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Inteligencia común. Eduardo Vasco Murúa: fábricas recuperadas & Estado

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Es director de Programas de Inclusión Económica, área que por primera vez en la historia jerarquizó desde el Estado a las cooperativas sin patrón. En tiempos de la IA, reivindica la inteligencia común. Es también referente de IMPA, que fue pionera y motor del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas. El MNER cumple 25 años nucleando ya a más de 400 unidades autogestivas: se festejó en una metalúrgica rescatada durante el macrismo. Aquí, Murúa repasa encontronazos con derecha, progresismo, sindicalismo e izquierda, que le bajaban el precio a la experiencia obrera. ¿Por qué las cooperativas resisten las crisis mejor que las empresas? La prepotencia de la necesidad. Los cimbronazos con el gobierno de Kirchner. Los movimientos en el Estado. Las veces que fue preso con Macri. Contradicciones y logros del presente para un nuevo método de lucha, en medio de una crisis global del trabajo. Lo que se hizo, y lo que falta. Por Lucas Pedulla.

Inteligencia común. Eduardo Vasco Murúa: fábricas recuperadas & Estado
Murúa en la ex Canale. Fotos: Lina Etchesuri

Soy un extraterrestre que cae a la Tierra y de pronto ve un movimiento que tiene 25 años de recuperar empresas. ¿Cómo me lo contás?

Fundamentalmente te contaría que demostramos tener un nuevo método de lucha en la clase trabajadora. Aprovechamos este nuevo método no solamente para conquistar los puestos de trabajo sino el poder simbólico que tiene demostrar que los trabajadores pueden hacerlo y sin patrones; que el trabajo es más importante que el capital; y que fundamentalmente nosotros estamos convencidos  de que nuestro modelo de autogestión y de cooperación supera la competencia. Eso es lo que quizá más molesta al sistema. Después tenemos una discusión de lo que no pudimos lograr, quizá, por falta de organización, por falta de esfuerzo, de torcer el brazo del Estado. Estamos como  en un empate técnico. 

¿No es un montón?

Sí, conseguir un empate técnico con un Estado no es fácil, porque no pudo destruirnos ni desalojar nuestra empresas. Políticamente, le ganamos esa pulseada. No solamente por nosotros, sino gracias a la memoria de nuestro pueblo, que tiene que ver con que tuvo una historia con el trabajo de plena ocupación hasta los años 80. Esa memoria hace que nuestro método de lucha y nuestro esfuerzo sean respetados por lo menos por el 90% de la sociedad. Queda un 10% o un 5% que son los dinosaurios de siempre, que hablan más de propiedad privada y de usurpación. El Estado, al principio, pensó que nos desalojaban, y no pudo por la resistencia de los trabajadores. Después pensó que no íbamos a poder manejar las empresas y que este modelo iba a implosionar, y nos dejaron fuera de cualquier subsidio estatal, crédito, inversión, posibilidad de capitalizarnos, renovación tecnológica, pero tampoco lo lograron. Eso también fue un ejemplo de la cooperación y del compromiso de los trabajadores porque, a pesar de que no nos fue bien en muchos años –fueron 25 años de permanente crisis en nuestro país–. resistieron y están de pie. Siempre digo: somos más resistentes a todas las crisis de lo que puede ser cualquier PYME.

¿Por qué?

Porque hay cooperación interna entre trabajadores, el compromiso por mantener los puestos de trabajo. No hay necesidad de una ganancia extraordinaria, porque ahí es cuando el patrón la funde o se endeuda, y cuando viene la crisis no tiene el acompañamiento para que los trabajadores aguanten dos o tres meses sin cobrar. 

¿Cuál es el punto inicial de estos 25 años?

La recuperación de IMPA, en 1998, porque es la primera que se reconoce como empresa recuperada. Había experiencias, poquitas, de cooperativas de trabajadores que, sin saber, habían hecho más o menos el mismo camino, pero no se reconocían como empresa recuperada. IMPA es la primera que lo hace y que actúa en clave de unir todas las experiencias en función de seguir insistiendo en ese método de lucha. 

1998: crisis, menemismo, pre De la Rúa. ¿Estaba clara esa idea de movimiento?

¿Cómo iba a estar claro? Lo que sí sabíamos era que teníamos que hacer una experiencia, poner toda la militancia y todo nuestro cuerpo ahí. Sabíamos que no alcanzaban los métodos de lucha sindicales que teníamos hasta ese momento: con un país con el 40% de desocupación, en un mundo donde el trabajo cada vez iba a ser más escaso, y donde no había forma de cambiar esta realidad porque las revoluciones tecnológicas instalan capital muerto que sigue matando el capital vivo, si no teníamos la posibilidad de ocupar la fábrica íbamos a tener una desocupación estructural en nuestro país. Y sin derechos. El sistema se acostumbró a descartar y no a incluir, y eso tiene que ver con una derrota del movimiento obrero en los 70. El movimiento era muy poderoso a nivel mundial, disputando otras cosas, y la contraofensiva del capital tercerizó toda la economía y destruyó el movimiento con guerras. En Argentina, en particular, con la represión de la dictadura militar. Necesitábamos un nuevo método.

¿Cómo era dar esa discusión en ese país, debajo de puentes y en ollas populares?

Era el desierto puro. Hicimos este modelo en contra de todas las opiniones. Los sectores de derecha, por supuesto, planteaban que íbamos a tomar la propiedad privada, que usurpábamos. Los progresistas nos decían: “Si el patrón no pudo, ustedes tampoco van a poder”. Y la izquierda, cuya opinión siempre tiene que ver con otra cosa que no sea la lucha de los trabajadores, decía que íbamos a convertir a los compañeros en patrones. Contra todo el aparato político, la prepotencia de la necesidad hizo que los trabajadores ocuparan la fábrica igual. El destino de esos trabajadores era la desocupación estructural, con un Estado que hoy todavía no tiene ningún instrumento para sostener a un desocupado. 

¿Cómo aparece en ese imaginario la figura de la cooperativa de trabajo?

No aparece en el imaginario sino en la realidad: la única forma jurídica que había para poder salir a comprar y vender en Argentina era una empresa privada, con sociedad anónima, o era la cooperativa. Después aprendimos que nos daba la libertad para que los procesos sean de autogestión y para repartir equitativamente. 

