La salud en la Argentina. “Cómo uno vive, se enferma y se muere” abrevia Gonzalo Basile, presidente de Médicos del Mundo, para referirse a lo que está en juego cuando se habla del sistema de salud que rige en nuestro país y los intereses que lo amenazan hoy.

Sépanlo: el derecho a la salud puede ser adquirido en una góndola de Farmacity. Es una mercadería que, como casi todas, tiene una versión para ricos, otra para los sectores medios y otra pobre y para los pobres.
Sin embargo, hubo un tiempo en que el sistema nacional de salud era un derecho universal. Quedó así consagrado durante el primer mandato de Juan Domingo Perón, cuando el entonces primer secretario de Salud Pública de la Nación, Ramón Carrillo, implementó una profunda reforma que buscó garantizar una atención integral y de calidad para toda la población. Cincuenta años después, las políticas aplicadas por los diferentes gobiernos parecen haber desandado ese camino para avanzar hacia una lógica de mercado. Para lograrlo, se eludieron debates centrales: qué es el derecho a la salud, qué intereses lo ponen en riesgo, qué hace falta para garantizarlo.
El Foro Social de Salud y Medio Ambiente, espacio que aglutina a organizaciones sociales, estudiantiles, sindicales, y pueblos originarios, entre otros, trabajó sobre esos ejes y los resumió en 22 puntos. Gonzalo Basile, presidente de la oenegé Médicos del Mundo, desde esa experiencia de debate social, hace su diagnóstico del actual sistema. Para comenzar, busca su historia clínica: “El ministro Carrillo, durante sus años de funcionario creó una extensa red de servicios de salud en todo el territorio nacional, con una oferta de camas de internación que superaba en un 70 por ciento a las que hoy tenemos. A la vez, esta red poseía una impronta preventiva y de promoción de la salud muy fuerte. Así constituyó una respuesta integral a la salud primaria. El concepto central establecía que la salud era un derecho de ciudadanía. Es decir, que uno accedía sólo por el hecho de ser persona. Carrillo no venía de otro universo: era el clima de la posguerra que sostenía ese paradigma”.
¿En qué momento y por qué se empieza a desandar ese camino en Argentina?
La reforma de Carrillo sufre una contrarreforma, iniciada con la dictadura de Juan Carlos Onganía, que derivó en la creación del seguro social sindical. Esto significó atar el acceso a la salud al trabajo formal. Este país es el único del mundo en el cual los sindicatos manejan y gestionan los recursos de los afiliados en el área salud. Y es el único país del mundo donde existen 430 efectores de salud; es decir, uno por cada actividad. La dictadura y algunos sectores sindicales construyeron este mecanismo que se convirtió, principalmente, en un gran suministro de recursos. Entonces, lo que había creado el primer peronismo quedó como una estrategia de atención de la salud hacia los sectores en situación de pobreza.
¿Qué implica esta construcción en términos políticos?
Evidencia que hay una salud para cada sector. Recordemos que en los 90 a este panorama se suman las prepagas, que son seguros de salud para la gente que puede pagarlos de su bolsillo. El propio andamiaje genera desigualdades porque el sistema público progresivamente fue fragilizando su oferta de servicios. Y entra en crisis por el impacto sociodemográfico y socioeconómico. En 1975 había casi 25 millones de habitantes y el modelo de salud atendía a menos de 2 millones de personas que estaban en situación de pobreza y a menos del 5 por ciento de la población que estaba desocupada. Hoy hay 40 millones de habitantes y, por diferentes razones, entre un 43 y un 45 por ciento de esa población se atiende en el sistema público de salud. Es decir que aproximadamente 17 millones de personas buscan respuesta en el mismo sistema de salud creado en los años 50. Esto genera que se encuentre sobredemandado y en emergencia permanente. Los equipos de salud están atendiendo constantemente la demanda espontánea, de ahí las largas filas para ser atendido y la deshumanización en el trato. Además, se abandonaron todas las estrategias promocionales y preventivas. Todo esto se traduce en que se mantengan vivas endemias como la tuberculosis, con 11 mil casos anuales y mil muertes en el mismo período.
Los beneficiarios
En los 90 también se dispuso la descentralización del sistema de salud. ¿Cuáles fueron las consecuencias?
