Las revelaciones del caso Solano. Daniel Solano desapareció en Choele Choel el 5 de noviembre de 2011. Desde entonces, su caso está revelando la verdadera trama de la trata de personas: la explotación de trabajadores, mujeres y territorio. La millonaria estafa laboral. Los dos jornaleros desaparecidos días después de Daniel. El funcionamiento de la justicia. Todo a la vista.


Todo santo profano comienza su camino al cielo trepando la escalera de la devoción popular. Escalón por escalón. Milagro por milagro. Daniel Solano, el joven jornalero guaraní desaparecido el 5 de noviembre de 2011 en Choele Choel, Río Negro, está asociado a una serie de sucesos excepcionales que, en el contexto de explotación e impunidad que ciñe a los trabajadores de la cosecha en el Valle Medio, merecen ser valorados como una poderosa señal.
Una prueba es la sede del Ministerio de Trabajo provincial en Lamarque. “Antes se tramitaban 4 reclamos por año y ahora 20 por día”, informa el asesor legal, Daniel Moriones, flamante como todo el equipo que dirige esa delegación, a partir de los cambios que sembraron allí las denuncias del caso Solano.
¿A qué se debe el incremento?
A que no las cajoneamos.
Herramientas. Ahora mismo pasa por mi lado, sonriendo nerviosa, la doctora Agudo, representante de la empresa contratista de los hermanos Adrián y Gustavo Lapenta, involucrada en la desaparición de Daniel. Está citada a una mediación. Señoras y señores: persígnense. Este simple acto burocrático es, en ese mundo autodenominado agronegocios, un verdadero milagro. “El ardid legal mediante el cual se elude el delito de tercerización laboral es que las multinacionales firman con estas empresas un contrato de locación no sólo para la mano de obra sino también para las herramientas”, explica Moriones. ¿Qué herramientas son necesarias para la recolección de manzanas o cebollas? Las tradicionales: sudor y lágrimas.
Custodia. En el Valle Medio, de diciembre a mayo es la cosecha. En junio, la poda. Y en octubre, el raleo. Esto implica un trabajo permanente que las empresas contratistas fragmentan con una maniobra: al fin de cada etapa, obligan a renunciar a todos los jornaleros. Y los vuelven a contratar para la siguiente, previo filtro: excluyen a los que se quejan por las condiciones de trabajo. “Los pagos se hacían generalmente a la madrugada y en un colectivo custodiado por el grupo Bora, la brigada antimotines provincial”, relata Sergio Heredia, el abogado de la familia Solano. Imaginen la ceremonia: “Cada jornalero subía al micro para recibir la paga. Al que había hecho reclamos, le pagaban aún menos y lo obligaban a irse. La policía estaba ahí para amenazar o golpear a los que protestaban, garantizando la impunidad”.
La Brigada Operativa de Rescate y Antitumulto (Bora) fue disuelta por orden del gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, después de que el caso Solano expusiera que funcionaba como un grupo de seguridad privada de estas empresas. Pero no esperen un milagro: sus integrantes y vehículos siguen circulando por las calles de Choele Choel, aunque sin la denominación que los caracterizaba.
Desaparecido II. Calculan que suman 15.000 los trabajadores que llegan al Valle Medio reclutados y transportados por los contratistas, la gran mayoría desde el Norte: salteños, como Daniel Solano, o jujeños, como Héctor Carranza, un veterano jornalero peinado a la gomina, impecable y elegante. Carranza se acercó al abogado Heredia poco después de la desaparición de Daniel para decirle: “Doctor: creo que tenemos otro desaparecido”. Se refería a su compañero y vecino de su pueblo, al que a pesar de tantos años de cosechas compartidas sólo conocía por su apellido, Villagrán, y su edad: 56 años. “El tipo no era tomador, era buen hombre. La última vez que lo vi fue en el momento de volvernos, pero él me dijo: ´Mirá, yo me quedo en Agrocosecha a trabajar´, y después no supe más…” Agrocosecha es, justamente, la empresa de los hermanos Lapenta y la que contrató a Daniel Solano.