Inteligencia común. Eduardo Vasco Murúa: fábricas recuperadas & Estado
Murúa y un acto con Alberto Fernández. Lo crucial: la experiencia e inteligencia común de trabajadorxs sin patrón que demostraron, casi siempre pese al Estado, cómo reflotar empresas hundidas por sus dueños.

Extranjerización y planes

¿Cómo llegan al estallido 2001?

Con 22, 23 cooperativas. Ya teníamos un movimiento que estaba más o menos organizado y que dio respuesta a esa crisis. Allí se desata un quiebre exponencial de empresas con un movimiento que ya tenía una respuesta para esos trabajadores. Se habrán recuperado 20, 30 empresas en 2001 y 2002. Muchos piensan que 2001 es lo que desata el proceso, y no es así: ya venía. Si no nos hubiera encontrado armados, quizá no habría pasado nada. 

¿Cuál era la proyección?

Creíamos que el proceso iba a terminar en una insurrección popular y había que estar organizados para ser un espacio más de resistencia de todo lo que había en nuestro pueblo, de toda esa fragmentación. La manera de cambiar la realidad de conjunto es la toma del poder, y nuestra organización era un granito de arena. Cada vez que nos invitaban a una universidad o a cualquier lugar, yo les decía: “No quiero que nos ayuden: tomen ustedes la Universidad”. Había que tomar los espacios en ese momento donde toda la clase política estaba desprestigiada. Tomar el poder en cada uno de esos lugares. Había que cambiarlo todo. No nos dio el cuero: el sistema capitalista se recompuso a partir de una estrategia del poder internacional de permitir una recomposición de los estados latinoamericanos que estaban quebrados. En 2001 ibas a buscar tu plata al banco y eran los agentes estatales los que ya no cobraban, no era un problema solo del privado. Todo estaba descompuesto: entrábamos a la Legislatura y hacíamos sacar leyes de expropiación. Pero la clase política estaba descompuesta, con un Estado capitalista descompuesto, y una organización popular bastante fragmentada sin mucha ambición de poder. La aparición de los gobiernos progresistas empezó a recomponer todo el sistema político.

¿Cómo fue la relación con esa reconfiguración que acá se llamó kirchnerismo? 

Fuimos muy críticos de la posición de la mayoría de las organizaciones. Y desde 2003 a 2013 estuvimos casi solos. Decíamos que no había que dejar la calle, que al Presidente le convenía la movilización y no la desmovilización para negociar mejor con los sectores de poder internacionales. Pero los distintos movimientos tuvieron la política de disputar el Estado desde adentro. Sabíamos que, independientemente de la voluntad política que pudiera o no tener el gobierno, no se iba a poder solucionar lo principal, que era el extractivismo puro o la extranjerización de la economía. Lo que pasó es lo que hace el Estado con las reivindicaciones populares: a los piqueteros que buscaban trabajo, les dieron un plan, y a nosotros nos dieron algunas líneas pero no el fondo para reconversión tecnológica, ni una ley de expropiación, ni nos reconocieron como trabajadores autogestionados. Me acuerdo el 12 de octubre de 2004 sentado con el presidente Néstor Kirchner diciéndole: “Acá tenés todo”. Si hay ley, si hay fondo, si hay reconocimiento, el MNER se va a tirar piedras a otro lado.

¿Esa fragmentación también cuajó en el movimiento de recuperadas?

En el movimiento no cuajó la fragmentación, sino la traición. Hubo una decisión de un movimiento con su asamblea que definió una política de seguir peleando por las reivindicaciones. Perdimos porque al gobierno se sumaron algunos de nuestro propio movimiento. Hasta le sacaron plata al gobierno para publicar una solicitada en Página/12 diciendo que yo era un caudillo y que hacía cosas que no había hablado con los trabajadores. Fue en 2005, después de que ocupamos el despacho de Oscar Parrilli (entonces Secretario General de la Presidencia). 

El trabajo de ir preso

En esos años el MNER colocó en la Legislatura porteña a Diego Kravetz, hoy secretario de Seguridad de Juntos por el Cambio en Lanús, que se pasea por televisión mostrando que tiene un arma. ¿Cómo fue la historia?

El movimiento creó el Partido por la Revolución Democrática, con la idea de superar lo que entendíamos era un modelo de transición que se abría. Pusimos los avales, la plata, y el candidato iba a ser Miguel Bonasso, que era periodista y representaba, de alguna manera, la lucha de los 70. El primer candidato a legislador era un compañero de IMPA; la segunda era Beatriz Baltroc por Bonasso, que ya era legisladora; y Kravetz era el tercer candidato. El final electoral fueron 15 días fatales de acusaciones de Bonasso hacia mí, me decía vandorista, porque yo le reclamaba que en el medio él se había acercado a Kirchner. En ese acercamiento apareció Alberto Fernández que era jefe de Gabinete, y puso dos candidatos. Yo me vengo a enterar al final. El problema no era Alberto sino Bonasso, que hizo el acuerdo por fuera. Y fijate qué inteligente: sacaron al trabajador de IMPA como primero y pusieron a Kravetz. Yo no quería saber nada, él insistió que sí porque ya habíamos hecho todo, y así fuimos a elecciones sabiendo que ya estaba roto el acuerdo. Pero pusimos un legislador que, supuestamente, era nuestro. Al principio jugó bien, sacamos 15 expropiaciones en la Ciudad, modificamos la ley, pero el conflicto que desató la crisis fue Gatic (empresa licenciataria de Adidas en Argentina). El Gobierno quería regalársela a un fondo de pensión que se llamaba Eucaria: Kirchner, Tomada, De Vido, decían que habían hecho un acuerdo de 1.500 millones de dólares. Una de esas empresas era Gatic, pero nosotros teníamos ocupadas las plantas en San Martín y en Pigüé. Fue una pelea donde tiramos 100 mil volantes diciendo que si el Presidente traicionaba a los trabajadores se tenía que ir en helicóptero. Pero nos enteramos que el CEO de este grupo había hablado por atrás con Kravetz y otros para cerrar un acuerdo comercial: creían que así estaban negociando con el movimiento. 

