En un momento apeló la cautelar judicial, pero luego el recurso quedó desierto, que significa que no trabajaron los fundamentos para probar la importancia de la ordenanza. Estamos evaluando qué acciones legales efectuar, pero vamos a dejar sentado que el municipio, el Concejo Deliberante y los productores estaban notificados. Y que la Intendencia era la encargada de certificar para que se pudiera fumigar”.
Al respecto, Lucía explica un detalle significativo: “En la información pública que nos da la misma Municipalidad, un mes después de que la solicitamos, hay fumigaciones avaladas por ellos en parcelas donde estaba prohibido hacerlo. O sea, avalando un delito”.
Frente a la vivienda de Carolina se ubican algunos de los campos que ostenta el productor agropecuario Hugo Zocca. “Son parcelas donde estaba prohibido fumigar y aun así lo hacían. Tengo mucha angustia e impotencia”, se lamenta, mientras hacia el horizonte yacen decenas de hectáreas fumigadas fuera de la ley. En medio de un territorio que parece inagotable, la sobrina de Zocca sale desde su casa para recibir a MU. A simple vista se observa la afectación en su piel; la cara parece evidenciar la rosácea. Dice que su tío no vive ahí y que lo va a llamar en ese momento y, si acepta, nos pasa el teléfono. Eso hace. Zocca parece aceptar, y este cronista llega a intercambiar mensajes para coordinar el encuentro. Sin embargo, minutos más tarde, Hugo Zocca se excusaría de no poder hablar ese día. Ya no responderá ningún llamado ni mensaje.
No será el único que dará marcha atrás.
EL RECUERDO DE CHERNÓBIL
Lindante a la ruta provincial 6, a pocas cuadras de Pioneros, se erige la escuela rural primaria y secundaria José Hernández. A la parte inferior de su fachada la resaltan los colores de la whipala. Está netamente rodeada de campos sembrados. El 15 de septiembre a la noche, un video se viraliza raudamente de celular a celular. Un mosquito terrestre fumiga plantaciones de trigo en un terreno de la familia Rossiter, a escasos metros del colegio. La conmoción aumenta. Lucía y Verónica, a la vanguardia del reclamo, no se detienen. Y el 28 de septiembre, la presión crea efecto: la jueza Ayerbe, de oficio, deja sin efecto la cautelar que ella misma dictó en 2012 y la ordenanza pasa a cobrar vigencia en todo el territorio de Campana. Al cierre de esta edición, los Rossiter habían apelado la medida.
Una docente de la escuela que tiene un cargo directivo se muestra predispuesta a dialogar. Está muy preocupada. Cita a MU al día siguiente. Un par de horas después, pide los datos del cronista y el fotógrafo.
Unas horas más tarde llega un mensaje: “Mirá, la presencia de ustedes en la zona está generando algunas inquietudes. Tuve que elevar los datos que te pedí hace un ratito para que ‘autoricen’ la llegada a la escuela. Dame un ratito y te confirmo un horario tranqui”. Finalmente avisa que sin “autorización” corre riesgo de sanción. Y ya no responderá más mensajes ni llamadas.
Al día siguiente, al terminar su jornada laboral, varias docentes se despiden entre sí ya fuera del ámbito escolar. Escuchan sobre el tema de la nota. Agradecen que se hable. Piden no dar nombres. “Esto pasa hace años”, arranca una y le deja paso a otra: “Sentí mucha bronca e impotencia cuando vi el video, también cuando me enteré de que una nena del barrio tiene glifosato. Más no podemos hacer. A mis superiores les informé en agosto de lo que estaba pasando y todavía esperamos que se hagan los análisis en la escuela, pero el municipio no se mueve. Me preocupa la salud de los chicos y los docentes, quiero saber qué pasa acá. Si la intendencia no lo hace buscaremos otras alternativas”. Sigue: “El consejo escolar nos trae bidones de agua para la merienda y usamos el agua de la canilla solo para la limpieza. La Municipalidad prometió que vendría el camión cisterna con agua todos los días, pero viene día por medio”. Ve una luz: “Estoy contenta de que estamos trabajando con la comunidad. Es el principio de un largo camino”.