Confirma el abogado: “Villagrán estaba parando en las mismas gamelas donde estuvo Daniel. Hicimos la denuncia en enero. Los policías respondieron: “Se volvió en el colectivo para Yuto, Jujuy. Dos personas lo vieron en el micro”. El fiscal, no conforme con eso, dijo: “Mandemos a averiguar si está”. Van los policías a Yuto y no estaba. Y ahí quedó parada la investigación”.
La sombra de Villagrán regresó en octubre pasado cuando la búsqueda de Daniel Solano produjo otro hallazgo: un cuerpo enterrado. Recuerda el doctor Heredia: “Cuando veo que es un hombre de unos 50 años me acuerdo de la denuncia de Carranza. Entonces le digo al juez que puede ser Villagrán, y se vuelve a activar el tema. Cuando nos ponemos a averiguar, resulta que los dos testigos que dicen haberlo visto adentro del colectivo, no iban en ese colectivo. Y no hay constancia en las planillas de pasajeros de que Villagrán viajara en él. Entonces, pensamos que los testigos eran falsos, como en el caso de Daniel”.
Desaparecido III. Dos es una coincidencia, tres una certeza, escribió Borges. El tercer desaparecido del caso Solano es Pedro Cabañas Cuba, un jornalero paraguayo que hasta días después de la desaparición de Daniel estaba trabajando en la estancia Negro Muerto, bajo el mando de Paulino Riveras. Riveras es, justamente, el hombre que declaró falsamente haber visto a Daniel tomar el micro en la estación terminal, dato con el que se intentó detener la investigación sobre su desaparición.
A Cabañas Cuba dicen que también lo vieron irse, pero dos testigos de identidad protegida, que compartían con él la faena y el hacinamiento en la estancia Negro Muerto, declararon que había dejado preparada la cena y toda su ropa intacta. “Cuando se hizo la denuncia por su desaparición la policía vino y revisó todo. Encontró su celular y se lo llevó”. En el informe policial no consta que se haya recogido como evidencia un celular. Sí detalla que hallaron y secuestraron papelitos con números telefónicos de mujeres en situación de prostitución. Es la prueba de la última moda de la explotación sexual en la región.
Trata. En toda la Patagonia queda claro que las leyes que dicen perseguir la trata sólo persiguen, en realidad, la clausura de prostíbulos. Así, la explotación sexual se repliega hacia el agujero negro de la impunidad. En Comodoro Rivadavia los apodan vips, departamentos privados a los que es difícil controlar, salvo por denuncias muy específicas. En los hechos, lo que ha logrado esta modalidad es que aumente el precio de la protección, que ya no es solo policial, sino también judicial y municipal, como quedó claro en las escuchas telefónicas de una causa que involucró a comisarios, inspectores y al actual secretario de Seguridad de Comodoro, entre otros.
En el Valle Medio la tendencia es otra. Podríamos llamarla “integración vertical”, una denominación que en el management empresarial refiere a la optimización absoluta de los recursos: todo se hace en un mismo lugar. Y ya se sabe: las mafias son empresas muy eficientes.
En la Patagonia queda claro que la trata tiene tres patas: explotación de mujeres, explotación de hombres y explotación de territorios. Eso es la “integración vertical”.
Un ejemplo: el 14 de abril pasado Gendarmería Nacional intervino en un operativo realizado en la localidad de El Hoyo, distante a 12 kilómetros de El Bolsón, que rescató a 2 mujeres menores de edad que obligaban a prostituirse. ¿Dónde? En el obrador de un predio en el cual construían cabañas para el Sindicato de Petroleros. También encontraron la otra cara de la misma moneda: trabajadores bolivianos, paraguayos y argentinos “sin su documentación en regla”.
En Choele Choel hay denuncias de que en la estancia Negro Muerto el domingo es el día en que se celebra este tipo de “integración vertical”.