Las plantas de San Martín y Pigüé son hoy cooperativas referentes, pero ¿cómo quedó el movimiento después de esas discusiones?

Muy golpeado. Nos persiguieron. Si íbamos al Ministerio de Trabajo o al INAES (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social), sabíamos que no nos iban a dar nada. Les decíamos a las cooperativas que no dijeran que eran del movimiento para que las atendieran. Algunos recularon porque no es joda tener un aparato estatal en contra. Varios compañeros hoy volvieron. Pero jugaron a ir en contra de la organización, con plata o con planes. En el INAES si decías que eras una empresa recuperada, te hacían pasar por una “oficina especial”, y la matrícula te la daban si querían. Se puso muy jodido. 

¿Desde dónde se recompone?

Desde la constancia de estar trabajando, de pelearte con todo el mundo, de cagarte de hambre, de hacer pastafrola a las 3 de la mañana. De estar convencidos de lo que quieren los trabajadores. Si no tenés ideología fuerte, estás muerto.

Te pregunto porque diez años después llegó el macrismo.

Sí, pero a nosotros no nos asusta nada. El macrismo fue menos agresivo. Aunque fui dos veces preso. Una con la cooperativa RB, en Martínez, porque los querían desalojar e hicimos algo que generalmente no se hace: ocupar con la Infantería adentro. La otra fue cuando nos plantamos para que Obama no entrara en el Parque de la Memoria.

¿Por qué entonces que fue menos agresivo?

Menos agresivo contra la organización. Hubo una política de no avanzar con expropiaciones, al igual que hicieron todos los demás, pero no hubo una política determinada contra cada empresa, sino con el conjunto de la industria. Los tarifazos les pasaron también a todas las PYMES. Ocupamos el Ministerio de Energía de Aranguren y sacamos por dos años el 50% de la tarifa. Todos nos beneficiamos. Pero el movimiento estaba presente y se siguieron recuperando fábricas: las dos empresas que visitó Alberto, Aceitera La Matanza y Canale en Llavallol, fueron recuperadas durante el macrismo.

Días de puteadas

De ahí salieron con una Dirección como experiencia de gestión inédita.

La negociación fue del conjunto de las organizaciones populares, que propusieron la posibilidad de gestionar una parte del Ministerio de Desarrollo Social. Y se discutió tener algo para empresas recuperadas. Lo que pasó es que cuando se empezó a hablar no había otro espacio para referenciar: las organizaciones propusieron que seamos nosotros. Pero no era algo estudiado. Veníamos hablando con las organizaciones, y de hecho en 2015, durante la disputa Macri-Scioli, Scioli vino a IMPA y le hicimos firmar un compromiso para hacer, si ganaba, el Ministerio de la Economía Popular. Y cuando decimos economía popular, si bien estamos fragmentados, con todas las dificultades e historias que tiene cada organización en particular, hablamos de que nuestro pueblo necesita trabajo. Después nos encontramos con la realidad de que el Estado, para el sector, pone muy poca plata: nos agarró la pandemia, es cierto, que obligó a redirigir recursos del Ministerio a otras cuestiones, pero después apareció la extensión de los planes, que es más cuestionable. Porque si hubieran querido hacer más planes, tendrían que haber sacado plata de otro lado, para que ese dinero pueda ser destinado para desarrollo productivo. Esa es la discusión central en lo económico: si ponemos plata en lo productivo o si mantenemos, como quiere el Banco Mundial o el Fondo Monetario, tener solamente planes de contención. La discusión la vienen ganando ellos, ya sea en el progresismo como en el liberalismo.

¿Pero con el ofrecimiento hubo alguna contradicción a trasluz de toda la experiencia previa que habían tenido?

Claro que sí. Discutimos muchísimo, no aceptamos inmediatamente. Les dijimos que necesitábamos tiempo, unos 20 días. Hablamos con los trabajadores más grandes, también con los más militantes. Y caracterizamos el gobierno de una forma que no nos equivocamos. No sabíamos que iba a pasar la pandemia. Pero sabíamos que la deuda no se iba a renegociar como nosotros queríamos. La consigna era: no lloren por lo que lean en los diarios, vénganse llorados, no esperen más de este gobierno que un gobierno de transición. Sí votamos algo: únicamente nos íbamos a ir si había una represión masiva a nuestro pueblo en una movilización popular. Pero era claro que era importante tener una experiencia, porque sabíamos lo que queríamos hacer. Al ser una discusión de los sectores de la economía popular ocupar ese lugar, sabíamos que otra vez la experiencia de 2005, de estar solos en el desierto, no la íbamos a repetir. Teníamos que aprovechar las condiciones para crecer y consolidar el movimiento, pero no esperábamos que este gobierno fuera a cambiar la realidad de nuestra patria. 

Quedan seis meses, ¿cuál es el balance?

Tengo mis contradicciones, y es difícil hacer un balance siendo el responsable de la Dirección. Creo que fue positivo, que hicimos mucho más de lo podríamos haber hecho si estábamos fuera del Estado. Hoy hay empresas consolidadas, con presencia del movimiento, con un montón de cuadros jóvenes que no conocíamos. Pudimos dejar instalado el RENACER como registro para permitir herramientas de política pública. Que este fue el mejor gobierno para las empresas recuperadas, no cabe duda. No por el reconocimiento, porque ya tenemos el reconocimiento del conjunto de nuestro pueblo, pero sí por los recursos que pudimos poner para las empresas. Estar con compañeros de Misiones, de La Rioja, de Salta. ¿Que lo hubiéramos hecho igual? Sin duda, pero no hubiéramos llegado de la forma en la que llegamos. Tengo días igual en los que me puteo como autocrítica por todo lo que no pudimos hacer.

¿Por ejemplo?

Es una lástima no haber podido avanzar con la Ley de Recuperación de Unidades Productivas, o con la modificación de la Ley de Expropiación en la provincia de Buenos Aires. O con la seguridad jurídica de las empresas. Nos quedan seis meses, así que vamos a ver si podemos ir por una expropiación municipal o algún decreto para cuidar a las empresas en los próximos cuatro años. También queremos dejar instalada la posibilidad de un fondo de crédito para las recuperadas. Y discutir la necesidad de una reforma en la seguridad social para que nuestros compañeros no se jubilen con la mínima.

