La investigación judicial demoró tres años en retomar la pista del auto que secuestró al testigo clave de la causa contra el ex policía y represor Miguel Etchecolatz.

Julio López está desaparecido desde el 18 de septiembre de 2006, pero la causa recién ensaya sus pasos más firmes en este 2010. Tras ser pateada por jueces y fiscales e ignorada por políticos y funcionarios, hoy se mueve al ritmo de allanamientos, indagatorias y líneas de investigación impulsadas por el nuevo fiscal federal, Marcelo Molina.
Guadalupe Godoy, abogada de la querella, resume así el estado actual del caso: “Lo que está haciendo Molina es retomar las líneas que habían comenzado a moverse a fines de 2008, cuando se ordenó el secuestro del presunto auto con que se secuestró a Julio. Lo que sucede es que, al estar relacionadas con policías y militares retirados y en actividad, cuesta llevarlas adelante”. La “justicia lenta”, en este caso, no basta para explicar la parcial parálisis de la causa. Su dinámica, en cambio, varía según qué actores aparecen involucrados, y sólo en ese sentido se entiende por qué aún no se cerró el claro círculo de pistas sobre el represor Miguel Etchecolatz.
 
 
Los tiempos de la impunidad
“Luchamos tres meses para que la justicia reconociera que se trataba de un secuestro y pasara a la órbita federal”, reza una solicitada de la querella al cumplirse 32 meses de la desaparición de Julio. Y así empieza la causa: en tironeos por la “carátula”, el primer clásico obstáculo judicial. El comunicado sigue: “Un año para que la Procuración designara personal para la causa. Un año y medio para apartar a la Policía Bonaerense de la investigación. Dos años para que (el juez) Corazza pase el expediente a una Secretaría Especial para delitos de lesa humanidad”.
Corrían fines de 2008, entonces. Habían pasado dos años sin Julio. La causa recién había sido aceptada como delito de lesa humanidad, bajo la carátula de “desaparición forzada”, y comenzaban a moverse los hilos. Aparece aquí el primer personaje del juzgado que leyó la causa de cabo a rabo: Martín Nogueira, secretario. Nilda Eloy, vieja confidente de Julio, tienen en este sentido una teoría con pocas vueltas: “Aquel que lea la causa, si tiene dos dedos de frente, tiene que caer de cajón sobre las pistas que venimos reclamando”.
Nogueira tenía los dos dedos, pero poco apoyo del juez Corazza. Al comprobar la teoría que expone Nilda, el secretario siguió la pista de un sospechoso individuo: Osvaldo Falcone, médico militar retirado. Falcone había visitado a Etchecolatz los días previos a la desaparición de López. El primer allanamiento de la causa fue en el domicilio de Falcone en Mar del Plata, y los resultados fueron contundentes: se secuestró un Volkswagen azul completamente desmantelado, que un testigo luego identificó como el vehículo que levantó a Julio aquel 18.
Todo parecía encaminado. Se tenía un auto, un domicilio y un sospechoso que, además, mantenía fuertes vínculos con Etchecolatz. El círculo comenzaba a cerrarse, pero el juez Corazza decidió repentinamente abandonar la investigación: “El juez se declaró incompetente. Le agarró el ataque de violencia moral, por la denuncia que había hecho la familia de López dos meses antes”, explica la ex detenida-desaparecida Adriana Calvo. Los López habían denunciado al juez, entre otros letrados, como responsable de la desprotección a testigos en días de juicios. Dos meses tardó Corazza para sentirse incompetente, alegando “violencia moral” y dejando la causa en manos del juez Blanco.
Desde entonces, el caso López rebotó de oficina en oficina. Recién en septiembre de 2009 –Corazza había huido a principios de año– la Cámara de Casación resolvió que el caso debía ser investigado por el fiscal Sergio Franco. El dato: Franco había manifestado explícitamente que no estaba en condiciones de tomar las líneas de investigación. Primero, alegó falta de personal. Pero cuando se le asignó, su voluntad tampoco estuvo. Tras reiterados reclamos, finalmente la querella logró retirar a Franco de la unidad fiscal especial.
Conviene recordar que mientras sucedía todo esto, Julio López seguía desaparecido.
 
 
Huellas
Sale Franco, entra Marcelo Molina, fiscal que ya integraba la unidad de causas de lesa humanidad. “Tenemos que hacer de cuenta que volvimos a enero de 2009”, sintetiza Nilda, y se entiende que 2009 fue un año perdido.
Recordemos la teoría de Nilda: quien lee la causa y tiene dos dedos en el lugar correcto sabe para dónde apuntar.
Molina se convirtió en la segunda persona en leer el expediente completo, y retomó de inmediato las pistas que Nogueira había seguido. Resultados: Osvaldo Falcone, dueño del auto azul secuestrado, será llamado a indagatoria en las próximas semanas. Cuando se le pregunta a Guadalupe Godoy qué pistas están encaminadas, la respuesta sorprende: “Hay varias, aunque el paso del tiempo obstruye todo. Concretamente, se investigan grupos de represores que ya estaban siendo procesados en causas de lesa humanidad y otros que temían serlo”.
La lupa apunta a un escalofriante personaje: Oscar Quijano, vinculado directamente con Etchecolatz. El camino hasta Quijano es de película. Poco antes de su desaparición, Julio había asistido a un acto callejero convocado por Chicha Mariani a las puertas de la Casa de la Memoria de La Plata. En fotos sacadas ese día, Julio es escoltado por un “señor grande, canoso, que no tenía aspecto de militante de derechos humanos”, según recuerda Adriana Calvo. Al ser aportadas como pistas de la causa por la querella, un testigo de identidad reservada reconoce al sospechoso individuo como Oscar Quijano. Y cuenta aun más: Quijano participaba de reuniones periódicas y secretas entre militares retirados y en actividad. “Según el testigo, en esas juntadas se hablaba de golpes de estado, dictadura y hasta del secuestro de Julio”, cuenta Adriana. ¿Qué se hizo con tamaña declaración? Aún con la causa en manos de Corazza, la pista se siguió, pero mal y desprolijamente: “Se ordenó el allanamiento en la casa de Quijano, pero no se peritó antes, y ni siquiera el juez estaba presente”, se lamenta Adriana. La pista se había echado a perder.
Otra de las huellas que aporta la querella tiene como protagonista a un periodista alemán. En un artículo publicado el 28 de diciembre de 2006 –es decir, meses después de desaparecido Julio– su autor, Jan-Uwe Ronneburger, corresponsal de la agencia dpa, exponía datos contundentes: López había sido llevado a una reunión esa misma mañana del secuestro, para que se desdijera del testimonio. “La teoría del alemán era que Julio se negó y por eso lo secuestraron”, resume Adriana Calvo. Además, Jan-Uwe afirmó que López estaba muerto y su cuerpo había sido incinerado; y acusó al poder político de contar con la información necesaria para impedir el secuestro.
Por pedido de la querella, Ronneburger fue citado a declarar. Su testimonio, sin embargo, no reveló demasiado: el periodista reservó sus fuentes de información y la línea de investigación terminó por estancarse.
El racconto de la causa López incluye aspectos delirantes, como las pistas aportadas por una “vidente” que se convertía en pájaro y decía ver el cuerpo de López a orillas del río –y que el juez Corazza siguió– o las acusaciones al perro Quintín, can entrenado en rastrillajes, “por guiar mal a los policías en los peritajes”.
Ni pájaros ni perros, como retumba esa vieja canción de Charly que resulta tristemente actual. Ahora y finalmente los caminos judiciales parecen conducir a Etchecolatz.