No fue una descentralización sino una des-responsabilización del Estado central hacia las provincias y municipios, porque esta transferencia no fue acompañada de recursos. El resultado es que hay 24 sistemas de salud: cada provincia pone sus reglas y cuánto dinero destina a la salud pública. En la provincia de Formosa se invierte 18 veces menos en salud por habitante que en la Ciudad de Buenos Aires. Y en Santiago del Estero. entre 10 y 15 veces menos que en Santa Cruz. Si yo pongo un mapa de Argentina con sus provincias y sus inversiones en la salud- donde hay algunas con más y otras con menos – y le superpongo un mapa con los indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas y este, a su vez, lo cruzo con los mapas de las enfermedades endémicas, todo coincide. Se ve claramente que este sistema ha afectado principalmente a los que menos tienen.
¿Cómo se compone socialmente ese porcentaje que acude al sector público de salud?
Ese 45 por ciento de la población está formado por quienes no tiene un trabajo en relación de dependencia que le permita obtener un seguro en salud. También está compuesto por pobres estructurales y excluidos que están en el subsuelo de la pobreza. Nuestro país gasta el 9 por ciento del Producto Bruto Interno al año en salud. Es, después de Cuba, el país que más gasta en el sector: 120 mil millones de pesos al año. Pero el Estado en todas sus formas aporta sólo el 1,9 por ciento del PBI a la salud pública. El resto va al sector privado y a las obras sociales que a su vez, compran servicios privados en el mercado. Un alto porcentaje, el 40 por ciento de esa cifra, es gasto de bolsillo, es decir que la gente pone plata para comprar salud. Los que más gastan son los pobres.
¿Por qué?
Porque al no tener cloacas o estar en condiciones de hacinamiento o en viviendas precarias una persona tiene más posibilidades de enfermarse.
Si el Estado no pone, ¿de dónde obtiene recursos el sistema de salud público?
Muchos servicios tuvieron que implementar estudios de ensayos clínicos para laboratorios internacionales como mecanismo de autofinanciación. Esto se hizo sin respetar los derechos de los pacientes, sin informarlos. Un trágico ejemplo: en Santiago del Estero se aplicó el protocolo Compas, del laboratorio belga GlaxoSmithKline (GSK), para estudiar la eficacia de una vacuna contra los efectos de la bacteria del neumococo y seis niños murieron a raíz de los experimentos.
¿Quiénes se benefician con esta situación?
Los efectores de salud no son los mismos que hace 40 años atrás. Hoy está presente la industria farmacéutica. La Organización Panamericana de la Salud dice que existen 410 medicamentos esenciales para resolver el 95 por ciento de las enfermedades de esta región de Latinoamérica, pero en Argentina se comercializan más de 5 mil. Estos productos poco tienen que ver con la salud, pero sí con estrategias de marketing. Es decir que el complejo médico-industrial impone respuestas fuertemente medicamentosas, por eso no le conviene que el Estado tenga planes preventivos o planes de salud comunitaria. Por eso frenan cualquier intento para revertir esta situación de lucro.
Soja y compañía
¿Cómo impactan las actividades extractivas y el uso de agroquímicos en esta postal?
A esta salud fragmentada, desfinanciada, con lógicas de inequidad y desigualdades sociales, hay que sumarle los determinantes ecológicos y ambientales. Es decir que el modelo productivo, la forma en que se construye rentabilidad, genera enfermedad y muerte. Sin duda los modelos productivos extractivos impactan sobre los procesos de salud de las poblaciones. Si a las estadísticas que demuestran el aumento de malformaciones congénitas y cáncer las cruzamos con las de áreas sembradas con soja y la utilización de agroquímicos veremos que ambas curvas crecen y van de la mano. Con respecto a la minería a cielo abierto, si hiciéramos el mismo análisis quizá podríamos descubrir patrones comunes, pero todavía el servicio de epidemiología nacional no ha sabido investigar estas tendencias. Y se entiende que no se lleven adelante estos registros porque sus resultados provocan debatea políticos muy concretos. Se aplican políticas sociales, algunas de ellas muy loables, pero a partir de la renta sojera y de la minería a cielo abierto. Todo eso es lo que está en cuestión si se mira el panorama desde la óptica sanitaria.
¿Es posible cambiar el modelo extractivo?