¿Te dolió el cierre del BAUEN?

Sí, cómo no va a doler una lucha que iniciamos nosotros. Intentamos hasta último momento. Me acuerdo la última reunión que tuve con los compañeros, en 2015, les dije: “Juntemos IMPA y Bauen, vayamos a ver a Cristina y expropiemos las dos”. Era muy potente. Pero primó más el egoísmo. Capaz pensaron que, como habíamos sido duros con el gobierno, no la íbamos a sacar. Pero IMPA tenía toda una historia con el Estado, independientemente de las peleas. Siempre nos respetaron. Lo intentamos centralmente por sus trabajadores y trabajadoras, no por sus dirigentes. Me duele más como trabajador que como funcionario. Es una derrota mía, que asumo. Me duele como me dolió RB, como me duele lo que está pasando con La Litoraleña. Son poquitas las que se perdieron. 

¿Qué imaginan de acá a otros 25 años?

Tenemos que seguir instalando nuestra propia moneda de intercambio en la economía social; tenemos que ser una parte importante en algo que le cuesta mucho a nuestro pueblo que es la generación de una nueva dirigencia política, en un momento difícil de dependencia que tenemos como país semicolonial de dos monstruos como Estados Unidos y China. Pero tenemos que ir a un desarrollo de soberanía industrial, alimentaria y monetaria. Ya no va a haber burguesía nacional, entonces el movimiento tiene que instalarlo como para que lo haga el Estado junto a las trabajadoras y trabajadores. Mientras, hay que consolidar cada una de las fábricas, ayudar a las que se caen, y ser una parte de la resistencia de nuestro pueblo. Ese debería ser el aporte de los compañeros jóvenes que sigan. El miedo es que se termine convirtiendo en una experiencia de recuperación de unidades productivas y nada más. Eso puede pasar en cualquier momento si solamente elegimos estar mejor en la fábrica y no pensar en lo general, como piensan los empresarios. Esa tensión existe dentro de las fábricas.

¿Y qué significa ahí la noción de autogestión?

Hoy estoy más convencido que nunca de la autogestión. Tenemos que estar preparados porque este proceso entra en contradicción con el consumidor. Cuando producís, el ánimo hacia dentro es de cooperación, pero para afuera somos salvajes porque aprendimos a ser salvajes. Tenemos que estudiar, porque como la autogestión está funcionando más o menos bien en el conjunto de las empresas, hay que pensar cómo no venderle más caro al consumidor, si podemos hacerlo más barato. 25 años en la vida de dos mil años de producción capitalista no es nada, pero el modelo de distribución de la autogestión es el que me sigue enamorando. El modelo productivo siempre entra en contradicciones, entre la capacidad, la colaboración, el compromiso, en que no todos se comprometen por igual, pero la distribución es clave: no puedo entender cómo el que más esfuerzo físico hace es el que menos gana. La hora de un trabajador de una PYME es 100 pesos frente a 1.000 de uno de una multinacional. Solo se entiende porque la multinacional le está robando al conjunto de nuestro pueblo. Yo quiero y sueño que todo el mundo se lleve lo que trabaja. 

¿Qué resuelve allí la autogestión?

No hay forma de pensar la distribución sin pensar en una unidad de medida. Y esa unidad tiene que ser el trabajo. Yo tenía tres parámetros, pero nunca se trasladaban a estímulos materiales: la capacidad, la colaboración y la parte en la lucha. Pero, en muchos momentos, se daba que el compañero que más sabía, que más colaboraba y que más luchaba, era el mismo. Y capaz ganaba lo mismo que el que barría. Después, con el excedente por horas trabajadas, entonces ahí podés mejorar un cachito. Pero, a su vez, eso también es sano, porque te da autoridad política. 

Es un triunfo: los trabajadores definiendo su modelo de distribución.

Es una discusión que cada fábrica, todavía hoy, se sigue dando.

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Una planta de bioetanol en plena ciudad de Córdoba. Una explosión, un estallido de enfermedades (desde las respiratorias hasta el cáncer), una comunidad que salió a la calle. El Barrio San Antonio llegó a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamando al Estado que cumpla las leyes y detenga el funcionamiento de Porta Hermanos, la única fábrica de bioetanol del mundo instalada en una zona urbana. El rol protagónico de las mujeres, y una historieta como medio de comunicación para contar qué pasa cuando hay un monstruo en el barrio.

Texto: Bernardina Rosini

Fuera, mostro
Fotos: Medionegro

La historia empezó con un Big Bang y hoy es una resistencia social, una resiliencia para los que prefieran esa palabra, y hasta una historieta que es un símbolo de comunicación. 

El Big Bang fue una explosión en plena ciudad de Córdoba, en el Barrio San Antonio, a 6 kilómetros del centro, producida en la planta Porta Hermanos, que tiene la particularidad de ser la única productora de bioetanol del mundo emplazada en medio de una zona urbana y muy poblada.  

La resistencia comenzó cuando sobre todo las mujeres del barrio se asomaron a ver qué era esa especie de bomba que hizo temblar todo. Eso revivió la cultura del diálogo callejero. Les preguntaban a otras vecinas, conversaban, empezaban a conocerse más, confirmaban datos sobre enfermedades en esas manzanas cada vez más tóxicas, en ese lugar en el que se hacía cada vez más difícil respirar. De esas charlas callejeras surgió una evidencia crucial que funcionarios, jueces y gobiernos suelen olvidar: había que hacer algo. 

La historieta es ¡Un monstruo en mi barrio!, uno de los infinitos modos que esa comunidad movilizada del Barrio San Antonio encontró para compartir su experiencia, su osadía de enfrentar al poder, y el potencial de romper la vieja tendencia de que cada quien se haga cargo solo de su propia vereda. Así llegaron desde el barrio hasta la Corte Suprema, y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para litigar contra el Estado Argentino si todo sigue igual. 

¿Qué reclaman? Que deje de funcionar Porta Hermanos, que relocalicen esa fábrica de etanol y de enfermedades en un lugar alejado, pero que no se pierda ningún puesto de trabajo. 