La Delegación de Trabajo de Lamarque realizó en noviembre de 2012 una inspección en esa estancia y comprobó el hacinamiento, la falta de agua potable, la mugre… El secretario de Trabajo provincial, Luis Rolando Troncoso, anunció entonces a la prensa: “Vamos a ser inflexibles”. La estancia Negro Muerto fue sancionada con una multa de 3.000 pesos.
Hilo. Paulino Rivera, regente de Negro Muerto, es uno de los falsos testigos del caso Solano. La otra es Bacilia Pérez Valera, una mujer dominicana que fue vista en las visitas a esa estancia. Ambos dieron como domicilio el bar El Tano, lindero a la estación terminal. Es apenas un espacio con mostrador y seis mesas, que detrás tiene habitaciones. También es el lugar a donde llegan los micros en los que los hermanos Lapenta trasladan a los jornaleros desde el Norte. “A ese bar iba Cabañas Cuba los domingos. Hay un hilo que une las tres desapariciones, que fueron casi sucesivas. Algo vieron o escucharon Villagrán y Cabañas Cuba sobre Daniel: ese es para mí el hilo. Y pronto lo vamos a desembrollar”, advierte el abogado Heredia.
Cadáver. Todavía no se sabe si el cuerpo que hizo aparecer la búsqueda de Daniel Solano pertenece a Cabañas Cuba o a Villagrán. ¿Por qué? Responde el abogado Heredia: “Porque el juez y el fiscal van en carreta. Todas las pruebas las aportamos nosotros, pero para identificar un cuerpo necesitamos el apoyo de Nación”. Muestra entonces un escrito fechado el 3 de julio de 2012 donde la familia Solano pide al Ministerio de Seguridad de la Nación la intervención de Gendarmería para investigar el caso, la tecnología necesaria para procesar las computadoras y teléfonos incautados y todos los elementos necesarios para analizar las pruebas, con los cuales no cuenta la justicia provincial. Hasta ahora no tuvieron respuesta. ¿La consecuencia? “Tenemos hace meses un cadáver sin identificar, pero lo que es más grave, tenemos a la policía provincial investigando a la policía provincial. Un ejemplo concreto: en una de las búsquedas encontramos una huella de sangre. Le pedimos al policía que tome una foto y responde: ´no tengo pilas´. No sabía si reírme o llorar”.
El móvil. La pregunta del millón es simple: ¿por qué desapareció Daniel Solano? La respuesta es inmensa. Contesta el abogado Heredia: “Lo primero que le pido a la familia son los recibos de sueldo de Daniel. Entonces empiezo a averiguar cuáles eran los jornales que tenían que ganar los obreros, según los convenios vigentes. Y empiezo a hablar con los compañeros, que me dicen que les pagaban menos. Yo creía que la empresa estaba operando en negro para evadir impuestos, pero a los 10 días de instalarme en Choele Choel me llaman por teléfono y me piden mi mail. Ahí recibo un correo de alguien que se hace llamar “Vigilancia Ciudadana” y me envía todos los libros de sueldos de Agrocosecha, la empresa de los Lapenta. Así empiezo a vincular el crimen de Daniel con la estafa laboral”.
La estafa. El doctor Sergio Heredia lleva un año y medio en Choele Choel. El primero lo vivió en un hotel. Su uniforme era un traje caro y anteojos de sol negros. Ahora está instalado en la habitación de una casa familiar. Su uniforme: jeans, zapatillas y un chaleco que usa por cábala. En un gran salón de la capilla local, que él convirtió en oficina, está la causa que investiga la desaparición de Daniel, prolijamente ordenada por temas. No sé calcular cuántas fojas son. ¿5 mil? ¿10 mil? Un ejemplo: en una mesa de 3 metros por uno, de borde a borde, están apiladas las liquidaciones de jornales de Expofrut, la multinacional belga que contrató a la empresa de los hermanos Lapenta. En otra, de igual tamaño, las liquidaciones que la empresa de los Lapenta les hizo a los jornaleros y que le llegaron al abogado Heredia en ese misterioso mail. Hay, en otra mesa, copias de los recibos de sueldo que le entregaron los trabajadores. Están, por supuesto, los de Daniel Solano. El doctor Heredia tuvo que cruzar todos esos datos con los que solicitó a la Afip. El resultado es una estafa millonaria, que involucra hasta ahora a 1.000 jornaleros guaraníes.