Hay que volver a pensar estrategias de salud colectiva que no sólo atiendan el daño social que genera el propio modelo productivo, sino pensar una estrategia integral de calidad de vida que incluya los derechos de vivir en un ambiente sano. La relación depredatoria que se tiene con el medio ambiente genera impacto directo. El crecimiento de la frontera sojera ha ido expulsando a los campesinos y pueblos originarios. Abandonan sus estrategias de autosustento alimenticio y van a parar a las periferias de las ciudades. Lugares sin tratamiento de la basura, sin cloacas, donde se reproducen malas condiciones de vida que, a la vez, son determinantes de enfermedad y muerte. Genera patrones malsanos de vida y no digo “estilo de vida”, que era un concepto de la epidemiología más tradicional según la cual la conducta de la persona explicaba sus enfermedades. Esto puede explicar algunas cosas, pero no todas. Cuando hablamos de modos de vida malsanos hay que discutir qué grado de libertad se tiene para elegir cómo uno vive. Los basurales a cielo abierto están en los cordones más empobrecidos de la provincia de Buenos Aires y no en medio del barrio de Belgrano. Y el sistema de salud ha quedado huérfano, sin capacidad de respuesta ante estos nuevos problemas socioambientales.
La única salida
¿Qué papel juega el Ministerio de Salud en el actual sistema?
Es un ministerio que no administra los recursos porque fueron transferidos a las provincias, y municipios. Sólo gestiona algunos programas a nivel nacional: Plan de Salud Reproductiva, Plan Nacer, Remediar, etc. Perdió su rectoría porque ya no pone pautas políticas para todo el país. Existe el Consejo Federal de Salud (COFESA), que reúne a los 24 ministros de Salud de las provincias con el responsable a nivel nacional, pero en este ámbito se discute muy poco sobre las necesidades sanitarias de la población. Hay que decir también que la mayoría de esos planes que centraliza el Ministerio son financiados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, por lo cual se transformó en una oficina local de las políticas que impulsan estas entidades. Por ejemplo, algo que se ve muy fuerte en estos momentos es la presión que hacen para que se imponga la lógica del aseguramiento.
¿Qué significa?
Implementar un seguro de salud para los sectores más pobres.
¿Con qué beneficios y qué consecuencias?
La primera consecuencia directa es destruir lo que queda del sistema creado por el primer peronismo y su idea de derecho de salud como derecho universal. Otra consecuencia es la creación de un mercado de prestadores para brindar servicios. Se sabe que el Estado, a través de estos programas del Banco Mundial, financiará este sistema, pero no sabemos quiénes serán los prestadores. El peligro, entonces, es que se puede extender una práctica que, en los hechos, sólo les sirve a las empresas para enriquecerse. Está pasando ya con el tema de las cardiopatías congénitas en niñez: el 90 por ciento se opera en el sector privado, a través de programas nacionales que le transfieren dinero. El PAMI también es un buen ejemplo de una cobertura pública que contrata al sector privado. Y no es casualidad: Argentina tiene una ley de emergencia sanitaria vigente desde el 2002 que le sirvió a los privados y a las obras sociales sindicales para condonar las deudas y salvarse de la crisis.
¿Hay países de la región donde estos planes están funcionando?
En Colombia se avanzó muy fuerte y el hospital público se convirtió en una empresa que vende salud a los más pobres: el Estado le paga por ese servicio. Pero, además, tiene que recaudar fondos para poder pagar sueldos, mantener instalaciones. En tanto Chile, donde se instalaron estos planes en los años 80 con la idea de que iban a cubrir a toda la población, dejó afuera a un 12 por ciento que no tienen ningún seguro. Es decir, no tiene dónde recurrir en caso de enfermedad: no tiene nada. Estos seguros generan una ciudadanía de lo mínimo y lo básico y no de lo justo y necesario. Nosotros creemos que el acceso a la salud debe estar atado a una ciudadanía con derecho a la vivienda, al trabajo, a un medio ambiente sano, a integrar la interculturalidad. En definitiva, buscamos un sistema que cuide la vida y para esto hay que poner en debate cuál es el modelo de país.
¿Cómo se puede revertir semejante panorama?
Cualquier cambio será viable recién cuando la población piense que es necesario dar un vuelco. El día que la sociedad diga al mercado: hasta acá llegaron.