Rosa Acuña, cuya casa queda pegada, literalmente, a la planta industrial de Porta, vive hace 52 años en el barrio y es una de las tantas vecinas que desde hace al menos una década denuncia la situación: “Salimos nosotras porque acá nos abandonaron el Estado municipal, el provincial y el nacional”. 

Fernet y enfermedades

La empresa Porta Hermanos S.A produce bioetanol, etanol, bebidas alcohólicas y vinagres. El negocio original desde el siglo 19 fueron los licores y el fraccionamiento de alcohol. En 2007 se lanzó la marca de fernet 1882 y en febrero de 2012, en un contexto nacional de incentivos y promoción de los biocombustibles, la planta de San Antonio inició la producción de bioetanol, que se logra a partir de la molienda y la fermentación de maíz transgénico. Instalaron la fábrica en un terreno que era un parque y que linda con los patios traseros de numerosas viviendas familiares del barrio, entre ellos, el de Rosa, que rememora: “Ese mismo año en una tarde de mucho calor, escuchamos un ruido ensordecedor, una explosión que provenía de la fábrica”. 

Tiempo después supieron que se trató de un “error” en el momento de la calibración de las válvulas de seguridad. Aquel accidente motorizó el intercambio entre los habitantes del barrio que salieron a la calle para averiguar qué había pasado. Tenían temas de charla: el miedo a otra explosión, los fuertes olores que siempre emanaban de la fábrica, los dolores de cabeza permanentes que estaban padeciendo, las irritaciones de garganta, las molestias en los ojos, la aparición de alergias…

Comenzó así un reconocimiento grupal y barrial de las señales del cuerpo, de los interrogantes sobre el sentido de lo que estaba pasando. Y surgió también un “nosotros”.

Empezaron a reunirse, a organizarse. Recurrieron al Centro Vecinal del barrio contiguo, el Inaudi y a la presentación de notas y cartas a la municipalidad. Querían saber qué tan segura era la fábrica. “Pero la noción de seguridad que teníamos ciertamente  fue mutando con el tiempo” aclara Silvia Cruz, una de las vecinas históricas. “De pronto también surgió la necesidad de nombrarnos de alguna manera para convocar y que nos reconocieran. Tenía que quedar claro cuál era nuestra búsqueda y desde entonces somos Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano: V.U.D.A.S”. En realidad la mayoría eran vecinas, y hoy ya la letra equis salda el tema. 

El grupo no tardó en recurrir al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba para solicitar apoyo a la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas) que realizó el primer estudio de salud ambiental en la zona. Era agosto del 2013. Esa primera evaluación epidemiológica que alcanzó al 74% de los habitantes del barrio expresó lo que en sus cuerpos ya era evidencia: presentaban una elevada frecuencia de trastornos irritativos y atópicos, encabezados por: cefaleas (43%), congestión ocular (34%), trastornos respiratorios (33%), gastritis (26%), dermatitis irritativas (18%). 

Los porcentajes superaban ampliamente la media con respecto a otros puntos de la ciudad. Pero era apenas el comienzo: solo iban dos años de funcionamiento de la planta. 

La gesta de lo doméstico

José Porta fue el encargado del manejo de la empresa durante casi 50 años, y un caso de imbricación entre industria y poder político cordobés. Nieto del fundador, nacido en 1926, ingeniero, fue profesor de la Universidad Católica, Director del Banco Suquía, fundador de la Unión Industrial de Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio Italiana y Ministro de Producción durante los gobiernos de  los radicales Eduardo Angeloz, Ramón Mestre y del peronista José Manuel de la Sota. Al asumir en la función pública en la década de los 80, su hijo, también José Porta, “el Negro”, fue nombrado director general de la empresa. Fue el responsable de la siguiente gran expansión de la empresa y de la marca a nivel nacional. 

El joven Porta llegó con nuevos proyectos: recuperar la tradición en la producción de bebidas alcohólicas con el lanzamiento en 2007 del fernet 1882 y a la vez virar hacia los biocombustibles, específicamente la producción de bioetanol, con el cual calculaba un incremento del 50% de las ganancias de la empresa. Fue distinguido con el Premio al “Empresario del Año 2007 La Voz del Interior”, el “Premio Security” en 2014 y Konex en 2018, ubicándolo dentro de las 100 personalidades destacadas de la década.

La narrativa del caso empresarial “exitoso” omite cuestiones esenciales. Para expandir la compañía instaló la única fábrica de biocombustible del mundo emplazada dentro de una zona residencial. También se omiten los incumplimientos de requisitos obligatorios como la realización de audiencias públicas y la presentación de estudios de impacto ambiental. Porta produce 100 mil litros diarios de bioetanol pero tiene como respaldo de su actividad únicamente permisos municipales provisorios. 

“Cuesta creer pero es así desde el inicio: nunca tuvieron los permisos habilitantes correspondientes” aclara tajante Silvia. “No entendimos que los gobiernos municipales y provinciales estaban del lado de Porta hasta que nos empezaron a perseguir. Iban los inspectores municipales a los negocios donde estaba nuestro cartel ‘Fuera Porta’ y los cerraban. Los medios de comunicación no nos dejaban contar lo que pasaba en el barrio. Y fue peor cuando empezamos con las denuncias. Ahí ya no hubo dudas ni vuelta atrás”.

VUDAS estableció contactos y acciones conjuntas con las Madres de Ituzaingó Anexo y con la asamblea de Malvinas Argentinas que terminó echando a Monsanto de ese barrio. “Monsanto buscaba instalarse en Malvinas Argentinas para proveer maíz transgénico para el bioetanol de Porta. Todo, absolutamente, lo fuimos descubriendo de modo muy doméstico, nosotras mismas, tratando de defender el barrio, la familia y la salud” explica Silvia. Las mujeres se sumaron a la Ronda de los barbijos de Córdoba (mucho antes de la pandemia, y por los temas ambientales), a la propuesta de una Ley de Reconocimiento de los Afectados Ambientales. En sus movilizaciones plantean: “El amparo ambiental lo reclaman los vecinos, las y los trabajadores, las amas de casa, habitantes de la zona sur, perjudicados, vulnerados, impedidos, cercenados, restringidos en el ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la vida, según nuestra Constitución Nacional”.