El hijo de Verónica estudia en ese colegio, se llama Vicente, tiene 9 años y le encantan los animés japoneses. Dice que quiere estudiar ese idioma para entender mejor los dibujitos y las películas. También dice que no entiende “para qué fumigan”. Hace un silencio y suelta: “Sé que es para mantener las plantas vivas, pero esa no es la única manera que existe”. La noche de la fumigación a pasos de su escuela, su mamá y su papá Nicolás decidieron no mandarlo a clase al otro día. Le mostraron el video. “Eso que vuela es veneno y queda en el aire”.
Yaco es uno de los mejores amigos de Vicente y vive en el barrio Alto Los Cardales. En su familia, el video generaría otra determinación: el cambio de establecimiento educativo. Diego es su papá: “Tengo una nena de 6 y Yaco de 8; estaban yendo a esa escuelita rural que nos gustaba, con la bandera de los pueblos originarios, con actos donde se baila folclore. Pero con la certeza de que fumigan de noche para que no se vea, y a treinta metros, ¿qué más tengo que pensar? Sobre todo teniendo los antecedentes de otras escuelas, como acá cerca, en Exaltación de la Cruz, donde hay chicos y docentes con cáncer. O conocer amigos que negociaban con el productor para que no los rocíe con la avioneta”.
Afirma: “No tengo otra opción, porque no sé qué tan expuestos están los chicos. La nueva escuela por lo menos está a más de mil metros de los campos, aunque nadie está seguro en ningún lado. El glifosato está en el río Paraná, en los peces que comemos, en la comida del agro, en la lluvia, así que en las ciudades tampoco están a salvo: nos están envenenando desde hace tiempo… esto es como Chernóbil. Pueden aparecer después los síntomas, no sabemos qué grado de exposición tenemos en el ambiente. ¿Cuánto es nocivo? ¿Cuánto es tolerable? ¿Cuándo aparece el cáncer? ¿Cómo sobrevivirán las próximas generaciones si el ADN se distorsiona? Son todas incertidumbres”.
En el reciente informe del INTA Balcarce, uno de los pozos donde se extrajo agua es el de la familia de Diego: “Mi pozo, a más de 60 metros, forma parte del Acuífero Puelche, que está contaminado hace rato. Estas concentraciones de los herbicidas glifosato, 2,4-D y varios más, están por encima de la norma europea. Ni bien recibí los resultados estuve muy angustiado. Me puse a pensar que para seguir viviendo debemos tomar agua mineral. Entonces agarré el bidón de una empresa de primera marca. Llamé al número que aparecía y una recepcionista me informó que sacaban el agua del Acuífero Puelche a 63 metros, ¡que me quedara tranquilo!”. ¿Esto qué significa? Que el agua que nos venden como mineral es la que está en la napa contaminada. Recién estamos entendiendo dónde estamos parados, pero no podemos aceptar que haya químicos en el Acuífero. Por eso la lucha”.
SILENCIO EN SPRINGFIELD
El partido de Campana tiene casi 100 mil habitantes. Se emplaza a orillas del Paraná y su parte insular representa más de dos tercios de la superficie Contiene un extenso Parque Industrial con decenas de empresas multinacionales, sobre todo petroquímicas, refinerías, destilerías, siderurgias, de electrodomésticos y del agro.
Esteban y Jorge coinciden en cómo catalogarla: “Springfield”, que en la tira animada Los Simpsons representa a la ciudad más contaminada de Estados Unidos. Dice Jorge: “Hay mucha producción de fertilizantes y semillas. A 8 kilómetros está Bayer-Monsanto. También Syngenta”. Dice Esteban: “Campana tiene barrancas aunque no se nota por la cantidad de empresas que hay. En la ciudad tomar agua es como tomar lavandina. Y a esto se suma lo que pasa en el campo. Por eso no es exagerado decir que somos Springfield”.
La intendencia la administra desde 2015 Sebastián Abella, de Juntos por el Cambio. Fue corredor de TC Pista, tiene 45 años y fue reelegido en 2019. En 2007 y 2009 fue candidato a concejal por el PRO. En 2013 se pasó al Frente Renovador y fue concejal. En 2015 volvió a saltar de partido y regresó a su espacio político de origen. Abella no respondió ninguno de los llamados ni mensajes para que se escuche su voz en esta crónica.