Un ejemplo: a Daniel Solano lo estafaron en 31.567,55 pesos. “Incluso, después de desaparecido, le robaron, cuando le liquidaron los 4 días de noviembre que trabajó”, señala el abogado Heredia.
Este es el detalle del robo de un solo mes:

• En junio de 2011 Expofrut remitió a la empresa de los Lapenta 4.570,92 pesos, según correspondía a la liquidación de horas trabajadas por Daniel Solano.
• A Daniel le pagaron 1.221 pesos.
• A la Afip le liquidaron 609,15
• Total apropiado por Agrocosecha, la empresa de los Lapenta: 2.740,77

Razona el abogado Heredia: “Si a Solano solo le han hecho 33 mil pesos en 12 meses, usted multiplique por 100 Solanos: son 3 millones en 12 meses. Multiplique ahora esa cifra por 2 años: son 6 millones. Y yo calculo que al menos 1.000 jornaleros fueron estafados, así que estamos ante una estafa laboral millonaria. Y que toca muchos intereses”.
Pregunta clave I. ¿La empresa Expofrut es víctima o cómplice de esta maniobra? Responde el abogado Heredia: “Nosotros les remitimos toda la documentación y el detalle de la estafa a Daniel Solano y no la negaron. Tuvimos una reunión. Les expuse durante tres horas cómo debía ser el futuro de los aborígenes: firmando un convenio provincial entre Río Negro y Salta, por ejemplo. Les dije que si deciden cambiar, nosotros los salteños vamos a ayudar porque no queremos perder las fuentes de trabajo. ¡Pero que los trabajadores vengan correctamente! Porque si alcanza la plata para semejante estafa, alcanza para hacerlo bien”.
El dato: a pesar de estar notificados de esa estafa, hasta la fecha Expofrut no denunció a la empresa de los Lapenta. Concluye Heredia: “Acá no se quiere cambiar. No sé por qué: si hay gente ahí adentro recibiendo dinero o si Videla es el gerente de Recursos Humanos de Expofrut”.
Pregunta clave II. ¿No debería la Delegación de Trabajo local haber detectado esta maniobra? Responde Daniel Moriones, el asesor legal de la Delegación de Lamarque: “Los jornaleros denunciaban, así que la respuesta es sí, deberían haberlo detectado”.
Pregunta clave III: ¿Cómo una empresa contratista puede movilizar tantas personas, del norte al sur del país, sin control de ningún tipo? Responde el abogado Heredia: “Nosotros comprobamos que a los trabajadores los traían en micros de la empresa El Tucumanito, pero cuando pedimos a las autoridades los datos de esa empresa nos dijeron que no está registrada. Esto implica que pudieron ir y venir, atravesando durante años varias provincias y controles, sin tener que dar ningún tipo de explicación”.
Pregunta clave IV. ¿Cómo podía esta empresa estafar así a tantos trabajadores sin que nadie denunciara? Responde el abogado Heredia: “La policía en general y el grupo Bora en particular se encargaban de atemorizarlos. Y si hiciera falta, como queda claro con el caso de Daniel y los otros dos jornaleros, desaparecerlos. Y si aun así llegaban a la Delegación de Trabajo de Lamarque, ahí no pasaba nada.” No esperen tampoco acá un milagro: después del caso Solano, esas autoridades de la Delegación de Lamarque no fueron cesanteadas. Están al frente de la Delegación de Trabajo de Choele Choel, cuya sede queda justo frente a la parroquia en la cual el abogado Heredia instaló su oficina.