El arte de dañar

En 2016 la Red de Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados realizaron una nueva investigación. Conclusiones: 

“En el ambiente de barrio San Antonio se detectan efluentes gaseosos de la planta de bioetanol de Porta Hnos. como formaldehído, tolueno y xileno según estudios ambientales previos. La población expuesta a estos tóxicos en nuestros datos presenta una tendencia al aumento de casos de cáncer, preferencialmente de piel. También se verifica alta prevalencia de niños que nacen con anomalías congénitas en frecuencias muy superiores a las que presenta toda la ciudad de Córdoba. Son muy elevadas las prevalencias de asma, conjuntivitis y dermatitis, cefaleas y se observa una preocupante multiplicación de mujeres con masas en vías aéreas superiores. La mayoría de los vecinos presenta el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y las personas mayores y sobre todo los niños son los más afectados. Se requiere urgente medidas ambientales para proteger el derecho a la salud de esta población preexistente en el lugar”. Firmaron el informe que puede leerse completo en reduas.com.ar Medardo Ávila Vázquez, Eduardo Maturano, Flavio Difilippo y Bryan Maclean. Agregan: 

“La incidencia de cáncer (393,7/100.000) resultó superior a la informada por el Registro Provincial de Tumores (RPT) para ciudad de Córdoba en 2009 (254,7/100.000).

En cuanto a las anomalías congénitas la tasa de los últimos años resultó de 14,8% y en el último año de 28,6%. Estos resultados contrastan claramente con los brindados por el Registro Nacional de Anomalías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación quien refirió en 2012 una tasa de 1,6% para ciudad de Córdoba. La tasa de natalidad de Barrio San Antonio resultó similar a la del resto de la ciudad de Córdoba, sin embargo, la cantidad de niños nacidos con malformaciones fue muy superior. Todos los casos registrados provinieron de familias residentes a escasos metros de una fuente de contaminación (planta de bioetanol) cuyos productos han sido asociados en otras investigaciones con la presencia de malformaciones”. 

Otros datos: el 57% de los niños entre 6 y 7 años tiene asma o usa bronco-dilatadores (cuando sólo el 13% de la población de Córdoba lo necesita), hubo fuerte incremento de casos de cáncer (el 50% de piel); dificultades respiratorias (casi el 60% de la población); abortos espontáneos y malformaciones en uno de cada tres nacidos. 

En 2019 se agregó el “Informe Socioterritorial de los Daños a la Salud por la permanencia de la fábrica de Bioetanol Porta Hnos., en la ciudad de Córdoba, Argentina” realizado por el Colectivo de Epidemiología Comunitaria (completo, en vudas.wordpress.com) que plantea, por ejemplo, con respecto al daño genético en la mucosa del sistema respiratorio superior, ocasionado por las sustancias tóxicas en San Antonio:  “Este tipo de daño puede medirse a través de la observación de células con micronúcleos. La cantidad de ellas en un organismo sano, es, en promedio, de 3 a 4 por cada 1000 células analizadas, en nuestro país. Aunque lo verdaderamente saludable sería un valor de cero, o menos de 2,5, ya que la presencia de micronúcleos es señal de daño celular y genético. Los resultados mostraron que el 95 % de los infantes tuvieron un número de células con micronúcleos mayor al valor considerado como basal, casi el doble, llegando a alcanzar 9 en una niña de 5 años. Las personas evaluadas vivían a una distancia de entre 10 y 1.000 metros de la fábrica, por lo que el área de alcance del impacto ambiental sería extensa”.

Sostenibilidad oenegé

VUDAS trabaja articuladamente con Fuera Porta, asamblea de apoyo integrada por vecinas y vecinos de otros barrios, médicos, científicos, estudiantes, ambientalistas, comunicadores, gente autoconvocada que comparte el concepto de considerarse personas afectadas ambientalmente. En 2015 las mujeres de VUDAS se encadenaron en la Municipalidad de Córdoba y en 2016 presentaron un amparo ambiental contra Porta y contra los ministerios de Ambiente y de Energía de la Nación por su inacción. “Habían pasado cuatro años y los cuadros de salud eran cada vez peores. No sabíamos qué hacer para ser escuchados. Teníamos enfermos de cáncer, casos permanentes de abortos espontáneos, bebés con malformaciones, el fallecimiento de Olivia, una bebita de 3 meses”, recuerda Silvia. El amparo fue rechazado y apelaron. 

Tres años después, en diciembre de 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja emite sentencia, reconoce que Porta opera ilegalmente pero que el Estado nacional no tiene injerencia en el tema. Desestimó el amparo pero intimó a que la empresa en 90 días realizara el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y que la Secretaría de Ambiente de la Provincia informase “si la compañía posee o no licencia ambiental para producir bioetanol”. No llegaron a cumplirse los 90 días, cuando el Covid 19 pasó a gobernarlo todo, y Porta con su alcohol medicinal pasó de 100.000 a 500.000 litros diarios de producción, el 60% del mercado nacional. 

La empresa había obtenido la certificación de Empresa B, es decir, empresa destacada por su “desempeño social y ambiental”, según la ONG B Lab que asegura estar en 91 países y se autodefine con la misión de “transformar la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta”: una muestra del rostro real de muchos discursos alrededor de negocios “sustentables”.  

VUDAS radicó un reclamo formal en B Lab, para que la ONG diera marcha atrás con semejante certificación pero la respuesta fue que la empresa no contaba con sentencia firme en relación a las denuncias de contaminación y daño ambiental. Esto es exactamente lo contrario de lo que plantean las leyes ambientales, que invierten la carga de la prueba: ante el peligro de contaminación, afectación de la salud y el ambiente, la actividad debe detenerse (aplicación del principio precautorio) hasta que la empresa demuestre la inocuidad de su funcionamiento. 

Otro eslabón de esa historia se produjo a fines de abril de este año cuando José Porta, “El Negro”, quien condujo la empresa durante las últimas décadas, falleció a los 65 años de cáncer de pulmón. 