Quien sí atendió el teléfono fue Cecilia Acciardi, la secretaria de Salud. También aceptó la nota personalmente. También citó a MU en el Hospital Municipal para el día siguiente a las 9.30 de la mañana. También a diez minutos del horario pactado mandó un mensaje: “Bancame que estoy complicada”. También dijo que de la Secretaría de Comunicación nos llamarían y que en breve ella misma volvería a comunicarse.
Jamás se contactó. No volvió a contestar llamados ni mensajes.
Quien sí llamó fue Cecilia Novoa, de la Secretaría de Comunicación del Municipio. Preguntó sobre qué iba a ser la nota. “Contaminación en el ambiente y en la salud de Campana. Estamos en la puerta del hospital esperando la entrevista pactada con la Secretaria de Salud”. Dice que en unos minutos vuelve a llamar.
No llama. Ni ella ni nadie.
Quien sí atiende el teléfono horas después es Sergio Agostinelli, secretario de Planeamiento, Obras y Medio Ambiente. Se pide entrevistarlo. Contesta: “Te cuento cómo estamos organizados acá: yo atiendo periodistas que pasan el filtro de Prensa. Si ellos me dan el okey, sí. No tengo problema en darte el contacto”. Pasa el teléfono de Cecilia Novoa, quien no responde los llamados. Sí los mensajes, en primera instancia.
El diálogo:
–Hablamos con Sergio Agostinelli y nos dijo que usted debe autorizar la entrevista. ¿Podríamos hablar con él?
–No está en Campana.
–Sí está en Campana. Estuvimos en su lugar de trabajo hace unos minutos. Si no es personalmente, aunque sea por teléfono.
–Si te parece enviame un cuestionario por mail. Y vemos de responderlo.
–Para que se escuche la voz del municipio es importante dialogar en persona, o por lo menos por teléfono con algún funcionario.
–Seguramente te contacte con el secretario legal.
–Podemos hablar con él por lo legal, pero de manera complementaria quisiéramos hablar también con algún responsable político.
Cecilia Novoa deja de responder. Tras el informe elaborado por el INTA Balcarce, el intendente Sebastián Abella sigue sin atender. La secretaria de Salud, Cecilia Acciardi, opta por el mismo silencio.
LA EXCEPCIÓN A LA REGLA
En la salita médica de Los Pioneros, el médico clínico Norberto Noel y la obstetra Carla Arias rompen el mutismo. Carla describe que históricamente esta era una zona de casas quintas, de poca gente estable, la mayoría con obra social. Y que hace cinco años se empezó a poblar mucho más. Va al hueso: “La lista de químicos que están usando es infinita y el glifosato es el más suave; lo peor son las combinaciones de los agroquímicos. Pueden producir cáncer, tiroides, enfermedades crónicas”. Norberto profundiza: “Ya se sabe que el agua está contaminada, que la gente está contaminada en la sangre, no se sabe qué puede pasar dentro de 10, 15, 20 años”. ¿Qué hacer entonces? “Vamos a estar alertas y apuntamos a la prevención. Esto significa llegar a que no haya más pacientes con sintomatologías. Pero para eso, deben prohibir el uso indebido de estos tóxicos; ese es el 99.9 por ciento del objetivo”.
El doctor subraya: “Acá hacemos atención primaria de salud, pero están informadas la directora de Salud Comunitaria, la subsecretaria de Salud, la secretaria de Salud y el Intendente, todos saben lo que está pasando acá. Hace menos de un mes hubo una reunión por otra cosa y aproveché y se los dije: ‘En el barrio donde yo trabajo está pasando esto. Se tienen que hacer cargo porque es un tema de salud, hay diagnósticos en sangre, hay agrotóxicos, hagan algo’. ‘Sí, tenemos que hacer’, me dijeron. Y ahí quedó”. Sentencia: “La solución y prevención dependen del municipio. Desde acá podemos colaborar como profesionales pero no podemos ir al medio del campo y decir no fumiguen más. Deben hacerse cargo quienes corresponde”.