Secuestro. Queda claro, también, que la alianza entre empresas y policías sigue intacta, aunque algo importante cambió desde el caso Solano. Queda claro, además, que ese cambio no fue arriba, sino abajo. Un ejemplo: el 8 de marzo pasado el director de cine Pablo Politis intentó filmar la ceremonia de pago a los jornaleros. Había entre 200 y 300 trabajadores, declaró, en fila, en los galpones de los hermanos Lapenta. Cuando lo vieron con la cámara, uno de los hermanos Lapenta gritó: “Llamen al móvil”. Así fue como llegó al lugar la camioneta policial a la que intentaron subirlo a las trompadas, mientras Lapenta le gritaba a los jornaleros: “Ustedes van a perder el trabajo por gente como esta”. Ahí ocurrió el milagro: los jornaleros “se pusieron entre Politis y la policía, y por eso pudo salir corriendo y escapar”, detalla el requerimiento fiscal que pide investigar el intento de secuestro del director.
Justicia. En junio, calculan, será el juicio oral que llevará al estrado a los 7 policías acusados por el asesinato de Daniel Solano. Una curiosidad judicial: es el segundo caso en que se juzga a la policía de homicidio, sin cadáver. El primero fue el que condenó a los oficiales homicidas de Miguel Bru, el joven estudiante de periodismo desaparecido en agosto de 1993. La diferencia es que en aquel momento no existía –en el país de los 30 mil– el delito de desaparición forzada y ahora, sí.
¿Por qué los abogados del caso Solano no optaron por este nuevo camino legal? Responde Leandro Aparicio, socio de Heredia: “La desaparición forzada es un delito federal y tenemos cero confianza en la justicia federal. Creemos que la mejor estrategia es mantenerlo en el ámbito provincial, en el juzgado de Choele Choel, porque nosotros estamos acá, la familia se plantó acá, para poder recoger y aportar pruebas, controlar de cerca lo que hacen, seguir cada papel, cada pista… El fuero federal queda en Viedma y solo con el traslado del expediente se consigue dispersar todo”.
Lo concreto es que, en casos como este, la investigación queda en manos de las víctimas. Esa es la realidad de la justicia argentina. “Y ante esa realidad, preferimos el fuero provincial, pero con apoyo de los recursos de Nación, que es lo que está totalmente ausente”, concluyen los abogados. ¿Qué frenó ese apoyo? Los dos abogados coinciden: “El caso Solano se produce en los últimos días del anterior gobierno provincial, que representaba 28 años de un Poder Ejecutivo radical con toda una corporación judicial funcional a ese poder, impunidad, muchas cosas. El vicegobernador asume y toma el caso como un símbolo de cambio, que apoya el gobierno central. Pero en el camino descubrimos cómo funcionan las empresas, probamos quién trae a las personas para trabajar y prostituirse, cómo fue la complicidad de la jueza con los policías para encubrir el caso… Todas cosas que afectan intereses políticos, que son parte del sistema. Y ahora ya no les interesa el caso Solano. Les interesaba hasta un punto: la policía. Y hasta ahí llegaron”.
Un ejemplo: los abogados solicitaron el juicio político de la jueza Marisa Bosco, la primera magistrada en intervenir en el caso Solano, a la que denunciaron por encumbrimiento. Hace pocos días se enteraron que las autoridades optaron por una salida más elegante: jubilarla.
Coraje. Frente al juzgado provincial está el templo de Daniel Solano. Ahí y desde hace 16 meses está atrincherado su papá, Gualberto, sus dos tíos y su prima. Son dos carpas y un toldo de hule, debajo del cual colocaron una mesa, una cocina, una heladera y un televisor. Hasta ahí todos los días y a toda hora llegan los jornaleros que se acercan para buscar asesoramiento legal. Es una procesión infinita y constante, que se incrementó desde la última gran revelación: el piquete que durante tres días mantuvieron los trabajadores de Expofrut para reclamar por sus salarios. Cuenta el jujeño Carranza, referente de esa gesta: “Esa empresa, desde que pisé aquí, me ha empezado a decir que me faltaba plata, que esto, que lo otro. No solamente a mí: a toda la gente. Pero se aguantaba en silencio, no se hacía nada porque nos faltaba un poquito de unión. Distintos motivos: uno tiraba para su lado, otro tenía miedo, todos venimos de tan lejos… Ahora, gracias a dios, se empieza a ver que así no se llega a nada y han apoyado. Cortamos la ruta 120 jornaleros norteños. Y lo que conseguimos es que creamos coraje nosotros”.