Sobre elecciones

El reclamo contra Porta empalma con cientos de conflictos ambientales que pululan en Córdoba. En plan de comunicación, la comunidad impulsó la creación de la historieta ¡Un monstruo en el barrio!, (en www.vudas.wordpress.com) que describe lo que ha venido pasando desde aquel abril de 2012, cuando algo estalló en Porta y también en las cabezas y corazones del vecindario. Cuenta cómo salieron a la calle, cómo investigaron, sus presentaciones judiciales. Plantean en la historieta que descubrieron un proceso químico: “El que se genera destilando el cariño y los abrazos que nos damos. Los reconocimientos que recibimos (en referencia al Premio Berta Cáceres). El encuentro con la gente y con otras luchas”.   

El aire del Barrio San Antonio sigue impregnado de formaldehído, tolueno, xileno y el resto de las sustancias contaminantes. Actualmente el caso promovido por la comunidad está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las vecinas presentaron además una cautelar sobre la cual deberá expedirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta es relocalizar la planta, que no se pierdan puestos de trabajo, que se realice un saneamiento del territorio y se brinde asistencia médica y psicológica a las familias afectadas.  

Mucha gente se fue del barrio, incluyendo obviamente a mujeres que perdieron sus embarazos o parieron bebés con malformaciones. Muchas otras personas optaron por quedarse (o no tuvieron otra opción) pese a lo que plantea Rosa: “Porta nos está comiendo. Se está comiendo la salud de las personas y el ambiente con una planta contaminante e ilegal”. 

Silvia: “Nos quedamos porque creemos en otro mundo posible. Para nosotros lo era antes de que llegue la fábrica. Era otro barrio. ¿Me tendría que ir porque según quién no vale la pena? Nosotras construimos saber, tenemos nuestras certezas. No vamos a ser zona de sacrificio. Elegimos decir sí a la salud, sí a la vida. Elegimos la afirmación y no la resignación”.

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Reexistencia: agroecología y cooperativismo para salir del pozo

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MU en Corrientes. Guardianes del Y’verá y las cooperativas productivas que apuestan por un paradigma distinto al del modelo tóxico: agroecología, organización, venta a precio justo, trabajo digno, de la utopía a los hechos, en uno de los conglomerados más pobres del país. Las oportunidades para salir de los pozos, la incomprensión del Estado, la autogestión como forma de crear trabajo donde no lo hay, y de apostar a una vida sin venenos.

Texto: Francisco Pandolfi

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Re-parar la violencia: la propuesta de Familiares Víctimas de Femicidios

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Familiares de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas realizaron una asamblea abierta en Plaza de Mayo el 3 J. Elaboraron un documento que las ubica en el lugar que no siempre se les reconoce: el de protagonistas cruciales frente a situaciones que involucran violencia patriarcal e injusticias de todo tipo por parte del Estado. ¿Qué significa el concepto de reparación? ¿Cuáles son los enfoques imprescindibles para actuar en estos tiempos? El documento, lo colectivo, y los derechos humanos.

Texto: Claudia Acuña.

Re-parar la violencia: la propuesta de Familiares Víctimas de Femicidios
Familiares de Carla Soggiu, Analía Aros, Natalia Melmann, Lucía Pérez, Iara Rueda y Cecilia Basaldúa, sostienen la bandera que dice “Familiares víctimas de femicidios”. La unión frente al dolor y la indiferencia. Fotos: Lina Etchesuri

Re-parar es un término que contiene el significado necesario para ampliar los márgenes de reflexión sobre las violencias, cuyas consecuencias ciegan y estrechan las posibilidades de creación de una justicia-justa. 

Desborda el estrecho imaginario penal y abre el umbral que conduce a una experiencia concreta y posible, que ha nacido de la sociedad argentina y se ha convertido en modelo y programa de las instituciones globales.

Re-parar es, además, en su acepción callejera, otorgarle a ese verbo el aval de un prefijo que lo garantiza, refuerza y compromete.

Re-parar, tal como señala el profesor de Derecho Internacional Felipe Gómez Isa, “no es un fenómeno exclusivamente económico o material, sino que necesita un conjunto de medidas que tienden a modificar el imaginario político y social. En el fondo, se trata de un proceso político que busca un nuevo equilibrio en la sociedad en el que las víctimas sean reconocidas como tales y pasen a ocupar un papel central en el espacio político y social”.

Es este lugar el que exigen las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas en el documento que han elaborado tras la asamblea a cielo abierto que realizaron el 3 de junio en Plaza de Mayo, luego de escuchar, relato tras relato, los sufrimientos padecidos en su búsqueda de verdad y justicia. 

Ese documento fue entregado en mano y a la semana siguiente al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la ministra de Mujeres y Diversidades de la Nación, Ayelén Mazzina, a la Banca de la Mujer del Senado y remitido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con un pedido de audiencia. 

El texto es en sí mismo elocuente y resume así todo aquello que merecería una larguísima y compleja reflexión sobre derechos humanos, violencias patriarcales, políticas de Estado y representaciones sociales.

Un texto para reflexionar

El documento dice textualmente:

“Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc., etc. Todo lo cual nos llevó a comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”. Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1º de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia,  compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias.

b) los pases libres de transporte de las familias, sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Ninguno de estos costos representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen, por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para los gastos de su abogada.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos”.

Re- parar significa, entonces, que la categoría “víctima”, a través de la cual el Poder Judicial reconoce los derechos de quienes sufren violencias, se transforme a partir de ahora en protagonista central de los procesos de cambio que requiere el actual procedimiento estatal de justicia. Así lo destacaba el 14 de julio de 2022 en la Asamblea General de la ONU el argentino Fabián Salvioli, Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición: 

“En el pasado, las víctimas han sido consideradas principalmente de forma pasiva, como suministradoras de pruebas o declaraciones en los procesos de búsqueda de la verdad o como receptoras de reparaciones. Sin embargo, la lucha de las víctimas por la justicia consiste en llegar a tener una capacidad de acción para superar el victimismo y prevenir la violencia. Por lo tanto, la vía para salir de la violencia solo puede concebirse conjuntamente con las víctimas, que tienen la clave del camino para el cambio y, por consiguiente, para un enfoque de la justicia centrado en las personas”.

Condiciones de reparación

Re-parar requiere de un primer paso indispensable e ineludible: quien hizo daño debe aceptar la responsabilidad de sus acciones y este reconocimiento no se limita sólo a la admisión de que se ha violado la ley, sino a que con esa violencia se ha herido a la víctima, a su familia, a su comunidad y a toda la sociedad. 