Carla aporta en su doble rol, como partera y vecina: “Hay una bajada de línea de no involucrarse. Traté que las autoridades se acerquen a las reuniones vecinales y no vinieron. No hay voluntad. No sé qué tipo de manejos hay entre el municipio y los dueños de los campos, pero sí noto falta de compromiso”. Y abre su corazón: “Me siento insegura, angustiada. La falta de respuestas es una desilusión. Cuando hablo con mis superiores, siento que la estamos remando solas. Estoy preocupada por la situación, cada vez leo más cosas y me doy cuenta de que el problema es gigante. Hay mucho compromiso entre los vecinos, sobre todo de Lu y de Vero, pero también la sensación que del otro lado hay mucho poder”.
CONTRA LA CORRIENTE
El 30 de julio, el intendente Sebastián Abella se reunió con Lucía y Verónica, como representantes de la comunidad. Recuerda Lucía: “El intendente nos recibió y no tenía idea de lo que estaba pasando. Dijo que próximamente llevarían agua corriente a Los Pioneros, tema que nada tenía que ver con la reunión. Además, si las napas están todas contaminadas, ¿de qué nos sirve? Le dijimos que no veníamos hablar de eso, le contamos la situación y respondió: ‘Para qué vienen a hablar acá si ya saben todo’. Me pareció terrible su respuesta. Desde ahí, nunca más se contactaron desde el Municipio”. Detalla Verónica: “Fuimos a reunirnos sin muchas expectativas, pero no me esperaba su actitud tan soberbia. Antes de irnos le regaló una taza a mi hija… Un cinismo. Como si eso mejorara las cosas. Sentimos un total desprecio de su parte”.
Richard Sanabria integra la organización ECO Campana surgida en septiembre de 2020 luego de varios incendios propagados en la ciudad. Aclara: “Esta lucha es de Pioneros por el Agua, nosotros estamos para lo que los vecinos necesiten. Lo resalto porque hace poco salió una concejal hablando sobre la importancia de la prohibición de las fumigaciones, como si eso fuera mérito del Concejo Deliberante, cuando nadie hizo absolutamente nada, ni en lo legal ni en lo económico, para ayudar a que se realicen los análisis físico químicos. Lo que se consiguió fue por una razón: la organización vecinal”.
Es esa comunidad la que no se cansa de denunciar: “Nosotros somos víctimas, sufrimos daños que pueden ser irreparables y tenemos la sensación de que debemos demostrarlo. Este sistema sostiene al modelo, porque acá nadie consume soja pero estamos rodeados de soja”, dice Verónica, 39 años, madre de Lucero, Ema y Vicente. “La posibilidad de irnos apareció muy fuerte, pero no quiero irme sin dar batalla. Además, si me voy, ¿qué pasa con mis vecinos? Tengo una sensación de fortaleza por lo que venimos haciendo: estamos aprendiendo un montón y en cuatro meses ya logramos que vuelva a regir la ordenanza”.
Es esta comunidad la que no se cansa de contagiar: “Hay un camino trazado que empezaron otros pueblos fumigados y acá en pocos meses ya tenemos el trabajo encaminado. Pero no es fácil, en el agronegocio no hay grieta; los partidos políticos más grandes están alineados”. Y manifiesta: “Cuesta entender la gravedad sin esperar a que el médico diagnostique cáncer o nazca un bebé con malformaciones. Esta es nuestra lucha, informar sobre el riesgo que ya existe hoy”, dice Lucía, 30 años, la mamá de Carmela, frente a un mural gigante y colorido, con un lema que no deja dudas: “Basta de fumigarnos”.
Es esta comunidad la que no se cansa de dar pelea: “La única manera de que esto se resuelva algún día es no dejar de luchar”, asegura Carolina.
“El camino que tenemos, pese a todos los obstáculos, es la acción colectiva”, plantea Jimena.
“Si algo podemos cambiar, es haciéndolo juntos”, coincide Esteban.
Es esta comunidad la que hizo sonar una, dos, tres, cuatro, múltiples alarmas.
Cada día resuenan más fuerte.