Consiguieron, también, un aumento histórico y, lo más importante, que ellos mismos pudieran llevar el control de su producción, para evitar maniobras y fraudes.
Oración. Gualberto, el papá de Daniel nos escucha en silencio. No hace falta que hable: su presencia es el roble que crea coraje y cobija los reclamos.
Romina, la tía de Daniel, comparte el plato con guiso y la enseñanza de esta experiencia que ha cambiado la vida de la familia Solano y de Choele Choel y que propongo leer como una plegaria:

• “Llegué a la semana nomás de desaparecido Daniel. Dejé mi nene allá, pensé que lo encontrábamos enseguida, y resulta que no se dio y seguimos.
• Me pregunto todos los días qué hago acá. Y a la vez me respondo sola, porque sé el objetivo que tengo.
• Muchos dicen que no lo vamos a encontrar, que nos volvamos, pero uno cuando esta acá ve que no es así, que si nos movemos de acá se olvida todo, que están esperando que nos vayamos para que esto quede en la nada.
• ¿Por qué? Porque siempre corre el dinero. Desde que yo llegué acá veo eso: cuando hay plata, todo se calla, todo se compra. Desde el principio yo vi eso, y conforme van pasando las cosas voy comprobando que así es.
• ¿Cuál es la esperanza entonces? La esperanza mía es que los policías hablen y digan dónde está Daniel. La confianza la pongo en mi familia y en los abogados, que a esta altura son familia: eso es lo que me mantiene en pie también. Y en pensar que se va a hacer justicia si nosotros nos plantamos firmes, hasta el final. Porque si estamos firmes, tarde o temprano todo va a salir al aire”.

Romina deja así en claro cuál es la fe que mueve montañas y produce, escalón por escalón, milagro por milagro, esa creencia pagana que se invoca con un nombre poderoso: justicia.
Diario de una causa, el documental
La primera reunión con los familiares de Daniel Solano.
Los testimonios de la novia, los amigos y los familiares.
El tiempo que tarda un auto en llegar desde la comisaría hasta Macuba, el boliche donde se vio por última vez a Daniel.
Las primeras marchas. Los vientos y la nieve sobre el acampe frente a la fiscalía de Choele-Choel.
Las cadenas del papá, Gualberto Solano.
Las condiciones de trabajo y hacinamiento de los trabajadores golondrina en Lamarque.
Las denuncias de tratos violentos por parte de las fuerzas policiales.
Los bloqueos a la entrada de Expofrut.
Los testimonios de jornaleros estafados que cuentan lo que vieron y lo que callaron.
Estas son solo algunas de las filmaciones que fue registrando el abogado Sergio Heredia. Toda esta producción audiovisual, mezcla de recolectar pruebas para aportar a la causa y de hobbie por la fotografía, generó un material que ya se terminó de editar para dar origen a un documental: Diario de una causa.
Leandro Aparicio, el otro abogado que lleva la causa Solano y apasionado por el cine, es el otro motor de este trabajo que tiene una duración de casi una hora, aunque él imagina ya una continuación: una miniserie de 6 capítulos. Aparicio tomó unas clases de guión con Michelina Oviedo y la convocaron para participar en la edición. Ya se puede ver un trailer en YouTube.
Los abogados quieren que el estreno sea una proyección simultánea en varias universidades nacionales porque para ellos el documental es una herramienta para abrir debates sobre temas que esta causa pone el foco: la justicia, los derechos de los trabajadores, la trata de personas para la explotación, entre otros temas clave.
Diario de una causa tiene una yapa: tres temas originales. Dos son instrumentales y uno compuesto por el abogado Heredia. El tercero, con el que se cierra la película es Vengo del Norte. Tiene letra de Agustina Bernardi, sobrina de la cuestionada jueza Bosco, y música y voz de Juan Quiriban, el músico de Choele Choel. Los abogados tienen un sueño: que la grabe León Gieco.