Esta es la premisa de la que parte la llamada “justicia reparativa” cuyo primer congreso se realizó en la Universidad Nacional de Lanús entre el 8 y 10 de junio pasado, impulsado por las Defensorías del Pueblo de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, entre otros organismos. En sus conclusiones señala la segunda condición que construye el punto de partida hacia la construcción de otros paradigmas judiciales: 

“El punitivismo, a lo largo de la historia, ha demostrado su fracaso y en esta cuestión, las víctimas deben ser escuchadas. Especialmente, por respeto a su propio dolor”.

El tercero lo define el académico colombiano Pablo de Greiff en su trabajo Justicia y Reparaciones: 

“El Estado no puede sencillamente desconocer los reclamos de las víctimas con el argumento de que no hay recursos suficientes o alegando, sencillamente, que no hay manera de superar los problemas porque esto equivaldría a reconocer que no está en condiciones de sostener un régimen de justicia”.

Re-parar significa, entonces, la aceptación del daño infligido, el respeto a las víctimas y la asunción de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento pleno del orden jurídico: tres condiciones indispensables, mínimas, urgentes que debe asumir el Estado para comenzar a construir otra justicia.

Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas marcan una fecha en el calendario para señalar así desde cuándo la sociedad argentina soporta el daño que le ha infligido el Estado: 1º de abril de 1996. Es el día en que Argentina se comprometió a que “toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Y a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. 

El 1º de abril de 1996 es también el fatídico día en que el policía Víctor Leonardo Sánchez mató con su arma reglamentaria a su pareja Jésica Leticia Sapura, crimen por el que fue condenado a 5 años de prisión en un juicio abreviado.

Re-parar, finalmente, significa eso: Nunca Más.

3J y después: voces para entender una realidad

Marisa, mamá de Luna Ortiz: Los Nunca Más

Estamos logrando que los familiares seamos un actor político. Nos une algo bien firme y concreto: ir por un Nunca Más al maltrato, a la revictimización de nuestras hijas y de nosotros mismos. Hay algunos que quieren quebrarnos por conveniencias políticas. No solamente somos familiares víctimas de femicidios, sino también de muchas desaparecidas. Sabemos que las campañas políticas salen muchas veces de un montón de negociados que hay por debajo con las diferentes mafias territoriales que nosotros denunciamos, y eso a muchos no les conviene.

Marta, mamá de Lucía Pérez: Quiénes somos

Somos familias organizadas a partir de un delito que se comete con las vidas de nuestras hijas. Asumimos este rol porque no nos queda otra. Yo no quise estar en este lugar. Pero tuvimos que tomar las riendas de lo que nos pasa porque no hay un Estado presente, ni hay nadie que haga las cosas como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque conocemos las causas, sabemos lo que pasó. Y sabemos todo lo que se esconde detrás de esto. Por eso somos las personas más autorizadas para defender la causa de las muertes de nuestras hijas. Pero ese lugar lo tuvimos que tomar, porque si no, te dejan relegado. Dicen: “las familias no entienden, no saben, están perdidas”. Esa es la mirada del otro lado. Se creen que el saber lo tiene la persona que es abogada, o la académica. Pero no entienden: nosotros aprendimos desde el sufrimiento. El dolor es el que nos enseña. Yo nunca pensé que no iba a tener a Lucía. Ella podría haber estudiado, tener una carrera, una vida, y la arrebataron. Ese dolor desgarrador es lo que nos hace decir basta. Esto nunca más. Entonces nos plantamos, salimos a luchar por nuestros derechos y el de tantas chicas y mujeres a las que nadie defiende cuando son de los barrios y de los territorios, como si valieran menos. Por lo menos hemos logrado que nos escuchen. De aquí en más lo que queremos es: estar juntos, pensar, hablar, hacer. Desde ese lugar es donde podemos y somos.  Y desde ese dolor es que pudimos poner en marcha una lucha que no existía. 

Alfredo, papá se Carla Soggiu: El gobierno a escondidas

En el gobierno nacional están mirándose el ombligo, y tienen cajas que no quieren tocar. Gastan mal, y no quieren escuchar. Hicieron un ministerio, y teníamos esperanza de tener un aliado, que nos brinden herramientas, acompañamiento.  Pero fueron años de caminar a ciegas. Hace falta un compromiso que no tuvieron nunca. Tuvimos que juntarnos en la Plaza durante  años, presentando cartas una vez por mes, para que nos reciban en la Casa Rosada, cuando debería haber sido instantáneo, para brindarnos soluciones o contención al menos. Pero jugaron a las escondidas. Fueron tres años pidiendo una audiencia. Y cuando fuimos no hablamos nosotros, pudimos hablar muy poco. Estas artimañas no las tienen que hacer con gente como nosotros. Tienen que estar al servicio de la gente, no operando. Pero la lucha no la vamos a terminar. Ya nos quitaron a nuestras hijas. ¿Qué más nos van a sacar? Y encima se va sumando más gente, porque lamentablemente esto sigue pasando todo el tiempo.

Daniel, papá de Cecilia Basaldua: Reforma estatal

Las familias tenemos claro que hoy termina imponiéndose el único poder que no se elige: el judicial. Me doy cuenta ahora, porque me tocó padecerlo. Estaría buena una reforma en todos lados. El poder lo deberíamos tener quienes votamos, para que la gente elija tanto a los jueces como a los políticos.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: La justicia al revés

Hay que empezar por la justicia, y por las investigaciones policiales. Porque para la policía siempre pasa lo mismo: primero, la culpa la tiene la víctima. Después, los familiares. En nuestro caso primero dijeron de todo de Araceli, y después fuimos investigados nosotros. Y mientras tanto, gracias a eso, los delincuentes que mataron a mi hija tuvieron tiempo de escaparse. Por esas cosas es que queremos cambiar toda esta realidad que nadie quiere cambiar. 

Gustavo, papá de Natalia Melmann: el mensaje

La condena es un antecedente social muy importante: la idea de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ese fue siempre el mensaje que nos dieron las Madres de Plaza de Mayo. Y sirve para toda la sociedad. Las familias ya lo entendimos: nunca vamos a abandonar.

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