Y cada día les será más difícil a los responsables sostener el pacto de silencio.
Nota
La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario
Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.
Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
Hay muchos jóvenes.
Muchos docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.
Hay una Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que llega y gente que se va.
Gente que estuvo todo el tiempo.
Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.
Está el movimiento disca, también siempre presente.
Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.
Hay carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.
Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.
Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
“Milei cumplí la ley”
Es la cuarta.
Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.
Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.
Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.
Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.
El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.
Algunos datos de contexto:
- Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
- El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
- La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
- Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
- Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.
Docentes Uber
Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.
Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.
Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.
Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.
Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.
Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.
Plata para la deuda
Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.
Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.
En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.
En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.
El contagio
Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.
La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.
Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:
- “Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
- “No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.
Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.
Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:
“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.
Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.
Y sonríe.
Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.
Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.
Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.
¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.
Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.
Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán
- junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
- Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
- De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
- De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:
“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.
La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:
“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.
La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.
Que la cosa sigue.
En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.
Sigue cada miércoles en el Congreso.
Y todas las veces que hagan falta.
Porque hay muchos jóvenes.
Docentes, directivos, no docentes.
Egresados, profesionales.
Muchas personas en todo el país.
En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.
Hubo otra Plaza de Mayo repleta.
Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.
Hay más carteles conmovedores.
Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.
Y no callarse.
Nota
Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”
Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.
Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol
–El sueldo no alcanza ni para comer.
Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.
También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.
Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.
Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Salir a la calle
El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.
La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.
La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.
Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:
- Docentes con sueldos indecentes.
- Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
- Basta de mentiras, amenazas y presión.
- Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
- Salud mental es llegar a fin de mes.
- Ratas.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Migajas
Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.
–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.
–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.
Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas
-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.
Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.
¿Cómo sigue el curso de esta historia?
Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.
Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org
Nota
MU 212: El fin de un mundo
MU en Tierra del Fuego: todo lo que se ve desde el sur del sur y nos ayuda a entender qué representa Argentina en el mapa geopolítico mundial. Un puerto intervenido, importaciones que matan a la industria, explotación sin control de recursos naturales. La puerta a la Antártida y el significado de Malvinas: lo que está en juego en tiempos de guerra.
El principio de todo: MU en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
Javier Milei intervino el puerto de Ushuaia sin provocar un rechazo opositor visible. Un sitio clave en la geopolítica y a la vez una caja de 30.000 millones de pesos anuales que mezcla industria marítima, turismo, y la puerta a la Antártida. Los testimonios sobre la falta de control . Hablan el gobernador, funcionarios, trabajadores, ex combatientes. Trump y el misterioso avión, China y los acuerdos, Gran Bretaña adentro, la forma de la crisis y la resistencia contra el vaciamiento de un país.
POR FRANCISCO PANDOLFI
El industricidio: Crónica desde el polo fabril de Río Grande
Un predio lleno de fábricas vaciadas. Trabajadores organizados resistiendo al desempleo, la apertura de las importaciones y la reducción de aranceles de promoción en una provincia que de 16.000 obreros pasó a tener 6.400. Una política que golpea a empresas de todos los tamaños y rubros: tecnológicas, textiles, metalúrgicas, electrodomésticas y electrónicas. Y todo esto sin que todavía se aplique la reforma laboral. Las propuestas para que los propios trabajadores se hagan cargo de las empresas en crisis. Los gestos de solidaridad, las donaciones de quienes todavía tienen empleo, el bingo provincial y cómo se va recuperando desde abajo una idea de hermandad para enfrentar estos tiempos.
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A contracorriente: La lucha fueguina frente a la industria salmonera
De espaldas a la sociedad y bajo presión del gobierno nacional, la Legislatura fueguina (la misma que en 2021 votó en contra) aprobó un proyecto que permite la instalación de megafactorías marítimas del salmón, uno de los productos que más se exportan al mundo. El impacto ambiental es conocido y hay un ejemplo cercano en la vecina Chile: peces hacinados, contaminación por antibióticos y heces, destrucción de otras especies, y una precarización total de las condiciones de trabajo. El cuadro de situación ante un “pescado químico”, la lucha de la asamblea, y el gobernador que responde sobre los principales contrapuntos.
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